domingo, 21 de diciembre de 2014

No hay refugio para las mujeres

ANUARIO 2014. La violencia de género siguió en agenda en 2014, donde hubo menos femicidios pero más denuncias. Las políticas públicas siguen sin dar respuesta a las necesidades de las mujeres.

La violencia de género no es algo nuevo, ni algo que está de moda, como se dicen algunos, quienes además se animan a esbozar un “ahora cualquier cosa es violencia de género”. La violencia que día a día sufren niñas, adolescentes y mujeres adultas en nuestro país, es una realidad. Esa violencia que se manifiesta tanto con la palabra o el gesto obsceno en el mal llamado piropo y bien llamado acoso callejero, como con el hostigamiento psicológico, económico, emocional y físico que en muchos casos termina con la vida de estas mujeres.
La campaña “No quiero tu piropo, quiero tu respeto”, lanzada en abril de 2014, puso de relieve una problemática que afecta a niñas, jóvenes y mujeres de todas las clases sociales.

Y cuando decimos muchos casos, decimos eso: muchos. Entre enero y noviembre, en el país se produjeron 213 femicidios.  La mayoría de esos crímenes se comete dentro del hogar de la víctima: el 34,1% de los asesinatos fueron realizados por parejas de la víctima; el 18,6% por ex parejas; y un 35,7% por personas conocidas o un pariente.
En la provincia de Santa Fe, durante los primeros 10 meses de 2014, fueron siete los asesinatos de mujeres. Los datos se desprenden de un informe del equipo de género de los concejales del Frente para la Victoria de Rosario, Norma López y Roberto Sukerman, elaborado sólo en base a aquellos casos que tuvieron cobertura mediática, ante la escasez de datos oficiales.
Si se comparan estas cifras con la de 2013, el panorama parece alentador: el año pasado se registraron 30 de estos crímenes en suelo provincial, 23 más que en 2014. Esta importante baja tiene vinculación directa con el incremento de llamadas para realizar denuncias y solicitar ayuda, pero sigue evidenciando que el problema de fondo aún no ha sido erradicado: una cultura machista y patriarcal que sume a las mujeres en el desamparo y el abandono ante aquellos que se  erigen como dueños de sus vidas.
Ante esto, las políticas públicas para tratar el tema, siguen en deuda. Uno de los reclamos más fuertes en el ámbito local es el que tiene que ver con los refugios para mujeres víctimas de violencia. En este sentido, la Provincia creó en 2012 la Red Provincial de Casas de Amparo, pero las obras se demoran y aún no se pudo abrir un lugar en la ciudad capital. La presidenta de la Asociación Generar, Liliana Loyola, fue contundente en este aspecto: “En la provincia hay convenios con distintas ONG por plazas donde derivan a mujeres de Santa Fe, pero no nos parece bien que manden a Rafaela o Rosario a una mujer que tiene sus hijos acá. En la ciudad capital no hay plazas porque no existen convenios con entidades locales”.
El pasado 25 de noviembre, y en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una de las actividades más destacadas fue la organizada por el Foro Santa Fe Contra la Trata, que realizó una concentración para pedir al gobernador Antonio Bonfatti  que dé respuesta a un pedido de audiencia que aguardan desde hace 190 días. Las cuestiones fundamentales que apuntaron desde ese espacio fueron, además de los refugios, la creación de una línea telefónica que funcione las 24 horas para hacer denuncias y recibir asistencia, equipos interdisciplinarios y acompañamiento jurídico gratuito para casos de abuso, violaciones, violencia física y psíquica; estadísticas oficiales para visibilizar la problemática y sanciones para los agentes públicos que vulneren los derechos de las mujeres.  “Entendemos que los derechos vulnerados de las mujeres no están en la agenda de este gobierno. Violencia es que nos ignoren, que las pibas desaparezcan de los barrios y la policía no las busque, que no le tomen las denuncias a los familiares, que desestimen la palabra de las víctimas. Violencia es que las víctimas de trata sean alojadas en hospitales sin criterio de internación sólo porque no hay refugios, que la única intervención consista en devolverlas a su lugar de origen, aún en contra de su voluntad explícita. Violencia es otorgar dentro del Presupuesto 2015 $10.091.000 a la Dirección de Políticas de Género, es decir $840.000 por mes para que atienda los derechos vulnerados de las mujeres de toda provincia”, apuntaron desde el Foro.

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El derecho de ser

ANUARIO 2014. Acerca de la polémica por la pensión trans. El proyecto presentado en Santa Fe y las voces de los activistas.

Sobre fin de año, a través de una operación política malintencionada, el colectivo trans volvió a estar en el ojo público, en el centro de los debates de los medios, en las redes sociales. “$8.000 por ponerte una peluca y que te rompan el cu...”. La mayoría de los debates no salían de eso, desinformando, estigmatizando y discriminando una vez más a una población históricamente violentada, abusada, asesinada.
El reflote de este tema, que surge por un proyecto de ley presentado en 2012 en la ciudad de Buenos Aires, tiene su par local desde hace algunos meses. Pero, como sucede con muchos otros temas, no levantó ni la misma polvareda ni la misma indignación.
En el mes de julio, más precisamente, ingresó a la Legislatura un proyecto firmado por la diputada Alicia Gutiérrez e impulsado por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt) y la Asociación de Travestis, Transexuales, Transgéneros de Argentina (Attta), que apunta a establecer una pensión mensual no contributiva para las personas de este colectivo, mayores de 35 años, en tanto población que en su gran mayoría está excluida del trabajo formal y de los sistemas de salud y previsional.
“Lo que queremos es otorgar oportunidades e inclusión a un sector de la población que encuentra serias dificultades en el acceso a un trabajo que le permita el desarrollo personal por ser víctima de la discriminación y de fundamentalismos ancestrales, no acordes con el paradigma de libertad individual en cuanto a la elección de la propia identidad. La población trans padece en nuestra sociedad historias de constante menoscabo de derechos de raigambre constitucional, que lleva a las personas a una verdadera ‘muerte civil’ sin lograr respeto por sus derechos” fundamentó Gutiérrez.
Consultado sobre los posibles rechazos que la medida podía tener en la sociedad y la resistencia a incorporar más beneficiarios al sistema de pensiones, Esteban Paulón, de Falgbt, señalaba que “se trata de un número ínfimo de personas, unos 100 beneficiarios en la provincia, algo que el Estado está en condiciones de absorber y por una situación que como tal debe atender. Además, en tanto haya una solución eficaz de inserción socio laboral para esta población, que pueda desarrollar su proyecto de vida, no habrá necesidad de establecer estas pensiones como última solución”.

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viernes, 19 de diciembre de 2014

Inundación: otro año de impunidad

ANUARIO 2014. Por las dilaciones de Marcelo Álvarez ante la Justicia, la causa sigue sin sentencia.

“Siempre con la misma perorata”, dijo Carlos Reutemann a una radio rosarina, en noviembre, en respuesta a un cuestionamiento por su responsabilidad en la inundación de 2003. Parece que once años de masivas marchas y actos por la memoria, una pericia oficial lapidaria respecto del accionar de la Municipalidad y la Provincia y 158 muertos por el Salado o por la espantosa atención a los evacuados no son razón suficiente para el decoro del Lole. Menos todavía para que la Causa Inundación avance satisfactoriamente en la Justicia local: 2014 se va sin resolución.
Álvarez y Reutemann al frente, y la mirada de Mercier, actual asesor de Torres del Sel.

El trámite judicial es absolutamente engorroso, pese a la contudencia absoluta de la documentación presentada por los ingenieros hídricos Jorge Daniel Bacchiega, Juan Carlos Bertoni y Jorge Adolfo Maza, peritos oficiales que señalan que sobró el tiempo para advertir a la población sobre el desastre y sino que el ingreso del río no hubiera sucedido si la defensa oeste hubiera sido algo más que una ridículo terraplén inconcluso.
Sin embargo, sólo tres funcionarios están imputados: el ex intendente Marcelo Álvarez, el ex ministro de Obras Públicas Edgardo Berli y el ex director de Obras Hidráulicas Ricardo Fratti. Bajo el amparo de sucesivas dilaciones, la causa va para los 12 años sin sentencia. La última triste comedia la protagonizó este año Álvarez: pidió la prescripción, la rechazaron, apeló el rechazo, y la Cámara de Apelaciones lo volvió a rechazar. El anhelo: una sentencia en 2015.

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Ciudad sin barcos

ANUARIO 2014. Licitaciones caídas y una gestión en la Justicia signan la compleja reconversión del Puerto de Santa Fe.

Pasó otro año y el traslado del Puerto sigue siendo un proyecto de difícil concreción. El jueves 11 de diciembre, el gobierno provincial declaró desierta la licitación convocada en el primer semestre del año para el traslado y la reactivación de la terminal fluvial.
Una solo grupo empresario, la Corporación Boluda –conformada por inversores paraguayos, españoles y argentinos–, había presentado oferta. La apertura de sobres fue el 28 de mayo; seis meses más tarde, la licitación se cayó.
Desde la Casa Gris explicaron que el grupo empresario no cumplió con todos los requisitos formales del pliego. Pero en los pasillos de la política no pasó desapercibida, para nada, la advertencia que hizo en agosto el ex intendente y actual concejal rosarino Héctor Cavallero sobre las sospechas de corrupción y vinculaciones con el narcotráfico de las empresas que hicieron la única oferta.
El grupo estaba conformado por las firmas Puerto Fénix, Corporación Marítima Boluda, Sociedad Comercial del Sur y House to House SA. Caída la licitación, el titular del Ente Portuario de Santa Fe, Sebastián Fumis, prometió un nuevo llamado y vaticinó que en 60 días –es decir, a principios de febrero de 2015– se conocerán las nuevas ofertas.
Para la provincia y para la ciudad, el traslado del Puerto es clave. Pero el proceso viene muy empantanado. Aún en un contexto económico favorable, con financiación internacional garantizada y una deuda pública por debajo de la media nacional, el Ente Portuario sigue sin poder avanzar hacia el objetivo de construir una nueva terminal en la margen del río Paraná, en un sitio largamente cuestionado por profesionales de la UNL nucleados en el Centro de Estudios y Acción Popular.
El ambicioso plan busca posicionar a la ciudad de Santa Fe como la “rotonda del país”. Se estima que el traslado demandará una inversión de 170 millones de dólares, de los cuales 40 millones serán aportados por la provincia, 25 millones por el Fonplata (Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata) y el resto por la concesionaria.
El fallido proceso de licitación estuvo signado por fuertes acusaciones en torno a la administración de los terrenos del viejo puerto. Jaqueado por denuncias ante la Justicia, el ex administrador del Ente Portuario, Marcelo Vorobiof, renunció el 19 agosto a su cargo. Vorobiof llegó al puerto apadrinado por el líder de la UCR provincial Mario Barletta. Lo reemplazó Sebastián Fumis, propuesto también por el radicalismo de la ciudad.
La renuncia de Vorobiof, acusado de adjudicar licitaciones a empresas fantasmas propiedad de familiares suyos, no alcanzó para transparentar el proceso de traslado. El ex administrador del puerto, quien permaneció casi cuatro años en ese cargo, está siendo investigado por administración infiel, peculado y contrataciones irregulares.
Vorobiof había puesto en marcha una serie de negociaciones que favorecieron al poder inmobiliario concentrado de la región: entre ellas, la construcción del fastuoso complejo Puerto Amarras y la reurbanización de los terrenos hasta hace poco abandonados.
En paralelo a la tarea de la Justicia, un grupo de diputados de la oposición conformó una comisión investigadora de la gestión de Vorobiof. Recién el 1º de diciembre, después de dos citaciones a las que no se presentó, el ex funcionario fue a la Legislatura a entrevistarse con los diputados, que prometieron entregar el informe final de sus tareas antes de fin de año.

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El abrazo de todo un país

Desde lo simbólico, por el peso de sus protagonistas y por lo que significa la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo, fue uno de los hechos más importantes del año. Estela de Carlotto encontró, a principios de agosto, a Guido, el nieto 114 de los 116 hallados hasta ahora: su nieto.
La noticia reavivó el interés de la sociedad en la búsqueda de los bebés –hoy adultos– apropiados en forma ilegal durante la última dictadura. En Santa Fe, como en el resto del país, se multiplicaron las consultas en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia.
En la provincia, hasta ahora, se logró restituir la identidad de siete hijos de desaparecidos, todos nacidos en cautiverio durante el terrorismo de Estado. Otros siete casos se están investigando, aún no fueron resueltos. Los siete nietos recuperados en Santa Fe son Ana Laura Hisi, Ximena Vicario, María Pía Klotzman Barral, Paula Cortassa Zapata, Laura Catalina De Sanctis Ovando, Sabrina Valenzuela Negro y Matías Nicolás Espinosa.

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El caso Frillocchi

ANUARIO 2014. Un espía en la UNL.

Luego de varios meses de lucha por parte de los organismos de derechos humanos, el 9 de septiembre el rector la UNL Albor Cantard firmó la resolución 539 por la cual se inició un sumario administrativo para desafectar de su cargo al agente César Luis Frillocchi, quien se desempeñó como Personal Civil de Inteligencia (PCI) durante la última dictadura.
Frillocchi era director de Diplomas y Legalizaciones de la UNL. Entre los fundamentos del Rectorado, se plantea “la sensibilidad que despierta en la comunidad universitaria que el agente Frillocchi ejerza las funciones” en la casa de estudios.
Los organismos de derechos humanos llevaron adelante durante todo el año una campaña para visibilizar el pasado oculto del espía de la dictadura reciclado en la universidad. En marzo, representantes del Foro contra la Impunidad y por la Justicia y dirigentes de los gremios de docentes y no docentes se reunieron con el rector Cantard para entregarle un petitorio. Seis meses más tarde, la UNL desafectó al PCI.
Durante la dictadura, Frillocchi reportó al Ejército como “agente de reunión” o “agente de calle”. Su tarea era infiltrarse en grupos de estudiantes para marcar a los que más tarde serían blancos de la represión ilegal.

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Histórico hallazgo en Casa Cuna

ANUARIO 2014. Aparecieron las actas de la dictadura en el hogar de menores.

Veinte carpetas con registros de ingresos de menores, durante la dictadura, al hogar Casa Cuna, sobrevivieron a una antigua quema y fueron halladas en marzo de este año por los nuevos directivos de la institución y entregadas a las autoridades de la provincia.
Los archivos permitirán avanzar en casos de búsqueda de identidad y pueden ser útiles no sólo para casos vinculados a delitos de lesa humanidad sino también para otros casos de identidad. “La información puede ser de importancia, pero el análisis va a llevar un tiempo”, dijeron en aquel momento desde el gobierno provincial.
La nueva Comisión Directiva de Casa Cuna, que asumió en febrero de 2012, confirmó que los interventores designados por la dictadura quemaron buena parte de los archivos.
Aún así, el hallazgo de una veintena de libros y carpetas renueva la discusión en torno al papel que jugaron las llamadas “fuerzas vivas” bajo el terrorismo de Estado.

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