Proponen una comisión bicameral legislativa para investigar
la apropiación de más de 600 empresas.
Un grupo de diputados nacionales presentó un proyecto de ley
para crear una comisión bicameral investigadora de las complicidades del poder
económico durante la última dictadura. Durante el período 1976-1983, 604
empresas fueron apropiadas ilegalmente por el terrorismo de Estado.
El diputado del Frente para la Victoria Héctor
Recalde destacó “la búsqueda de memoria, verdad y justicia sobre el papel de
los empresarios durante la última dictadura”, al presentar, el lunes 7, el
proyecto que propone la creación de la comisión investigadora.
Recalde agregó: “Esta es una investigación para saber
quiénes colaboraron con la dictadura y desde qué empresas. Esta iniciativa es
un derecho a la defensa contra la amnesia, la mendacidad y la impunidad, porque
busca que haya memoria, verdad y justicia”.
El legislador kirchnerista recordó también que “con la
complicidad de algunos de los representantes de las empresas, durante la última
dictadura, la
Comisión Asesora Legislativa (CAL) torturó algunos artículos
de la Ley de
Contrato de Trabajo e hizo desaparecer otros. A partir de esas desventajas
laborales, los empresarios tuvieron un importante rédito económico por la
transferencia de capitales de los trabajadores hacia las empresas”.
Recalde apunta a las empresas que apoyaron y estructuraron la última dictadura.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación , Julián Domínguez,
dijo que el proyecto apunta a “conocer el rostro civil de la peor dictadura de
nuestro país” y precisó que “fueron 604 las empresas apropiadas ilegalmente por
el terrorismo de Estado”.
Domínguez también señaló que “esta investigación va a poner
luz sobre la parte más oscura de la historia argentina”, un tema que
“lamentablemente no forma parte de la agenda mediática de los intereses
corporativos”.
A su turno, el presidente del Centro de Estudios Legales y
Sociales, Horacio Verbitsky, hizo un repaso de los avances logrados desde 1983
a la fecha y puso énfasis en “el punto de inflexión que se dio en el año 2003”
con la reapertura de los juicios a los responsables de la represión ilegal bajo
el terrorismo de Estado.
La iniciativa propone la creación de una comisión bicameral
cuyo objetivo será elaborar un informe sobre las consecuencias de las políticas
económica, monetaria, industrial, comercial y financiera adoptada por la última
dictadura.
El informe deberá identificar los actores económicos y
técnicos que contribuyeron o se beneficiaron con la dictadura, aportando apoyo
económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza.
De acuerdo al proyecto, la comisión estará integrada por un
presidente designado por el Poder Ejecutivo, cuatro diputados y cuatro
senadores que serán elegidos por sus propios cuerpos legislativos.
El informe deberá ser publicado dentro de los 180 días a
partir de la creación de la comisión y, en caso de que se advirtiera la
eventual comisión de delitos, se podrán formular las correspondientes denuncias
ante la Justicia.
Las pruebas o testimonios serán recogidos en una serie de
audiencias que contará con la presencia de la sociedad civil, organizaciones no
gubernamentales, académicos, empresarios y cámaras empresarias, asociaciones
sindicales y partidos políticos.
Además de Recalde, firmaron el proyecto los diputados
oficialistas Juliana Di Tullio, Teresa García, Adela Segarra, Pablo Kosiner,
Carlos Kunkel, Verónica Magario, Horacio Pietragalla, Eduardo de Pedro, Andrés
Larroque, Juan Cabandié, Carlos Gdansky y Edgardo Depetri y el representante
del Frente Renovador Oscar “Cachi” Martínez.
Las actas, a España
El ministro de Defensa de la Nación , Agustín Rossi, le
entregó al ex juez español y actual presidente del Centro Internacional para la Promoción de los
Derechos Humanos, Baltasar Garzón, una copia de las 280 actas de la dictadura
encontradas en el subsuelo del Edificio Cóndor a fines del año pasado.
“Desde el Ministerio, con la entrega de estos seis tomos,
acompañamos las iniciativas relativas a la defensa de los derechos humanos que
tiene el doctor Garzón”, sostuvo Rossi. El funcionario agregó que la reunión
fue “un reconocimiento a la labor” de Garzón y destacó que “en sus manos las
actas tienen gran valor”.
Además, Rossi ofreció precisiones acerca de los trabajos de
recuperación de la documentación luego de su hallazgo, en noviembre último, en
el subsuelo del Edificio Cóndor, sede de la Fuerza Aérea : “Con la
información clasificada hemos hecho una biblioteca y abrimos un sitio web para
que todos puedan acceder a los documentos”, señaló el ministro.
Garzón se mostró optimista ya que su “mentalidad jurídica”
le indica que esa documentación “va a aportar luz y pruebas en muchas causas”,
al tiempo que celebró la posibilidad de que todo el público pueda acceder a las
actas.
El ex magistrado español, quien investigó crímenes de lesa
humanidad cometidos por la dictadura contra sus compatriotas, indicó que los
documentos “son parte de nuestra historia y aún más importante es que las haya
entregado un jefe de la
Fuerza Aérea para que se conocieran e incorporaran al acervo
del pueblo argentino”.
Publicada en Pausa #131, miércoles 9 de abril de 2014
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