Nisman y los poderes

La muerte del fiscal desnuda la decadencia del Poder Judicial y de su simulacro de independencia.

Por Juan Pascual

A casi dos meses de la muerte del fiscal Alberto Nisman, parece haberse aplacado el furor con el que se debatió la situación de la Justicia argentina, su relación con la sociedad y con la política. Los encuentros familiares, las mesas del bar y los foros digitales –la esfera pública real de la opinión política cotidiana– también han dejado un poco de lado las cavilaciones sobre la intriga negra respecto de las circunstancias del balazo a puertas cerradas en el lujoso departamento de quien fuera el máximo responsable de llevar adelante la investigación sobre atentado a la AMIA.

Ambos puntos van de la mano. A la primera cuestión le corresponde toda una serie de posiciones que discurren sobre la valorada independencia del Poder Judicial; a la segunda, el más entretenido intercambio de variopintas hipótesis sobre la escena luctuosa, cada una apuntando a diferentes culpables según cómo se entendiera el tablero político nacional.

Y allí está el eje de esta relación: si a Nisman lo mató la presidenta (o el kirchnerismo, o un aliado internacional del kirchnerismo, tal como versa la hipótesis del espía cubano/venezolano/iraní de letalidad entrenada por la inteligencia cubana/venezolana/iraní), también ella meterá la mano para que la investigación no llegue a buen puerto, ya que se da por sentada la total intromisión del Ejecutivo en el poder de los tribunales. A la inversa, si a Nisman no lo mató la presidenta (y se suicidó, o fue víctima de un apriete de los aparatos secretos locales desplazados, léase del superagente Antonio Jaime Stiuso), entonces el problema es la relación entre los abogados y el poder tras bambalinas de las diferentes corporaciones entrelazadas entre sí: servilletas y gerentes de transnacionales; el Mossad, la CIA y el Grupo Clarín.

Una cosa cierta y dos conclusiones se pueden extraer sobre lo sucedido.

Lo cierto es que apenas se conoció la muerte de Nisman no fue necesario esperar ningún dato duro para la toma de posición. Todas las posturas estaban decididas previamente a los hechos. Y no se puede endilgar irracionalidad a quienes de este modo obraron: durante 32 años de democracia el extenso listado de “suicidados” en diferentes causas que afectaron a los gobiernos es sobrada justificación para sumar al fiscal en la nómina de atrocidades impunes, como el tráfico de armas y la explosión del polvorín de Río Tercero o el extraño accidente del helicóptero del hijo de Carlos Menem. A la inversa, quienes defienden al gobierno se llamaron a un resonante silencio, apenas conocida la muerte de Nisman, y poco a poco comenzaron a desplegar sus argumentos. En el discurso de Cristina Fernández de Kirchner en la apertura de sesiones del Congreso fueron sintetizados: lo endeble de la acusación por supuesto encubrimiento, que no se ajusta a tipo penal alguno ni se sustenta en las pruebas que dice tener (las alertas rojas en Interpol que no fueron dadas de baja, el intercambio comercial con Irán que no existió, como los puntos más salientes) y los documentos a favor del gobierno que el fiscal había escrito durante diciembre de 2014 se destacan por la defensa. Como sea, casi nadie cambió su lugar: quienes detestan al kirchnerismo y quienes lo bancan en todas ya tenían su veredicto antes de cualquier prueba.

Y así llegamos a la primera conclusión: la incapacidad e impotencia del sistema judicial y sus prácticas investigativas. En el que aparece como el caso policial más importante de la democracia reciente no sólo hubo descuidos en el resguardo de la escena del crimen: hay dos pericias forenses totalmente divergentes, todavía no se pudieron abrir ni los teléfonos ni la computadora del fiscal y ni siquiera se ha precisado la hora de su muerte. Todo esto sin recordar la claque de testigos en las primeras planas (con la rolinga que verseó sobre la fiesta de medialunas al lado del occiso y el cerrajero que dio el mal paso, al frente), las demoras en para tomar declaración a los custodios de Nisman (el suboficial Armando Niz y del sargento Luis Miño, de la Policía Federal, fueron pasados a disponibilidad, mientras que hay otros diez policías con sumario administrativo) o el hallazgo tardío de la puerta de servicio. La actuación que el Poder Judicial ofreció hasta ahora parece sacada de una peli titulada Locademia de fiscales.

Lo peor es que ni siquiera se puede decir que la actuación de la fiscal Viviana Fein esté viciada por la injerencia de fuerzas externas, si es que todavía se cree que la Justicia puede dar siquiera un paso sin que la empujen actores que están por fuera de los tribunales. Y así llegamos a la segunda conclusión que se puede extraer de esta novela.

Es un lugar común y compartido por todos los hombres de la república la afirmación de que el Poder Judicial ha de ser independiente. Si algo prueba el caso Nisman es que el Poder Judicial es justamente eso, un poder del Estado y que por tanto jamás es ni puede ser independiente. O, en todo caso, hay que preguntarse seriamente qué significa el concepto de independencia.

Tomemos por caso la Unidad Fiscal AMIA. Con Nisman al frente, tuvo un presupuesto multimillonario desde 2004 y casi plena libertad de acción (así terminó prácticamente en manos de la Secretaría de Inteligencia, tal como el propio Nisman reconociera). Montos descomunales de dinero, influencia directa del poder secreto... ¿Por qué algunas causas tienen más presupuesto que otras? ¿Quiénes deciden esas partidas? ¿Por qué algunas causas tiene el “aporte” de los superagentes y otras no? ¿Cuáles son las causas en las que los superagentes meten el dedo?

Todos los integrantes del Poder Judicial tienen un pensamiento político propio y, en consecuencia, un posicionamiento partidario. Dilaciones y apuros en fallos, recursos y zancadillas leguleyas dan cuenta casi cotidiana de ello. Pero, además, todos los integrantes del Poder Judicial también están expuestos (en verdad: relacionados) con el resto de los poderes: ¿cuánto tiempo se le resguardó la actividad bajo la sotana a Edgardo Storni? ¿Por qué las cárceles están llenas de pobres y vacías de ricos?

Empresarios y linyeras no transitan de la misma manera los palacios de la ley. El Congreso tiene muy en claro de qué palo es cada juez que se nombra en cada nivel de la Justicia: ahí lo tenemos como muestra a Rafael Gutiérrez, el primo de Carlos Reutemann que comanda la Justicia que dejó impune al responsable, según la pericia oficial, de la trágica inundación de 2003. Y cuando en Santa Fe jurás como abogado, lo hacés bajo la mirada vigilante de un enorme Jesús crucificado.

Si realmente no hay influencia del poder partidario –algo imposible–, pues será otro grupo, el económico, el religioso, el que fuere, quien ocupará ese lugar vacante. Porque esa es la naturaleza del poder: es un sistema de relaciones donde no hay vacío. Así, el punto de partida para una reforma de la Justicia sería, en todo caso, otro. Si la defensa de una ilusoria y virginal independencia obra como un señuelo para mantener dentro del  coto restringido del palacio el manejo absoluto y cerrado de sus dependencias reales y concretas, es necesario entonces exponer a este poder al único actor que queda por fuera del asunto: el elector.

Publicada en Pausa #149, miércoles 11 de marzo de 2015.

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