Con cinco imputados en el banquillo, comienza en abril la
megacausa por delitos de lesa humanidad que investiga desapariciones,
asesinatos y un caso de supresión de identidad.
El Tribunal Oral Federal de Santa Fe iniciará el 10 de abril
el juicio por crímenes de lesa humanidad más importante de la historia de la
ciudad. Se trata de la megacausa que investiga 45 asesinaros y desapariciones y
un caso de supresión de identidad: el de María Carolina Guallane/Paula
Cortassa.
El ex juez de Menores, Luis María Vera Candioti, y el ex policía Juan Calixto Perizzotti.
En la megacausa se investigan delitos cometidos por la
dictadura entre febrero de 1976 y agosto de 1977. En el expediente figuran 52
víctimas, 45 de las cuales fueron asesinadas o están desaparecidas. Hay cinco
acusados: tres militares –el mayor Jorge Roberto Diab, el teniente coronel Domingo
Morales y el coronel Carlos Enrique Pavón–, el ex policía Juan Calixto
Perizzotti y el ex juez de Menores Luis María Vera Candioti.
Los ex militares Diab, Morales y Pavón y ex policía
Perizzotti están imputados en la megacausa por los delitos de homicidio,
allanamiento ilegal y torturas. El ex juez Vera Candioti está acusado por
supresión de identidad en el caso de María Carolina Guallane, una de las
primeras personas en investigar por propia voluntad su origen y descubrir, en
1998, que era hija de desaparecidos.
El caso de Carolina es emblemático: sus padres, Enrique
Cortassa y Blanca Zapata, fueron asesinados por la dictadura en febrero de 1977
cuando ella tenía 18 meses. La adoptó la familia Guallane de Venado Tuerto. En
su adolescencia Carolina supo, por su familia adoptiva, que sus padres estaban
muertos. A los 20 años decidió hacerse estudios de ADN y descubrió su verdadero
origen. Por ese caso quedó imputado Vera Candioti.
En el expediente consta que el ex magistrado pasó por alto
las normas sobre adopción y que “debió haber controlado la situación que tuvo
por víctima a la niña Cortassa, velando, cuanto menos, por la legalidad formal,
como su posición de magistrado lo exigía”. Se comprobó que hubo “cargos
antedatados” para justificar el ingreso de la pequeña Paula Cortassa en una
fecha que no era cierta y que no fue entregada en el Juzgado de Menores a sus
padres adoptivos sino en la casa de una asistente social.
Sus padres, Blanca Zapata y Enrique Cortassa, eran
militantes montoneros con actividad en Rosario que decidieron refugiarse en
Santa Fe cuando supieron que estaban siendo buscados por los militares. Fueron
secuestrados en la capital provincial el 11 de febrero de 1977 por un grupo de
tareas del Área 212, dependiente del Comando del II Cuerpo de Ejército. Al
momento del ataque, Blanca Zapata tenía un embarazo de siete meses. La mujer
fue asesinada de un disparo en la cabeza.
De acuerdo a la investigación judicial, Paula Cortassa
estuvo 10 días en la ilegalidad, estrategia a la que apelaron sus captores para
“ablandar” a Enrique Cortassa en los interrogatorios. A la beba la devolvieron
al Juzgado de Menores el 6 de abril de 1977, 54 días después del secuestro. La
hipótesis que intentará probar la
Justicia es que Vera Candioti borró el origen de Paula para
ocultar el secuestro del matrimonio Cortassa-Zapata y encubrir la
responsabilidad del Ejército en la apropiación de la menor.
Los cinco represores acusados en el marco de la megacausa
también están imputados por el delito de asociación ilícita. En el expediente
había una sexta persona involucrada: el ex coronel José María González,
responsable del golpe del 24 de marzo de 1976 en Santa Fe y condenado a prisión
perpetua en 2011 por el homicidio del militante peronista Mario Marini.
González falleció pocas semanas después de haber sido apartado del juicio que
investigó los casos de Dunda y Campagnolo.
La mayor cantidad de evidencias pesa sobre Diab, Morales y
Perizzotti, que deberán responder por más de 40 desapariciones y homicidios y
por formar parte de una asociación ilícita destinada a cometer crímenes de lesa
humanidad: privaciones ilegítimas de la libertad, homicidios y tormentos, entre
otros delitos.
La megacausa comenzó en 2009 cuando el juez federal de Santa
Fe, Reinaldo Rodríguez, unificó 15 expedientes a pedido de familiares de las
víctimas y de organismos de derechos humanos. En una primera etapa se
incluyeron 54 delitos en el expediente y se indagó a 14 personas, entre ellos
José María González, jefe del Área 212 entre de 1974 y 1976 y ejecutor del
golpe de Estado que derrocó en 1976 al gobernador Carlos Sylvestre Begnis.
En una segunda etapa, el juez Rodríguez ordenó en octubre de
2014 otras 19 indagatorias. Ahora, conformado el tribunal, la Justicia Federal
tiene todo listo para comenzar la etapa final del mayor proceso por delitos de
lesa humanidad que se haya realizado en la ciudad de Santa Fe.
Durante las audiencias declararán 185 testigos. El tribunal
estará integrado por magistrados rosarinos: el presidente Ricardo Vázquez y los
conjueces Omar Digerónimo y Beatriz Caballero de Barabani.
La acusación estará a cargo del fiscal general Martín Suárez
Faisal y la Defensa
Pública Oficial tendrá como representados a Perizzotti y
Diab. Por su parte, los abogados Héctor Tallarico y José María Pavón Navarro
serán los responsables de la defensa de Carlos Pavón, Guillermo Morales
representará a Domingo Morales y Néstor Oroño al ex juez Vera Candioti.
Publicada en Pausa #150, miércoles 25 de marzo de 2015.
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