En su segunda declaración ante la Justicia , Reutemann no
dio precisiones sobre el control de la defensa oeste antes de la inundación y
reiteró que no le avisaron sobre la crecida.
Por Milagros Argenti
Por segunda vez en nueve años, Carlos Alberto Reutemann
ofreció declaración testimonial en el proceso abierto por la inundación de
2003. El 12 de abril de 2004, cuando la causa aún no tenía imputados firmes, el
ex gobernador respondió por escrito las preguntas del primer juez de la causa,
Diego de la Torre. En
2006, el magistrado Jorge Patrizi procesó al ex intendente Marcelo Álvarez, al
ex ministro de Obras Públicas Edgardo Berli y
al ex director provincial de Hidráulica Ricardo Fratti por estrago culposo
agravado por la muerte de 18 personas. Paralelamente, Jorge Castro y su esposa
Milagros Demiryi se constituyeron como actores civiles contra quienes
resultaren responsables para la
Justicia , como también contra los Estados municipal y
provincial.
Igual que en 2004, el senador nacional contestó por escrito, amparado en sus fueros, las preguntas del actor civil de la causa inundación 2003.
En junio último comenzó la etapa de producción de pruebas y
con ella la sucesión de declaraciones testimoniales, que se extendió hasta el 6
de agosto. La etapa de producción de pruebas no está terminada; aún resta que
se realice una pericia, a pedido de Berli, pero además el juez Gustavo Urdiales
tiene que resolver sobre el pedido de prescripción presentado por la defensa
del ex intendente Álvarez. Entre tanto, Reutemann recibió un nuevo pliego de
preguntas confeccionado por los abogados del matrimonio Castro. Como en 2004,
el ex titular del Ejecutivo provincial se amparó en sus fueros de senador
nacional y remitió las respuestas por escrito.
Su declaración tiene 232 líneas, que se reducen a 212 sin
las formalidades de rigor: fecha, datos del testigo, saludo inicial y final al
juez Urdiales. 125 de esas líneas –el 58%– son copia literal de las respuestas
de 2004, o bien hacen alusión a ellas. En ese 58% de reiteraciones, Reutemann
abona otra vez su teoría sobre la falta de advertencias respecto de la magnitud
que tendría la catástrofe: se victimiza y le apunta a los organismos
competentes. Además, refiere las amplias responsabilidades que, a su entender,
le cabían a la
Municipalidad e inaugura una nueva versión de aquel célebre
“a mí nadie me avisó” haciendo gala del tiempo transcurrido desde el 29 de
abril de 2003. Así redobla la apuesta con un “No recuerdo”.
Los que no le avisaron
Desde la primera consulta, Reutemann deja en claro su
posición: “En ningún momento durante mi último mandato como gobernador de la
provincia de Santa Fe fui informado por miembros de mi gabinete, ni de las
autoridades municipales o comunales de las localidades afectadas, ni tampoco de
la Nación a
través de sus autoridades específicas como ser el Instituto Nacional del Agua,
ni por dependencias universitarias con conocimientos superiores en la presente
temática, ni verbalmente ni por escrito, en relación al comportamiento del Río
Salado, tanto atinente a su altura, como a la velocidad de sus aguas”. La cita
es prácticamente idéntica a su primera respuesta de 2004.
Continúa: “En todo el territorio provincial, en el último
trimestre del año 2002 y primer cuatrimestre del año 2003, se produjeron
precipitaciones muy por arriba de los promedios normales, tal es así que los
registros demuestran que en sólo siete meses (octubre de 2002 a abril de 2003)
llovió el 51,8% del total de los años 2002 y 2003. En ocho departamentos de la
provincia, llovió en los siete meses mencionados del 45,11% al 51,9% de los dos
años y en los restantes once departamentos, llovió el 51,8% al 58,2% de los dos
años. Estos datos prueban, que no sólo la cuenca del Río Salado resultó
afectada por las desmedidas precipitaciones ocurridas principalmente en los
meses mencionados, sino que todo el territorio de la provincia resultó
seriamente afectado”. Cabe preguntarse en qué punto el ex gobernador sigue
considerando que esos datos lo deslindan de responsabilidades, siendo que los
mismos dan cuenta de que los excesos pluviales venían azotando la provincia
meses antes de la inundación.
“¿Nunca se interesó, por sí o a través de preguntas
específicas a sus funcionarios, acerca de la incidencia de las lluvias
extraordinarias de 2002 sobre el comportamiento del río?”, indaga el nuevo
pliego de preguntas.
La respuesta es vieja: “De las conversaciones que mantuve
con las autoridades de las localidades afectadas, que son en definitiva las que
tienen un conocimiento preciso y directo de su población y jurisdicción
territorial, nunca escuché comentarios ni de las autoridades de las localidades
visitadas ni de los miembros de mi gabinete que concurrieron a las mismas,
acerca de la incidencia de dichas lluvias sobre la cuenca del río Salado y en
particular sobre la ciudad de Santa Fe”, repitió el ex gobernador.
La ley que no aplicó
En su artículo 4, inciso j, la ley provincial 8.094 de
Defensa Civil obliga al Poder Ejecutivo a “disponer la realización de estudios
e investigaciones relativos a las zonas susceptibles de ser afectadas por
desastres naturales”. En función de ello es que se le preguntó a Reutemann si
había ordenado los correspondientes estudios. Su respuesta no refiere en nada a
lo que se le requiere, sino que comenta las obras de defensa realizadas en su
primer mandato: “Rincón, todo Alto Verde y los tramos I y II de la Avenida de Circunvalación
hasta Gorostiaga”; y luego enumera las gestiones efectuadas ante la Nación durante su segundo gobierno para la concreción del
tramo III, gestiones que reconoce infructuosas. “Todos sabemos –se justifica–
en la crisis que entró el país a partir del año 2001 y sus consecuencias,
motivo por el cual no se obtuvo el financiamiento correspondiente del Estado
Nacional para la concreción de la obra”.
La ley 8.094 establece en su artículo 3 que “el gobernador
de la provincia tendrá a su cargo la planificación, organización, control y
dirección de la defensa civil, y eventualmente, la conducción de las
operaciones de emergencia dentro del ámbito provincial”; y en su artículo 4,
incisos b y f, que “el Poder Ejecutivo es responsable de establecer planes y
programas de defensa civil”, y de “efectuar las previsiones para la evacuación
de la población en caso de desastre”. Reutemann fue indagado, entonces, sobre
las previsiones de su gobierno en cumplimentación de ese articulado. En tres
tramos de su declaración, su contestación es la que sigue: “todo lo relacionado
con previsiones para una eventual evacuación de la ciudad, era de competencia
exclusiva y excluyente de la
Municipalidad ”. El ex gobernador sustenta sus palabras en el
artículo 7 de aquélla normativa, que reza: “los intendentes municipales, dentro
de su jurisdicción territorial, tendrán la misma responsabilidad que la
establecida en el artículo 3º para el gobernador de la provincia”. Sucede que
Reutemann interpreta que las obligaciones en torno a la emergencia recaen por
completo en los mandatarios locales, y en ese sentido, evalúa que “no puede ser
de otro modo, puesto que la lógica y el sentido común, hacen que sea imposible
que el titular del Poder Ejecutivo Provincial, frente a una eventual emergencia
que abarcara el total de las localidades de esta provincia, pudiere estar
presente a la vez y en un mismo momento en todas ellas y llevar adelante la
suma de las medidas y actividades a que refiere la ley citada”. Pero su
interpretación resulta curiosa, ya que sin mediar palabra, el artículo 7 de la
norma continúa: “debiendo (los intendentes) cumplir las directivas e
instrucciones que el gobernador imparta”. Directivas e instrucciones que, como
los resultados lo evidenciaron en 2003, nunca fueron impartidas por el titular
del Ejecutivo provincial.
Lo que no recuerda
Una de las cuestiones más discutidas en el transcurso de las
testimoniales efectuadas entre el 10 de junio y el 6 de agosto fue la del
contralor de las obras de la avenida de Circunvalación, tanto en su aspecto
vial como hídrico. Funcionarios provinciales y nacionales se atribuyeron
mutuamente esa competencia en varias ocasiones a lo largo de los 57 días de
audiencias. Hubiera sido interesante, entonces, que quien ordenó proyectar la obra
dirima la cuestión. Pero no.
“¿Qué repartición u organismo auditó la obra de la avenida
de circunvalación inaugurada en 1997?”, le preguntaron.
“No recuerdo cuál era la repartición u organismo encargado
de auditar dicha obra, entiendo que la respuesta a ello habría que buscarla en
los antecedentes, documentales y expedientes administrativos relacionados con
su construcción”, contestó Reutemann.
Y tal como lo hiciera en 2004 (de hecho, con las mismas
palabras) en una de sus últimas respuestas el ex mandatario expresó su
particular impresión acerca de su actuación durante la catástrofe: “En todo
momento estuve al frente de esas gestiones, agotando esfuerzos y recursos, para
mejor atender la catástrofe. Fue preocupación principal y casi excluyente de mi
gobierno atender de la manera más eficaz posible, la grave emergencia
producida, así como procurar remedio definitivo a la misma. Sin embargo el
gobierno de la provincia debía seguir funcionando, así que luego de un tiempo
prudencial debí abocarme a la problemática del resto de las localidades de la
provincia, las cuales requerían mi presencia, dado que sus autoridades
entendían, con justa razón, que debía gobernar para todos por igual”.
Publicada en Pausa #125, miércoles 6 de noviembre de 2013
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De cerámica. Ensayo creativo 64. Serie #CienEstadosCreativos
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