Funcionarios y activistas opinan sobre las políticas
públicas para atender a las mujeres en situaciones de violencia. Las materias
pendientes dos meses después de Ni Una Menos.
Por Ileana Manucci
La provincia de Santa Fe viene siendo célebre por el número
de crímenes que se cometen en su territorio. Si bien las cifras difundidas
recientemente por el Ministerio de Seguridad afirman que los asesinatos durante
el primer semestre de 2015 bajaron un 15% en relación al mismo período de 2014,
en cantidad de muertes violentas por cuestiones de género la provincia continúa
ocupando el segundo lugar a nivel nacional, con 13 femicidios en lo que va del
año. ¿Cuál es el abordaje preventivo que se hace desde el Estado provincial?
¿Qué acompañamiento se les da a las mujeres que están sufriendo la violencia
machista?
Primera Casa de Amparo
Uno de los históricos reclamos de las organizaciones que se
encuentran al frente de esta lucha, ha sido el de los refugios donde las
mujeres, y sus hijos, puedan permanecer seguras una vez que logran salir del
entorno violento. En 2012 se creó la Red Provincial de Casas de Amparo para mujeres
víctimas de la violencia de género, a través de la cual se concretaron
convenios con diversos municipios y ONG y se dispuso la construcción de una
Casa de Amparo público en la ciudad de Santa Fe, que en marzo de este año quedó
inaugurada. Este refugio depende del Ministerio de Desarrollo Social y cuenta
con un presupuesto propio de $974.000.
Lucía Gras es la coordinadora de la casa y conforma junto a
otros 15 profesionales un equipo interdiciplinario que brinda ayuda, acompañamiento
y asesoramiento.
—¿Cómo llega una mujer a esta casa?
—En su mayoría llegan mediante la derivación del equipo de
guardia telefónica de la Dirección Provincial de Políticas de Género. Ahí
se reciben llamadas de diferentes organizaciones tanto del Estado como de la
sociedad civil con las que se trabaja en conjunto, además de las derivaciones
del 144, que es la línea nacional. Los casos que llegan acá son los más graves
y urgentes, las situaciones más extremas, es casi la última opción. Realmente no
es fácil para ellas estar acá, ya que implica salir de su barrio, dejar su
casa, sus cosas, todo lo suyo; vivir con extrañas, con una rutina diferente. Es
una ruptura biográfica, que es necesaria para salir de la situación en que
viven, pero que también tiene un costo para ellas.
—¿Cómo es el protocolo de acción que se siguen?
—En cuanto una mujer llega se le hace una entrevista muy
preliminiar, donde se piden los datos básicos. Lo más urgente es ver en que
condiciones llega, ofrecer un poco de tranquilidad, darse un baño, comer. Al
otro día hacemos una entrevista más en profundidad para conocer su historia y
se delinean las primeras estrategias, que tienen que ver con controles de
salud, hacer el DNI si llega indocumentada, vemos el tema jurídico, si se va a
hacer una denuncia, si se van a pedir ciertas medidas, siempre junto a las
mujeres. Luego empezamos a planear un poco más a mediano plazo, asesoramos con
el tema de las asignaciones, del colegio y la salud de sus hijos, además tienen
charlas con el grupo de profesionales que trabajan con ellas el tema de la
violencia y su empoderamiento como mujeres, el autoestima, hacen actividades
recreativas; y después, una vez recuperadas del momento de crisis, se empieza a
pensar en el egreso, que son estrategias que se arman para cada caso
particular.
Ese dinero pasó a formar parte del presupuesto de la Dirección en 2015,
siendo una de las razones por cual dicha partida aumentó considerablemente
respecto de 2014, pasando de $2.993.208 a $10.091.000.
Guardia telefónica
En 2013 se lanzó a nivel nacional la línea 144, un teléfono
que funciona las 24 horas, todos los días del año, y que tiene como objetivo
contener a la víctima e informarle a dónde puede acudir, según la situación que
esté viviendo, derivando el caso a los servicios disponibles en el lugar de
origen de quien se comunica. No se trata de una línea para atender las
emergencias, para lo cual hay que llamar al 911, pero sí se reciben consultas y
se asesora sobre las instituciones públicas y ONGs que trabajan en violencia de
género, en función de las derivaciones.
Cuando algunos de estos llamados provienen de la provincia
de Santa Fe, uno de los lugares a donde se derivan los casos es a la Guardia Telefónica
de Atención a la Violencia
de Género, que depende de la Dirección Provincial de Políticas de Género.
“La Guardia
es una herramienta de atención que permite asesorar y coordinar acciones de
equipos profesionales de Municipios y Comunas, de hospitales y Samcos,
articulando los recursos territoriales para una mejor y más rápida atención de
situaciones de violencia de género”, indicaron desde el organismo. “La
evaluación consiste en establecer la situación de riesgo de vida que atraviesa
en una situación de violencia una mujer, si es necesario asesorar en la
denuncia, en la articulación con otros efectores, o solicitar al equipo
interviniente medidas de protección y articulación en territorio, con la
familia más cercana, posibilidades de traslado junto a otros vínculos
familiares y, como última instancia, la posibilidad de ingreso temporal a una
casa de amparo”.
En este momento, la guardia cuenta con cinco profesionales
atendiendo de lunes a viernes de 8 a 19 horas y hasta fines de junio se
recibieron 254 llamadas. El Equipo de Guardia Telefónica también es el que
monitorea el funcionamiento de los botones de alarma.
Mayor presencia del Estado
Liliana Loyola, defensora del Pueblo adjunta durante los
gobiernos de Jorge Obeid y Hermes Binner, forma parte de Generar, una
asociación civil que brinda asesoramiento, acompañamiento y contención a
víctimas de violencia de género, trata y abuso sexual. Consultada sobre los
casos que atienden, comentó que “recibimos todo el tiempo a mujeres víctimas de
violencia, que vienen acá porque no saben a donde ir, eso es lo que nos dicen,
eso es lo que le seguimos reclamando al Estado, las mujeres se sienten solas”.
—¿En qué está fallando el Estado según lo que ven en
territorio?
—Una de las demandas más importantes, por lo que nosotros
vivimos con las mujeres que se acercan a pedirnos ayuda, es que haya un equipo
interdisciplinario disponible las 24 horas para atenderlas. Un número de
teléfono que este disponible para eso, porque la guardia que existe hoy no está
las 24 horas los 365 días del año. Más allá de que haya un celular al cual se
puede llamar fuera del horario, ese teléfono lo tiene una funcionaria, y no nos
parece que ese sea un buen protocolo de intervención. No hay una decisión
política, real, fuerte, de priorizar o respaldar políticas que tienen que ver
con violencia de género. Si fuera así ya se habría implementado la ley
provincial y eso no se hace. En su momento nos convocaron para la constitución
del Consejo Consultivo, que lo dice la ley. Se hicieron reuniones en todos los
nodos con muchas organizaciones, pero nunca más nos llamaron, ni nos mandaron
un resumen de la reunión. Que ese espacio este constituido es muy importante,
porque ahí podríamos estar consensuando las políticas públicas. Eso no está
armado, como tampoco está el Observatorio, que también está en la ley. Además
todos los organismos del Estado tienen la obligación de denunciar situaciones
de violencia de las cuales son testigos o tienen conocimiento, y eso no se
cumple. Las mujeres van al hospital, molidas a palos, y nadie denuncia. Alguien
tiene que supervisar esto, porque toda esa cadena de incumplimientos de la ley
son las que llevan a que estas mujeres terminen muertas.
Semanas atrás, en los Tribunales santafesinos, tuvo lugar
una medida que podría llegar a marcar un
importante antecedente en materia de protección a las víctimas de
violencia de género. El juez Héctor Candioti dictó la prisión preventiva para
un hombre acusado de haberle provocado lesiones leves a su pareja en al menos
tres oportunidades y a su hija de 11 años, una vez. Los defensores del imputado
pidieron su libertad porque el hombre no tenía antecedentes y porque el delito
de lesiones leves es excarcelable. Pero el magistrado tuvo en cuenta la
violencia que ejerció el imputado contra su pareja y su pequeña hija y las
amenazas a las que sometió a ambas. “Lo que hizo este juez no debería
sorprendernos tanto, es lo que corresponde, pero es una buena noticia porque no
suelen darse este tipo de medidas”, comentó al respecto Loyola.
Desde Generar también hacen hincapié en el funcionamiento de
la ex Comisaría de la Mujer ,
hoy llamada Centro de Orientación a la Víctima de la Violencia Familiar
y Sexual. “Nosotras quisimos ir un sábado a hacer una denuncia con una mujer y
no pudimos, no toman denuncias por violencia sino sólo por delitos contra la
integridad sexual. Los fiscales de turno los fines de semana pocas veces están,
también nos pasó de tener que volver un lunes a hacer la denuncia porque antes
no había nadie”. El trabajo articulado entre los diferentes organismos del
Estado tampoco parece darse. “Una tarde nos llamaron a nosotras desde un Centro
de Salud porque no sabían a quién recurrir por una mujer golpeada que estaba
ahí con sus hijos. Eso no puede pasar. Hay un protocolo que hizo el Ministerio
de Salud para estos casos, pero quien estaba en el centro no lo conocía o no
sabía como proceder. Como ese caso tuvimos un montón, y eso es responsabilidad
del Estado, no nuestra”, finalizó Loyola.
El acompañamiento a las mujeres parece ser una de las claves
y de los reclamos más fuertes, por eso Generar esta proyectando la apertura de
un Centro de Día para dar contención a las víctimas, brindándoles talleres,
actividades recreativas y un espacio donde puedan compartir con otras mujeres
que pasan por lo mismo, además de generar oportunidades de proyectos de vida
mediante cursos y capacitaciones que puedan darles una salida laboral.
Publicada en Pausa #159, miércoles 12 de agosto de 2015
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