Con una marcha al Ministerio de Seguridad, asociaciones y
vecinos del oeste se unieron en un reclamo por la desaparición de niñas en las
redes de consumo sexual.
Durante 2012, la Dirección Especial
de Prevención y Sanción del Delito de Trata de Personas, dependiente del
Ministerio de Seguridad y dirigida por la comisaria Mónica Viviani, asistió a
171 mujeres en distintas localidades de la provincia. El 20% eran extranjeras.
Se realizaron 39 allanamientos que culminaron en la clausura de 27 prostíbulos.
Asimismo, 34 hombres y 27 mujeres fueron arrestados por infracción a la ley
nacional 12.331 (profilaxis) y delitos conexos. En síntesis, puede calcularse
que se realizó un procedimiento cada diez días; una clausura cada 12 días y 4,5
mujeres fueron asistidas en cada uno de los 39 allanamientos, con 3,5 detenidos
en cada uno de ellos.
No obstante, los números dibujan sólo una parte de la
realidad porque siguen desapareciendo niñas y mujeres de los barrios, en
especial los ubicados en el cordón oeste de la ciudad.
El caso de Milagros Mansilla, de 14 años, rescatada por sus
vecinos de Chalet de una red de trata en barrio Chaqueño –luego de haber pasado
dos días secuestrada en Santa Rosa de Lima–, sirve para graficar la preocupante
situación: la policía no tomó enseguida la denuncia, en la Terminal de Ómnibus no
dejaban pegar las fotos de la menor buscada –por lo cual sencillamente podría
haber sido trasladada en un colectio interurbano– y los vecinos se movilizaron
en masa hasta lograr que Milagros aparezca.
María Claudia Albornoz, vecina de Chalet, dijo que “lo que
hay que hacer es escuchar a la gente porque ya aprendimos que los barrios saben
lo que pasa, cómo se mueven las cuestiones que tienen que ver con el tráfico de
personas y también con el narcotráfico. Hay que escuchar a quienes ya tienen un
recorrido, fundamentalmente a las mamás que todavía están buscando a sus hijas,
y actuar en función de eso. El Estado está para propiciar situaciones de mejor
calidad de vida para todos, porque las que desaparecen son nenas pobres. Hay
que poner más política pública y para eso, lo mejor que puede hacer el Estado
es escuchar y actuar en consecuencia”, insistió durante la concentración
realizada el pasado jueves 6 de junio frente al Ministerio de Justicia, en la
que diversas organizaciones entregaron un petitorio a las autoridades para
solicitar un “Estado que desnaturalice de una vez por todas esta realidad”.
La marcha se desató a causa del secuestro de Milagros Mansilla, una niña que fue rescatada por los vecinos. (Foto: Pablo Bertoldi).
Consultada sobre los protocolos de búsqueda que lleva
adelante la policía, María Claudia sentenció que “está todo muy burocratizado,
hay que hacer las actuaciones mucho más rápido. Y una actuación es mandar un
fax de una oficina a otra: si se demora un día o más en este tipo de
situaciones, se pierde un tiempo valiosísimo en la búsqueda de las nenas. Creo
que hay que correr las comisarías de este lugar para que entre en
funcionamiento una brigada especializada en este tema. En tanto, hay que
capacitar al personal de las comisarías para que empiece a modificarse el nivel
de prejuicio, porque no buscan a las nenas argumentando que seguro se fueron
con el novio. Los protocolos tienen que ver con esto y tienen que probarse,
porque el que está en una oficina cree que funciona cuando en realidad no es
así”.
Desde la campaña abolicionista, Silvina Sierra acompañó la
concentración clamando “basta de trata, basta de llevarse niñas de todos los
barrios de Santa Fe”. En este sentido, aseguró: “Vemos una gran inoperancia por
parte de la policía y de la
Justicia. El caso de Milagros fue clave por la gran movida
que hicieron los familiares y vecinos, pero en principio ni siquiera se tomó la
denuncia, por ende no se investigó. Hay una gran complicidad por parte del
poder policial, político y judicial. Todo esto tiene que ver con la
prostitución, de la que casi no se habla porque se sigue haciendo diferencia
entre trata y prostitución, y es todo lo mismo, a lo que se suma el
narcotráfico”.
“Sería interesante que se reconozca el saber de la
población, pero para eso el gobierno también debería reconocer que la trata
existe y que Santa Fe es una de las provincias con mayor captación de niñas y
mujeres para este delito. Por más que se haga el protocolo, es necesario llevar
adelante tareas de sensibilización o una campaña interesante para que la gente
se involucre. Desde el Movimiento feminista y la Campaña Abolicionista
siempre hay voluntad de articular, el problema es que el gobierno nos tiene que
aceptar y no tomar a las organizaciones que denuncian estos delitos como
enemigas”.
Mariela Ortego, trabajadora social de barrio Chalet,
participó de la reunión con las autoridades junto a María Claudia Albornoz y
las mamás de Milagros Mansilla y Natalia Acosta, una joven de 23 años
desaparecida en 2009. En declaraciones posteriores, señaló: “Nos dijeron que
tenemos abiertos los canales de comunicación con ellos y fuimos escuchadas.
Necesitan que todos colaboremos y que toda la sociedad se comprometa. Nosotros vamos
a seguir trabajando en el barrio con las organizaciones por nuestra cuenta,
aunque evidentemente hay cosas que articular con la policía, con la Dirección de Trata y la Secretaría de Derechos
Humanos”.
Publicada en Pausa #115, miércoles 12 de junio de 2013
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