Con un Estado casi ausente, Santa Fe es la segunda provincia en cantidad de femicidios.
Por Marcela Perticarari
En 2013 fueron asesinadas 25 mujeres. El año anterior fueron 26. Prácticamente hubo un femicidio cada 15 días en territorio santafesino, y casi la mitad ocurrió en la ciudad de Rosario. Con esos datos, Santa Fe se ubica como la segunda provincia más violenta contra sus habitantes mujeres, más allá de haber adherido a la ley nacional 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, institucional, laboral y mediático.
Aunque Martorell sigue en su cargo, desde el justicialismo pidieron su remoción argumentando que “en 20 meses de gestión no se han elaborado protocolos de atención a las víctimas, el Registro Único de Víctimas de Violencia de Género aún se está redactando y no existen campañas de concientización ni orientación a las mujeres que padecen de violencia. El impulso de la transversalización de políticas de género en los diferentes ministerios hace que se diluyan responsabilidades y no se asume que la comunicación entre los actores del Estado es inexistente a la hora de intervenir en los casos que revisten urgencia extrema como lo son los de violencia de género”, cuestionaron desde la oposición.
Cuando en una comisaría u hospital reciben una situación grave, el teléfono de urgencias está en manos de Mercedes Martorell. “En este momento, el equipo de guardia soy yo. Pero esto es insostenible con una sola persona. Por eso definimos la necesidad de un equipo de guardia las 24 horas los 365 días del año”, refutó la directora del área, que atiende unos 100 casos mensuales de violencia de género.
Y tras un año del anuncio oficial de la creación de la Red Provincial de Casas de Amparo para mujeres víctimas de la violencia, se registran 12 refugios funcionando en la provincia. No obstante, la ciudad capital todavía no cuenta con un sitio específico que daría respuesta a las mujeres que requieren un cobijo temporario ante una situación de riesgo.
El lugar, que según cálculos oficiales ya debería haberse inaugurado y recién abrirá a mediados de 2014 por demoras burocráticas, tendrá capacidad para 20 mujeres con sus hijos.
Un paso adelante lo dio la implementación del sistema de botón antipánico, asignado a mujeres en situación de vulnerabilidad a través de los jueces de los Tribunales Colegiados de Familia. El municipio es el encargado del seguimiento de cada caso desde su centro de monitoreo. Los dispositivos cuentan con GPS y permiten el envío de las coordenadas para georreferencia. Al recibir la señal, el operador se contacta telefónicamente con la víctima o sus referentes y, si es necesario, se abre el micrófono ambiente.
Preocupadas y dispuestas a ponerle el pecho a la situación de creciente violencia, la Red Interbarrial de Mujeres, conformada por diferentes representantes de sectores del cordón oeste de la ciudad, avanza en la consolidación de una red que se plantea como objetivo erradicar la violencia mediante una transformación construida con diversos actores sociales. Desde los barrios asumen que lo que ocurre “es tremendo” y la estrategia para cambiar las estadísticas se basa en trabajar cerca de las mujeres, escuchándolas.
La delegada local del Inadi, Stella Vallejos, sostuvo que “tenemos que ver qué aprendemos de los errores que han costado vidas, porque hubo jóvenes que iban a la comisaría a hacer denuncias por violencia y cuando salían eran ejecutadas por su pareja. Eso nos tiene que dejar una enseñanza para que las mujeres no vayan solas a hacer la denuncia, queremos que estén contenidas por un grupo organizado en el territorio. En estos sitios donde reina la pobreza aparece la discriminación hacia las mujeres y hay una absoluta ausencia del Estado”.
Mientras tanto, los números siguen hablando por sí solos.
Publicada en Pausa #128, miércoles 18 de diciembre de 2013
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