La inundación de 2007 dejó cuatro muertos y obligó a autoevacuarse a más de 50 mil vecinos. Pero el procurador de la Corte, nombrado a pedido de Obeid, cajoneó las causas.
Por Ezequiel Nieva
A cuatro años de la última inundación, el pacto de impunidad dio sus frutos. No hay procesados y la causa judicial está estancada. Una profunda investigación encarada en aquel momento por concejales de la oposición permitió detectar 20 irregularidades concretas cometidas antes, durante y después de las lluvias de fines de marzo de 2007 por el intendente de entonces, Martín Balbarrey, y sus funcionarios. En Tribunales hubo 26 presentaciones contra la Municipalidad, pero sólo la que realizaron los miembros de la Comisión Investigadora llegó a ser tramitada por la Fiscalía. Antes de dejar la Casa Gris, el ex gobernador Jorge Obeid consiguió que la Legislatura avale la designación de Agustín Bassó como procurador general de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Los fiscales que responden a Bassó apenas movieron el expediente, cajoneado desde 2008, cuando se registraron los últimos avances de la causa.
El 29 de marzo de 2007 la ciudad de Santa Fe comenzó a sufrir la segunda inundación en menos de cuatro años. En 2003 había sido por el desborde del río Salado; en 2007, por el pésimo estado del sistema de bombeo, que no dio respuesta a una lluvia extraordinaria: se estima que en la ciudad cayeron, en una semana, unos 500 milímetros. La crisis afectó a 61 localidades de la provincia –una superficie de más de tres millones de hectáreas–; a pedido del Ejecutivo, la Legislatura declaró “zona de desastre” en 12 de los 19 departamentos; se dispuso una ayuda excepcional para las ciudades y comunas más afectadas. Como en 2003, el daño mayor se registró en capital santafesina: al menos cuatro muertos y casi 50 mil evacuados, la gran mayoría del oeste y del noroeste de la ciudad, aunque también se inundaron barrios como Sargento Cabral.
Telarañas
La causa abierta tras la presentación del informe de la Comisión Investigadora del Concejo tuvo algún movimiento a fines de 2007 y principios de 2008: la transición entre el PJ –luego de 24 años en el poder– y el Frente Progresista. El cambio de color político no tuvo, sin embargo, ningún efecto en la Justicia provincial. El 12 de marzo de 2008 Jorge Henn, Carlos Pereira, Marta Fassino y Marcelo Ferreira se reunieron con el procurador de la Corte Agustín Bassó. Los concejales que integraron la Comisión Investigadora de la inundación 2007 le pidieron cuentas a Bassó sobre la actuación de los fiscales (no regía el nuevo Código Procesal Penal y, por lo tanto, los fiscales estaban bajo la órbita del procurador de la Corte) ya que, a la par del informe, se presentó una nueva denuncia en la Justicia para que se investigue a Balbarrey y sus funcionarios –entre ellos, el secretario de Asuntos Hídricos Horacio Ruiz y el subsecretario de Gestión de Riesgo Pedro Zuccarini– por incumplimiento de deberes de funcionario público y abandono de persona, entre otros cargos.
A raíz de ese encuentro, Bassó hizo pública una resolución de la Procuración General fechada el 10 de marzo de 2008, en la que resuelve nombrar al fiscal de distrito Nº 2 Norberto Nisnevich y a su colega Juan Pablo López Rosas para trabajar en la causa. El doble nombramiento no derivó en una investigación más exhaustiva sino que fue la clausura de las pesquisas. Por lo bajo, los concejales –que habían recabado más de cien testimonios de vecinos inundados y documentación sobre las falencias del sistema municipal de bombeo– responsabilizaron a Bassó por no haber instruido una investigación seria y rápida y por haber dejado que se diluya el caso. Como corolario, la denuncia de la Comisión Investigadora –y las otras 25 presentaciones– fueron derivadas a un juzgado vacante. Pereira –entonces concejal, hoy en el gabinete de Mario Barletta– se quejó por lo “sospechoso” de la maniobra. El último movimiento de Bassó fue requerir que la Cámara de Apelación en lo Penal “arbitre las medidas necesarias para que la causa reciba el tratamiento pertinente”.
La Cámara de Apelación en lo Penal estaba presidida –desde 2006– por Roberto Oscar Reyes, ascendido a camarista apenas unos días después de sobreseer al ex gobernador Carlos Reutemann de la causa por la inundación de 2003 y muy cuestionado por su actuación en la investigación de las responsabilidades políticas de los asesinatos del 19 y 20 de diciembre de 2001. Que el procurador de la Corte remitiera a la órbita de Reyes las presentaciones judiciales derivadas de la inundación de 2007 fue interpretado como un caso de más de complicidad entre el Poder Judicial y el poder político que, por 24 años, administró los destinos de la provincia y de la ciudad. En dos ocasiones Pausa intentó contactar a Bassó –a través de la secretaria de la Procuración, Dra. María Rita D’Eramo, y del prosecretario de la Procuración, Dr. Patricio Echagüe– para saber si hubo alguna otra novedad. El procurador general no contestó.
Mirando al costado
Antes de la vía judicial ya se había clausurado la vía política. El informe final de la Comisión investigadora aconsejaba, entre sus conclusiones, que la Legislatura trate la destitución del intendente Balbarrey. Las circunstancias políticas del momento hicieron innecesario ese debate: Balbarrey se encaminaba, cuando se presentó el informe, a enfrentar a Mario Barletta y a Oscar “Cachi” Martínez en las elecciones del 2 de septiembre. El intendente no logró su reelección por muy poco: obtuvo 62.761 votos contra 65.617 de Barletta. Martínez –el concejal de su espacio, Marcelo Ferreira, había participado de la investigación– obtuvo 49.458 votos.
La creación de la Comisión Investigadora de la inundación de 2007 fue objeto de un debate de la más baja estofa política y jurídica. El intendente trató de vetar el decreto sancionado por el Concejo; el cuerpo deliberativo respondió rechazando ese veto por improcedente. El argumento no admitía mayor discusión: entre las muchas atribuciones del Concejo están las de controlar e investigar al Ejecutivo. Tras casi dos meses de entrevistas con vecinos inundados, representantes de entidades intermedias e incluso empleados municipales, la comisión elaboró un informe de más de 2.000 fojas que incluyó 285 fotos, 67 pedidos de obras no atendidos por la Municipalidad, 2.200 testimonios escritos y 327 recortes periodísticos, entre otras pruebas. Copias de ese informe se giraron a Casa de Gobierno, a las dos cámaras legislativas y a Tribunales.
De la investigación surgieron 20 imputaciones concretas contra Balbarrey y su gabinete. Los concejales elaboraron un informe que resume los cargos; de ese trabajo derivó el pedido de destitución. La derrota de Balbarrey en las urnas evitó que los legisladores debatieran su destitución, algo que ni siquiera ocurrió en el caso de Carlos Aurelio Martínez, quien renunció antes de ser destituido. El pedido se basó en el inciso 5 del artículo 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades, norma que no contempla una herramienta vigente en la ciudad de Buenos Aires –el juicio político– que permitió, por ejemplo, destituir a Aníbal Ibarra.
Publicado en Pausa #71, todavía a la venta en los kioscos de SF
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