Una iniciativa surgida de vecinos y organizaciones plantea
expropiación, regularización y mejoras.
A través de una iniciativa popular presentada ante el
Concejo Municipal, vecinos de Playa Norte y Bajo Judiciales y referentes de las
organizaciones sociales que trabajan en esos barrios piden que la Legislatura expropie
los terrenos para entregarlos en forma legal a sus ocupantes. Además,
elaboraron una propuesta de mejoramiento que será presentada en la Legislatura en el mes
de agosto.
El lunes 16 de junio un grupo de representantes de los
vecinos de Playa Norte, Bajo Judiciales y Bajo Gada –que están en conflicto con
el Estado municipal por la propiedad de esos terrenos–, junto a las
organizaciones sociales que trabajan en el noreste de la ciudad, presentaron en
el Concejo un proyecto de ordenanza que acompaña el anteproyecto urbanístico
para esos barrios, fruto de varios años de trabajo participativo, relevamientos
y talleres donde los vecinos, las organizaciones y los técnicos especializados
plasmaron lo que denominaron “La lucha por el derecho a la radicación desde los
procesos de producción social del hábitat”.
La presentación se hizo bajo la figura de iniciativa
popular, prevista en el artículo 89 bis del reglamento del Concejo Municipal.
Entre otros fundamentos, sus autores sostienen que “en los barrios Playa Norte,
Bajo Judiciales y General Paz (frente al Gada) más de 240 familias han
construido, desde hace más de 30 años, un hábitat que contiene y refleja su
historia, transformando con su propio esforzado trabajo un espacio que
encontraron abandonado en un espacio para la vida”.
Los vecinos de Playa Norte llevaron el proyecto de ordenanza al Concejo Municipal el 16 de junio. Proponen una consulta popular para poder, luego, acceder a la propiedad de las tierras que habitan.
El conflicto entre el municipio y los vecinos viene desde2008. Ese año, la gestión del ex intendente Mario Barletta intentó comenzar los
desalojos con el argumento de que los ocupantes del lugar no contaban con los
títulos de propiedad. Detrás de ese argumento aparece un difuso proyecto
turístico-inmobiliario. En un primer momento, la Municipalidad no
pudo avanzar con los desalojos, pero entre 2010 y 2011 varias decenas de
familias fueron reubicadas en Los Quinchitos, al noroeste del Gada. Noobstante, la mayoría de las familias resistieron y continúan en el barrio.
Ahora quieren obtener la regularización de sus propiedades,
ya que las familias del noreste pobre de la ciudad habitan esas tierras desde
hace más de 30 años. En los argumentos de la iniciativa popular, sostienen que
el desconocimiento de los derechos de los habitantes de estos barrios “ha sido
impulsado por el afán de la especulación inmobiliaria y por proyectos de
urbanización para sectores de alto poder adquisitivo, impulsando con retóricas
diversas la erradicación de la zona de los vecinos y vecinas que lo habitan”.
Las organizaciones que trabajan en el territorio (Tramas,
Centro de Salud Setúbal, Manzanas Solidarias, Canoa y MOI) sostienen que “ese
desconocimiento no puede ser aceptado por el Estado, en tanto justifica su
autoridad en el compromiso esencial de respetar los derechos humanos de todos
los ciudadanos y de promover la igualdad y la inclusión social, atendiendo
primordialmente a quienes más lo necesitan”.
“Por eso”, continúan “se hace necesaria la expropiación de
los lotes habitados y la posterior regularización dominial, situación
perfectamente compatible con la eventual utilización de otros sectores de la
zona para otros fines, como la construcción de un reservorio, si las
autoridades competentes lo estiman necesario”.
Además de la expropiación y regularización dominial, el
proyecto de ordenanza prevé un régimen de mejoras y la creación de una mesa de
diálogo permanente para considerar las políticas de hábitat, integrada por
vecinos, organizaciones, instituciones y autoridades municipales.
Los vecinos y las organizaciones sociales vienen gestionando
desde hace seis años, ante autoridades locales y provinciales, una solución
definitiva para los barrios del noreste. En la última asamblea, realizada hace tres
semanas, estuvieron los concejales justicialistas Ignacio Martínez Kerz y
Silvina Frana y asesores de la concejala socialista Vanesa Oddi.
Publicada en Pausa #136, miércoles 25 de junio de 2014
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