Poderosos
intereses económicos, un cacique cuestionado, con buenas relaciones pero poco
apoyo, y el derecho de los pueblos originarios a la propiedad comunal de la
tierra.
Cuando el gobierno provincial entregó, el 21 de septiembre,
los títulos de propiedad del campo San José a la comunidad mocoví de Recreo
–tras tres años de la firma del decreto de adjudicación– pareció que se
terminaba el reclamo. Pero un conflicto de larga data asomó en la superficie:
la diferencias internas entre el grupo de familias asentadas en el Kilómetro
491 de la ruta 11 –donde se encuentra el ingreso al ex predio del Ejército, la
primera propiedad comunitaria formal del país– y el núcleo que reside en el
casco urbano de Recreo. Los ocupantes del campo San José están enfrentados a la
gestión del cacique Pedro Coria, a quien denunciaron, entre otras cosas, por
malversación de fondos y expulsión de familias de los terrenos.
Las aguas parecían calmarse cuando los representantes la
comunidad recibieron, de parte del gobierno, el título de propiedad comunitaria
de las 327 hectáreas ubicadas al norte de Recreo, al oeste de la ruta 11 y en
el límite con la comuna de Candioti. La demanda se realizó a lo largo de tres
años y la adjudicación fue dilatada por vario motivos, entre ellos un proyecto
del senador por el departamento La Capital Juan Carlos Mercier para que allí se
radique un parque industrial. Pero los intereses en juego –de afuera y de
adentro– demoraron la aplicación de la ley 12.086, a través de la cual la
provincia restituye tierras a comunidades originarias según dispone la
Constitución Nacional reformada en 1994.
La asamblea
Tras la titularización, se realizó una reunión para definir
el destino del lote. Participaron, entre otros, el ministro de Desarrollo
Social Pablo Farías, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Recreo
Miguel Ángel Pérez, el presidente de la comunidad Com Caia Pedro Coria, el
director de Pueblos Originarios Raúl Britos y el coordinador del Instituto
Provincial de Aborígenes Santafesinos Carlos Mansilla. Allí se decidió realizar
una asamblea el 29 de octubre para tratar el tema. Luego de la reunión no hubo
novedades respecto a la asamblea; al no recibir detalles de lugar y hora, las
familias ubicadas en el Kilómetro 491 decidieron organizar una asamblea, ese
mismo día, en el campo.
El encuentro tuvo como objetivo decidir sobre la
organización de la comunidad. Según comentó Mariana Maglianese, quien colabora
con la comunidad mocoví, “la asamblea fue muy importante para ellos porque la
estaban esperando hace dos años. Estaban tratando de hablar entre todos para
ver qué hacían con el campo, con el tema de que el cacique no los dejaba estar
viviendo ahí, porque el cacique insistía con que el campo se lo habían dado a
él. Pero no es de él, es de propiedad comunitaria”.
Tras el debate, la comunidad tomó las siguientes decisiones:
destitución de Coria y de la comisión al frente de Com Caia; designar en su
reemplazo a Rosa Salteño, Belkis Moreyra y Aurelio Valdez; no reconocer como
abogada asesora a la doctora María José Bournissent; designar en esa función a
los doctores Gabriel Luna y Érica Stalker; no reconocer los estudios de
distribución territorial y de uso del campo San José hechos por universidades
locales; continuar con el proceso de autogestión que viene llevando adelante la
comunidad; y enviar una nota al intendente de Recreo José Formento para que no
interfiera en las cuestiones del campo San José y de la comunidad.
Parecía que a partir de entonces la comunidad mocoví tendría
nueva conducción. Sin embargo, ningún funcionario provincial participó de
aquella asamblea ni se comunicó con los miembros de la comunidad, pese a que,
según los organizadores, fueron avisados en tiempo y forma. A ello se le sumó
el posterior descrédito oficial a dicha asamblea, que se manifestó en la
convocatoria a una nueva para el sábado 19 de noviembre en el ex Liceo
Belgrano. Ese evento fue organizado por Pedro Coria con el apoyo de la
provincia.
La conducción elegida el 29 de octubre le envío una nota al
ministro Farías pidiéndole que no asista: “Estaría avalando la continuidad de
la ilegalidad, la ilegitimidad y la corrupción, pues Com Caia se ha dado una
nueva dirigencia y Pedro Coria no está en ella”. Igual, la segunda asamblea se
realizó en la escuela 1338 de Recreo. Participaron autoridades nacionales,
provinciales y locales, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el
ministro Farías y el cacique Coria. Hubo debate; se repasaron las leyes que
tratan sobre las comunidades aborígenes y se resolvió organizar una mesa de
diálogo. Según Raúl Britos: “Las comunidades aborígenes poseen autonomía y
eligen sus autoridades en asamblea, de la que participan todos los miembros de
la comunidad. El Estado no puede intervenir en la elección de los
representantes de la comunidad”.
Condiciones de vida
El día de la primavera –fecha escogida por el gobernador
Hermes Binner, entonces de campaña presidencial, para entregar los títulos de
propiedad–, el socialista sostuvo: “Esta es la primera entrega de tierras a una
comunidad a nivel nacional, tierras que les pertenecen a estas comunidades.
Aquí nace la justicia”. Según Binner, en la actualidad hay casi un centenar de
comunidades en la provincia, de las cuales 38 están reconocidas y tienen la
posibilidad legal de seguir el mismo mecanismo que Com Caia.
El salón de usos múltiples de la comunidad Kilómetro 491, unas 30 familias mocovíes que pujan por las tierras del campo San José.
En el campo San José sus ocupantes no tienen, aún, motivos
para celebrar. “Acá vivimos desamparados del todo”, dijo Aurelio Valdez, uno de
los integrantes de la comunidad Kilómetro 491, un asentamiento de 30 familias
que desde mediados de 2010 permanece en el ex predio fiscal otorgado a los
mocovíes. Las tierras son de la comunidad y, por ley, su destino no debe
decidirse por las lógicas del mercado sino por el principio de la propiedad
comunitaria. La división al interior de la comunidad demoró el debate de fondo:
¿qué hacer con esas 327 hectáreas, enclavadas en la zona más productiva del
departamento?
Son, desde siempre, tierras codiciadas en su productividad y
su ubicación estratégica: sobre una ruta nacional y cruzado por la
circunvalación oeste, que en ese tramo recién está aún en etapa de obras pero
desde donde se puede llegar al centro o al sur de la capital en unos 20
minutos. Pese a que linda con el río Salado, son terrenos no inundables por su
altura y porque la circunvalación funciona como defensa. En ese predio, una
treintena de ranchos de nylon de silo bolsa –sujetado con ramas– se recorta
sobre el horizonte. No tienen chapas, ni siquiera cartones. Delante de los
ranchos, desde la ruta 11, hay una construcción precaria de material: el salón
de la comunidad. Tres banderas en el mástil: una argentina, una multicolor de
los pueblos originarios y una de la paz, una paloma blanca sobre fondo azul.
El campo es un botín de guerra. Desde el segundo mandato de
Jorge Obeid –cuando se sancionó la ley 12.086– el senador Mercier viene
fogoneando un proyecto para que allí se radique un parque industrial. En 2008
el Concejo Municipal de Recreo salió a apoyar la iniciativa y convocó a una
consulta popular para que los vecinos de la ciudad decidan el destino final del
predio. El Inadi alertó sobre la situación –argumentaron que la idea de Mercier
colisionaba con el principio constitucional de restitución de tierras y que
constituía un acto de discriminación contra los mocovíes– y el intendente de
Recreo paró la consulta.
Mientras, en complicidad con Coria, la semillería Denis
Stamatti –que tiene radicada una de sus sucursales en Recreo Sur– alquiló el
campo para producir soja. La difusión de la maniobra, que tuvo rebotes en el
ámbito legislativo provincial, desactivó el negocio que mantenía Coria con la
empresa. “Nosotros tuvimos que pararnos frente a las máquinas mientras estaban
por levantar la cosecha. Nos paramos y llegamos a un acuerdo: él (Stamatti)
dijo que si lo dejábamos levantar la cosecha iba a dejar de cooperar con Coria
y no iba a volver más a sembrar”, recordó Aurelio Valdez. “Y no insistió más”.
En una pequeña parcela del que antes fue territorio sojero
hay ahora pequeñas huertas familiares. Los miembros del asentamiento trabajan
con asesoramiento del INTA y apuntan a extender y diversificar los cultivos:
además de las hortalizas que ya producen, quieren incorporar agricultura extensiva
–mediante el viejo sistema de producción que, en lugar de basarse en la
maximización del rendimiento del suelo a corto plazo, busca un uso armónico con
el entorno y sustentable en el tiempo– y más adelante, en medida que se
resuelva el trasfondo legal, también hacienda y gallinas. Según Valdez:
“Sembramos cada uno su huerta, tenemos voluntad de trabajar. Ya estamos
trabajando, a fuerza de pala y azada. Lo estamos haciendo porque hay chicos y
ancianos y todos tenemos nuestras necesidades”.
“Pero queremos trabajar como corresponde”, remarcó el
dirigente mocoví. “Tiene que ser el mismo pueblo originario el que debe
trabajar la tierra, no gente blanca como ellos metían (por Stamatti). Y recibir
cada cual su parte por su trabajo”. En ese aspecto, la ley 12.086 es clara:
“Las tierras adjudicadas no podrán ser vendidas ni dadas en garantía y no
podrán ser usadas, explotadas o alquiladas por personas que no sean
aborígenes”. El reclamo de los mocovíes es que la tierra tenga la asignación
específica para la cual fue adjudicada; en ese sentido, el diputado provincial
Antonio Riestra, quien asesoró a los miembros de la comunidad, explicó que se
debe preservar “la relación de los pueblos originarios con la tierra, que nunca
revistió un carácter económico sino que tiene que ver con una cultura”.
Publicada en Pausa #88, miércoles 7 de diciembre de 2011
