lunes, 17 de diciembre de 2012

Bajo Judiciales: una zona disputada

El Ejecutivo municipal quiere reubicar a los vecinos de Bajos Judiciales argumentando políticas de infraestructura. Los vecinos dicen que es por los negocios inmobiliarios.

Por Sergio Ferreyra

Hay incertidumbre entre los vecinos de Bajo Judiciales ante un proyecto del municipio para trasladarlos hacia Los Quinchitos, donde ya fueron reubicados parte de los habitantes de Playa Norte. La Municipalidad argumentó que se trata de una zona clave, que funciona como el mayor reservorio del noreste de la ciudad.
La idea es reconvertir el barrio Bajo Judiciales en un reservorio que, mientras no se llene de agua y no cumpla funciones hídricas, funcionará como paseo público. El proyecto del municipio pretende modificar el Reglamento de Ordenamiento Urbano, por lo cual es necesario “reubicar” a los vecinos de la zona. La iniciativa tiene como objetivo reformular los alcances del espacio delimitado por el perímetro formado por la avenida General Paz, Berutti, Riobamba, el terraplén y la proyección de calle Piedras.
El gobierno municipal se cruzó con la oposición en el Concejo, con las ONG que trabajan en la zona y con un grupo de vecinos involucrados, que serían en total unas 1.200 personas. Las distintas posturas esgrimidas dejaron al desnudo una aguda disputa por las formas de entender y abordar las urgencias de los pobladores.

Qué dicen unos y otros
El plan del Ejecutivo es declarar a Bajo Judiciales como zona de riesgo hídrico y trasladar a los vecinos a Los Quinchitos. El proyecto es impulsado en el Concejo por el bloque de la UCR. Sus ediles indicaron mediante un comunicado: “Tener una casa con paredes y techos firmes, luz y agua potable segura, sobre un terreno de 10 por 20 metros, en uno de los lugares más altos de la ciudad y lo más importante de todo, ser propietario, es algo que muchísimos vecinos de nuestra ciudad anhelan”.
La Comisión de Planeamiento Urbano, Hábitat, Obras Públicas y Gestión de Riesgos del Concejo se reunió con los vecinos y se despegó del proyecto oficial: “La Asamblea de los Barrios del Nordeste, junto a las organizaciones que los acompañan, recibieron a los integrantes de la comisión. El eje central fue el proyecto de ordenanza mediante el cual el Ejecutivo municipal pretende inconsultamente modificar el Reglamento de Ordenamiento Urbano, provocando la expulsión de todas las familias que residen en Playa Norte, Bajo Judiciales y General Paz, con el pretexto de transformar toda el área en un nuevo reservorio y un paseo público”.
Vecinos con más de 30 años en lugar consolidaron un barrio con historia a fuerza de sus propias inversiones para mejorar la calidad de vida.

Liliana Berraz, vecina de la zona y referente de la ONG Manzanas Solidarias –una organización que hace más de diez años desarrolla tareas en el barrio– rechazó los argumentos del municipio: “Los pobres molestaron siempre, pero con esta reformulación molestan más. Siempre luchamos por defender el humedal de la Setúbal, que estaba siendo rellenado por la empresa Mallozzi para un negocio inmobiliario, y queríamos que ese ecosistema sea respetado”.
“Esta es la salida que el Gobierno de la Ciudad está proponiendo a las familias que tienen sus viviendas precarias –sin agua potable, enganchados de la luz, en zona inundable y sin la escritura de los terrenos– ubicadas en el sector conocido como Bajo Judiciales”, sostiene el parte oficial de los concejales radicales. Como fundamentos, sostienen que ese lugar “es el principal reservorio que existe sobre el borde este de la ciudad” y remarcaron la necesidad de que “cumpla con su función de manera correcta, que es fundamental para evitar problemas de inundaciones en numerosos barrios de ese cordón cuando se producen fenómenos hídricos importantes”.
Sin embargo, desde la Asamblea de los Barrios del Nordeste la postura es más férrea: “Existe un conjunto de medidas que se vienen reiterando, desde el municipio, direccionadas a desalojar a más de 200 familias que habitan el sector”. Según los vecinos, esas medidas “se desplegaron siempre coincidentes con la elaboración de planes de desarrollo inmobiliario para el mismo sitio y en detrimento del derecho a una vivienda digna, ganados después de muchos años de esfuerzos, trabajos e inversiones por estas familias que construyeron una parte de la ciudad”.
El intendente José Corral contestó en declaraciones a C&D: “Nada más alejado de un proyecto inmobiliario que un paseo público. Es lo que necesitamos, las familias que ya se trasladaron al barrio Nueva Esperanza (Los Quinchitos) son más de 50 y hoy están en una zona alta, con energía eléctrica, agua segura. Nadie va en contra de su voluntad”.

Garantías y desconfianza
Según el municipio, “por su tamaño, el reservorio del noreste está al límite de su capacidad operativa. Es necesario ampliarlo y profundizarlo para que la evacuación de los afluentes pluviales, provenientes de esos barrios, se realice de manera correcta sin tener que sufrir anegamientos. De allí la necesidad que tiene el Gobierno de la Ciudad de reubicar a estas familias. Es una política de Estado erradicar los asentamientos existentes en zonas de riesgo hídrico”.
En un documento, La Asamblea de los Barrios del Nordeste retrucó: “Además de las irregularidades del proyecto se puso en debate el hecho de que dichas políticas carecen de sustento técnico y político, salvo la intención explicita de invertir los recursos del Estado para profundizar la precariedad de esas familias en función de un negocio para unos pocos. Y sin brindar ninguna solución a la auténtica problemática hídrica”.
En la reunión que mantuvieron con los concejales, los vecinos de Bajo Judiciales y Playa Norte les recordaron la resolución 13.365, emitida por el propio cuerpo legislativo, que debe garantizar las condiciones de vida de las familias trasladadas a Los Quinchitos y que “ha sido sistemáticamente incumplida por parte del Ejecutivo en perjuicio de las más básicas condiciones de vida de sus habitantes”.
Desde el municipio indicaron que “se comprende la preocupación de los vecinos ante la idea de tener que retirarse de sus hogares, pero ninguno va a quedar a la intemperie y sólo se procederá a su reubicación cuando las casas donde se los va a radicar estén en condiciones de ser habitadas y con todos los servicios incorporados”.

Publicada en Pausa #107, miércoles 5 de diciembre de 2012

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