Las demandas de los fumigados

Un proyecto de ley paralizado motiva el reclamo de los pueblos del campo para evitar ser rociados de agroquímicos. Sospechas sobre los “intereses particulares” de los legisladores.

Las organizaciones ambientalistas intentar poner en la agenda legislativa la reforma de la ley de fitosanitarios. Con ese objetivo, entregaron a los senadores –que tienen archivado ese proyecto– dos tandas con decenas de miles de firmas recolectadas en el marco de la campaña “Paren de fumigarnos” para exigir nuevos límites al uso de productos agroquímicos.

“Esta es una oportunidad única de demostrar que se pueden modificar las cosas atendiendo a nuestra salud antes que al interés económico de unos pocos”, sostuvieron desde el Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat), una de las organizaciones que reclaman una nueva ley de agroquímicos pensada desde la óptica de los principios precautorios de salud y no en base a la lógica del sector productivo.

El miércoles 10 se realizó la segunda entrega de firmas de ciudadanos santafesinos e instituciones gubernamentales y no gubernamentales que piden que se trate el proyecto de modificación a la ley 11.273 de fitosanitarios, se establezca un límite de 800 metros para las fumigaciones terrestres –respecto del ejido urbano– y que se prohíban definitivamente las fumigaciones aéreas.

Luego de la entrega de las firmas hubo un foro de debate (“Impactos de los agrotóxicos en la salud y el ambiente”) con la exposiciones de Andrés Carrasco, investigador del Conicet y de la UBA, y de Damián Verzeñassi, de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR.

En la actividad también disertaron Carlos Manessi y María Gottardi, del Cepronat, Viviana Peralta, la vecina de San Jorge que impulsó la causa por la cual la Justicia provincial sentó jurisprudencia mediante el conocido Fallo San Jorge, María Fernanda Simoniello, de la cátedra de Toxicología, Farmacología y Bioquímica Legal de la Facultad de Bioquímica de la UNL. También hubo un panel sobre agricultura alternativa.

Nuevas denuncias

“El pueblo clama por una ley que lo proteja de los agroquímicos”. Así titularon su último comunicado las organizaciones nucleadas en el Movimiento de Pueblos Fumigados, quienes llevan adelante –en todo el territorio provincial– la campaña “Paren de fumigarnos”.

“Apenas comenzado el ciclo de fumigaciones para la campaña 2012/13 se registraron, en menos de diez días, tres denuncias penales contra fumigaciones de diversa índole, en algunos casos causando intoxicaciones, sin perjuicio de los efectos a largo plazo que no pueden cuantificarse inmediatamente, de los cuales dan cuenta infinidad de advertencias científicas de todo el mundo, de nuestro país y de nuestra provincia”, agregan en el documento.

Entre otros hechos, enumeran la presencia de un avión realizando fumigaciones –sin autorización municipal– en la zona noreste de Sastre el 26 de septiembre. El 29 de septiembre, vecinos de Totoras denunciaron fumigaciones cercanas a la zona urbana que afectaron en forma aguda a cinco vecinos, una mujer y sus cuatro hijos menores. El 3 de octubre vecinos de Firmat detectaron un vehículo terrestre tipo “mosquito” realizando fumigaciones en cercanías de la zona urbana, lo que produjo la intoxicación de, al menos, seis personas, tres de ellos menores.

“Los hechos denunciados son una muestra de muchos otros que se suceden cotidianamente y que, o bien son admitidos resignadamente por la sufrida población o no son registrados por las fuerzas policiales por no ser de su competencia, tal como alegan en algunas comisarías, lo cual no hace sino reafirmar la urgente necesidad de una ley  que ponga límites razonables a este genocidio en curso, que antes de matar de cáncer, provocará batallas campales tal como hemos venido advirtiendo”.

Amparados en el artículo 41 de la Constitución Nacional –que trata sobre derechos ambientales–, las organizaciones exhortan a los legisladores a “defender el interés general” y a valorar “la escalada de la resistencia del pueblo contra el ataque de una minoría que pretende adueñarse también de sus vidas, poniendo en riesgo irresponsablemente las mismas bases de convivencia social”.

¿Interés general o privado?

La reforma de la ley de agroquímicos había sido votada en 2009 por la Cámara de Diputados pero perdió estado parlamentario porque el Senado nunca la trató. En noviembre de 2011 –a pocos días de dejar su banca– el representante del departamento Rosario, Juan Carlos Zabalza, reingresó el proyecto, aunque hasta el momento la Comisión de Salud y Medio Ambiente no le dio dictamen.

La mora obedece a diferencias al interior de cada uno de los bloques respecto del espíritu de la nueva ley de agroquímicos. Los senadores no pudieron encontrar todavía un punto de acuerdo que sintetice la necesidad de preservar el ambiente y la salud con los requerimientos del sector productivo. Aquellos que son proclives a que todo siga como hasta ahora señalan que los reformistas no pueden probar con rigor científico sus denuncias respecto de los daños que causa el uso de agroquímicos.

En la vereda de enfrente, los ambientalistas aluden a un supuesto interés particular de parte de los senadores para frenar el tratamiento del proyecto. Por ello, entregaron una petición formal en la Cámara alta requiriendo “la lista de senadores y senadoras con participación personal, familiar o societaria en emprendimientos de carácter comercial con fines de lucro relacionados con actividades agropecuarias o que pudieran verse afectadas por la nueva ley regulatoria del uso de agroquímicos”.

El argumento es sencillo: “Los senadores con intereses personales, societarios o familiares se encontrarán en claro conflicto de intereses”, sostienen desde el Movimiento de Pueblos Fumigados de Santa Fe. Justifican el requerimiento en la ley nacional 25.188 y su correlativa provincial (13.230) de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, que establece en su articulado los deberes de todas las personas que se desempeñen en la función pública, entre ellas “velar en todos sus actos por los intereses del Estado orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando el interés público sobre el particular”.

Publicada en Pausa #103, miércoles 10 de octubre de 2012