Un elemento para pensar un tema: seguridad
Por Juan Pascual
La tasa de homicidios dolosos –los intencionales– expresa su cantidad cada 100.000 habitantes. En su medición no se usa una encuesta, cuyo valor depende de la muestra, la elaboración no sesgada del cuestionario, la carga fidedigna de los datos… Una estadística de homicidios es muy difícil de alterar. En un homicidio hay un muerto, que necesita certificaciones, un entierro y demases. No es fácil quitar del ojo oficial un asesinato y tampoco es tan fácil para el ojo oficial desviar la mirada de modo masivo y sistemático (al menos después de la dictadura). Se diferencia así, también, de los datos sobre el delito en general, dependientes de las denuncias realizadas (lo que implica la omisión de los hechos no denunciados).
La última tasa de homicidios dolosos conocida, según el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, con el reconocimiento de la Oficina de la Droga y el Crimen de la ONU, indica que en 2007 hubo 5,26 homicidios cada 100.000 habitantes. El último pico de la tasa coincide con el pico de la crisis socioeconómica: hubo 9,2 homicidios en 2002. Desde 2004 en adelante la tasa nunca superó los 5,91, mientras que durante toda la década del 90 nunca fue inferior a 7,22 (1998), llegando a 9,02 en 1997. El promedio de la década menemista es cercano a 8: la comparación indica una clara baja en la cantidad de homicidios. En otras palabras: hoy te matan muchísimo menos que en los 90.
La cifra de 2007 cobra mayor relieve si se continúan las comparaciones. En primer lugar, con otros países. También de acuerdo a la ONU, en Honduras se matan 11 veces más personas. En Colombia, la tasa es de 38,8 y en Brasil de 22 asesinados cada 100.000. Estados Unidos iguala nuestra cifra. El punto más bajo de América es Canadá: 1,7. En la sede del Mundial, Sudáfrica, la tasa es de 36,5. Y en segundo lugar, con otras formas de muerte violenta. Una tasa de 5,26 asesinados equivale a decir que se cometieron casi 6 asesinatos por día durante el 2007. Observemos el dato sobre muertos en accidentes de tránsito: en 2007 llegaron a 3.783. El uso de los automotores implicó 10,36 muertos por día, contra los 6 que producen pistolas, cuchillos y otros. Es más fácil morir debajo de un Citroën C4 que por un corchazo en situación de robo. Y, decididamente, estamos más de siete veces más seguros que en Colombia.
Esta información es presentada en los multimedios comunicacionales como si tuviese la misma validez que los guarismos inflacionarios del Indec. El irreversible daño sobre la veracidad de la palabra política estatal que ha provocado la modificación del índice de precios se suma, en este caso y en muchos otros, a una clara impericia, al menos, a la hora de presentar públicamente las situaciones. Poco aporta exponer la cuestión a partir de la “sensación de inseguridad”. Contra los cuestionados números y la cuasi acusación de “falsa conciencia”, la pantalla se divide en dos y muestra a la esposa del ingeniero masacrado o al marido de la arquitecta baleada convertidos en una llaga de lágrimas e ira.
El delito mediatizado tiene un estilo y una recurrencia completamente exponencial en relación con otros períodos donde la cosa estaba más áspera e invisible. Durante los 90 era Crónica en donde se veía la sangre y los alaridos familiares (tan cercanos y empáticos para el televidente), no en TN. Fue la explosión delictual posterior al 2001 la que introdujo masivamente la nueva veta en la sección de policiales: de los pibes chorros y los secuestros express a los ataques en countries. Las masivas movilizaciones de Juan Carlos Blumberg tenían una dimensión propia de la imagen –la infinita repetición seriada del rostro del niño joven, de la joven promesa– y por ello fueron un punto de inflexión tanto en la movilización humana como en el relato televisado.
Los promedios hacen visibles las generalidades e indistinguibles las particularidades. En el 2007 hubo una ola homicida en nuestra provincia: 290 asesinatos (9 de cada 100.000 cuerpos, casi 4 más que la media nacional). Nuestra ciudad, específicamente, fue la que más hechos de sangre registró, prácticamente con un asesinato cada tres días. No todas las ciudades son iguales y no todas las zonas dentro de una ciudad son iguales. La cantidad de homicidios y delitos en el oeste y el norte no es la misma que en el centro o en 7 Jefes. Hace poco el secretario de Seguridad Comunitaria de la provincia, Enrique Font, precisó a El Litoral que el delito principalmente “afecta a jóvenes entre 14 y 25 años de los sectores populares de la ciudad. Si se desagrega la tasa de Santa Fe, se encuentra que se dispara en cuatro o cinco lugares, especialmente del cordón oeste. Hay algunos homicidios que ocurren en zonas de clase media o viviendas más formales, pero cuando se coloca el dato domicilio de víctima y victimario, el caso se va al cordón oeste”.
Es demasiado reducido tanto pensar que sólo se trata de una cuestión de la palabra mediática como creer que un promedio general da cuenta de una situación de múltiples complejidades. Los nuevos modos de vida urbana producen zonas del abandono, donde la ley llega sólo mediante la extensión de una humanidad que, mano a mano, tienda una conexión.
Porque son los más pobres los que más sufren las amenazas de las pistolas.
Pero, al mismo tiempo, suelen ser los más ricos los más infundidos por el miedo en sus prácticas de relación social. El paradigma de la vida rica incluye y jerarquiza el aislamiento securitario. La ciudad tiene surcos y alambradas, muros y puestos de vigilancia simbólicos y materiales de gran solidez y especial sutileza. Por ejemplo: cuanto más lejos está un territorio de una zona de abandono, más caro es. Valorizadas según lejanías y proximidades, más cara es la misma casa en Candioti súper sur que en la franja que va de Barranquitas al Centenario. Las avenidas marcan sectores con mayor o menor vigilancia policial; la explosión inmobiliaria hacia las alturas no cesa de concentrarse allí. Y en la cresta, la muralla con control más o menos armado, rodeando tanto al country como a la villa.
Se modificó el ejercicio mismo de la acción sobre el delito en su nivel más fino, el del cuerpo a cuerpo. Todos los policías, los trabajadores que están mano a mano con el delito, suman cerca de 120.000 en el país. Pero para 2007, según La Nación, había 200.000 vigiladores privados (el 25% en negro). Es decir: casi dos puestos de policías paraestatales por policía oficial. También se modificaron hábitos y experiencias de modo complejo: quienes viven en el aislamiento más clausurado, circulan por la ciudad de un modo; quienes viven en el límite de las zonas de abandono, de otro. No sin razón los reclamos por seguridad y las marchas vecinales florecen en Aristóbulo al 7300, como en abril de este año, o en Entre Ríos detrás de la avenida, en razón del panadero asesinado recientemente. Los reclamos de esas personas no son producto de una deformación de sus conciencias: viven el riesgo día a día de una forma que otros sólo conocen (y absorben físicamente) por TV.
Una política de seguridad que comprenda que la mayoría de las víctimas son trabajadores, mujeres (es una verdadera barbaridad que el femicidio siga considerándose desde la puntualidad del hecho policial), cuerpos entregados a una forma de relación social donde una disyuntiva se resuelve con un tajo o con plomo caliente, no puede tener su punto de partida en la fragmentación, en los tabicamientos, en el temor continuo.
¿Cuántas veces aquel que no ha nacido en una zona de abandono recorre ese territorio? ¿Cómo circulan quienes han nacido en las zonas de abandono fuera de allí? ¿Qué relaciones sociales, qué espacios comunes vinculan a los cuerpos de esos espacios? ¿Hay un espacio compartido para la diversidad de esos cuerpos, un lugar de encuentro continuado y común?
ONU Hábitat indicó que en Latinoamérica las barriadas marginales –las políticamente abandonadas zonas de vida para los cuerpos desechados– contienen al 23,5% de la población urbana. Y que de la región, Argentina, Colombia y Dominicana han sido las más exitosas en la reducción de esas zonas: a partir del tendido de cloacas, de agua potable y vivienda social se transformaron en un tercio. La asignación universal por hijo, además, mejoró sensiblemente las posibilidades de acceso a bienes a millones de personas: les otorgó una chance de consumo. Pero la política apuntada a la población como realidad global de esas zonas no resuelve lo específico de un problema del orden que aquí se señala: el desmembramiento por el miedo, la relación social mediada por las múltiples formas de la violencia, el terror por lo otro y el otro como terror.
Sin dudas, es imprescindible y se traduce con claridad en la mejora de los promedios expuestos, pero inevitablemente no alcanza a la modificación de las particularidades y especificidades de una cuestión que se vuelve estructural y cada vez más propia de la ciudad actual.
El fin del siglo XIX supo de este tipo de medidas sobre los cuerpos de los otros. Vació los territorios de la futura abundancia (pero, es hora de decirlo, no pudo eliminar todos los cuerpos ni extirparlos de la historia, la futura sangre, la experiencia, el presente), cercó para sí las áreas del privilegio y entregó los límites al colono. Y de lo que quedó se propuso una identidad, cuyo resultado extraño se superpuso sobre una hibridación donde casi nadie carece de un ancestro nativo y otro con la mirada clavada en la nostalgia de una tierra perdida. Para esa identidad desarrolló y mejoró dos antiguas máquinas, dos tecnologías ya vetustas, dos instituciones cruciales. Las desarrolló el mismo tipo que arriba del caballo envainó con sangre patagónica el sable. Escuelas con la Ley 1.420, en el primer mandato, Servicio Militar Obligatorio durante el segundo.
Con sus atroces disciplinas particulares, este tipo de espacios producen encuentros entre los diversos. Sí, también existen para reproducir desigualdades, tanto hoy, cuando la distancia entre una escuela inundable de Yapeyú y el Colegio Nacional Buenos Aires es sideral, como siempre: no cualquier hijo de vecino entra al Colegio Militar de la Nación. Pero a través esas instituciones, y cada uno en su época, el hijo natural de una nativa de La Pampa se hizo milico para volverse luego Perón. Y dos hijos netos de la inmigración italiana recorrieron toda la academia para volverse Silvio y Arturo Frondizi, por ejemplo.
Esos espacios produjeron ese tipo de encuentros y trayectorias en el marco de la forma política propia de la época. El corset asfixiante y tenebroso de una pedagogía destinada a aniquilar la diversidad y del manteo perverso al colimba obliteran el valor de otro hecho fundamental: en la escuela se conoce en la carne lo diferente en lo más o menos cercano; en el cuartel se cruzaban hasta para cagar el chaqueño del monte con el gringo hijo de médico.
Frente a la apoteosis de la muralla y la bala, el continuo rumor de palabras propio de las instituciones disciplinarias nos recuerda que hubo espacios donde los diferentes nos encontrábamos. Mientras la política de esta época no termine de reencontrar y hacer efectivos de una nueva manera esos espacios de fusión y conflicto (disciplinado) de las diversidades –superando (acaso, incorporando) los trabajos sociales y las militancias populares–, la línea de la separación y el aniquilamiento seguirá bloqueando toda posibilidad de aproximación a una forma de vida sin miedo, sin violencia, sin dolor.
Publicado en Pausa #55
