ANUARIO 2014. Acerca de la polémica por la pensión trans. El proyecto presentado en Santa Fe y las voces de los activistas.
Sobre fin de año, a través de una operación política
malintencionada, el colectivo trans volvió a estar en el ojo público, en el
centro de los debates de los medios, en las redes sociales. “$8.000 por ponerte
una peluca y que te rompan el cu...”. La mayoría de los debates no salían de
eso, desinformando, estigmatizando y discriminando una vez más a una población
históricamente violentada, abusada, asesinada.
El reflote de este tema, que surge por un proyecto de ley presentado en 2012 en la ciudad de Buenos Aires, tiene su par local desde hace
algunos meses. Pero, como sucede con muchos otros temas, no levantó ni la misma
polvareda ni la misma indignación.
En el mes de julio, más precisamente, ingresó a la Legislatura un
proyecto firmado por la diputada Alicia Gutiérrez e impulsado por la Federación Argentina
de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt) y la Asociación de
Travestis, Transexuales, Transgéneros de Argentina (Attta), que apunta a establecer una pensión mensual no contributiva para las personas de este colectivo, mayores de 35 años, en tanto población que en su gran mayoría está
excluida del trabajo formal y de los sistemas de salud y previsional.
“Lo que queremos es otorgar oportunidades e inclusión a un
sector de la población que encuentra serias dificultades en el acceso a un
trabajo que le permita el desarrollo personal por ser víctima de la
discriminación y de fundamentalismos ancestrales, no acordes con el paradigma
de libertad individual en cuanto a la elección de la propia identidad. La
población trans padece en nuestra sociedad historias de constante menoscabo de
derechos de raigambre constitucional, que lleva a las personas a una verdadera
‘muerte civil’ sin lograr respeto por sus derechos” fundamentó Gutiérrez.
Consultado sobre los posibles rechazos que la medida podía
tener en la sociedad y la resistencia a incorporar más beneficiarios al sistema
de pensiones, Esteban Paulón, de Falgbt, señalaba que “se trata de un número
ínfimo de personas, unos 100 beneficiarios en la provincia, algo que el Estado
está en condiciones de absorber y por una situación que como tal debe atender.
Además, en tanto haya una solución eficaz de inserción socio laboral para esta
población, que pueda desarrollar su proyecto de vida, no habrá necesidad de
establecer estas pensiones como última solución”.
Publicada en Pausa #148. Pedí tu ejemplar en estos kioscos
de Santa Fe y Santo Tomé.
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