Se presentó en la provincia un proyecto que busca otorgar
una pensión a personas transexuales mayores de 35 años: una discriminada
población de altísima vulnerabilidad.
Por Ileana Manucci
Así como en marzo de 2012, cuando Alejandra Ironici se
convirtió en la primera transexual en obtener su DNI por vías administrativas y
no judiciales, Santa Fe vuelve a ser noticia en materia de inclusión de los
sectores más relegados y vulnerables de la sociedad.
Semanas atrás, ingresó a la Legislatura un
proyecto firmado por la diputada Alicia Gutiérrez e impulsado por la Federación Argentina
de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt) y la Asociación de
Travestis, Transexuales, Transgéneros de Argentina (Attta), que apunta a
establecer una pensión mensual no contributiva para las personas de este
colectivo, mayores de 35 años, en tanto población que en su gran mayoría está
excluida del trabajo formal y de los sistemas de salud y previsional.
La propuesta fue generada por un arco de legisladores que atraviesa distintos partidos.
A dos años de aprobada la Ley de Identidad de Género, unas 6.000 personas
trans ya hicieron su cambio de DNI en toda la República Argentina ,
y entre 300 y 400 están en Santa Fe. Según apuntó el presidente de la Falgbt , Esteban Paulón, el
día de la presentación del proyecto, “el 85% de esas personas son mujeres
trans, y el otro 15% son varones trans. Sobre la población de mujeres trans, la
mayoría ejerce la prostitución como medio de vida, lo que las expone a
distintos factores como la violencia de género, el consumo de sustancias, el
VIH, los trastornos que acarrea la
construcción de su identidad, como los tratamientos no saludables en la
aplicación de hormonas, por ejemplo”. Según los datos expuestos por Paulón,
esta conjunción de factores de riesgo hace que hoy la expectativa de vida de
una persona trans no supere los 45 años de edad, cuando la de cualquier otra
persona está por encima de los 70. “La mayoría de las personas de este
colectivo no tiene acceso a un empleo registrado y está lejos de poder cumplir
requisitos previsionales mínimos como para acceder a una jubilación, ni
siquiera con moratorias. Por esos motivos planteamos el pago de una asignación
para la ciudadanía trans a todos aquellos que estén bajo esas condiciones y
tengan más de 35 años de edad, lo que garantizaría un piso de protección
social”, comentó Paulón.
El proyecto
La iniciativa presentada por Gutiérrez, que ingresó sobre
tablas a las comisiones internas para su estudio, establece que podrán acceder
al beneficio todas aquellas personas que hubieren realizado el trámite de
reconocimiento de identidad conforme a la Ley Nacional 26.743 y
su decreto reglamentario y que no posean sueldos, rentas o bienes susceptibles
de producirlas directamente, o mediante su realización, con excepción de aquellos
que sean de uso imprescindible, y que de acuerdo con su valor y utilidad no
excedan las necesidades mínimas del beneficiario. Además, para acceder al
beneficio, la persona trans deberá acreditar en forma sumaria y fehaciente el
estado de necesidad.
Por otro lado, el beneficio otorgado no será incompatible
con jubilación, pensión o subsidio de cualquier naturaleza, que representen un
ingreso menor o igual al monto establecido, siendo intransmisible y caducando
automáticamente por muerte o renuncia del titular. Asimismo, el beneficio es
inembargable no pudiendo ser afectado total o parcialmente en favor de terceras
personas.
El ente encargado de tramitar y otorgar las pensiones
conforme a las solicitudes recepcionadas por la Subsecretaría de
Coordinación para el Trabajo Decente, será la Caja de Pensiones Sociales creada por la ley
5110. El monto a percibir será equivalente a dos veces el haber mínimo de la
pensión que determina la Ley
5110, lo que significaría una suma similar a la jubilación mínima, alrededor de
3.000 pesos mensuales.
“Queremos, por intermedio de la presente ley, otorgar
oportunidades e inclusión a un sector de la población que encuentra serias
dificultades en el acceso a un trabajo que le permita el desarrollo personal
por ser víctima de la discriminación y de fundamentalismos ancestrales, no
acordes con el paradigma de libertad individual en cuanto a la elección de la
propia identidad. La población trans padece en nuestra sociedad historias de
constante menoscabo de derechos de raigambre constitucional, que lleva a las
personas a una verdadera ‘muerte civil’ sin lograr respeto por sus derechos”
fundamentó Alicia Gutiérrez (FPCyS), acompañada en la ocasión por sus pares
oficialistas Inés Bertero, Eduardo Di Pollina, Maximiliano Pullaro y Susana
García, y por la oposición, Oscar Urruty, Eduardo Toniolli y Leandro Busatto,
entre otros.
En lucha
Al respecto de este proyecto, Alejandra Ironici se expresó
optimista, aunque destacó la importancia de continuar con un lucha sostenida
que no permita que este tipo de iniciativas queden en la nada: “El proyecto es
positivo, pero somos conscientes de que para que salga deberemos pelear en y
con el recinto santafesino, que es conservador y patriarcal. A eso debemos
sumarle las críticas sociales y culturales de nuestra Santa Fe, que se mantiene
neutral en el plano de los derechos, pero no así en el del consumismo de la
prostitución y la población trans”.
Ironici también hizo referencia al proyecto que el diputado
provincial Leandro Busatto re-presentó en esta oportunidad, el cual dos años
atrás había perdido estado parlamentario por falta de tratamiento: “Nosotros
acompañamos esa iniciativa que contemplaba un cupo de contrataciones de
personas trans en la administración pública, entre otras medidas. Pero dicho
proyecto quedó en la nada porque muchos de los que están sentados en esas
bancas nunca pasaron hambre, frío, falta de inserción educacional y laboral, y
mucho menos de vivienda o salud. Por todo esto es que festejamos y celebramos
estos proyectos pero también somos conscientes de una realidad que muchas veces
nos es adversa y por la que debemos seguir luchando”.
Al respecto, y consultado ante los posibles rechazos que la
medida puede tener en la sociedad y la resistencia a incorporar más beneficiarios
al sistema de pensiones, Esteban Paulón señaló que “se trata de un número
ínfimo de personas, unos 100 beneficiarios en la provincia, algo que el Estado
está en condiciones de absorber y por una situación que como tal debe atender.
Además, en tanto haya una solución eficaz de inserción socio laboral para esta
población, que pueda desarrollar su proyecto de vida, no habrá necesidad de
establecer estas pensiones como última solución”.
En Pausa #137, miércoles 16 de julio de 2014. Conseguilo en estos kioscos.
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