ANUARIO 2014. La polémica sobre presos y cárceles atravesó 2014 y
continuará en 2015, sesgada por un discurso tribunero que no aporta soluciones
de fondo.
En marzo pasado, el Servicio Público de la Defensa Penal
publicó un informe sobre los lugares de encierro de la provincia. Hacinamiento,
condiciones edilicias y sanitarias lamentables, alimentación inaceptable,
inaccesibilidad a la educación y el trabajo, y malos tratos, fueron la
constante.
La cárcel de Coronda fue uno de los trece centros de reclusión visitados por el defensor provincial Gabriel Ganón para hacer su informe.
Además, a enero de 2014 el 32% de los reclusos no tenía
condena efectiva, y en marzo de este año había 300 presos federales en
cárceles, comisarías y subcomisarías. Y así es como los sitios de reclusión se
vuelven eficaces escuelas del delito: criminales probos conviven con acusados
sin sentencia, y ladrones de gallinas aprenden de homicidas y narcotraficantes.
Demandas y respuestas
Este año, el defensor provincial Gabriel Ganón presentó
varios habeas corpus por las condiciones inhumanas que sufren los reos. El
funcionario advertía que “el estado de deterioro de los lugares de encierro
tiene directa vinculación con la desproporción entre dos variables: el número
de prisioneros, y los recursos disponibles”. “No se trata de cerrar las
cárceles”, aclaraba, “sino de verificar cuántas personas, cuáles y durante
cuánto tiempo pueden ser alojadas”.
Ganón no reclamaba sólo al Ejecutivo: “también los jueces
deben reexaminar sus decisiones cuando dispongan el alojamiento de personas en
esas insanas y sucias prisiones, con el inconstitucional castigo adicional que
ello implica”. Por supuesto, un mea culpa o respuesta cualquiera por parte de
los magistrados provinciales, es una utopía.
Por su parte, el secretario de Asuntos Penitenciarios Pablo
Cococcioni negó que las presentaciones del defensor tuvieran sustento: “el
sistema penitenciario de Santa Fe tiene carencias, pero de ninguna manera se
dan las situaciones exageradas que se denuncian”.
La otra polémica
El 2 de diciembre, la Cámara Federal de
Casación Penal falló a favor de reclusos de Ezeiza y despertó una nueva
polémica: ¿tienen los presos derecho a un sueldo? Cococcioni fue claro sobre la
posición de la provincia: “No corresponde. No tienen una jornada laboral
asimilable a la de un trabajador normal”. El tema es discutible, y la
indignación de quienes cobran $4.000 o menos por mes, entendible. Pero en medio
del legítimo debate resurgieron ciertas opiniones que contradicen abiertamente la Constitución Nacional.
Escuchar la
Carta Magna
Con la controversia ya instalada, se alzaron voces que
exigían que los presos dejaran de pretender condiciones dignas de vida y que se
resignaran a pudrirse donde están. Pero la Constitución Nacional
es muy taxativa en su artículo 18: “las cárceles de la Nación serán sanas y
limpias, para seguridad y no para castigo”. Y acto seguido, refrenda lo argüido
por Ganón: “toda medida que conduzca a mortificar (a los reos) más allá de lo
que (la seguridad) exija, hará responsable al juez que la autorice”.
Es utópico pensar que en vísperas de un año electoral,
políticos y jueces se apegarán a ese tramo de la Carta Magna. En un
país jaqueado por la inseguridad, la tribuna demanda medidas extremas. Y en la
tribuna están los votos. Y en los votos, la permanencia en el poder de los
mismos que contribuyeron a la situación actual, que hoy contemplan, quizás
horrorizados, desde el palco.
Publicada en Pausa #148. Pedí tu ejemplar en estos kioscos
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