La reforma fiscal apunta a productores rurales y a vastos
sectores urbanos. El Ejecutivo busca recursos para paliar su déficit. El
aumento significará unos mil millones extra.
Por Ezequiel Nieva
¿Al final, quiénes pagan la reforma? ¿Los terratenientes, a
quienes les aumentan el Inmobiliario Rural previo avalúo fiscal? ¿Las clases
media y alta urbanas, que sufrirán subas en el Inmobiliario Urbano? ¿O las
clases media y baja, en las que repercutirá más, en términos relativos, el
traslado del impuesto a los Ingresos Brutos, que ahora también gravará a la
industria y a la construcción? La respuesta: todos un poco.
Si bien los grandes propietarios rurales sufrirán los aumentos
más fuertes, sus campos seguirán muy lejos de la valuación real de mercado. El
proyecto original proponía un revalúo gradual, durante seis años, del 400%.
Así, el valor fiscal de los campos –en el año 2018– hubiese llegado al 20% del
valor de mercado; recién entonces Santa Fe se habría equiparado con las
provincias vecinas: Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos. La Legislatura fijó el
tope del avalúo en un 120%, por única vez.
No obstante, hubo fuertes quejas de los ruralistas, quienes
sostienen que deben pagar impuestos por la producción y no por el valor de la
tierra. Las entidades de la Mesa
de Enlace afirman que una importante cantidad de propietarios de la provincia
ingresarán al régimen nacional de Bienes Personales. Algunos incluso sufrirán
cuatro aumentos: el avalúo, el incremento de la alícuota, un incremento
adicional (ver aparte) y la imposición de un nuevo tributo: Bienes Personales.
La aplicación de Ingresos Brutos a la construcción y la
industria se trasladará a los precios de inmuebles, alquileres y productos
manufacturados: el gravamen lo terminarán pagando los consumidores. En las
ciudades, el aumento del Inmobiliario Urbano afectará a las cuatro categorías
superiores de contribuyentes, mientras que las cuatro inferiores no sufrirán
subas. En términos absolutos y relativos, las localidades más grandes aportarán
más recursos que las pequeñas comunas.
De la recaudación total que proyecta el Ejecutivo, el 60%
corresponderá al impuesto Inmobiliario –en sus dos variantes–; el resto surgirá
de Ingresos Brutos y del nuevo impuesto a las embarcaciones que –a diferencia
de la Patente ,
cuya recaudación se distribuye en forma solidaria entre todas las localidades–
será en un 90% coparticipado a la localidad donde esté radicada la embarcación.
Con el aumento impositivo, el Ejecutivo pretende obtener
unos mil millones de pesos extra de lo presupuestado. Una aspiración muy
moderada teniendo en cuenta que la política salarial de 2012 implicó unos 2.700
millones extra. Esos mil millones anuales se repartirán 700 para la provincia y
300 entre municipios y comunas. En lo que queda de 2012 el gobierno espera
recaudar unos 200 millones de pesos: 150 para la provincia y 50 para las
localidades.
Furia en el campo
El presidente de Federación Agraria, Eduardo Buzzi, centró
sus críticas en el acuerdo político que habilitó la reforma y atacó al
socialismo y al kirchnerismo: “Dicen diferenciarse pero terminan votando juntos
y eso crea un desconcierto difícil de entender”, sostuvo. Según el dirigente,
el gobierno socialista terminó “siendo funcional a los intereses de la Nación ”, en alusión al
avalúo fiscal del 120%.
El ruralista Buzzi criticó la suba del avalúo fiscal y habló
de un pacto socialista-K.
“Lamentamos que los legisladores socialistas terminaron
siendo funcionales a los intereses de la Nación , porque al aumentar las valuaciones
terminaron aumentando la presión fiscal con destino a la Nación ”, añadió el
dirigente ruralista. “Hicimos todos los esfuerzos para que mantengan los
valores actuales. Pero los han modificado y finalmente terminan no aplicando
una adecuada progresividad sino que, además, por vía de los avalúos terminan
sumándole plata a la caja de Buenos Aires”.
Un atraso de 38 años
No fueron los funcionarios del gobierno sino el presidente
de la Cámara
de Diputados, Luis Rubeo, quien respondió a los ruralistas, a los que tildó de
“mezquinos”. Rubeo jugó un rol clave en la sanción de la reforma: garantizó el
voto de 14 de los 28 diputados justicialistas. Sumados al Frente Progresista y
al PRO, fueron 33 votos a favor, 13 en contra –los sub-bloques alineados con
María Eugenia Bielsa, Jorge Obeid, Omar Perotti y Oscar “Cachi” Martínez– y una
abstención: la de Darío Mascioli.
“Nuestra primera premisa fue que los sectores que tienen
mayor capacidad económica son los que tienen que tener mayor capacidad
contributiva”, planteó el titular de la Cámara de Diputados. Y recordó que “los valores
fiscales, de 1974 a la fecha, nunca se habían tocado y tenían que ser
actualizados. Si nosotros hubiéramos tenido el mismo criterio que la dirigencia
ruralista, de no darle recursos al gobierno de la provincia, me parece que
hubiese sido una real mezquindad”.
Luis Rubeo, presidente de la Cámara de Diputados de la
provincia.
Rubeo aclaró que los valores no pueden volver a aumentar
porque “la ley dice claramente que para modificar esos tributos se deberá hacer
una nueva ley”, algo que difícilmente ocurra en 2013, año electoral. Y planteó
que, ahora, el Ejecutivo “tendrá que ahorrar”. El presidente de la Cámara baja espera que “el
gobierno lea la actitud que ha tenido la oposición porque al aumento de tributos
hay que acompañarlo con un ahorro en algunas áreas para que las cuentas cierren”.
La reforma, punto por punto
Tras un debate de cinco meses, fue sancionada y promulgada
la reforma tributaria, que comienza a regir en octubre. Del proyecto que había
remitido el Ejecutivo a mediados de abril quedaron algunos ítems, pero la
mayoría de ellos fueron modificados.
Ingresos Brutos: se grava a las constructoras que facturan
por encima del millón y medio de pesos anuales. Para las empresas de la
provincia, la alícuota será del 2%; en cuanto a las extra provinciales, la ley
autoriza al Ejecutivo a fijar el gravamen hasta un 30% por encima de las firmas
locales. La obra pública seguirá exenta de ese tributo. También se grava, con
una alícuota del 0,5%, a las industrias cuya facturación anual supere los 80
millones de pesos, a excepción de las alimenticias.
Inmobiliario Rural: habrá un avalúo fiscal del 120%
respecto del valor actual, cuya última actualización fue en 1974. Aumentan las
alícuotas del impuesto entre el 100 y el 300% de acuerdo a la superficie del
campo y a su ubicación. Los terrenos cuyo valor de mercado supere los 836 mil
pesos tendrán un incremento adicional del 80%, mientras que aquellos cuya
tasación sea superior a 1.870.000 sufrirán un adicional del 120%.
Inmobiliario Urbano: no habrá avalúo fiscal y tampoco
habrá aumento para las primeras cuatro categorías. La categoría 5 sufrirá un
incremento del 20%; la 6, del 30%; la 7, del 60% y la 8, del 75%. Las
modificaciones introducidas por la
Cámara de Diputados y refrendadas por el Senado –dejar fuera
del aumento a las categorías más bajas– fueron para evitar una nueva carga
impositiva a las clases baja y media, que ya habían sufrido el aumento de ese
tributo en 2010.
Grandes baldíos: se aumenta un 100% el impuesto
Inmobiliario Urbano para aquellos terrenos baldíos cuya superficie supere los
3.000 metros cuadrados.
Embarcaciones: se crea un nuevo tributo que grava a los
propietarios de lanchas, yates y barcos con alícuotas que van del 1,8 al 3%
según el valor de mercado. El 90% de lo recaudado será para la localidad donde
esté registrada la embarcación y el 10% restante será para la provincia.
Pase de facturas
El aval de parte del kirchnerismo a la reforma fiscal fue
acompañado de un pase de facturas. “El Ejecutivo provincial no puede, no quiere
o no se anima a decir que el déficit que arrojan las cuentas fiscales es a
causa de la mala administración del gobierno que encabezó Hermes Binner”, tiró
Luis Rubeo. Y luego aclaró que “Seguimos sosteniendo que quienes más tienen más
deben pagar. Logramos incorporar al debate la progresividad en la política
impositiva de la provincia. La baja en el impuesto Inmobiliario Urbano
favorecerá a los sectores más vulnerables, a la franja de ingresos bajos y
medios, ya sean propietarios o inquilinos, quienes vienen soportando reiterados
aumentos en los servicios de luz, agua y transporte público”.
La votación de cada bloque
A favor de la reforma votó el Frente Progresista, Unión
PRO-Federal y los justicialistas Frente para la Victoria , Producción y
Trabajo, Movimiento Evita, Partido Progreso Social y Corriente Peronista
Federal. Otros cuatro sub-bloques del PJ –Encuentro Santafesino, Santa Fe en
Movimiento, Santa Fe para Todos y 100% Santafesino– lo hicieron en contra. La
única abstención fue del kirchnerista Darío Mascioli, quien responde al
presidente del partido, José Luis Freyre, que intentó, sin éxito, un voto
unificado. Con esa decisión, explicó Mascioli, dejó en libertad de acción a los
distintos bloques.
La diputada María Eugenia Bielsa, una de las cabezas del
conglomerado que rechazó la reforma, se distanció del espacio de Agustín Rossi
y Luis Rubeo, a quienes cuestionó por cambiar de posición respecto de la
gestión de Binner, cuando el PJ en su conjunto rechazó tres intentos de
reforma. “No nos eligieron para apoyar el modelo despilfarrador de Binner y
Bonfatti”, dijo la legisladora.
Publicada en Pausa #102, miércoles 26 de septiembre de 2012
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