miércoles, 26 de agosto de 2015

Vivir y morir aspirando veneno

La Legislatura debate una ley que fijará la distancia entre los pueblos y las fumigaciones. Pese a las pruebas del impacto del glifosato en la salud, es fuerte el lobby del agronegocio.


Antes de empezar: en 2014, las exportaciones de todo el complejo sojero, de 37,09 millones de toneladas, produjeron el ingreso al país de 20.037 millones de dólares.
La producción de soja domina absolutamente el paisaje rural, a partir de la excepcional productividad que brinda el denominado “paquete tecnológico”: la combinación entre semilla transgénica y glifosato. Los agricultores siembran una semilla de laboratorio cuya virtud es ser el único organismo que resiste a un herbicida que aniquila todo otro tipo de brote. Se le dice Soja RR, Round Up Ready. Round Up es la marca comercial del glifosato, que también es útil para un sinnúmero de otros transgénicos.
Los dos proyectos legislativos en danza autorizan la fumigación terrestre con glifosato, pero son significativas las diferencias respecto de la extensión de la zona en la que se lo prohíbe.

La ley de fitosanitarios, que regula la aplicación de estos venenos en la provincia, es de 1995, anterior a la autorización del uso de transgénicos en Argentina, que fue firmada en 1996 por el entonces Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Felipe Solá. El expediente administrativo que fundamentaba la decisión constaba de 136 folios, 108 estaban redactados en inglés bajo el título “Safety, Compositional, and Nutricional Aspects of Glyphosayte-tolerant Soybeans” (Aspectos de seguridad, composición y nutricionales de la semilla de soja resistente al glifosato). Ese informe fue directamente redactado por la principal firma productora y comercializadora del “paquete tecnológico” que transformó radicalmente el paisaje rural y la vida de los campesinos: Monsanto.
Según la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), que reúne a todas las grandes empresas de agroquímicos, en 1996 se usaban en la Argentina 11 millones de litros de glifosato. En 2012 se vendieron 182 millones. Desde hace tres años que Casafe no hace públicas las estadísticas de uso. La Red de Médicos de Pueblos Fumigados afirma que se arrojan 320 millones de litros de glifosato por año y que hay 13 millones de personas en riesgo de ser afectadas por el químico.
Desde 2009 –con la excepción de 2014– todos los años ingresan a la Legislatura diversos proyectos que intentan adecuar la normativa a la nueva realidad. El eje de las discusiones, siempre, radica en cuántos metros deben dejarse libres de fumigaciones entre el límite de los pueblos y el comienzo de las explotaciones agropecuarias. Es decir: el eje está en la mayor o menor posibilidad de estar en tu casa y dejarte (o no) fumigar con glifosato. En todos los casos, los proyectos cayeron por no ser tratados en alguna de las dos cámaras. El tema está en la agenda legislativa; este año tuvo preferencia para ser tratado en la Cámara de Diputados cuando se reanudaron las sesiones, después del receso de invierno, pero se postergó dos veces. No hay acuerdo ni entre los bloques, ni al interior de cada bloque, por eso aún no tuvo dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, paso necesario para que se discuta en el recinto. De la comisión puede salir un proyecto consensuado o dos: uno de mayoría y otro de minoría.
La última preferencia fue renovada para el 27 de agosto: para ese día, las organizaciones que llevan adelante la campaña “Paren de Fumigarnos” organizaron una marcha a la Legislatura con el objetivo de reclamar el tratamiento de la ley.
De un lado, están quienes piden que los paren de fumigar. Del otro, hay 20.037 millones de dólares.

Un hombre fastidiado
Médico y docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, Damián Verseñazzi coordina las prácticas finales de los estudiantes, una última evaluación indispensable para recibir el título. Desde 2010, todos los años, Verseñazzi viaja a distintos pueblos de la provincia con sus alumnos. En las localidades despliegan los Campamentos Sanitarios donde hacen registros epidemiológicos, exámenes físicos a los niños en las escuelas y talleres de promoción de la salud. Cada tres meses parten los contingentes desde Rosario hacia lugares como Santa Isabel, Murphy, María Teresa, San Gregorio, Villa Cañás, Bouquet, Wheelwright, María Susana, Totoras, Elortondo, Hughes, Bigand, entre otros. Entre 90 y 150 jóvenes pasan cinco días en cada destino; a cada aspirante se le asigna una manzana y allí efectúan un cuestionario que comprende una caracterización socioeconómica de la familia y de sus principales problemas de salud en el año y en los últimos 15 años.
—Tiene rango de censo —explicó Verseñazzi—. Vamos al 100% de las casas, pero no todos te responden: tenemos una cobertura efectiva que oscila entre el 65% y el 89% de los domicilios de cada pueblo.
—¿Cuál es el resultado?
—Lo que nosotros hemos encontrado, para nuestra sorpresa, porque nunca fuimos a buscar un problema en particular, fue que los perfiles epidemiológicos de cada comunidad son muy similares entre sí y que tienen una curva de modificación muy similar. No siempre la gente se enfermó y murió de las mismas cosas. El cambio que ha habido en el tiempo y en las características es parejo en cada una de las 22 localidades que visitamos. Empezaron a incrementarse los problemas oncológicos: tenemos en los últimos cinco años la misma cantidad de casos nuevos de cáncer que teníamos en los diez años anteriores. Tenemos un crecimiento en la cantidad de abortos espontáneos y niños nacidos con malformaciones. Tenemos una aparición de enfermedades en las glándulas tiroideas, fundamentalmente hipotiroidismo, ya no sólo en mujeres jóvenes sino en hombres y en niños: lo adquieren a los pocos años de vida. Tenemos un aumento en las enfermedades respiratorias y dermatológicas.
Sir William Richard Shaboe Doll es reconocido como el padre de la epidemiología moderna. Estudió la relación del asbesto y el alcohol con el cáncer y de la radiación con la leucemia. Su trabajo pionero es de 1954. La pregunta que lo inquietaba era sencilla, evidente. Un cáncer que era poco común se había vuelto epidemia. Hombres y mujeres morían con los pulmones negros, sin aire. Doll y su equipo entrevistaron a 700 pacientes y encontraron una constante: el consumo de tabaco. Recién en 1996 el científico norteamericano Gerd Pfeifer y su equipo pudieron probar en términos biológicos y genéticos el vínculo directo entre el humo del pucho y el cáncer de pulmón. Durante todo el período intermedio no faltaron los cientos de estudios financiados por las tabacaleras para desmentir el hallazgo que Doll había espetado 42 años antes.
En 2008 en el país se contabilizaron 206 casos de cáncer cada 100 mil habitantes. En algunos pueblos relevados por las Campañas Sanitarias se encontraron hasta 2.000 casos cada 100 mil. Las malformaciones normalmente se dan en un caso por millón de personas; se llega a seis niños en algunos pueblos de 4.000 habitantes. Y además aparecen nuevos tipos de cáncer: linfomas, leucemias y cáncer de tiroides, páncreas y mamas.
Verzeñassi establece una causal clara para las nuevas epidemias: “Cuando uno observa las sustancias químicas que se usan en el modelo de producción que se instaló en estas regiones, estos padecimientos aparecen como posibles enfermedades en el caso de tener contacto con estas sustancias. Hay otras, que no aparecían como posibles enfermedades, pero que a la luz de los últimos estudios que se han hecho a nivel internacional sobre asociación con malformaciones, asociación con neoplasias y asociación con trastornos endócrinos, son coherentes con este tipo de exposiciones. Esto ha llevado a preguntarnos si alguien puede decir que no tiene ningún peso el incremento del 848% del uso de agroquímicos en nuestra región con en el problema de salud más importante que tenemos: el incremento del cáncer y de las enfermedades endócrinas”.
—¿Qué le contesta a quienes dicen que el glifosato no produce daño?
—Los invitaría a que vayan a estudiar un poco.
En 2009, el investigador del Conicet Andrés Carrasco había establecido que el glifosato producía malformaciones en anfibios. En 2010 publicó su investigación en una revista internacional. Luego fue vapuleado por empresarios, por otros académicos e incluso por el ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Lino Barañao.
En una sola campaña sanitaria se relevan mucho más que los 700 casos que examinó Doll hace 60 años. La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer de la OMS estableció el 20 de marzo que “hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin)”, tras un año de trabajo en el tema, con 17 expertos de once países. El herbicida “también causó daño del ADN y los cromosomas en las células humanas”, dice el texto. El doctor Verzeñassi se muestra fastidiado. Es lógico: puede hacerlo. Carrasco no. Murió en 2014.

El debate
Antonio Riestra, primero, y Juan Carlos Zabalza, después, fueron los primeros en presentar modificaciones a la ley de fitosanitarios. La puja de los agronegocios siempre hizo caer el tratamiento de las propuestas. En 2011 Zabalza reconoció sin más: “Hay muchas presiones alrededor del tema, intereses económicos que quieren evitar que salga la nueva ley”.
En 2012, el Movimiento de Pueblos Fumigados de Santa Fe solicitó, directamente y bajo el amparo de la ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, que la Cámara alta otorgara “la lista de senadores y senadoras con participación personal, familiar o societaria en emprendimientos de carácter comercial con fines de lucro relacionados con actividades agropecuarias o que pudieran verse afectadas por la nueva ley regulatoria del uso de agroquímicos”. Es que en el Senado siempre se abortaba el tratamiento de los proyectos. El dirigente del Centro de Protección a la Naturaleza, Carlos Manessi, recordó que, en una reunión privada, el vicegobernador Jorge Henn fue claro en su respuesta “cuando nos dijo que si había que apartar a todos los senadores vinculados al campo había que cerrar el Senado”.
Manessi, junto al enorme colectivo de organizaciones que integra la Multisectorial “Paren de Fumigarnos” y al diputado provincial José María Tessa (Nuevo Encuentro) elaboraron en 2013 un nuevo proyecto, que se basa en las restricciones establecidas por el célebre fallo de San Jorge de 2009: una de las restricciones más fuertes de la Justicia en favor de los fumigados.
En su letra, establece una prohibición total de las fumigaciones aéreas en toda la provincia. Las terrestres quedan prohibidas hasta 800 metros de distancia de los centros urbanos y 1.000 de las escuelas rurales. Desde esos límites hasta los 1.500 metros se autoriza el uso de agroquímicos en la clase III y IV (el glifosato está allí), entre los 1.500 y los 3.000 metros los de clase II y a partir de los 3.000 los de clase toxicológica Ia y Ib (banda roja, los productos más peligrosos para la salud y el ambiente). En el mismo año, la diputada socialista Inés Bertero ingresó otro proyecto, que proponía la prohibición de la aspersión aérea de glifosato a 1.000 metros de los centros poblados y de los cursos de agua y a 500 metros cuando la actividad se realice de manera terrestre.
En Pausa #127, edición publicada el 4 de diciembre de 2013, se informaba: “El 6 de noviembre, en la sede de Amsafe, los diputados kirchneristas José María Tessa y Aliza Damiani y la socialista Inés Bertero participaron de una charla-debate sobre la reforma a la ley de agroquímicos. Luego avanzaron en un borrador de dictamen conjunto con la expectativa de ponerlo a votación antes del 30 de noviembre, fin del período ordinario de sesiones. El borrador disponía distancias de 3.000 y 800 metros –respecto de las zonas pobladas– para las fumigaciones. A último momento, Bertero propuso reducir los límites y así quedó abortada, una vez más, la posibilidad de unificar un criterio transversal a los distintos bloques políticos y llevar la discusión al recinto”.
En 2014, no hubo discusión sobre el tema ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado; el proyecto de Tessa apenas avanzó en la Comisión de Agricultura de la Cámara baja. Y en 2015, los tantos aparecieron un poco cambiados.

De 500 a 50, nunca 800
En 20 minutos de entrevista, la diputada socialista Inés Bertero recurrió en seis ocasiones a la expresión “buenas prácticas”, generalmente antecedida por la frase “no subestimemos”.
“Todos sabemos que cuando hablamos de fitosanitarios estamos hablando de productos que no son inocuos, más allá de que no tengamos certeza respecto del nivel de afectaciones y efectos negativos que esto tiene en la salud humana, pero tenemos una serie de indicios o estudios que se vienen realizando”, expresó Bertero.
—Usted conoce los estudios del doctor Verzeñassi de la UNR.
—Sí, sí, conozco, pero esos datos no se condicen con otros datos de las denuncias por intoxicaciones del Hospital Centenario, que es de la Facultad de Ciencias Médicas. Ese trabajo de campo es valioso pero no es tampoco la última palabra. Además, las autoridades provinciales, ante la carencia de estadísticas, están implementado un protocolo para que los médicos, cuando reciban estas denuncias por intoxicación o malformación o cáncer, vuelquen esos datos. Y el Ministerio de la Producción está haciendo reuniones en toda la provincia con los aplicadores y los operarios, que son muy interesantes porque si hay realmente alguien afectado por estos productos son estos operarios. Muchas veces no toman los resguardos necesarios, no tienen buenas prácticas. Los distintos ámbitos de donde se recogen estas estadísticas o estos casos no son coincidentes, más allá de lo que haya dicho la OMS sobre el glifosato.
La OMS fue taxativa.
—Bueno, sí, por eso estamos trabajando y queremos que se modifique la ley nacional. Nuestra propuesta, después de las reuniones, avanza mucho.
Durante las últimas semanas, la Comisión de Asuntos Constitucionales se vio agitada por una serie de encuentros entre Tessa y los integrantes de “Paren de Fumigarnos” y Bertero y las agrupaciones que apoyan su proyecto. Según informa la revista especializada en negocios PuntoBiz, el proyecto de Bertero fue consensuado con Agricultores Federados Argentinos, Asociación de Cooperativas Argentinas, Confederación de Asociaciones Rurales de la Provincia de Santa Fe, Cámara de Empresas Agroaéreas de la Provincia de Santa Fe, Inta, Inti, Federación Agraria, entre otras entidades.
Naturalmente, para la diputada Bertero, “esto de los 800 metros sin aplicaciones para nosotros es imposible. Serían ocho manzanas alrededor de los pueblos llenas de malezas. Son muchas hectáreas que directamente no tendrían producción. Todavía no podemos pedir 800 metros de producción agroecológica, porque nuestro pequeño productor no tiene capacidad para eso. De modo que en el proyecto nuestro hay 50 metros de prohibición donde, se supone, se van a instaurar barreras forestales o vegetales. Desde 50 metros hasta los 100, o 200 metros si no hay barrera forestal, solamente productos aprobados por el Senasa para producciones agroecológicas. A partir de los 100 o los 200, y hasta los 800, productos de clase III y IV. Pero siempre con la presencia del veedor. Y esto es muy importante, y no hay que subestimar las buenas prácticas. El veedor es un ingeniero agrónomo con el que debe contar el municipio. Debe ser contratado por el propio municipio o entre varias comunas, o por los propios productores. Eso va a estar en la reglamentación, pero debe estar presente el veedor para corroborar los productos que se aplican, y que se apliquen con la maquinaria adecuada, con los equipos adecuados”.
Respecto de las fumigaciones aéreas, la diputada expresó que “en el proyecto del diputado Tessa hay prohibición total, nosotros consideramos que es de aplicación imposible porque hay muchos productores que no pueden hacer otro tipo de aplicación que aérea, o algunos tipos de cultivos, como el arroz, en los que sí o sí es aérea. Lo mismo sucede con las épocas de lluvias. Entonces, a las fumigaciones aéreas nosotros las autorizamos a partir de los 1.500 metros hasta los 3.000, para productos III y IV, y se pueden hacer solamente en casos de falta de piso, o que no se pueda hacer por medios terrestres, también con la presencia del veedor. Después de los 3.000 metros ya se pueden aplicar los otros productos”.
Otros puntos que establece el proyecto de Bertero apuntan al registro absoluto de todos los equipos de fumigación y a la capacitación obligatoria y presentación de protocolos de actuación por parte de los operarios de estos equipos, más allá de la presencia del veedor. El proyecto de Tessa, por su parte, también apunta a la regulación de la venta libre de agroquímicos, su acopio, la restricción de las fumigaciones en las banquinas y el destino final de los envases contaminados.
El debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales es intenso. Los representantes de “Paren de Fumigarnos” hablan en nombre de la salud, los representantes de la producción agropecuaria se preocupan por la aplicabilidad de las normas y por sus propios negocios. Las posibilidades de un dictamen consensuado parecen remotas; el tratamiento y la aprobación de una reforma a la ley vigente, aún más. Mientras tanto, el mero hecho de vivir en los bordes de un pueblo rural es una forma de estar destinado a la muerte. Y esto no está dicho como un mero bolazo filosófico.

Otros estudios científicos

En un artículo de su autoría, el doctor Damián Verzeñassi , de la UNR, reseña una larga serie de estudios epidemiológicos sobre los efectos de los agroquímicos en la salud. Se destacan:
- Un estudio colaborativo de un equipo interdisciplinario de ecólogos, epidemiólogos, agrónomos, endocrinólogos y sociólogos, dirigido por el doctor Alejandro Oliva, realizado entre 2004 y 2007 en las localidades santafesinas de Alcorta, Bigand, Carreras, Máximo Paz, Pérez Millán y Santa Teresa, con el auspicio del Hospital Italiano de Rosario, el Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Ambiente (Ecosur), la Universidad Nacional de Rosario, la Federación Agraria local y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Evidencia registros de incidencia de cáncer de testículo, gástrico, de páncreas, hepático y de pulmón que superaban en 2 a 8,26 los valores de referencia en áreas no pulverizadas. Cifras similares se encontraron en cánceres de ovario.
- La Tesis de Maestría de la doctora Gladys Trombotto, “Tendencia de las Malformaciones en el Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología de la Ciudad de Córdoba en los años 1972-2003. Un problema emergente en Salud Pública”, donde se establece que  sobre 110 mil nacidos vivos en ese período de tiempo, hasta el año 1991, el índice de nacidos vivos con malformaciones congénitas era de 16,2 por mil, mientras que en el año 2003, esa cifra había crecido a 37,1 por mil.
- El aporte de la delegada del Ministerio de Salud del Chaco, doctora Ana Otaño, al Primer Informe de malformaciones congénitas en el Servicio de Neonatología del Hospital Julio C. Perrando de Resistencia. Allí se señala que dichas malformaciones pasaron de 19,1 por diez mil nacidos vivos en el año 1997, a 85,3 por diez mil en el año 2008, hecho coincidente con el incremento en el área de superficie destinada a la producción de soja transgénica, que pasó de 110 mil hectáreas en el año 1997 a casi 750 mil en 2008.

Publicada en Pausa #160, miércoles 26 de agosto de 2015
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