“La reparación integral no se logra sin justicia”

A doce años de la inundación del río Salado, se renuevan los reclamos de justicia y verdad. Reutemann y sus nuevos socios, Macri y Del Sel, en el centro de las críticas.

Por Ezequiel Nieva

Bajo la lluvia, cientos de vecinos marcharon este miércoles 29 de abril desde la Plaza del Soldado hacia Plaza de Mayo para reclamar justicia por la inundación de 2003 que afectó en forma directa a 130 mil santafesinos. Estudiantes, militantes barriales, vecinos de a pie, dirigentes sociales y políticos acompañaron al movimiento de inundados en la conmemoración de un nuevo aniversario de la peor catástrofe de la ciudad.

En forma solidaria, con el único objetivo de juntarse para ayudar a mantener vivo el reclamo, los manifestantes desafiaron la llovizna y ganaron una vez más la calle. Hubo una primera concentración en Plaza del Soldado; al anochecer, las columnas partieron por calle San Jerónimo rumbo a Plaza de Mayo, donde se realizó el acto central por los 12 años de la inundación evitable del río Salado.

Se sabía que no iba a ser un acto cualquiera. El contexto electoral, las lluvias de febrero y marzo que anegaron los barrios del norte de la ciudad, la reaparición pública del ex gobernador Carlos Reutemann en los festejos del PRO en Rosario, la noche del 19 de abril, fueron los condimentos que calentaron la previa. “Este no es un acto más: tiene el corazón, el alma del suroeste, del oeste, del norte de la ciudad”, resumió Graciela García, de la Marcha de las Antorchas, sobre el final del acto.

Reutemann, un “asesino serial y culposo”

Desde el escenario montado de espaldas a la Casa de Gobierno, los inundados leyeron el documento preparado para la ocasión, titulado “Noches de fantasmas, auroras de esperanzas”. Habían pasado solo diez días de las elecciones primarias y la imagen del Lole junto Mauricio Macri y Miguel Torres del Sel en la celebración rosarina del PRO estaba más fresca que nunca. Por haberlo sumado a Reutemann a su espacio, Macri y Del Sel ligaron más de una crítica durante el acto.

De entrada, el documento elaborado por la Asamblea de Inundados plantea que la Constitución Nacional es “letra muerta de tragedias” ya que en el caso de la inundación de 2003, con los responsables de decenas de muertes impunes, no se cumple el principio constitucional de igualdad ante la ley.

Una alusión directa al ex gobernador Reutemann, definido como un “asesino serial y culposo” y no solo por los muertos de la inundación sino también por los nueve vecinos asesinados por la Policía en diciembre de 2001. Desde Rosario, Celeste Lepratti –la hermana del “Pocho”– llegó a Santa Fe para acompañar el reclamo de los inundados, que es también el reclamo de los familiares de las víctimas de 2001.

La vinculación del PRO con la inundación no es caprichosa. Los principales cuadros políticos de Reutemann –como Juan Carlos Mercier y Ricardo Spinozzi–, funcionarios al momento de la catástrofe del Salado, saltaron del PJ al partido de Macri en un movimiento iniciado en 2011 con la primera participación electoral de Del Sel y coronado, en febrero último, con el fichaje del ex piloto por parte del alcalde porteño.

Que la Justicia haga justicia

Como ocurre en cada aniversario de la inundación, la parte más importante del documento fueron los reclamos al Poder Judicial por el avance de la causa penal que investiga las responsabilidades políticas de la inundación y que ya lleva doce años de trámite. Para la Asamblea de Inundados, la Justicia es “la encargada de limpiar sus inmundicias, su corrupción, sus robos, sus negociados, sus asesinatos directos o indirectos”.

Hubo menciones directas a la responsabilidad que tuvo Mercier –ex ministro de Hacienda y de Obras Públicas y actual asesor del PRO santafesino– en la ejecución de la inconclusa defensa oeste, por donde ingresó el Salado a la ciudad. Los inundados remarcaron que la Justicia no investigó ni a Mercier ni al contratista Américo Victorio Gualtieri por “la adjudicación directa del tenebroso tramo II de la defensa del oeste”.

Las luchas populares son largas. En el acto, los inundados recordaron que el movimiento de derechos humanos debió batallar durante 14 años –desde los indultos hasta la derogación de las leyes de impunidad– para sentar en el banquillo a los represores de la última dictadura. Y aunque no tienen muchos elementos para pensar que en Santa Fe habrá justicia por los muertos de la inundación, saben que el único camino es la resistencia y la persistencia en el reclamo.

Un párrafo del documento resume la cuestión: “Existe un valor simbólico y un valor real de la impunidad y la inseguridad judicial o jurídica. Son hermanas gemelas, son gemelas porque actúan al unísono con los mismos gestos, se copian mutuamente, poseen los genes adulterados para intentar hacernos creer lo que sea. Tejen la historia de la inundación como una crecida extraordinaria, de la incontrolable naturaleza, de la imprevisible cantidad de lluvias producidas en corto tiempo. Intentan hacernos creer que nada se puede prevenir, que todo es culpa de la naturaleza, que sólo se puede actuar una vez producido el hecho y hablan del fenómeno natural, del fenómeno social, del fenómeno sanitario. El verdadero fenómeno es el de los políticos y economistas que nos determinan de antemano que ellos son los imprevisibles. Ellos son el verdadero ensayo desastroso y nosotros los conejillos de india que los votamos”.

La plaza de los inundados

Después de la lectura del documento, los integrantes de la Marcha de las Antorchas subieron al escenario para cumplir con un ritual que se repite año tras año, 29 tras 29: la lectura de los nombres de los 158 muertos de la inundación (23 reconocidos por el Estado, 18 incorporados en la causa penal).

Luego, Graciela García, una de las integrantes de la Marcha de las Antorchas, pronunció un último discurso: “Nosotros hemos sentido algunas soledades, algunos fríos que entraban por los huesos, algunos miedos cuando nos pedían el documento. Pero hoy la Marcha y la Asamblea de Inundados nos debemos un homenaje por ocupar esta plaza tan caminada, tan tomada por nosotros”.

“La reparación integral no se logra sin justicia”, dijo García apuntado hacia el Palacio de Justicia, frente al cual los inundados clavaron –hace doce años– las cruces que simbolizan a sus muertos. “En ese oscuro edificio de Tribunales, ellos tienen el poder de la vida y de la muerte, como lo tuvieron Reutemann y Mercier”.

Discurso de Graciela García

Galería de fotos

Nota relacionada: documento completo de la Asamblea de Inundados

Agua otra vez / Eventos por la memoria

Por Enzo Vicentín

Viajé esta mañana a La Plata, pensando que era un día más. Pero no. Estaba desinformado. No tenía ni idea del desastre. Cuando llegué parecía un día feriado, calles con poca gente, negocios cerrados, el viento se escuchaba en ausencia de los motores y las bocinas. El cielo gris, las calles llenas de hojas, las veredas también. La Facultad, cerrada. Asueto. No entendía, pensé ¿será tan grave? Lo mismo me pasó en abril de 2003. ¿El Parque del Sur hecho un lago? ¿Barrio Roma con tres metros de agua? Hasta que lo ví.

Me encuentro con Andrea, vamos a un bar que tiene luz. Me cuenta que algunos de sus amigos se inundaron. Nos vamos a tomar un colectivo y escucho hablar a dos mujeres de los varios muertos que dejó el agua. ¿Tan grave era? Andrea se salvó; vive en un primer piso. Unos amigos que la visitan no se salvaron. Salieron ayer con el agua hasta la cintura. Viven en Tolosa. Llegan con los pies embarrados, quisieron volver a su casa y no pudieron. Son artistas, perdieron años de trabajo.
La radio, lo único que puede funcionar con pilas, le pone cifras al desastre. En una ciudad sin luz parece que no funciona nada, los celulares fallan, en muchos lugares no hay agua potable, los colectivos andan hasta por ahí nomás. Pero la radio todavía comunica. La radio está. Los que se inundaron están con bronca, piden ayuda, se abren centros de evacuados, hablan los funcionarios, algunos periodistas piden ayudar hoy y criticar mañana, otros no quieren tregua. Después de un rato me vuelvo a la terminal, colectivo hasta Plaza Italia. En esta parte de la ciudad la cosa funciona. Camino cinco cuadras hasta la terminal, veo pasar un camión del ejército, escucho a un helicóptero que viene y va. Todo me hace acordar demasiado a lo que ya ví en Santa Fe. Dos chicas que caminan delante de mío llevan bolsas a un centro de donaciones. Solidaridad espontánea, casi instantánea con los inundados, de eso también me acuerdo. Escucho la radio, no puedo creer la cantidad de muertos que cuentan. Al mediodía eran 35. Me subo al cole, va a Buenos Aires, pasa por 1 y diagonal 74, cerquita de Tolosa, no veo mucho, pero para qué si me lo imagino. Lo ví dos veces en los últimos 10 años. Esta vez la radio me lo contó.

Lo ví dos veces en los últimos 10 años. Esta vez la radio me lo contó.

Salgo de La Plata, veo agua a los costados de la autopista. Mucha agua. Bien en la salida de la ciudad veo un barrio de casitas nuevas con calles de agua. Las periferias de las ciudades, los que están en los márgenes, nunca se salvan. Qué tristeza. Ahora que escribo, veo las imágenes y el conteo de víctimas sigue subiendo: 46. ¡46! Cuánta tristeza. La semana pasada me estuve acordando de la inundación del 2007. Ahora esto, y en menos de un mes el 29 de abril. No puedo dejar de comparar. El agua, otra vez. No me acostumbro.

(*) Escrito el 3 de abril. Al cierre de esta edición se contaban 51 muertos en La Plata.

Inundación 2003
Eventos por la memoria

Una serie de actividades, como charlas y exposiciones artísticas, se realizarán en nuestra ciudad con motivo del décimo aniversario de la inundación de 2003. El Museo Histórico y la Estación Belgrano serán sus sedes.
En el Museo Histórico Provincial (San Martín 1490), el 24 y 25 de abril, a partir de las 18.00, se realizarán charlas y una exposición de fotografías sobre el 2003 de Hugo Pascucci, Amancio Alem, José Almeida, Luis Cetraro y Flavio Raina. El 24, el militante de la Marcha de las Antorchas Héctor Sanagustín –quizá quien más conozca en detalle los hechos de 2003– dará una conferencia titulada Crónica de una inundación anunciada. El 25 será el turno de los arquitectos Luciana Barín, Paz Coniglio, Mercedes Doldan y Diego Mandile, cuya exposición se titula Sacando a flote el carácter urbano de la inundación. Memoria, ciudad y política: Relocalizaciones y luchas por el derecho a la ciudad. También estará presente el docente Mariano Medina, con sus Crónicas desde el Centro de Evacuados, historias, recuerdos. Desde la organización de esa doble jornada, afirmaron que la actividad se realiza bajo la consigna de que “conmemorar debería ser siempre no olvidar” por “los nexos profundos entre historia, presente, patrimonio, compromiso y construcción cotidiana”. Además, consideraron que “conmemorar es casi una obligación en un lugar ‘de memorias’.”.
Previamente, este viernes 12 de abril se inauguró la muestra “Marcas en el cuerpo”, con obras de artistas santafesinos damnificados por la inundación de 2003, realizadas a partir de aquella imborrable experiencia. La exposición estará en el Centro Experimental del Color, localizado en la Estación de Trenes Belgrano, y tendrá entrada libre y gratuita.
Por otra parte, en el mismo lugar de barrio Candioti se realizará una muestra de archivos periodísticos sobre la inundación, los días 25 y 26 de abril, también con entrada libre y gratuita.

Publicado en Pausa #111, a la venta en los kioscos de Santa Fe y Santo Tomé.

Balbarrey, el protegido de Bassó

La inundación de 2007 dejó cuatro muertos y obligó a autoevacuarse a más de 50 mil vecinos. Pero el procurador de la Corte, nombrado a pedido de Obeid, cajoneó las causas.

Por Ezequiel Nieva

A cuatro años de la última inundación, el pacto de impunidad dio sus frutos. No hay procesados y la causa judicial está estancada. Una profunda investigación encarada en aquel momento por concejales de la oposición permitió detectar 20 irregularidades concretas cometidas antes, durante y después de las lluvias de fines de marzo de 2007 por el intendente de entonces, Martín Balbarrey, y sus funcionarios. En Tribunales hubo 26 presentaciones contra la Municipalidad, pero sólo la que realizaron los miembros de la Comisión Investigadora llegó a ser tramitada por la Fiscalía. Antes de dejar la Casa Gris, el ex gobernador Jorge Obeid consiguió que la Legislatura avale la designación de Agustín Bassó como procurador general de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Los fiscales que responden a Bassó apenas movieron el expediente, cajoneado desde 2008, cuando se registraron los últimos avances de la causa.

El 29 de marzo de 2007 la ciudad de Santa Fe comenzó a sufrir la segunda inundación en menos de cuatro años. En 2003 había sido por el desborde del río Salado; en 2007, por el pésimo estado del sistema de bombeo, que no dio respuesta a una lluvia extraordinaria: se estima que en la ciudad cayeron, en una semana, unos 500 milímetros. La crisis afectó a 61 localidades de la provincia –una superficie de más de tres millones de hectáreas–; a pedido del Ejecutivo, la Legislatura declaró “zona de desastre” en 12 de los 19 departamentos; se dispuso una ayuda excepcional para las ciudades y comunas más afectadas. Como en 2003, el daño mayor se registró en capital santafesina: al menos cuatro muertos y casi 50 mil evacuados, la gran mayoría del oeste y del noroeste de la ciudad, aunque también se inundaron barrios como Sargento Cabral.

Telarañas

La causa abierta tras la presentación del informe de la Comisión Investigadora del Concejo tuvo algún movimiento a fines de 2007 y principios de 2008: la transición entre el PJ –luego de 24 años en el poder– y el Frente Progresista. El cambio de color político no tuvo, sin embargo, ningún efecto en la Justicia provincial. El 12 de marzo de 2008 Jorge Henn, Carlos Pereira, Marta Fassino y Marcelo Ferreira se reunieron con el procurador de la Corte Agustín Bassó. Los concejales que integraron la Comisión Investigadora de la inundación 2007 le pidieron cuentas a Bassó sobre la actuación de los fiscales (no regía el nuevo Código Procesal Penal y, por lo tanto, los fiscales estaban bajo la órbita del procurador de la Corte) ya que, a la par del informe, se presentó una nueva denuncia en la Justicia para que se investigue a Balbarrey y sus funcionarios –entre ellos, el secretario de Asuntos Hídricos Horacio Ruiz y el subsecretario de Gestión de Riesgo Pedro Zuccarini– por incumplimiento de deberes de funcionario público y abandono de persona, entre otros cargos.

A raíz de ese encuentro, Bassó hizo pública una resolución de la Procuración General fechada el 10 de marzo de 2008, en la que resuelve nombrar al fiscal de distrito Nº 2 Norberto Nisnevich y a su colega Juan Pablo López Rosas para trabajar en la causa. El doble nombramiento no derivó en una investigación más exhaustiva sino que fue la clausura de las pesquisas. Por lo bajo, los concejales –que habían recabado más de cien testimonios de vecinos inundados y documentación sobre las falencias del sistema municipal de bombeo– responsabilizaron a Bassó por no haber instruido una investigación seria y rápida y por haber dejado que se diluya el caso. Como corolario, la denuncia de la Comisión Investigadora –y las otras 25 presentaciones– fueron derivadas a un juzgado vacante. Pereira –entonces concejal, hoy en el gabinete de Mario Barletta– se quejó por lo “sospechoso” de la maniobra. El último movimiento de Bassó fue requerir que la Cámara de Apelación en lo Penal “arbitre las medidas necesarias para que la causa reciba el tratamiento pertinente”.

La Cámara de Apelación en lo Penal estaba presidida –desde 2006– por Roberto Oscar Reyes, ascendido a camarista apenas unos días después de sobreseer al ex gobernador Carlos Reutemann de la causa por la inundación de 2003 y muy cuestionado por su actuación en la investigación de las responsabilidades políticas de los asesinatos del 19 y 20 de diciembre de 2001. Que el procurador de la Corte remitiera a la órbita de Reyes las presentaciones judiciales derivadas de la inundación de 2007 fue interpretado como un caso de más de complicidad entre el Poder Judicial y el poder político que, por 24 años, administró los destinos de la provincia y de la ciudad. En dos ocasiones Pausa intentó contactar a Bassó –a través de la secretaria de la Procuración, Dra. María Rita D’Eramo, y del prosecretario de la Procuración, Dr. Patricio Echagüe– para saber si hubo alguna otra novedad. El procurador general no contestó.

Mirando al costado

Antes de la vía judicial ya se había clausurado la vía política. El informe final de la Comisión investigadora aconsejaba, entre sus conclusiones, que la Legislatura trate la destitución del intendente Balbarrey. Las circunstancias políticas del momento hicieron innecesario ese debate: Balbarrey se encaminaba, cuando se presentó el informe, a enfrentar a Mario Barletta y a Oscar “Cachi” Martínez en las elecciones del 2 de septiembre. El intendente no logró su reelección por muy poco: obtuvo 62.761 votos contra 65.617 de Barletta. Martínez –el concejal de su espacio, Marcelo Ferreira, había participado de la investigación– obtuvo 49.458 votos.

La creación de la Comisión Investigadora de la inundación de 2007 fue objeto de un debate de la más baja estofa política y jurídica. El intendente trató de vetar el decreto sancionado por el Concejo; el cuerpo deliberativo respondió rechazando ese veto por improcedente. El argumento no admitía mayor discusión: entre las muchas atribuciones del Concejo están las de controlar e investigar al Ejecutivo. Tras casi dos meses de entrevistas con vecinos inundados, representantes de entidades intermedias e incluso empleados municipales, la comisión elaboró un informe de más de 2.000 fojas que incluyó 285 fotos, 67 pedidos de obras no atendidos por la Municipalidad, 2.200 testimonios escritos y 327 recortes periodísticos, entre otras pruebas. Copias de ese informe se giraron a Casa de Gobierno, a las dos cámaras legislativas y a Tribunales.

De la investigación surgieron 20 imputaciones concretas contra Balbarrey y su gabinete. Los concejales elaboraron un informe que resume los cargos; de ese trabajo derivó el pedido de destitución. La derrota de Balbarrey en las urnas evitó que los legisladores debatieran su destitución, algo que ni siquiera ocurrió en el caso de Carlos Aurelio Martínez, quien renunció antes de ser destituido. El pedido se basó en el inciso 5 del artículo 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades, norma que no contempla una herramienta vigente en la ciudad de Buenos Aires –el juicio político– que permitió, por ejemplo, destituir a Aníbal Ibarra.

Publicado en Pausa #71, todavía a la venta en los kioscos de SF

Una papa caliente para la Justicia

La causa por la inundación 2003, otra vez sin juez. Se reanuda el carnaval de excusaciones.

Por Milagros Argenti

“Nadie se quiere hacer cargo porque llega el momento de la verdad”, reiteraba por los medios el 29 de abril pasado Jorge Castro, actor civil de la causa inundación 2003. Sucede que el expediente está a fallo, pero como tantas otras veces, no tiene juez. Esto es: el caso llegó, por fin, al punto en que resta determinar si los imputados son culpables o inocentes, pero no hay quién lo determine.

Los dichos de Castro no son precipitados. A lo largo de estos 12 años ha quedado demostrado: los 15 cuerpos que lleva acumulados la causa queman las manos de los funcionarios judiciales, que urden las más cándidas excusas para no involucrarse o para retirarse. Algunos hasta han cometido curiosos errores que obligaron a su apartamiento o que entorpecieron la evolución del expediente.

Origen de la nueva acefalía

El 20 de agosto de 2013, la defensa del ex intendente Marcelo Álvarez presentó un planteo de prescripción de la causa Inundación. Por ese entonces, el juez de Sentencia era Gustavo Urdiales, quien “corrió traslado” sobre ese pedido a los actores civiles (Castro y su esposa, Milagros Demiryi) y no a los otros dos imputados junto a Álvarez (el ex ministro de Obras Públicas Edgardo Berli y el ex director provincial de Hidráulica Ricardo Fratti). Esto significa que el magistrado notificó y dio participación a los demandantes de la parte civil en una cuestión inherente al expediente penal. Primer error. Pero además, no hizo lo propio con los principales implicados en dicho expediente (los procesados precedentemente mencionados). Segundo error.

En cualquier caso, Urdiales no se pronunció sobre el planteo, y se retiró en diciembre de ese año para ocupar una fiscalía en el Ministerio Público de la Acusación, según el nuevo Código Procesal Penal que rige en la provincia.

Como todos los años, el reclamo de justicia resonó el 29 de abril en la Plaza de Mayo.
Foto: Alan Valsangiácomo

La posta la tomó el Dr. Cristian Fiz, que soslayó los yerros de su colega y en abril de 2014 falló en contra de la prescripción. Alejandro Paz y Pablo Guastavino, abogados de Álvarez, recurrieron a la Cámara de Apelación. Cuatro meses después ese tribunal, constituido por Roberto Prieu Mántaras, Jaquelina Balangione y Roberto Reyes, también rechazó el planteo por considerarlo “extemporáneo”, pero además declaró nula la resolución de Fiz a raíz de los vicios que acarreaban “los actos procesales anteriores” (tramitados por Urdiales), y separó a aquél de la causa. Asimismo, instó a dejar de lado las dilaciones y consideró que ya era “necesario” dictar sentencia. Sin embargo, Paz y Guastavino insistieron e interpusieron un recurso de inconstitucionalidad ante el mismo Cuerpo, que en marzo pasado volvió a fallar en su contra.

De esta forma, la Cámara dejó claro que no considera el caso como prescripto y ordenó que volviera a Sentencia. Pero también lo dejó sin juez.

Situación actual

Cuando un juez se aparta o es apartado de una causa, debe ser suplido por un magistrado de su misma competencia. Sin embargo, en este caso no fue posible. Actualmente en Santa Fe hay cuatro titulares de Sentencia, y tres de ellos están inhabilitados para intervenir porque ya actuaron en el proceso judicial en instancias anteriores. Se trata de Norberto Nisnevich, quien en 2008, siendo fiscal, formuló el requerimiento de elevación a juicio; Enrique Álvarez, que resolvió contra las nulidades pedidas a esa requisitoria; y el propio Cristian Fiz. Esto dejaba una única opción: María Amalia Mascheroni. Pero días atrás se excusó de participar porque, según indicó, ella misma estuvo entre los damnificados de la inundación.

Así dadas las cosas, el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial indica que el expediente sale de Sentencia y pasa a Correccional. La situación se repite: en los seis juzgados que entienden en la materia sólo hay dos magistrados, y uno es Ricardo Favaretto, que está inhibido por haber sido el primer fiscal de la causa inundación. La única chance es entonces Orlando Pascua, que al cierre de esta edición no había comunicado decisión alguna, aunque en los pasillos de Tribunales aseguran que se excusará. Si así fuera, el expediente deambularía por Instrucción. Arrancaría con el Dr. Jorge Alberto Pegassano, y eventualmente continuaría su raid por Darío Daniel Sánchez, Luis Octavio Silva y Susana Estela Guadalupe Luna.

De cualquier forma, la decisión no será inmediata. Por este indispensable requisito de que el nuevo juez no haya actuado previamente, quien acepte el desafío de dictar sentencia tendrá la difícil tarea de interpretar 12 años de actuaciones judiciales, con innumerables pruebas: 15 biblioratos de oficios, testimoniales, indagatorias e inconsistencias; y un amplio ropero desbordante de mapas, documentos, videos y DVDs. Y no será el único escollo que deberá sortear el juez designado. Porque para la “Justicia” santafesina, la causa inundación es un despreciable basural de material escrito y grabado, y un mero número (expediente 1.341/03); pero también, paradójicamente, una amenaza al status quo de la corporación judicial encabezada por el juez de la Corte Suprema y primo político de Reutemann, Rafael Gutiérrez.

Los obstáculos no son pocos ni simples. Ojalá el magistrado electo comprenda que no se trata de sostener a esa corpo, ni de ganarse un lugar en ella, como han logrado todos aquellos que se han doblegado a los designios del “primo”. Se trata de impartir justicia, ese derecho indeclinable. Sólo eso.

Cómo ser juez y no hacerse cargo

La causa inundación comenzó el 5 de mayo de 2003 y fue tomada por el juez de Instrucción de la 7ª Nominación, Diego De la Torre. El magistrado tomó declaración a más de 20 funcionarios y tuvo una destacada intervención en el caso. Sin embargo, a fines de 2005 Roberto Busser, abogado de dos funcionarios municipales imputados, recusó a De la Torre. En un singular escrito, el juez recusado aseguró haberse “desempeñado con la imparcialidad, neutralidad, prudencia, serenidad y ecuanimidad que el caso imponía” y dijo no compartir los argumentos del letrado, no obstante lo cual hizo lugar al planteo y se dio por echado.

La causa recayó en el juzgado de Jorge Patrizi, que avanzó en algunos llamados a declaración y en 2006 emitió el tristemente célebre auto de procesamiento, en el que resolvió procesar al ex intendente Marcelo Álvarez, al ex ministro de Obras Públicas Edgardo Berli y al ex director provincial de Hidráulica Ricardo Fratti por el delito de estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas. En la última frase del fallo, señaló: “en el estado actual del proceso no existen elementos suficientes como para sospechar que Carlos Alberto Reutemann ha participado de los hechos” que motivaron la causa penal. Es decir: el magistrado resolvió que una persona que nunca fue imputada y cuya responsabilidad jamás se investigó, no era culpable. A priori, sin escarbar sobre su comportamiento y sin tomarle declaración indagatoria, Patrizi decidió que el ex gobernador no tenía responsabilidad alguna, plasmando por escrito su vergonzante felpudismo hacia la cúpula judicial.

Tiempo después, el juez pasó a ser Mauricio Frois, de nula actuación. Su inacción no sorprendió: en marzo de 2009 fue suspendido por dejar prescribir más de 300 causas. No obstante, el fiscal Norberto Nisnevich solicitó la elevación a juicio en marzo de 2008, y los abogados de Álvarez, Berli y Fratti apelaron esa medida. Suspendido Frois, tomó la causa el juez de Sentencia Enrique Álvarez, quien resolvió en contrario de esas solicitudes, se excusó y se retiró.

En 2011 comenzó la etapa definitoria del proceso, que continúa hasta el día de hoy. El expediente recayó en Dardo Rosciani, y ese año se abrió el caso a prueba, de forma tal que las partes debían proponer testigos y documental que avalaran sus posiciones. Sin novedades, Rosciani se jubiló a fines de 2012 y su juzgado fue subrogado por Gustavo Urdiales.

Entre el 10 de junio y el 25 de julio de 2013 se convocó a los testigos propuestos por los actores civiles y por las defensas de Berli y Fratti. En su mayoría, los testimonios no hicieron más que aportar a los argumentos de la Fiscalía, conducida por Mariela Jiménez y Jorge Andrés hasta el día de hoy, y a los de los actores civiles.

La defensa de Álvarez no presentó pruebas ni solicitó nuevos testigos en esa instancia. Todo hacía suponer que iba por la prescripción. Y así fue. Pero los resultados fueron  adversos a la estrategia planteada por sus abogados. O no, porque la idea era dilatar una decisión que sigue dilatada.

Publicada en Pausa #153, miércoles 6 de mayo de 2015

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El Quijote y las catástrofes políticas

Reflexiones sobre el valor de la lucha de los inundados.

Por Licenciado Ramiro

Hace unos días tuve la oportunidad (y el gusto) de compartir el aire de una radio con Héctor El Flaco Sanagustín, vecino inundado de barrio Roma en el 2003 y miembro de la Marcha de las Antorchas, que lucha día a día desde hace ya casi 10 años por que se haga justicia por las víctimas de la inundación y se castigue a sus responsables. Por supuesto que ante el testimonio de Héctor no hay más que hacer silencio, escuchar, estremecerse, reflexionar y admirar.
Su relato comenzó con las horas previas a la entrada del agua por Santa Rosa de Lima, con él como testigo de la sigilosa, lenta e incesante invasión del Salado a su casa. Salvó lo poco que pudo. Siguió por el recuerdo de sus primeros pasos en el reclamo de justicia y su llegada la Plaza de Mayo junto con el grupo del cual es referente. Esta lucha demoró en iniciarse ya que, como consecuencia del agua, Héctor fue postrado por una leptospirosis durante casi 45 días. Su primera salida luego del obligado reposo fue a la cancha de Colón. Luego, sí, siguieron las antorchas.
Una vez terminadas las anécdotas de los días bajo el agua, el Flaco reflexionó sobre las responsabilidades de los funcionarios que inauguraron un terraplén incompleto y que nunca terminaron y que, causalmente, fue por donde entró el Salado a la ciudad. Remarcó que además de las culpas de un grupo de individuos encabezados por Carlos Reutemann, Marcelo Álvarez y Juan Carlos Mercier, la inundación tiene sus orígenes en un modo de hacer política que caracterizó a la década del 90: desguace del Estado, privatización de sus empresas, neoliberalismo feroz y ausencia de políticas sociales y de obras públicas en beneficio de los ciudadanos más postergados. El ex gobernador y su ministro de hacienda son esa lógica hecha carne y es necesario no olvidarlo… y el Flaco y muchos otros luchadores, con su presencia, nos lo recuerdan.
Del párrafo anterior yo quisiera hacer sobresalir tres cuestiones. En primer lugar, que la inundación no fue la consecuencia del solo accionar corrupto de un par de tipos; sino que es lo que ocurre cuando hay todo un sistema político, social y económico destinado a ejecutar acciones que benefician los negocios del Estado con el sector privado y no se preocupan por el bienestar público. Es decir, cuando el Estado es corrupto y sus funcionarios también. Digo esto porque no hace falta un nombre propio en particular para que esto ocurra: es una lógica política lo que lo provoca, y en este caso, esa política se encarnó en Reutemann y Mercier, quienes no tienen argumento alguno para poder excusarse de su responsabilidad. En segundo lugar, al terraplén que quedo inconcluso en el noroeste de la ciudad, Reutemann y compañía lo construyó en el Poder Judicial: se aseguró el amparo de una justicia provincial que todavía hoy lo mantiene al resguardo de las denuncias en su contra. Y, en tercer lugar, ya es hora (y más aún luego de todo lo que se supo del accionar humano en esta inundación) de dejar de llamar catástrofe natural a una inundación cuyas consecuencias se podrían haber minimizado e, incluso, tal vez evitado (al menos las muertes y la cantidad de evacuados y pérdidas materiales). Llamar a lo sucedido catástrofe natural o “tragedia” también es lo que los responsables políticos de una ciudad bajo agua quieren imponer: si es natural, la culpa la tiene “dios”; si es una tragedia, entonces fue inevitable. Ya está comprobado que es falso e injusto seguir insistiendo en estos modos de denominar una inundación provocada por la corrupción estatal.

Al fondo, el Flaco con el gorro de Colón, en una de las Marchas de las Antorchas

“¿Y hoy qué te moviliza a seguir luchando, Flaco?”, le preguntan los conductores del programa. Él responde que en un principio quería ver presos a todos los responsables de la catástrofe. Pero señaló que se encargaron muy bien de armar una justicia cómplice que les garantice impunidad (“Y la impunidad cansa”) y por ello hoy desea que llegue el día que escuche que estos corruptos sean castigados con una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Ni más ni menos. “Je, a veces mis amigos me dicen Quijote, porque de 100.000 evacuados a veces somos cuatro o cinco los que seguimos en la plaza”, remarca Héctor. Estos cuatro o cinco Quijotes tienen una cruzada contra molinos de corrupción, desgaste, resignación… Quijotes que nos han enseñado que el tiempo no acaba las batallas: las acaba el abandono, cosa que estos Quijotes, con extrema valentía e infinitos argumentos se niegan a aceptar… Y a pesar de que, en ocasiones, como contó en su relato el Hidalgo Don Héctor de barrio Roma, se sienta el agotamiento de espadazos contra las astas violentas de aquellos monstruos de madera y cemento, su lucha se siente, se vive, se multiplica en cientos de miles de santafesinos y santafesinas que, por ellos en la calle, tienen siempre presente que, hace 10 años, esos molinos infames fueron de agua y no de viento... Y que tienen haciéndoles frente a los Quijotes y muchísimos Sanchos convencidos y conmovidos por la justicia de sus batallas, defendiendo a conciencia el espíritu que estos caballeros han instalado en sus espaderos, nosotros, sus vecinos.

Publicado en Pausa #112, a la venta en los kioscos de Santa Fe y Santo Tomé.

A diez años de la inundación: la memoria y la justicia en debate

Tras el anuncio de la construcción de un memorial, el movimiento de inundados renovó sus reclamos.

A poco de cumplirse una década de la inundación de 2003, los actores civiles que llevan adelante la causa penal por estrago culposo agravado –en la que están procesados el ex intendente Marcelo Álvarez, el ex director de Hidráulica de la provincia Ricardo Fratti y el ex ministro de Obras Públicas Edgardo Berli– reclamaron que la Justicia avance en la investigación de las responsabilidades políticas y denunciaron que la “estrategia” de la defensa es “jugar con la prescripción de la causa”.
“Hay dos cuestiones muy graves y concatenadas por las cuales la investigación no avanza: por un lado, el paso del tiempo y la reiteración de medidas dilatorias, exigidas por los abogados defensores de los imputados; por otro lado, la inacción que ha primado de parte del Ministerio Público de la Acusación. La causa ya tuvo cuatro fiscales y sólo uno de ellos realizó acusaciones concretas, que fue el fiscal Roberto Nisnevich, que solicitó la elevación a juicio”, sostuvo Milagros Demiryi en declaraciones al diario Uno.
Según Demiryi, la forma de “garantizar la impunidad” de los imputados pasa por dilatar el avance de la causa. “No hay una decisión política ni judicial de que los responsables vayan presos”, sentenció. Y volvió a reclamar a la nueva fiscal –Mariela Jiménez, quien se hizo cargo de la causa a principios de marzo, en reemplazo de Gerardo Alesso que se excusó porque él mismo se inundó– que considere citar a declaración a otros funcionarios que hasta el momento no lo hicieron, como los ex gobernadores Carlos Reutemann y Jorge Obeid.

Memoria y concientización
Y mientras se acerca el décimo aniversario de la inundación también crece la polémica en torno a la conmemoración de la tragedia.
El debate gira en torno a la memoria de los hechos ocurridos a partir del ingreso de las aguas del Salado a la ciudad, el 29 de abril de 2003. Los inundados cuestionaron el proyecto oficial del municipio –que contempla, entre otras aristas, un monumento en honor a las víctimas– y exigieron, en el inicio de otro año electoral –como fue 2003–, que no se utilice el recuerdo de la tragedia como “herramienta de marketing político”.

El intendente Corral y el vicegobernador Jorge Henn presentaron el 28 de febrero las actividades previstas para recordar la primera década de la inundación. El objetivo es “mantener viva la memoria” y generar conciencia sobre la importancia de que la ciudad esté cada vez mejor preparada para enfrentar ese tipo de eventos. El programa de actividades busca propiciar instancias de concientización sobre la convivencia de la ciudad y el río, la gestión de riesgos y la cultura de la prevención.
“Tenemos que evaluar y sentirnos orgullosos de lo que pudimos hacer juntos en ese momento tan difícil que tuvo la ciudad y de todo lo que pudimos hacer para estar hoy un poco mejor que en aquel momento”, sostuvo Corral. “Sobre todo, tenemos que juntar fuerzas y trabajar hacia adelante para que la gestión de riesgo sea una política de Estado en la ciudad. Aprendimos que tenemos que trabajar todos juntos y hacer cada uno la parte que le toca para que no suframos más tragedias como esa”.
Entre las actividades previstas, el intendente mencionó la construcción de un Memorial de la inundación: una estructura simbólica que “no será un monumento sino un lugar de encuentro y reflexión”. Será emplazado en la zona del Hipódromo, lugar por donde ingresó el agua del Salado a la ciudad, pero aún no se decidieron los detalles finales. “Está abierta la convocatoria para el relevamiento y el acuerdo de propuestas en torno a la construcción del memorial y la definición de contenidos”, explicó el funcionario.

La voz de los inundados
“Los vecinos inundados construimos la verdadera memoria, la que ambiciona la verdad a través de la Justicia. La impunidad se interpone y va en desmedro de la construcción de la memoria colectiva, de ahí el motivo de la lucha”, sostuvieron en un comunicado los integrantes de la Marcha de las Antorchas, uno de los grupos de inundados que militan por el esclarecimiento de las responsabilidades políticas de la tragedia y el avance la causa penal. “A diez años de la inundación evitable, desde los poderes Judicial, provincial y municipal de Santa Fe, han trabajado para tapar y lavar la memoria reciente de los santafesinos”, añadieron.

Publicado en Pausa #109, a la venta en los kioscos de Santa Fe y Santo Tomé.

Sobre cómo la Justicia es parte de la impunidad

No hay todavía ningún culpable por la inundación de 2003. El proceso lleva diez años y una profusa cantidad de chicanas y miradas al costado.

Por Pilar Guala y Milagros Argenti

A casi 10 años del inicio del proceso penal, la Justicia no encontró todavía ningún culpable por los hechos de 2003. El proceso comenzó el 5 de mayo de ese año a partir de la denuncia presentada ante el fiscal Ricardo Favaretto por la titular del Sindicato de Amas de Casa, Ana Isabel Zanutigh, que fue tomada por el juez de Instrucción de la 7ª Nominación, Diego De la Torre. En marzo de 2004, Jorge Castro y su esposa Milagros Demiryi se constituyeron como actores civiles en la causa, debido a los daños y perjuicios sufridos, y solicitaron que funcionarios provinciales y municipales fueran investigados por los delitos de estrago culposo calificado e incumplimiento de sus deberes de funcionarios públicos.

Los testimonios
Entre el 9 de octubre de 2003 y el 21 de noviembre de 2005, De la Torre llamó a declarar a 20 funcionarios como testigos e indagó a siete de ellos, entre los que se encontraban el ex director de Defensa Civil, Carlos Filomena, el ex director de Hidráulica, Ricardo Fratti y el ex ministro de Obras Públicas, Edgardo Berli.
En su testimonial, Filomena aseguró que ningún organismo técnico nacional ni provincial le advirtió sobre la magnitud de la inundación y que la repartición que conducía no conocía monitoreo alguno sobre el Salado o sus defensas. Expresó que entre sus tareas en situaciones de “catástrofe” estaban “minimizar los daños, y reponer las condiciones al estado natural. Además, estar en el lugar de los hechos”. Consultado sobre la existencia de un plan de contingencia y evacuación, Filomena respondió: “no es tarea de Defensa Civil. Esa pregunta debería hacérsela a la Municipalidad”. Afirmó que “la Dirección estaba desmantelada” y agregó que su “misión fue dar instrucciones, consejos, o asesoramientos” a las comunas afectadas por anegamientos, incluyendo otros departamentos de la provincia.
Las declaraciones del director de Obras Hidráulicas, Ricardo Fratti, se destacaron por ser las más detalladas en relación con las actuaciones durante los peores momentos de la inundación. Sirven también para contrarrestar la tristemente célebre frase “A mí nadie me avisó”, utilizada por Reutemann pero también presente en los testimonios de otros tantos ex funcionarios.
Fratti respondió en las dos declaraciones, sin dudar, que él informó, y destacó la situación que vivían por entonces otras localidades del centro-norte de la provincia afectadas por anegamientos del Salado. Hizo hincapié en las reuniones realizadas por el Comité de Emergencia del 28 y 29 de abril. Estas declaraciones estuvieron acompañadas por documentos que acreditaron sus dichos, incluido el mapa en el que había marcado con una línea roja hasta dónde llegaría el agua. En sus declaraciones especifica:
- “El 28 de abril a las 13, con presencia de autoridades provinciales y municipales, informé lo que se había podido recabar hasta ese momento: que había que estar en alerta porque esta crecida era ya más grande que todas las conocidas… y que al haber colapsado los terraplenes provisorios o de emergencia de Gorostiaga, podía haber miles de evacuados”.
- “El 29 de abril a las 11.30 en una reunión en la gobernación con presencia del gobernador  y otros funcionarios, el intendente (…), les informó y avisó lo que hasta ese momento habíamos logrado y les mostré el plano de áreas de riesgo, con alturas de las distintas zonas de la ciudad y se informó que de acuerdo a lo estimado hasta ese momento, dónde se iba a inundar la ciudad, indicándose con una línea roja la cota 16-80”.
Distintos funcionarios le expresaron a De la Torre que no recordaban esas explicaciones, otros adujeron que la explicación que dio Fratti fue en un lenguaje “demasiado técnico”. El ex director de Hidráulica en su declaración afirmó que el lenguaje utilizado fue “comprensible para todos los asistentes”.
Por su parte, Berli recordó con claridad las advertencias dadas por Fratti en las reuniones del Comité de Emergencia y detalló un encuentro improvisado que se produjo durante la madrugada del lunes 28 en calle Gorostiaga con Reutemann y Álvarez.
Berli sí le había ilustrado al gobernador el cuadro de situación que se presentaba en la ciudad con antelación a la reunión del 29 de abril. El ex ministro respondió que el gobernador “palpaba, directamente, los hechos como se iban sucediendo. No hubo un informe particular sobre la situación general que se vivía, sino que se lo iba viviendo en la medida de que los hechos iban ocurriendo”, agregó.

Reutemann, por escrito
A poco de cumplirse un año de la inundación y en la antesala del masivo acto en la plaza 25 de Mayo, el 12 de abril de 2004, Carlos Reutemann –prácticamente ausente hasta entonces del proceso–, respondió por escrito un pedido de declaración testimonial.
El documento presentado no fue más que una reafirmación de sus recordadas y paupérrimas explicaciones desplegadas en las pizarras del Salón Blanco de la Casa Gris en las sucesivas conferencias de prensa brindadas en el momento más álgido de la catástrofe. Declaró que tomó conocimiento de la situación cuando se llegó a tener “en un determinado momento 156 localidades en emergencia hídrica”. “Sin embargo”, continuó, “nunca se me hizo saber ni por las autoridades municipales, ni a través de las áreas con competencia específica de mi gobierno, acerca de la incidencia que la crecida podía tener sobre la ciudad de Santa Fe. Tampoco la Nación, a través de sus reparticiones específicas, como ser el INA, alertó o cursó avisos previos”.
El cuestionario remitido por el magistrado recibió respuestas escuetas y evasivas; la modalidad de la declaración –por escrito– sirvió para evitar repreguntas del juez.
A modo de cierre y remate, el ex gobernador reiteró: “ningún organismo técnico nacional, provincial ni municipal, ni ninguna autoridad o persona, dio aviso de la magnitud que alcanzaría el hecho motivo de investigación, que constituyó una verdadera catástrofe, repentina, intempestiva, inédita e imprevisible”.
En esta etapa del proceso, el juez convocó a más de diez testigos, más allá de los funcionarios mencionados, vinculados a áreas técnicas, profesionales en la materia y periodistas.
Entre ellos, se destacó el director de la Regional Litoral del INA, Carlos Paoli, quien declaró en noviembre de 2003 y presentó una serie de estudios realizados por esa dependencia. Paoli afirmó que si el Tramo III del terraplén hubiese estado terminado, la ciudad no habría vivido la situación que afrontó.

Álvarez, por cuatro
En la primera etapa de la causa, Álvarez compareció en cuatro oportunidades ante el juez. En su indagatoria, el ex intendente aludió a la falta de datos, advertencias y al “grado de desinformación” existente entre los funcionarios. Tal como lo hiciera Filomena, Álvarez afirmó que no fue llamado “por ningún miembro o al menos por el director de Defensa Civil provincial el 29 de abril de 2003”. En relación con la reunión del Comité de Emergencia de esa fecha, agregó que “no había certezas de que ningún funcionario provincial, nacional, del Ejército o Gendarmería, haya anticipado lo que iba a ocurrir”. La declaración incluye un detalle de sus dichos en LT10 sobre qué zonas de la ciudad se inundarían, donde explicó que lo que informó en el programa El Cuarto Poder fue aclarado luego por esa emisora tras recibir un llamado de Fratti quien, según Álvarez, calificó la situación como difícil.
El ex intendente concluye su declaración con una muletilla presente en varios cuerpos de la causa: “en lo personal no recibí ni oficial ni extraordinariamente ningún tipo de información certera o al menos aproximada de lo que podía suceder. Nunca nadie me informó”.

Peritaje y cambio de juez
En septiembre de 2004 se fijó un listado de peritos cuya función era realizar un informe técnico sobre las causas y efectos de la inundación. Resultaron sorteados Jorge Bacchiega, Jorge Maza y Juan Carlos Bertoni. Entre las conclusiones más destacables de su trabajo, presentadas un año después, se encuentran las siguientes:
- “La capital provincial presentaba algunos problemas estructurales que no correspondían ser resueltos en una situación de emergencia sino que debieron haberse evaluado y corregido en forma previa, a la luz del nivel de vulnerabilidad que presentaba la ciudad”. En ese sentido, “la acción de cierre [de la defensa a la altura del Hipódromo] debió iniciarse (…) en días previos al ingreso de las aguas, [ya que de lo contrario] no resulta factible de realizarse (o al menos tiene menos posibilidades de éxito) una vez iniciado el escurrimiento hacia el interior de la ciudad. [En el mismo sentido], las acciones que se encararon durante la crecida del año 2003, no dieron resultados satisfactorios dado que las mismas comenzaron a ejecutarse una vez que el agua había comenzado a ingresar a la ciudad”.
- “El inicio del ingreso del agua a la ciudad y su incremento (los días 27 y 28 de abril) conforman un aviso importante que debió haber determinado acciones de evacuación, [las cuales] debieron contemplar no sólo las zonas que ya se encontraban anegadas sino también aquellas que, por su ubicación, presentaban elevados riesgos de anegamiento”.
- “A través de una simple y expeditiva modelación matemática se hubiera podido determinar la evolución de los caudales entrantes por calle Gorostiaga y la brecha formada en el terraplén en función de los caudales circulantes en el río Salado y sus consecuentes alturas enla sección del Hipódromo […], en consecuencia se podían calcular luego las áreas abarcadas por la inundación”.
- “Se puede afirmar que con los registros existentes en poder de las autoridades de la Provincia y la utilización de modelos matemáticos de fácil y libre disponibilidad, era técnicamente factible establecer tanto la fecha como la cantidad de agua y velocidad de la misma, que pasaría por la margen oeste de la ciudad de Santa Fe”.
A fines de 2005, Roberto Busser, abogado del ex secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad, Juan José Maspons, y del ex secretario de Promoción Comunitaria de la Municipalidad, Juan Carlos Cafaratti, recusó a De la Torre: pidió que se apartara de la causa. El argumento principal de Busser fue que el magistrado tenía la atribución de “realizar la actividad persecutoria” y, al mismo tiempo, la facultad de “decidir la necesidad y la legalidad de las medidas persecutorias”. En efecto, según el viejo Código Procesal Penal Provincial (que es el aplicable a la causa Inundación y que aún está vigente en parte), el juez de Instrucción conduce la investigación y a la vez resuelve a quién imputar o no sobre la base de sus propias actuaciones. Era la normativa vigente, a la que De la Torre debía atenerse. Pues bien, en un curioso escrito, el magistrado aseguró haberse “desempeñado con la imparcialidad, neutralidad, prudencia, serenidad y ecuanimidad que el caso imponía” y dijo no compartir los argumentos de Busser, no obstante lo cual observó que “lo que debe preservarse (…) es la imagen del juez que habrá de entender en el proceso”, por lo cual hizo lugar al planteo. Así fue como la causa recayó en el juzgado a cargo de Jorge Patrizi.

Los tres que tapan al resto
El 24 de febrero de 2006, Castro y Demiryi presentan un escrito por el cual advierten que su pretensión de “resarcimiento integral de los daños causados por la catástrofe” se extiende también a la Provincia y “a todos los terceros que resultaren […] responsables”. El pedido fue aceptado y así fue como, en una estrategia ejemplar, los abogados patrocinantes, Ricardo Hase y Jorge Elizondo, consiguieron implicar a la Provincia y el Municipio para que comenzaran a responder, en tanto estados, al menos por lo reclamado por los actores civiles que participan de la causa penal.
Más allá de avanzar en algunas declaratorias, la actuación más destacable de Patrizi fue su fallo. El 19 de abril de 2006, resolvió procesar al ex intendente de la ciudad, Marcelo Álvarez, el ex ministro de Obras Públicas de la provincia, Edgardo Wilfredo Berli, y al ex director de Hidráulica provincial, Ricardo Ángel Fratti, por el delito de estrago culposo agravado por el resultado de la muerte de 18 personas, y les trabó embargos por 50 mil pesos a cada uno. Asimismo,  dictó la falta de mérito para Carlos Miguel Gómez Galissier, José D’Ambrosio, Carlos Alberto Filomena, Juan Carlos Caffaratti, Juan José Maspons, Jorge Alfonso Bounous y Alejandro Hugo Álvarez Oporto, aduciendo que no encontraba justificación para procesarlos, pero tampoco para sobreseerlos. Y en un controvertido apartado, Patrizi aseguró que no existían “elementos suficientes como para sospechar que Carlos Alberto Reutemann ha participado de los hechos” que motivaron la causa penal.
El fiscal Favaretto manifestó su desacuerdo con Patrizi: pidió la nulidad de las faltas de mérito dictadas y solicitó que se impute también por incumplimiento de los deberes de funcionario público a Alvarez, Fratti y Berli; los abogados defensores, obviamente, apelaron los procesamientos. Pero la Cámara de Apelación en lo Penal de Santa Fe le dio la razón al magistrado de Instrucción: Filomena, Gómez Galissier, D’Ambrosio, Caffaratti, Maspons, Bounous y Álvarez Oporto fueron sobreseídos.
La Instrucción fue el juego inicial. Los tres procesados perdieron. Los actores civiles sufrieron una derrota parcial, en vistas de que  el ex gobernador Jorge Obeid ni siquiera fue convocado y que Reutemann fue desligado del hecho; ambos ex gobernadores resultaron victoriosos. Pero la demanda de los Castro contra los estados municipal y provincial quedó en pie. Los sobreseídos, por su parte, ganaron y se retiraron definitivamente.

La partida se embarulla
La causa entró en una meseta de más de un año y posteriormente ingresó en etapa de transición, con cambios sustanciales. El juez pasó a ser Mauricio Frois, de nula actuación. Su inacción no sorprendió: en marzo de 2009 sería suspendido por dejar prescribir más de 300 causas. En tanto, Norberto Nisnevich quedó como fiscal.
En una destacable actuación, Nisnevich formuló el requerimiento de elevación a juicio el 5 de marzo de 2008. La idea fue solicitar que comience el juzgamiento de Álvarez, Berli y Fratti, enumerando los motivos y evaluando la prueba existente. El nuevo fiscal se basó en artículos periodísticos, en antecedentes históricos (como la inundación de 1973), en los informes técnicos de diversos organismos (INA, SMN, Cepal, UNL), en los testimonios, en las indagatorias y, sobre todo, en la pericia oficial, para determinar que los procesados “se desempeñaron en forma negligente al no haber adoptado los recaudos en tareas propias de sus funciones, tendientes a reducir y/o minimizar los efectos del ingreso de las aguas del Río Salado” y pese al “comportamiento observado por dicho cauce de agua con anterioridad”. Nisnevich también dio “por probado que la crecida e inundación del río Salado era previsible” y agregó que tanto la escasa luz del puente sobre la autopista como la falta del tramo III de la defensa influyeron en la precipitación de los acontecimientos. En este último caso, el fiscal consigna que si se hubiera efectuado un cierre provisorio con tres días de antelación a la inundación,  los efectos de esta última se habrían minimizado considerablemente, y que los funcionarios procesados contaban con preavisos para actuar en consecuencia.
Los abogados de Álvarez, Berli y Fratti, y también la Municipalidad y la Provincia, apelaron la requisitoria y pidieron diversas nulidades. Suspendido Frois, tomó la causa el juez de Sentencia Enrique Álvarez, quien resolvió en contrario de esas solicitudes, se excusó y se retiró.
Tras la transición, se retomó la partida. En 2011 arrancó la revancha. Comenzó la etapa definitoria del proceso: el plenario –cuyo objetivo es juzgar a los imputados–, continúa hasta el día de hoy. El magistrado Dardo Rosciani tomó la causa y Leónidas Candioti Leiva era el fiscal. Los jugadores son Álvarez, Berli y Fratti, los actores civiles, y el fiscal. También los estados municipal y provincial, por la demanda de Castro y Demiryi en su contra. El juez arbitra el juego.
Se abrió entonces la causa a prueba, por lo que las partes debían proponer testigos y documental que avalaran sus posiciones. Las cartas, sobre la mesa. Los demandantes sugirieron personas, videos y papeles que dieran cuenta de que esos tres funcionarios, la Municipalidad y la Provincia son los culpables, y los abogados defensores procedieron de igual forma para demostrar lo opuesto. Mientras tanto, Candioti Leiva debía hacer lo propio para arribar a una posterior acusación de los imputados. Pues bien, Candioti Leiva, a quien le corresponde ponerse del lado de las víctimas y dar todos los elementos que estén a su alcance para esclarecer el hecho, no presentó una sola prueba. Se retiró en varias manos sucesivas sin siquiera cantar envido, dando increíble ventaja a los imputados y delegando la responsabilidad de incriminar a quienes no la tienen: los actores civiles. Por eso Jorge Castro aduce reiteradamente: “desgraciadamente, somos las víctimas las que debemos probarle al Estado que nos inundaron”. Lo grave de la cuestión es que ya no queda posibilidad de ingresar pruebas, porque la instancia para sugerirlas ya se cerró.
Tras la patética y perjudicial intervención de Candioti Leiva, la Fiscalía quedó a cargo de Carlos Rolando, que no tuvo intervención alguna; posteriormente fue tomada por Gerardo Alesso, quien se excusó por haberse inundado, y en marzo de este año recaló en Mariela Jiménez, hoy trabajando en la causa. En tanto, Rosciani se jubiló a fines de 2012 y su juzgado está subrogado actualmente por Gustavo Urdiales. A pedido de los abogados de la parte civil, el procurador general de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Jorge Barraguirre, designó a Jorge Andrés para respaldar la tarea de Jiménez y dar impulso y agilidad al proceso.
En este momento, Urdiales baraja el mazo. Él debe resolver qué testigos y documental propuestos por las partes acepta, para luego comenzar con la etapa de producción de prueba. Entonces sí las cartas estarán definitivamente sobre la mesa: cuando se retomen las audiencias y se engrosen los ya abultados expedientes.
No obstante, en diálogo con Pausa, la fiscal aseguró que “ya hay suficiente prueba como para avanzar y llegar adonde pretendemos, que es lograr la acusación y la condena”. Admitió que “éste es un proceso eterno, y es necesario dar una respuesta tanto a las víctimas como a los implicados. Nuestro compromiso es cierto: responder lo antes posible; y queremos hacerlo a fines de este año”.
En cuanto a la posibilidad de que Reutemann y Obeid resulten implicados, Jiménez indicó que “quien tenga responsabilidad deberá presentarse ante la Justicia a dar las explicaciones”. “Yo no me cierro a la posibilidad de que planteemos que algún otro funcionario está implicado”, agregó, aunque fue firme al aclarar que la causa en curso versa exclusivamente sobre Álvarez, Fra-tti y Berli. “En este proceso no es posible” imputar a nadie más. “Lo que uno puede hacer es, con el material existente, ver si hay algún otro funcionario que tenga incumbencia, pero en ese caso hay que hacer un nuevo pedido en Instrucción para abrir otro proceso”.
Las posibilidades, así, están. Se definirá en el partido “bueno”.

La causa en cifras

118 meses de proceso judicial.

23 muertos contabilizados por la Policía y reconocidos oficialmente.

18 muertos reconocidos en el auto de procesamiento.

15 cuerpos de expedientes.

7 fiscales estuvieron a cargo de impulsar la causa.

6 jueces fueron pasándose los expedientes de uno a otro.

3 procesados: el ex intendente Marcelo Álvarez, el ex ministro de Obras Públicas Edgardo Berli y el director de Hidráulica Ricardo Fratti.

1 delito imputado (estrago culposo agravado).

0 condenados.

Publicada en Pausa #112, miércoles 24 de abril de 2013

Reutemann ya no es bienvenido en su ciudad

El senador nacional estuvo en Santa Fe, junto a Macri, para apoyar a Del Sel en el cierre de su campaña. Pero a la salida, los inundados lo escracharon al grito de “asesino”.

Carlos Reutemann no puede mostrarse en público en Santa Fe y hoy quedó probado, una vez más. Las demandas al ex gobernador siguen vigentes: por la inundación de 2003 –que arrasó a un tercio de la ciudad de Santa Fe–, por las siete personas asesinadas en Rosario en el trágico diciembre de 2001 –entre ellos Claudio “Pocho” Lepratti–, por las políticas que ejecutó en sus dos gestiones al frente de la Casa Gris y que dejaron a la provincia en un estado de abandono ruinoso.

Reutemann, increpado por los inundados. (Foto: Manuel Testi / Diario UNO Santa Fe)

Desde que dejó el gobierno, en diciembre de 2003, Reutemann volvió a la capital provincial muchas veces, pero en contadas ocasiones se animó a mostrarse en público. Cada vez que lo hizo, fue escrachado por vecinos, como ocurrió esta noche a la salida de una conferencia en el hotel Los Silos, en el puerto de Santa Fe.

Un grupo de inundados –no más de 15 personas– escrachó al ex gobernador después del acto político. Hubo momentos de tensión e insultos de ambos lados. Los manifestantes le gritaron “inundador” y “asesino” y le tiraron un huevo.
“¿No te da vergüenza? Nos inundaste, inundador. Asesino, querés seguir jodiendo a la gente, seguir manteniendo la impunidad y viviendo del Estado. Sufrimos Reutemann, asesino, los muertos te condenan, Reutemann, 130 mil inundados”, vociferaron integrantes de la Carpa Negra y de la Marcha de las Antorchas en el lobby del hotel, donde se mezclaron candidatos, asesores y periodistas.
La mujer del Lole, Verónica Ghío, devolvió los insultos y golpeó a María Claudia Albornoz, integrante de la Carpa Negra de la Dignidad. Albornoz hizo la denuncia en la Comisaría Primera. Acompañado por Mauricio Macri y Miguel Torres del Sel, Reutemann abandonó el lugar en medio de un fuerte operativo de seguridad.

Desprolijo cierre del PRO

Los incidentes fueron después de una conferencia de prensa realizada en los salones de Los Silos en el marco del cierre de campaña del PRO. Allí estuvieron Macri y Reutemann para apoyar al candidato a gobernador, Del Sel, quien enfrenta este domingo al socialista Miguel Lifschitz y al peronista Omar Perotti en las elecciones de gobernador.

La presencia de Macri había sido anunciada por el equipo de campaña de Del Sel, no así la de Reutemann. La prensa local tuvo dificultades para acceder a la actividad y debió interceder Adrián Aranda, miembro del equipo de prensa del PRO, para que los periodistas pudieran cubrir la actividad. Entre tanto, en los salones del primer piso del hotel, Macri, Reutemann y Del Sel atendían a los medios porteños.

El recuerdo de la inundación

El clima se empezó a caldear cuando una cronista le preguntó a Reutemann por la inundación de 2003. El actual senador nacional –candidato a la reelección por el PRO– contestó que ya declaró dos veces por escrito ante la justicia (en 2004 y 2013) y dijo: “No tengo nada más que aclarar”.

Ante una repregunta, sostuvo que “la responsabilidad primaria es de los intendentes”, le echó la culpa a las gestiones anteriores por la construcción del puente sobre la autopista a Rosario, dijo que se trata de un tema “técnico” pero no habló de la defensa oeste inconclusa, por donde ingresaron las aguas del río Salado a la ciudad. “El que tenía que avisar era alguien de Hidráulica, no yo”, cerró el Lole.

Del Sel lo defendió: dijo que se trató de una emergencia hídrica y calificó a la inundación, que causó 158 muertes –23 reconocidas por el Estado y 18 incorporadas en la causa penal–, como “un desastre de la naturaleza”. Macri también dio su punto de vista: “Nosotros venimos a hablar del futuro, no de estas cosas”.

Manifestantes le recuerdan a Reutemann su responsabilidad por la inundación de 2003. Foto: El Litoral

La política después del agua

El fin de la hegemonía del PJ, la consolidación del Frente Progresista en base a promesas incumplidas y las complicidades de la Justicia en la década de la impunidad.

Por Ezequiel Nieva

Fue la mayor catástrofe de la historia de la ciudad. Por supuesto, rebotó en la política local y provincial.
La inundación de 2003 marcó el principio del fin de las carreras de Carlos Reutemann y Jorge Obeid. Aunque los dos se acomodaron para seguir en la función pública, debieron ceder cuotas de poder en el PJ, que se fragmentó en liderazgos cada vez más pequeños.
Fue el preámbulo del advenimiento del Frente Progresista, que sacó rédito de esa crisis –y de la de 2007– con promesas que después no cumplió.
Y fue la prueba contundente de que el Poder Judicial no está a la altura de las circunstancias: apenas tres funcionarios de segundo rango procesados en una causa que lleva 10 años de trámite.

Una Justicia a medida
Por cinco lustros, el PJ dominado por Reutemann y Obeid tejió una densa trama que atraviesa a todo el Poder Judicial, constituido de arriba hacia abajo en base a favores y canjes. Esa construcción se expresó en la causa penal que investiga las responsabilidades políticas de la catástrofe.
Con la Justicia en manos amigas, Reutemann se recluyó en el Senado, donde cultivó su perfil ultra conservador. Primero se alineó con el gobierno nacional, durante el mandato de Néstor Kirchner, pero abandonó el espacio en 2008 cuando estalló el conflicto por las retenciones.
Alineado con las patronales del agro, demostró en su actividad legislativa que sus intereses corresponden a los grupos de poder concentrado: votó en contra de la ley de medios, se fue del recinto para no votar el matrimonio igualitario; ahora rechazó la reforma judicial invocando la independencia de poderes, pero en la provincia trabajó en sentido inverso.
Sin embargo, hasta la actualidad los kirchneristas de la provincia no han esbozado crítica pública alguna de relevancia sobre las actuaciones y responsabilidades de Reutemann, Obeid, y sus hombres, respecto de la inundación.
El cambio de color político, en 2007, no se tradujo en una renovación de la Justicia. Obeid había puesto el candado con la designación de Agustín Bassó como procurador de la Corte. El Frente Progresista no impulsó cambios radicales: avanzó en la reforma penal, estableció un sistema de concursos que, aunque discutido, es mejor que la elección a dedo, pero dejó intacta la Corte.
El máximo tribunal de la Justicia provincial siguió presidido –bajo el mandato de Hermes Binner– por Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez. Desde su cargo, Bassó no propició que avance la causa inundación: todo lo contrario. La designación de Jorge Barraguirre como procurador, tras la muerte de Bassó, le dio nuevos aires a la causa. Pero su resolución sigue siendo incierta y lejana.

Entre tanto, el Lole –reelecto por escaso margen en 2009 y con mandato como senador hasta 2015– sigue alejado de la política santafesina aunque no da señales de querer largar la manija. ¿Lo hace solo por los fueros? ¿Es su forma de evadir una eventual citación a Tribunales? Los inundados están seguros que sí.

Reutemann y Hammerly en la puerta del Hospital de Niños, el 29 de abril de 2003 por la tarde.

Una década de cambios
El primer turno electoral fueron las provinciales de septiembre de 2003, que se hicieron unificadas con las legislativas nacionales. Reutemann ganó como senador nacional pero su candidato en la provincia, Alberto Hammerly, quedó segundo entre los lemas del PJ superado por la fórmula Obeid-Bielsa. En esa compulsa se impuso la estrategia del presidente Kirchner por sobre el armado del Lole, quien sin embargo logró ubicar a su candidato Martín Balbarrey como nuevo intendente.
Con las aguas del Salado aún escurriendo de los barrios del oeste, el PJ logró ese año imponer su hegemonía ante radicales y socialistas, que compitieron por separado. Fue la última vez que se utilizó la ley de lemas, de la que se valió el justicialismo para retener  la provincia: en esas elecciones, Obeid sacó menos votos que el socialista Binner, pero la sumatoria de los sublemas lo favoreció y volvió a la Casa Gris.
En 2005, por primera vez desde la elección del intendente Muttis, el PJ perdió en la ciudad. En el debut del sistema de internas abiertas, simultáneas y obligatorias, Jorge Henn se impuso como concejal al obeidista Meahuod. Fue, también, la aparición formal del Frente Progresista a nivel provincial.
En 2007, después de una nueva inundación que afectó a medio centenar de localidades, se produjo un doble cambio de signo político: en las que fueron las primeras elecciones generales sin ley de lemas, la alianza entre socialistas, radicales y las otras fuerzas que conforman el Frente Progresista ganó la provincia y la ciudad.
En la campaña Binner había prometido hacer justicia con los inundados pero, al mismo tiempo, planteaba que su gestión sería hacia adelante y que para mirar hacia atrás estaba la Justicia. Los inundados le pidieron que reforme la Corte: por 2003, pero también por las muertes sin castigo de 2001 y la profusa serie de favores entre jueces, fiscales y funcionarios políticos.
Una manifestación de ese entramado: en 2006 el juez Jorge Patrizi elevó la causa a juicio, desligó a Reutemann y luego fue ascendido a camarista; el fiscal Ricardo Favaretto también tuvo premio: subió a juez de Instrucción.
Binner no sólo dejó intacta la Corte de mayoría reutemista; también reconoció, tardío, que tras las elecciones de 2007, antes de asumir como gobernador, le ofreció al Lole que designara a algún funcionario de su espacio en el Ministerio de la Producción: una ofrenda política hacia quien, según el socialista, sigue liderando el PJ santafesino.

Promesas al aire
El Frente Progresista se valió de las inundaciones para imponerse en la provincia. Sin embargo, no hubo mayores avances en las obras pendientes, no hubo reparación material y tampoco cambios en la Justicia.
En 2009, Binner lanzó un plan para reparar e investigar los daños de la inundación. “Las soluciones brindadas aún no lograron reparar los efectos ni individual ni colectivamente. Más allá de las causas de los daños, todavía no se han brindado las respuestas requeridas por la sociedad para restablecer un sentimiento de justicia y paz social”.
El gobierno reconoció que se deben satisfacer “los requerimientos colectivos de información, prevención y mejora de las zonas afectadas y, principalmente, los reclamos de justicia y verdad”. Aunque a la vez se advirtió que “el Estado afronta una litigación masiva llevada a cabo por miles de víctimas que entienden que existe responsabilidad de la provincia en los hechos”.
Ese plan proponía “una respuesta reparadora colectiva” que incluía la “re-elaboración o reconstrucción de la verdad oficial respecto de lo acontecido” antes, durante y después de la inundación. En ese momento el gobierno prometió hacer público y accesible el expediente de la causa judicial. A primera vista parecía un acercamiento a los “buenos tiempos” de la campaña electoral. Pero eso también fue solo una promesa.

Publicado en Pausa #112, disponible en los kioscos de Santa Fe y Santo Tomé.

Causa inundación: los testimonios

El juez Urdiales recibió datos técnicos sobre los hechos de 2003. Barletta apuntó hacia Obeid y Reutemann.

El Fonavi del Centenario durante la inundación. Foto: José Almeida.

A días de iniciada la catástrofe, el por entonces gobernador Carlos Alberto Reutemann deslizó un somero reproche a los ingenieros de la Universidad Nacional del Litoral por estar entre aquellos que “no le avisaron” sobre la magnitud que tendría el fenómeno. Pocas horas después, Mario Barletta salió en conferencia de prensa, como rector, a enumerar una serie de informes que la casa de altos estudios había realizado en torno al comportamiento del río Salado. La polémica se reavivó el pasado 4 de julio, cuando el ahora candidato a diputado nacional prestó declaración testimonial en la causa Inundación. Aunque el proceso tiene como imputados al ex intendente Marcelo Álvarez, el ex ministro de Obras Públicas Edgardo Berli y al ex director provincial de Hidráulica Ricardo Fratti, Barletta responsabilizó por la tragedia a su actual contendiente por una banca en el Congreso, Jorge Obeid, y a Reutemann. “Quiero agregar”, dijo cuando Urdiales estaba a punto de dar por culminada la jornada, “que los ex gobernadores Reutemann y Obeid sabían y eligieron no hacer nada en referencia a la obra de defensa del río Salado”.
—¿Cuál es la incidencia de lo aclarado? —preguntó Georgina Stratta, abogada de los actores civiles.
—La inundación, que el agua entrara en la ciudad, la catástrofe.
—¿Qué sabían los ex gobernadores?—indagó Néstor Oroño, defensor de Berli.
—La situación de la defensa del río Salado, el estado de las defensas, ya lo dije.
Fue el remate de otros argumentos que había esgrimido minutos antes:
= “No me quedó duda de que el ex gobernador Reutemann buscaba algún culpable y no tuvo mejor idea que señalar a la Universidad”.
= “Que me consulten si la Facultad le avisó a un gobernador es como que consulte yo en esta sala si el Paraná está creciendo. Amén de que no es ninguna obligación de la Universidad dar aviso, todo se sabía”.
= “En los planes de contingencia son los órganos ejecutivos la única organización responsable de dar cuenta, de avisar a otros organismos públicos, a la ciudadanía”.
= “El mejor aviso que tenía la provincia son los estudios que se habían realizado, hasta los medios periodísticos venían informando diariamente. Además, el gobernador sobrevoló la zona e hizo declaraciones después de ello diciendo que venía una creciente grande o que íbamos a tener dificultades”.
Finalmente, a la hora de precisar los informes que la UNL había aportado sobre el comportamiento del río Salado, Barletta indicó que eran cinco y entre ellos destacó el “Estudio de delimitación de áreas de riesgo hídrico en Santa Fe”.

Otros ingenieros
El profesor de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la UNL e investigador del Conicet Carlos Alberto Vionnet criticó en su testimonio el cierre del tramo II de la defensa Oeste inaugurado en 1997, al decir que por la terminación que presentaba no contemplaba el aspecto hidráulico, y por lo tanto no cumplía su función. Asimismo, indicó que “si se hubiese terminado el tramo III muy posiblemente no hubiese entrado agua al casco urbano”.
Por otra parte, el juez recibió la contribución de tres peritos, que ya habían aportado al expediente dos informes técnicos sobre las causas y efectos de la inundación. Primero, Jorge Daniel Bacchiega y Jorge Adolfo Maza, especialistas designados por la Justicia en 2004. En el texto que ambos presentaron junto a Juan Carlos Bertoni en 2005, informaron que el cierre provisorio de la defensa debiera haberse efectuado antes del ingreso del agua (y no mientras sucedía). También consignaron que el 27 y 28 de abril de 2003 ya había avisos importantes como para ordenar la evacuación y que “con los registros existentes en poder de las autoridades provinciales y la utilización de modelos matemáticos de fácil y libre disponibilidad, era factible establecer la fecha, velocidad y cantidad de agua que pasaría por la margen oeste de la ciudad”. En su testimonio ante Urdiales, Bacchiega y Maza reiteraron esos conceptos.
De igual forma obró el perito de los actores civiles, Alfredo Trento, quien afirmó que si Reutemann hubiera tomado a tiempo la decisión de volar el puente de la circunvalación, se habrían evitado las muertes luego ocurridas en los barrios humildes del sur de esta capital. También recordó la existencia de un plano del Instituto Nacional de Ciencia y Técnicas Hídricas (INCyTH —actual INA) que en 1992 ya advertía hasta dónde llegaría el agua en caso de una próxima crecida. Y también hizo referencia a los planos que mostró Fratti en Casa de Gobierno el 29 de abril de 2003, en aquella famosa reunión que luego Reutemann y varios de sus funcionarios olvidaron.

El bonete
Las audiencias arrancaron el 10 de junio con Jorge Alfonso Bounous, ex subsecretario de Obras Públicas municipal. Durante la etapa de Instrucción, el ex funcionario de Marcelo Álvarez asistió cuatro veces a Tribunales. Ahora ratificó lo dicho entre 2003 y 2005. Afirmó que a partir del 28 de abril de 2003 la Municipalidad ya no tomaba más decisiones sino que era la Provincia la que había tomado las riendas de la situación, y que era quien estaba trabajando en el cierre provisorio a la altura del Hipódromo. El Estado local, dijo, no tenía capacidad operativa ni la potestad de hacer contrataciones y comprar materiales, como sí tenía su par provincial, que además –agregó– era el responsable de la ejecución y mantenimiento de las defensas.
En el mismo sentido, Rafael Pretto, jefe del distrito Santa Fe de Vialidad Nacional, confirmó ue esa repartición controló los trabajo de construcción de la defensa Oeste pero sólo en materia vial, no hidráulica, y recordó que la ejecución de las tareas estuvo a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad (era una Circunvalación). La Nación, dijo, sólo restituyó los fondos una vez concluidas las obras.

Publicado en Pausa #117, miércoles 17 de julio de 2013

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El cementerio bajo el Salado

Edificación insignia del barrio Centenario, el estadio y las instalaciones de Colón sufrieron mucho en la inundación de 2003. Y luego recibieron una ayuda millonaria.

Por Gastón Chansard

Uno de los iconos visuales más importantes que dejó la inundación de 2003 en la ciudad de Santa Fe fue el del renovado estadio del Club Atlético Colón. El Brigadier López no había cumplido su segundo año luego de la reinauguración en agosto de 2001, los socios e hinchas sabaleros gozaban de la auténtica “joya” que dejaba el ex presidente José Vignatti. Esa obra histórica para el club y la ciudad quedó bajo agua en pocas horas, entre el martes 29 y el miércoles 30 de abril de 2003.

Desde los helicópteros, que por aquellos días fueron los pájaros que más sobrevolaron Santa Fe, los fotógrafos y camarógrafos capturaban las imágenes de un estadio inundado, que le servía a los medios de comunicación como retrato perfecto del infierno que vivía la ciudad. Los travesaños de los arcos servían como pluviómetro en el barrio Centenario, las plateas bajas ya no eran parte de la escenografía, el gimnasio Roque Otrino era una pileta cerrada que contenía a los vehículos del bingo de Colón y a pocos metros, en el sur, el barrio Fonavi aparecía con cada una de sus manzanas como pequeños fortines desbordados de agua y dolor.

Colón quedó bajo agua, literalmente sumergido. Al igual que miles y miles de vecinos santafesinos la entidad sabalera perdió documentación, fotos, toda la ropa del plantel, recuerdos y millones de pesos en daños materiales. A partir de los severos daños que sufrió la institución deportiva y ante la falta de respuestas gubernamentales, luego de un tiempo importante las autoridades de Colón amenazaron con llevar el caso a la cancha de la Justicia. Por aquellos días cuando el club rojinegro elevaba su voz, el ex presidente Horacio Darrás hablaba de una estrategia concensuada por la comisión directiva: “Hasta acá, como no podía ser de otra manera y sabedores de lo que sufrieron muchos santafesinos, la mayoría colonistas, fuimos totalmente respetuosos del sufrimiento primero y del reclamo de las personas por los daños en cada uno de sus hogares. Ahora, una vez que el Ente de la Reconstrucción comenzó a responder, creemos que es el tiempo de Colón. Porque todo el mundo sabe que quedamos abajo de las aguas y que incluso nuestra cancha actuó como dique, frenando en parte el embate del Salado”. La idea de judicializar el tema por parte de los directivos fue avalada por los socios mediante una asamblea extraordinaria.

El Cementerio de los Elefantes y las instalaciones del club quedaron destrozadas después del paso del Salado en la noche del 29 de abril.

De no recibir dinero por parte del gobierno de la Provincia, Colón estaba decidido a reclamar una indemnización. Ante la firme postura sabalera que se hacía escuchar a través de los medios de comunicación locales, Juan Carlos Forconi, por entonces titular del Ente, reaccionó y contestó: “El Estado Provincial sabe perfectamente que debe pagarle a Colón por los daños. Lo que no sabe es cuánto; por eso necesitamos un tiempo más, para que los peritos de la UTN puedan terminar el informe final”.

Sin llegar a jugar en el campo de la Justicia, como si fuese un regalo de navideño, en diciembre de 2005 la Provincia le pagó a Colón $3.054.000. Se le restaron $400.000 de anticipo que Colón cobró en un primer momento y se agregaron los valores de los coches estacionados en el Roque Otrino para el bingo de la entidad sabalera.

Colón, con fondos propios, se hizo cargo de forma rápida de la restauración de todos los deterioros materiales. Además, recibió una suma millonaria de dinero que no  percibió ninguna otra empresa, institución ni ciudadano.

El recuerdo de Morant

Hoy Pablo Morant es el DT de Colón, pero en aquel abril de 2003 el Flaco era parte del plantel profesional y uno de los referentes del grupo que dirigía Edgardo Bauza. El ex defensor vivía en Marcial Candioti al 3900 y se enteró esa mañana de la situación a través de un vecino. “Las primeras sensaciones que tuve cuando empecé a ver lo que estaba pasando eran de desolación e impotencia, porque ante ese avance del agua no podes hacer nada, y luego llegó ese sentimiento de tristeza al ver todo lo que la gente perdió, sobre todo por las vidas humanas”.

En el repaso de su memoria, Morant le dijo a Pausa que uno de los jugadores más afectados por la inundación fue Jorge Bontemps (falleció en 2010), “el Enano fue uno de los más involucrados y también recuerdo que la pasó muy mal Lucho Pérez, el utilero. Su casa había quedado bajo agua. Quizás me olvido de alguien más, pero ellos fueron los más perjudicados de manera directa en aquel grupo”.

A la hora de la solidaridad por parte del plantel sabalero, el Flaco manifestó que no estaba jugando, “creo que estaba lesionado, entonces yo me encargué de juntar dinero y diferentes cosas que eran útiles para la gente inundada y se los llevé a los chicos que estaban trabajando en la universidad; también fui con un colega tuyo (Mario Demonte) a recorrer las zonas damnificadas para acercarles otras provisiones que el plantel había juntado”.

En carne propia

Además del recuerdo de Morant sobre la inundación que afectó la vivienda de Bontemps y del utilero Pérez, también el defensor Ezequiel Marini y el arquero Diego Rivas padecieron la furia del Salado. En el plantel de Unión hubo dos jugadores anegados: Diego Olivera y Martín Valli. El primero vivía en uno de los edificios de calle Mendoza, entre Santiago de Chile y San José, mientras que el ex defensor de Unión y Nueva Chicago padeció la inundación en las casas de sus familiares directos y políticos, en Recreo. “Nunca antes viví una situación similar, de tanta angustia. Mis padres, mi hermana y mis suegros debieron salir del pueblo, que rápidamente se inundó, y sólo tuvieron tiempo para retirar algunas cosas. Las mujeres vinieron a mi casa (en Santa Fe), pero los hombres se quedaron a cuidar las viviendas de los saqueos”, declaraba Valli a los pocos días del desastre.

Solidaridad tatengue

Con respecto a la situación de Unión, el agua apenas afectó un mínima parte del club, que no tuvo los tremendos daños que sufrió Colón. A las pocas horas de aquel 29 de abril, el estadio cubierto Ángel Malvicino se convirtió en un importante centro de recepción de alimentos no perecederos del gobierno de la Nación.

Al igual que el plantel de Colón, los jugadores tatengues también dieron claras muestras de solidaridad y juntaron alimentos, colchones, ropa y todo aquello que fue importante para ayudar.

Hay que jugar

Más allá del agua, las muertes y los más de 100 mil inundados que sufrieron los santafesinos, la AFA dispuso que los equipos de nuestra ciudad no jueguen el fin de semana posterior al 29 de abril, pero que sí lo hagan el otro.

Fue así como Unión jugó como local ante River en la cancha de Patronato y Colón, en el mismo escenario, fue local durante el mes de mayo de Banfield y San Lorenzo. El sabalero recién pudo volver a jugar en su estadio en junio, cuando recibió a Gimnasia y le ganó 2 a 0 en el partido número 1.000 del Colón en Primera División.

En esa temporada 2002-2003 Unión descendió a la Primera B Nacional y Colón clasificó, por primera vez en su historia, a la Copa Sudamericana. Pero esa ya es otra historia.

Publicada en Pausa #112, miércoles 24 de abril de 2013