Fuerte rebote social y político por las conmutaciones de
penas a asesinos.
Por Ezequiel Nieva
Dos decretos de conmutación de penas firmados por el
gobernador Antonio Bonfatti y el ministro de Justicia Juan Lewis desataron una
tormenta en el Frente Progresista, causaron estupor público –sobre todo entre los familiares de las víctimas de
la inseguridad– y motivaron la renuncia de la secretaria de Asuntos Penales
Débora Cotichini. Como trasfondo asoma el debate sobre las potestades
constitucionales del gobernador y el rol de los jueces en materia
penitenciaria.
El ministro de Justicia Juan Lewis quedó en el centro de las polémicas por el caso Mattioli.
La historia comenzó en octubre de 2014 pero recién salió a
la luz en la última semana de agosto de este año. El gobierno conmutó por
decreto las penas de dos reclusos condenados por un doble homicidio ocurrido en
Rincón en 2007. Si bien se dio marcha atrás con el segundo beneficio, el
primero ya no se puede anular. La noticia dejó estupefacta a la familia de las
víctimas y generó un revuelo político que aún tiene derivaciones.
El caso le costó el puesto a la secretaria de Asuntos
Penales y dejó en la cuerda floja al ministro de Justicia. El radicalismo de la
ciudad lanzó reproches contra Bonfatti y el mandatario le pasó la pelota a la Justicia. El
gobernador a la vez firmó otro decreto para “autolimitarse” en la conmutación
de penas –el beneficio no correrá para personas condenadas por homicidio, como
ya ocurre con los condenados por el delito de violación– pero el debate quedó
abierto. ¿Hasta dónde el Ejecutivo puede hacerse cargo de lo que no hace la Justicia ?
Beneficio anulado
El rechazo que generó la noticia obligó a Bonfatti a derogar
el decreto del 5 de agosto de 2015. Así, se anuló el beneficio a Antonio
Nicolás Ceballos, preso con cadena perpetua por los asesinatos del comerciante
Rubén Mattioli y su hijo, en febrero de 2007, en San José del Rincón. El 25 de
agosto el gobernador Bonfatti rubricó un nuevo decreto para “revocar” la
fijación de la condena de Ceballos en 25 años. Al día siguiente se conoció un
decreto anterior que benefició a Facundo Javier Sartore, también condenado por
el crimen de los Mattioli.
La investigación de Ivana Fux, periodista de El Litoral y
Radio 2 de Rosario, desnudó los mecanismos burocráticos del Estado y la falta
de controles previos a la firma de decretos, en este caso de conmutación de
penas.
La indignación de la familia Mattioli y la investigación
periodística pusieron en jaque al ministro Lewis. “Fue un error”, admitió el
titular de Justicia y Derechos Humanos, quien reconoció que “no se evaluó
convenientemente la repercusión social y de las víctimas, que aparecieron con argumentos
muy razonables”.
Antonio Nicolás Ceballos había sido condenado a cadena
perpetua junto a otras dos personas por el doble homicidio (en un fallido
asalto a un autoservicio en Rincón) de Rubén Mattioli de 53 años y su hijo de
19 años. El hecho se produjo el 2 de febrero de 2007. Al anular el decreto que
fijaba la pena de Ceballos en 25 años, Lewis explicó: “Hay razones de
oportunidad y conveniencia que ameritan revisarlo, aunque sea legal. No
pensábamos que podía generar esta situación de conmoción social. Uno se puede
equivocar en la percepción o en intentar escuchar la voz de las víctimas. Y es
justamente por eso que el gobernador nos encomendó de manera inmediata revisar
el decreto”.
Lewis recibió el 26 de agosto a Nilda Mattioli, una de las
hijas de Rubén Mattioli. La reunión le permitió disculparse con la familia
luego de que Bonfatti decidiera anular el beneficio de Ceballos. “El gobernador
supo escuchar y corregir su error”, sostuvo en ese momento Nilda Mattioli: “Si
no fuera por los medios, este decreto no hubiera vuelto atrás. Nosotros no
podíamos permitir esta situación. Por suerte, el gobernador supo escuchar”.
Firmar sin leer
Parecía que la historia cerraba ahí, pero un día después del
encuentro se conoció otro decreto, firmado el 8 de octubre de 2014, por el cual
el gobierno benefició a Facundo Javier Sartore, condenado a cadena perpetua por
el mismo caso. Ese decreto fijó la pena en 25 años –igual que el decreto
anulado–, por lo cual Sartore puede quedar libre a los 12 años. Cumplió ocho años
de condena; en cuatro tendrá salidas transitorias.
Alicia Mattioli, otra de las hijas del comerciante
asesinado, se mostró dolida por la revelación: “Sartore fusiló a mi hermano;
esto es una joda. Lewis me dijo que, como había surgido el tema de Ceballos,
recién ahí se pusieron a revisar las conmutaciones anteriores y descubrieron
que también habían conmutado la pena de Sartore. Nos pidieron disculpas de
nuevo, pero con eso no hacemos nada”.
Ese decreto de 2014, revelado por el periodista Héctor Galiano en el
programa ATP, ya no se puede anular en tanto es un derecho adquirido de Sartore
y de los otros reclusos beneficiados.
El tema generó una fuerte reacción del radicalismo
santafesino, a la que se sumó el candidato justicialista Omar Perotti. El intendente
José Corral opinó que “deja mucho que desear” la tarea el ministro de Justicia,
y señaló: “No podemos dar señales negativas sobre el tema seguridad.
Comprendemos el enojo y la angustia de la familia Mattioli. Conmutarles las
penas a los asesinos es inaceptable. Los funcionarios (del Ministerio de
Justicia) lo llevaron al gobernador a cometer un error grave. Los abogados
sabemos que el decreto que sacó Bonfatti para reparar el error cometido es muy
discutible. No sabemos si va a tener validez legal. Ahora nos enteramos de que
el año pasado se le conmutó la pena a otro de los partícipes de este doble
crimen; deja mucho que desear la actuación de Lewis”.
El senador del departamento La Capital y candidato a
diputado nacional por el Frente Progresista, Hugo Marcucci, también de la UCR , se sumó: “Acá se está
propiciando la impunidad legal. Es inadmisible que el ministro de Justicia de
la provincia esté propiciando la impunidad a través de la conmutación de penas
en casos de gravedad, como son las condenas por homicidio”.
Por su parte, Omar Perotti declaró: “Decidir la conmutación
de penas es subestimar la seguridad. El delito no tiene cronograma electoral
nacional o provincial, no tiene veda, ni sabe cuándo se va un gobierno. Lo que
tiene el delito es la capacidad de seguir actuando o no de acuerdo a cómo se
actúe en materia de seguridad”.
El diputado nacional y candidato a senador por el Frente
para la Victoria
agregó: “Tomar decisiones que tienen que ver con la conmutación de penas es
haber subestimado siempre el tema de la seguridad en la provincia. Yo jamás he
firmado un decreto sin leerlo y firmar conmutaciones de penas no es rutina, con
lo cual hay una responsabilidad absoluta de los firmantes y en la valoración
que la comunidad espera de sus gobernantes con respecto a la justicia”.
La salida de Cotichini
El lunes 31 de agosto Bonfatti desplazó de su cargo a la
secretaria de Asuntos Penales Débora Cotichini y ratificó al ministro de
Justicia. Esa misma mañana, la ex funcionaria había recibido a los familiares
de Mattioli. Sus explicaciones no fueron convincentes. Cotichini –como Lewis y
Bonfatti– les dijo a las hijas del comerciante asesinado que ella también se
enteró “por la prensa” de que entre los beneficiados por la conmutación estaban
dos de las tres personas condenadas por el crimen.
Alicia Mattioli relató la escena: “Fue lo de siempre.
Escuchar hablar a Cotichini nos indigna. Le reclamamos por qué Lewis no nos
dijo la verdad cuando estuvimos en su despacho el miércoles pasado y ella nos
jura que no sabían y que se enteraron por la prensa. ¡Tan inoperante se puede
ser!”, se quejó la hija de Rubén Mattioli.
Además de desplazar a Cotichini, el gobernador Bonfatti le
envió un mensaje a los jueces: “Quiero pedir que la Justicia fije las penas.
Por la Constitución ,
el gobernador está facultado, pero la verdad es que es una función que en
alguna medida me excede porque hay una evaluación del Servicio Penitenciario,
después del juez de Sentencia, después de la Corte Suprema de
Justicia. En definitiva, que sean los jueces los que fijen las penas”.
Publicada en Pausa #161, miércoles 9 de septiembre de 2015
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