Por Ileana Manucci
El año pasado se realizaron 32 allanamientos en departamentos privados y locales comerciales con rubros falsos en Cañada de Gómez, Ceres, Melincué, Pérez, Rafaela, Recreo, Rosario, San Carlos, Santa Fe y Santo Tomé. El 84% de esos lugares fueron clausurados, algunos de ellos, en más de una ocasión. Al respecto, Mónica Viviani, responsable del área, indicó que estos hechos “no dependen sólo de nosotros como Dirección, y del Juzgado, sino también del compromiso del municipio donde se allana. Pero de todas maneras, en la mayoría de los municipios y comunas en donde realizamos los procedimientos, los resultados han sido positivos, sancionándose en algunos ordenanzas que prohíben la habilitación de cabarets, whiskerías y negocios similares”.
En total, durante 2012, 171 mujeres fueron restituidas a sus hogares. Dentro de ese grupo se observa que el 21% de las mismas son extranjeras, principalmente provenientes de Paraguay y República Dominicana. Por otro lado, las víctimas de trata y de delitos conexos suelen ser muy jóvenes, ya que el 11% de las mujeres rescatadas no tenían más de 18 años y las más grandes no superaban los 30.
Entre explotadores, regentes o administradores de los sitios allanados, se detuvo a 60 personas, de las cuales el 45% son mujeres, dato no menor si se tiene en cuenta que las víctimas también son mujeres. “Creo que es un círculo, porque estas mujeres que hoy son detenidas y que actúan como regentes o encargadas en su momento también fueron sometidas y vulneradas por los explotadores, hombres o mujeres que ejercían el poder sobre ellas”, expresó Viviani.
Desde el organismo gubernamental también se dieron detalles de cómo se realizan los procedimientos antitrata, indicando que hay dos tipos de investigaciones, previas a cada operativo. Una es la proactiva, aquellas que la Dirección realiza de motus propio por tener conocimiento que en un determinado lugar se estaría cometiendo un delito de trata o cualquier otro delito conexo, sin necesidad de que alguien haga una denuncia. La otra es la reactiva, que son las que llegan directamente por denuncia de un ciudadano o por alguna investigación ordenada por un juzgado o por alguna fiscalía en un hecho concreto y determinado. Luego de realizar las investigaciones pertinentes, la Dirección determina si ese delito corresponde a trata o a delitos conexos, y luego procede.
Asistencia a las víctimas
Pero ¿qué pasa con aquellas mujeres que son rescatadas en estos operativos? Luego de realizar los allanamientos e identificar a las víctimas, clientes prostituyentes y los encargados o regentes, las mujeres son sacadas inmediatamente del lugar y llevadas a alguna dependencia del gobierno provincial o municipal donde se las asiste y contiene junto con un equipo conformado por un abogado, una asistente social y un psicólogo. Acto seguido se da intervención a otros organismos del Estado, como la Secretaría de Derechos Humanos; la Subsecretaría de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia; Dirección Provincial de Políticas de Género; el Centro de Atención a la Víctima y la Defensoría del Pueblo. Una vez cumplida dicha instancia, las menores de edad son restituidas a sus progenitores y a las mujeres mayores de edad se les facilita la vuelta a su hogar.
Pero, más allá de que estos mecanismos de asistencia estén previstos, la realidad muestra que, a la hora de llevar los casos a la justicia, las mujeres se ven revictimizadas, ya que son pocos los lugares en los cuales sus denuncias son tomadas con seriedad. La justicia genera así desprotección y falta de respuestas, y el resonante caso de Marita Verón resulta emblemático por la clara connivencia del Poder Judicial con los tratantes.
Pocas condenas
Por otro lado, el fiscal general de Rosario, Jorge Baclini, indicó que en los últimos cuatro años la justicia santafesina sólo dictó tres sentencias en casos por promover o facilitar la prostitución.
Entre 2007 y 2011 hubo 13 causas, lo que fue considerado por el fiscal como “un número escaso”. Según el funcionario, una de las razones es que las causas son presentadas únicamente por la Policía, sospechada habitual de connivencia con las redes de prostitución.
Baclini informó que, en el antes mencionado período de tiempo, ingresaron en los Tribunales santafesinos tan sólo 13 causas caratuladas bajo el delito de explotación sexual, y de ese total, sólo hubo cuatro personas procesadas, tres sentencias y tres faltas de mérito, dos de las causas fueron archivadas y una continúa en trámite.
Estos datos fueron dados a conocer en el marco del debate sobre el proyecto legislativo provincial, el cual obtuvo media sanción en 2012, que busca impedir la instalación y funcionamiento de whiskerías, cabarets y clubes nocturnos, entre otros. Leyes de este tipo ya fueron sancionadas en Córdoba y Entre Ríos, lo que para la diputada del partido Solidaridad e Igualdad (SI), Alicia Gutiérrez, derivó en el desembarco en Santa Fe de aquellos proxenetas expulsados de las provincias vecinas.
La directora de la Oficina de Derechos Humanos de Rosario, Gabriela Sosa, también manifestó sus dudas sobre lo efectivo de la medida que prevé desterrar los clubes nocturnos, ya que el delito puede trasladarse hacia otros espacios, como los departamentos privados. Además apuntó a las causas estructurales de este flagelo, la vulnerabilidad económica y la noción social de la mujer como objeto sexual, concepciones socioculturales que llevan a las víctimas a no denunciar estos hechos, no sólo por miedo, sino porque se han formado en contextos donde la prostitución se naturaliza y asimila como forma de vida.
Publicado en Pausa #109, la venta en los kioscos de Santa Fe y Santo Tomé.
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