Un puerto a la deriva

¿Cuáles son los intereses que se juegan en el punto de localización para el nuevo puerto?

Por Hugo Kofman (*)

A fines de 2012, el ministro Ángel Sciara anunció la licitación para la construcción del Nuevo Puerto de Santa Fe, que operará con “gestión privada” al menos durante 33 años. Las presentaciones se cerrarían el 25 de abril de 2013 (1) y todo aparenta que en tres años los santafesinos tendremos un puerto de ultramar sin los problemas del viejo puerto inaugurado hace más de un siglo.

Sin embargo, Sciara también reconoce que para garantizar que los barcos puedan operar y maniobrar, “los cálculos de los expertos dicen que es necesario efectuar dragado y ‘cortar’ una isla”.

Luego revela que “la demora desde 2003 a 2009 era por donde se localizaba, hasta que hubo un decreto del gobernador Jorge Obeid que definió, políticamente y con el apoyo de las fuerzas sociales, una de las tres localizaciones previstas como alternativa; el famoso punto G. Ahí se zanjó el problema”.

En realidad no hay mucha gente enterada de ese conflicto, ni se sabe de importantes  fuerzas sociales que hayan intervenido. Tampoco nos informaron cómo fue ese debate, cuáles eran las distintas opciones y sus fundamentos.

En noviembre de 2012, desde el Centro de Estudios y Acción Popular (CEAP) presentamos a la Cámara de Diputados un documento de análisis sobre el tema, incluyendo aspectos financieros vinculados al préstamo del Fonplata, y una radiografía del Ente Administrador Puerto de Santa Fe. El organismo es presidido por un representante del gobernador, con un Consejo con mayoría de entidades empresarias, y una fuerte incidencia de la Bolsa de Comercio de Santa Fe. En el año 2006 fue el Ente quien eligió el punto G para emplazar el nuevo puerto, con la participación protagónica de Gustavo Víttori, el silencio de las autoridades de la Universidad Nacional del Litoral, que eran parte del Grupo de Inspección, y el apoyo del ex gobernador Obeid.

El análisis técnico del documento del CEAP fue aportado por el profesor Mario Amsler, titular de la cátedra de Hidráulica Fluvial de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la UNL, quien nos remitió a un libro publicado por la UNL en el año 2000. Queda en claro en ese estudio que el punto G, cercano a la desembocadura del río Colastiné frente a la isla La Paciencia, es totalmente inapropiado para la construcción del nuevo puerto. Corresponde al antiguo cauce del río Paraná, que es hoy un brazo secundario con intensa sedimentación, lo que obligará a permanentes dragados. Tiene estrecho margen de maniobra para los barcos, los accesos que se deben construir sobre las islas son sumamente costosos por el carácter inundable de la zona, e implica un fuerte impacto ambiental.

En 2006 los expertos de la Facultad de Ciencias Hídricas de la UNL discreparon con el Ente portuario, con los mismos fundamentos del profesor Amsler, y propusieron otro lugar de emplazamiento para el nuevo puerto: en las cercanías del Túnel Subfluvial, donde el río tiene un calado profundo y una gran amplitud de maniobra. A estas ventajas naturales, se suma el acceso ya existente de la ruta 168, que abarataría notablemente el costo de la obra. De hecho sus opiniones no fueron tenidas en cuenta y se retiraron del convenio de asesoramiento. 

¿Por qué entonces la obstinación del Ente en sostener el punto G para emplazar el nuevo puerto?

Una respuesta posible fue publicada en el diario Uno en 2007. En 2003, tres años antes de la elección del lugar, una “sociedad anónima” a la que se vinculó a la dupla Caputto-Víttori, había comprado grandes extensiones de tierra a precios irrisorios en la zona del punto G, para especular con su futura valorización. La denuncia derivó en múltiples declaraciones de legisladores y en un pedido de informes encabezado por el entonces diputado Antonio Bonfatti.

Para poner paños fríos, el entonces gobernador Jorge Obeid propuso expropiar las tierras a “valores históricos”, lo que aún no se concretó. Además, Nahuel Caputto se vio obligado a dirigir una nota  al Ente manifestando su “voluntad de ceder” las tierras que había comprado en la zona del punto G, pero no nos consta que eso se haya efectivizado. Las dudas sobre el lugar de emplazamiento y las amenazas de denuncias judiciales sobre posible “tráfico de influencias” quedaron en nada, y todo siguió su curso de acuerdo al plan trazado por Gustavo Víttori.

Lamentamos que el ministro Sciara no nos haya respondido a un pedido de audiencia en el cual ofrecíamos aportar información que consideramos significativa respecto a un proyecto de gran magnitud que puede adolecer de graves fallas técnicas con un enorme impacto económico para la provincia. Aunque no estaría de más que revele cuáles son los “expertos” que consultó y que lo convencieron que la mejor alternativa era cortar una isla y el dragado permanente.

Mientras tanto, el Ente sigue haciendo negocios millonarios para pocos, con la tierra pública del puerto, favorecido por una decisión de la propia Legislatura provincial que en 2012 lo eximió de pagar el préstamo de Fonplata y nos hizo cargo a todos de la deuda. Se soslaya así la promesa de que las recaudaciones del MasterPlan  se destinarían a la financiación del nuevo puerto. Queda así en evidencia que el proyecto impulsado por el entonces gobernador Obeid, sin cuestionamientos de la oposición, era un verdadero plan maestro de los negocios inmobiliarios para la apropiación privada de bienes públicos a precio vil.

Quizás no esté de más recordar que el presidente del Ente portuario, Marcelo Vorobiof, tiene intereses privados en el negocio inmobiliario como accionista minoritario del Grupo Pilay (2). Y que su hijo, Fernando Vorobiof, fue recientemente favorecido por el gobierno provincial, a través de la concesión de una “zona franca” de comercio exterior en la zona de Villa Constitución a una Unidad Temporaria de Empresas que integra a través de Worcap SA.

Salvo que se traten de casualidades.

(1) La licitación se postergó hasta el 25 de julio; luego se volvió a prorrogar, por falta de oferentes, y se realizará el 28 de noviembre.
(2) Si bien integra el directorio de esa empresa, el 28 de octubre pidió licencia hasta el final de su mandato.

(*) Docente de la UNL.

Publicada en Pausa #112, miércoles 24 de abril de 2013