Las trabajadoras sexuales nucleadas en Ammar piden garantías
para ejercer la prostitución por su cuenta. Varios proyectos sobre trata de
personas presentados en la
Legislatura.
Por Marcela Perticarari
En la Cámara
de Diputados de la provincia hay diferentes proyectos pendientes de tratamiento
para combatir la explotación sexual. Uno
de ellos, de la justicialista Alejandra Vucasovich (bloque Unión PRO-Federal),
pretende “la adopción de medidas destinadas a prevenir, detectar y combatir el
delito de trata de personas; la protección y asistencia a las víctimas de ese
delito respetando sus derechos humanos, sea que su residencia y/o traslado se
verifique dentro del territorio de la provincia de Santa Fe o que del mismo se
detecten maniobras para su traslado fuera de los límites de su territorio, sea
hacia otras provincias o hacia el exterior; el auxilio y apoyo al grupo
familiar de la víctima y la cooperación entre el Estado Federal, los estados
provinciales, los municipios y comunas”. De esta manera, podría obtener media
sanción una normativa que le dará al Estado las herramientas necesarias para
darle pelea frontal a una de las problemáticas que más golpean a los sectores
vulnerables.
A raíz de la inminencia del tratamiento, la Asociación de Mujeres
Meretrices de Argentina (Ammar) se sumó a la mesa de discusión. En este
sentido, representantes Ammar Nacional –una organización con 18 años de
trayectoria– se reunieron con el diputado provincial Jorge Abello. “Ellas mejor
que nadie conocen el sistema perverso que las secuestra y las pone a trabajar.
Es el comercio ilegal de personas con propósitos de explotación sexual, un
delito internacional de lesa humanidad que viola los derechos humanos, atenta
contra la libertad y la dignidad de las víctimas”, afirmó el legislador.
Propuesta alternativa
En declaraciones por C&D a “El tema del día”, Mariana
Contreras, secretaria nacional de Ammar, se refirió al proyecto de ley que
apunta a cerrar y prohibir la apertura de prostíbulos: “Con esas medidas
nuestras compañeras se están quedando sin fuentes de trabajo. Cuando se habla
de la figura de las whiskerías, pedimos que sea como en las décadas de los ’70
y ‘80, antes de la precarización del trabajo en Argentina. En aquel entonces,
nuestras compañeras estaban afiliadas al sindicato de Varieté: vendían copas y
los dueños de los locales no ganaban dinero del pase de ellas. Bajo esa figura,
los cabarets podrían seguir existiendo sin que haya un regenteador que viva y
explote a nuestras compañeras”.
El objetivo de Ammar es lograr una ley que regule el trabajo
sexual autónomo “para que exista un marco legal de garantías y derechos pero
también de obligaciones, como cualquier trabajador”. Según su propuesta, serían
viables las cooperativas donde las trabajadoras manejen su ingreso, sin un
regenteador. “No vamos a entrar en la discusión acerca de si esto nos gusta o
no, si es trabajo o no. Ya que nuestra presidenta habla de igualdad para todos
y todas, nosotras como mujeres autónomas necesitamos una ley que ampare a las
trabajadoras sexuales y que nos permita obtener un marco jubilatorio”, señaló
Contreras.
Claudia Carranza, representante de Ammar de Entre Ríos,
explicó que es la primera vez que un legislador las convoca para “hacer un
trabajo articulado donde se escucha la voz de las trabajadoras sexuales
planteando ejercer en las mejores condiciones posibles, sin explotación y sin
trata. Cuando se hacen allanamientos compulsivos, no se dirigen hacia el dueño
del prostíbulo sino que van a atacar a nuestras compañeras, que terminan
lastimadas y detenidas. Se quiere barrer la mugre bajo la alfombra. Nosotras
perdimos a nuestra compañera Sandra Cabrera, que denunció casos de trata y su
crimen sigue impune. En esta provincia mataron a cinco trabajadoras sexuales
durante 2012. Nosotras caminamos las calles, sabemos de qué estamos hablando,
por eso nos molesta que los legisladores nunca nos tomen en cuenta. Ahora
estamos complacidas con el proyecto de Abello, quien pidió el visto bueno de Ammar”.
Y agregó que “si se cierran todos los cabarets, las mujeres
deberán trabajar en las calles, con los riesgos que ello implica y en muchas
provincias rigen códigos contravencionales que usan para llevarnos detenidas.
Muchas compañeras nunca han trabajado en la calle y no saben defenderse. Con
una ley nosotras estaríamos resguardadas y habría una herramienta para combatir
la trata. Queremos que no queden márgenes legales para que los tratantes
ejerzan la explotación y que estén presos quienes captan y regentean personas”.
Coimas y condiciones indignas
Las referentes de Ammar admitieron que las condiciones para
ejercer la prostitución “son indignas porque siempre hemos tenido que aportar
dinero a la policía, el histórico patrón de las mujeres que trabajan en la
calle y también puertas adentro, porque sabemos que hay un negociado, no
solamente con la policía sino con altos funcionarios: si esos lugares existen
es porque alguien los permite, hacen de cuenta que no están y por eso sigue
existiendo la trata de personas. Es hora de que nos escuchen”, plantearon.
Mientras tanto, desde la organización se llevan adelante
mesas de debate en diversos puntos del país para presentar el borrador de un
proyecto de ley que regula el trabajo sexual autónomo para mayores de edad con
voluntad propia.
Una larga historia
El proyecto de Alejandra Vucasovich fue ingresado a la Legislatura en 2008.
No tuvo tratamiento parlamentario pero la legisladora insistió reingresándolo
en 2011. Allí obtuvo despacho favorable en comisiones y está a consideración de
la Cámara de
Diputados para la media sanción.
La iniciativa sostiene que “el consentimiento dado por la
víctima a cualquier forma de explotación no constituirá causal de exoneración
de la responsabilidad del Estado provincial respecto de la contención, asistencia
y protección de los derechos de ésta”. Además, establece que “las personas
víctimas de trata, en todos los casos, serán protegidas y su seguridad
garantizada, aun cuando pudieran ser responsables de otros hechos cometidos
bajo violencia física y/o moral que inhiba la capacidad de libre
determinación”.
También propone crear dentro del Ministerio de Justicia la Secretaría para la Lucha contra la Trata de Personas y la Protección y Asistencia
de las Víctimas. La función del organismo sería “elaborar, proponer y ejecutar
las políticas públicas destinadas a prevenir, detectar y combatir la trata de
personas, y a adoptar las medidas tendientes a la protección y asistencia de
las víctimas y sus familiares”.
“No es un trabajo”
La diputada Alicia Gutiérrez presentó en julio un proyecto
para prohibir “la instalación y el funcionamiento de los locales comúnmente
llamados whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boites, locales de alterne o
cualquier otra denominación análoga”.
La legisladora del SI, acompañada por la socialista Inés Bertero,
reclamó la “erradicación de establecimientos que facilitan la explotación
sexual y el proxenetismo, dentro de una campaña de lucha contra la trata de
personas y la explotación de la prostitución ajena, que están penadas por la
ley nacional 26.364 y tipificadas por el Código Penal”.
“No consideramos a la prostitución como un trabajo. No hay
elecciones para las mujeres que día a día entregan sus cuerpos a cambio de un
dinero, cuya mayor parte va al explotador, al sostenedor de un sistema que
trafica, explota y comercializa cuerpos de mujeres y niñas. Un sistema basado
en la oferta y la demanda más cruel del capitalismo”, sostiene la legisladora
desde “una perspectiva de género y derechos y humanos”.
“Lo más difícil aún es visibilizar la línea entre la prostitución
y el abuso sexual infantil y la corrupción de menores, ejemplos sobran”, agregó
la diputada Gutiérrez.
Las redes
Otro proyecto pendiente, apoyado algunos diputados del PJ e
impulsado por Jorge Abello, prohíbe en toda la provincia el funcionamiento de
whiskerías y cabarets, una medida tomada en Paraná. El legislador
justicialista, acompañado por su par María Eugenia Bielsa, presidenta del
bloque Encuentro Santafesino, mantuvo reuniones con la intendenta de la vecina
ciudad, Blanca Osuna, “a fin de trabajar sobre el tema intercambiando
experiencias, proyectos y el firme compromiso de avanzar juntos”. Preven también
realizar reuniones de funcionarios y equipos técnicos en Córdoba y Entre Ríos,
para coordinar el trabajo de la Región Centro.
Publicada en Pausa #99, miércoles 8 de agosto de 2012
1 comentario:
Está más que claro.
Las prostitutas denuncian que la falta de reconocimiento legal de su actividad conlleva una mayor vulnerabilidad y precarización en el ejercicio de su trabajo.
Los políticos están en contra de este reconocimiento, por consiguiente impiden una mejora en las condiciones laborales de las meretrices.
La cuestión que hay que plantear públicamente ahora es... ¿por qué a la clase política la conviene este situación de indefensión y falta de derechos de las prostitutas? ¿Qué ganan con ello? ¿En qué les perjudicaría que estas personas fuesen reconocidas como trabajadoras y ciudadanas?
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