Como personal de inteligencia en la dictadura pasaba datos
de estudiantes de la UNL ,
donde ahora trabaja.
Los organismos de derechos humanos reactivaron la avanzada
contra César Luis Frillocchi, agente de inteligencia durante la última
dictadura y actualmente subjefe del área de Diplomas y Legalizaciones de la Universidad Nacional
del Litoral (UNL). Pretenden que las autoridades de la casa de estudios lo
separen de su cargo porque “no tiene idoneidad moral”.
Con ese cometido, representantes del Foro contra la Impunidad y por la Justicia –junto a
dirigentes de los gremios de docentes y no docentes– se reunieron el 20 de
marzo con el rector Albor Cantard y el secretario general de la institución
Pedro Sánchez Izquierdo para entregarles un petitorio en el que detallan lalabor que cumplió Frillocchi, durante la última dictadura, como espía einfiltrado.
El subjefe de Diplomas no tiene procesos en su contra por
delitos de lesa humanidad, pero fue procesado por falso testimonio en el marco
de la causa Barcos, en la cual otro PCI (Personal Civil de Inteligencia),
Horacio Américo Barcos, fue condenado a 15 años de prisión por el secuestro y
las torturas contra el profesor Alberto Tur y su esposa Amalia Ricotti,
cometidas entre el 15 y el 31 de mayo de 1978 (Barcos murió en julio de 2012).
El procesamiento por falso testimonio fue revocado por la Cámara de Casación Penal.
Desde la UNL
argumentaron que, sin proceso firme ni condena, no pueden hacer nada. No
obstante, ante el reclamo, indicaron que en dos ocasiones –el 20 de diciembre
de 2013 y el 25 de febrero de 2014– la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UNL requirió al Tribunal Oral
Federal que informe sobre las causas de lesa humanidad vinculadas a Frillocchi.
El argumento central esgrimido en el petitorio entregado al
rector Cantard se apoya en el artículo 6 inciso A del Estatuto de la UNL , donde se afirma que
“todos los miembros de la comunidad universitaria del litoral” tienen el deber
de “defender los derechos humanos, la democracia y el desarrollo sustentable”.
“Está claro que este señor no cumplió ni puede cumplir con
tales deberes, sino que fue parte de una estructura represiva del terrorismo de
Estado que violó sistemáticamente los derechos humanos en la Argentina ”, sostiene el
petitorio firmado por una treintena de organizaciones, entre ellas Madres,
Hijos y los gremios Adul y Apul.
“Al ser descubierta su doble función en los tiempos del
terrorismo de Estado (durante el proceso contra su colega Barcos), resulta
indisimulable que César Luis Frillocchi (agente “Fitipaldi” o “Fernández” para
el Ejército de la dictadura genocida) carece de la idoneidad moral exigida como
requisito para el ejercicio de la función pública”, continúa el petitorio, que
será analizado por las autoridades universitarias tal como se comprometió el
rector Cantard.
El buchón
Si bien no hay, hasta ahora, ninguna denuncia contra
Frillocchi por su actividad durante la dictadura, se sabe que reportó al
Ejército como “agente de reunión” o “agente de calle” y que su tarea era
infiltrarse en grupos de estudiantes para marcar a los que más tarde serían
blancos de la represión ilegal.
El ex jefe del Destacamento de Inteligencia del Ejército,
Domingo Manuel Marcellini, había declarado en el marco de la causa Brusa que el
suboficial Eleodoro Jorge “Lolo” Hauque tenía bajo su mando a todos los PCI de
la unidad a la que pertenecían ambos. Marcellini murió impune en marzo de 2010,
poco después de la condena contra Brusa y los otros miembros de su patota. Por
entonces se tramitaba el juicio oral contra Barcos. Una de las mentiras en que
incurrió Frillocchi ante el Tribunal, en esa causa, fue haber negado conocer a
Hauque, a quien entregaba sus informes.
Como parte del complejo engranaje de la represión, los PCI
reportaban a los mandos militares pero cumplían tareas de infiltrados en
diversas instituciones, blancos de la dictadura: gremios y universidades, entre
otras. En la ciudad de Santa Fe y su zona de influencia operaron 140 PCI junto
a 40 militares dedicados a tareas de inteligencia y una cantidad no determinada
de agentes de la Policía.
En ese marco se desempeñó Frillocchi, cuyo objetivo central
fue la Facultad
de Ingeniería Química.
De acuerdo al relato del militante Luis Larpín, expulsado de
la UNL por los
interventores que designó la dictadura, Frillocchi se infiltraba en las casas
que compartían los estudiantes para recabar información y suministrarla al
Ejército. Usaba un nombre falso con idénticas iniciales: CLF. “Fitipaldi” y
“Fernández” eran los apellidos que alternaba; “Carlos” su nombre de pila.
La tarea de los agentes encubiertos o PCI durante la
dictadura era obtener información en forma secreta, proponiendo la persecución
de estudiantes, trabajadores, dirigentes sociales y gremiales, intelectuales y
todo aquel que participara de la resistencia contra la represión ilegal. “Hay
cosas que son imposibles de seguir soportando”, señaló Larpín en relación a
Frillocchi, reciclado en el seno de la
UNL.
Los registros
Aunque no hay pruebas concretas de la participación del
actual funcionario universitario en operativos represivos, los organismos de
derechos humanos se abocarán a “la difícil tarea de establecer su
responsabilidad penal”, según anticipó el abogado de Hijos Guillermo Munné el
pasado 18 de marzo en el panel “Universidad y dictadura: ¿Vos sabés quién es
Frillocchi?”, realizado en la
Facultad de Ingeniería Química de la UNL.
De acuerdo a los registros enviados, en octubre de 2007, por
el Ejército al juez Reinaldo Rodríguez, Frillocchi aparece en la lista de los
PCI que prestaron servicio en el Destacamento de Inteligencia Militar 122. Tres
años más tarde, en 2010, la entonces ministra de Defensa de la Nación , Nilda Garré,
desclasificó y publicó la lista de los 4.300 integrantes del Batallón 601 de
Inteligencia del Ejército que habían operado en la dictadura. En ese listado
también figura Frillocchi como PCI en la función de “agente de reunión” del
Destacamento de Inteligencia 122.
Publicada en Pausa #130, miércoles 26 de marzo de 2014
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