jueves, 23 de agosto de 2012

Prostitución legal y trata, en debate

Las trabajadoras sexuales nucleadas en Ammar piden garantías para ejercer la prostitución por su cuenta. Varios proyectos sobre trata de personas presentados en la Legislatura.

Por Marcela Perticarari

En la Cámara de Diputados de la provincia hay diferentes proyectos pendientes de tratamiento para combatir la explotación sexual.  Uno de ellos, de la justicialista Alejandra Vucasovich (bloque Unión PRO-Federal), pretende “la adopción de medidas destinadas a prevenir, detectar y combatir el delito de trata de personas; la protección y asistencia a las víctimas de ese delito respetando sus derechos humanos, sea que su residencia y/o traslado se verifique dentro del territorio de la provincia de Santa Fe o que del mismo se detecten maniobras para su traslado fuera de los límites de su territorio, sea hacia otras provincias o hacia el exterior; el auxilio y apoyo al grupo familiar de la víctima y la cooperación entre el Estado Federal, los estados provinciales, los municipios y comunas”. De esta manera, podría obtener media sanción una normativa que le dará al Estado las herramientas necesarias para darle pelea frontal a una de las problemáticas que más golpean a los sectores vulnerables.
A raíz de la inminencia del tratamiento, la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar) se sumó a la mesa de discusión. En este sentido, representantes Ammar Nacional –una organización con 18 años de trayectoria– se reunieron con el diputado provincial Jorge Abello. “Ellas mejor que nadie conocen el sistema perverso que las secuestra y las pone a trabajar. Es el comercio ilegal de personas con propósitos de explotación sexual, un delito internacional de lesa humanidad que viola los derechos humanos, atenta contra la libertad y la dignidad de las víctimas”, afirmó el legislador.

Propuesta alternativa
En declaraciones por C&D a “El tema del día”, Mariana Contreras, secretaria nacional de Ammar, se refirió al proyecto de ley que apunta a cerrar y prohibir la apertura de prostíbulos: “Con esas medidas nuestras compañeras se están quedando sin fuentes de trabajo. Cuando se habla de la figura de las whiskerías, pedimos que sea como en las décadas de los ’70 y ‘80, antes de la precarización del trabajo en Argentina. En aquel entonces, nuestras compañeras estaban afiliadas al sindicato de Varieté: vendían copas y los dueños de los locales no ganaban dinero del pase de ellas. Bajo esa figura, los cabarets podrían seguir existiendo sin que haya un regenteador que viva y explote a nuestras compañeras”.
El objetivo de Ammar es lograr una ley que regule el trabajo sexual autónomo “para que exista un marco legal de garantías y derechos pero también de obligaciones, como cualquier trabajador”. Según su propuesta, serían viables las cooperativas donde las trabajadoras manejen su ingreso, sin un regenteador. “No vamos a entrar en la discusión acerca de si esto nos gusta o no, si es trabajo o no. Ya que nuestra presidenta habla de igualdad para todos y todas, nosotras como mujeres autónomas necesitamos una ley que ampare a las trabajadoras sexuales y que nos permita obtener un marco jubilatorio”, señaló Contreras.
Claudia Carranza, representante de Ammar de Entre Ríos, explicó que es la primera vez que un legislador las convoca para “hacer un trabajo articulado donde se escucha la voz de las trabajadoras sexuales planteando ejercer en las mejores condiciones posibles, sin explotación y sin trata. Cuando se hacen allanamientos compulsivos, no se dirigen hacia el dueño del prostíbulo sino que van a atacar a nuestras compañeras, que terminan lastimadas y detenidas. Se quiere barrer la mugre bajo la alfombra. Nosotras perdimos a nuestra compañera Sandra Cabrera, que denunció casos de trata y su crimen sigue impune. En esta provincia mataron a cinco trabajadoras sexuales durante 2012. Nosotras caminamos las calles, sabemos de qué estamos hablando, por eso nos molesta que los legisladores nunca nos tomen en cuenta. Ahora estamos complacidas con el proyecto de Abello, quien pidió el visto bueno de Ammar”.
Y agregó que “si se cierran todos los cabarets, las mujeres deberán trabajar en las calles, con los riesgos que ello implica y en muchas provincias rigen códigos contravencionales que usan para llevarnos detenidas. Muchas compañeras nunca han trabajado en la calle y no saben defenderse. Con una ley nosotras estaríamos resguardadas y habría una herramienta para combatir la trata. Queremos que no queden márgenes legales para que los tratantes ejerzan la explotación y que estén presos quienes captan y regentean personas”.

Coimas y condiciones indignas
Las referentes de Ammar admitieron que las condiciones para ejercer la prostitución “son indignas porque siempre hemos tenido que aportar dinero a la policía, el histórico patrón de las mujeres que trabajan en la calle y también puertas adentro, porque sabemos que hay un negociado, no solamente con la policía sino con altos funcionarios: si esos lugares existen es porque alguien los permite, hacen de cuenta que no están y por eso sigue existiendo la trata de personas. Es hora de que nos escuchen”, plantearon.
Mientras tanto, desde la organización se llevan adelante mesas de debate en diversos puntos del país para presentar el borrador de un proyecto de ley que regula el trabajo sexual autónomo para mayores de edad con voluntad propia.

Una larga historia
El proyecto de Alejandra Vucasovich fue ingresado a la Legislatura en 2008. No tuvo tratamiento parlamentario pero la legisladora insistió reingresándolo en 2011. Allí obtuvo despacho favorable en comisiones y está a consideración de la Cámara de Diputados para la media sanción.
La iniciativa sostiene que “el consentimiento dado por la víctima a cualquier forma de explotación no constituirá causal de exoneración de la responsabilidad del Estado provincial respecto de la contención, asistencia y protección de los derechos de ésta”. Además, establece que “las personas víctimas de trata, en todos los casos, serán protegidas y su seguridad garantizada, aun cuando pudieran ser responsables de otros hechos cometidos bajo violencia física y/o moral que inhiba la capacidad de libre determinación”.
También propone crear dentro del Ministerio de Justicia la Secretaría para la Lucha contra la Trata de Personas y la Protección y Asistencia de las Víctimas. La función del organismo sería “elaborar, proponer y ejecutar las políticas públicas destinadas a prevenir, detectar y combatir la trata de personas, y a adoptar las medidas tendientes a la protección y asistencia de las víctimas y sus familiares”.

“No es un trabajo”
La diputada Alicia Gutiérrez presentó en julio un proyecto para prohibir “la instalación y el funcionamiento de los locales comúnmente llamados whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boites, locales de alterne o cualquier otra denominación análoga”.
La legisladora del SI, acompañada por la socialista Inés Bertero, reclamó la “erradicación de establecimientos que facilitan la explotación sexual y el proxenetismo, dentro de una campaña de lucha contra la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena, que están penadas por la ley nacional 26.364 y tipificadas por el Código Penal”.
“No consideramos a la prostitución como un trabajo. No hay elecciones para las mujeres que día a día entregan sus cuerpos a cambio de un dinero, cuya mayor parte va al explotador, al sostenedor de un sistema que trafica, explota y comercializa cuerpos de mujeres y niñas. Un sistema basado en la oferta y la demanda más cruel del capitalismo”, sostiene la legisladora desde “una perspectiva de género y derechos y humanos”.
“Lo más difícil aún es visibilizar la línea entre la prostitución y el abuso sexual infantil y la corrupción de menores, ejemplos sobran”, agregó la diputada Gutiérrez.

Las redes
Otro proyecto pendiente, apoyado algunos diputados del PJ e impulsado por Jorge Abello, prohíbe en toda la provincia el funcionamiento de whiskerías y cabarets, una medida tomada en Paraná. El legislador justicialista, acompañado por su par María Eugenia Bielsa, presidenta del bloque Encuentro Santafesino, mantuvo reuniones con la intendenta de la vecina ciudad, Blanca Osuna, “a fin de trabajar sobre el tema intercambiando experiencias, proyectos y el firme compromiso de avanzar juntos”. Preven también realizar reuniones de funcionarios y equipos técnicos en Córdoba y Entre Ríos, para coordinar el trabajo de la Región Centro.

Publicada en Pausa #99, miércoles 8 de agosto de 2012

1 comentario:

Cliente X dijo...

Está más que claro.

Las prostitutas denuncian que la falta de reconocimiento legal de su actividad conlleva una mayor vulnerabilidad y precarización en el ejercicio de su trabajo.

Los políticos están en contra de este reconocimiento, por consiguiente impiden una mejora en las condiciones laborales de las meretrices.

La cuestión que hay que plantear públicamente ahora es... ¿por qué a la clase política la conviene este situación de indefensión y falta de derechos de las prostitutas? ¿Qué ganan con ello? ¿En qué les perjudicaría que estas personas fuesen reconocidas como trabajadoras y ciudadanas?