Por Ezequiel Nieva
Después de las numerosas denuncias de vecinos y de asociaciones ambientalistas –y tras la intervención de la Defensoría del Pueblo de la provincia–, la Municipalidad decidió clausurar el predio ubicado en Playa Norte que la empresa Mallozzi SA utilizaba como volcadero clandestino de basura “hasta que se ofrezcan garantías de preservación del ambiente”. La medida fue bien recibida entre las organizaciones sociales que trabajan en el barrio, pero de todos modos hay escepticismo. Reclaman “más compromiso” del poder político e información clara sobre el destino final de los terrenos. La resolución de la Secretaría de Control del municipio establece una clausura temporal, lo cual deja abierta la posibilidad de que se retomen por otras vías las tareas iniciadas por los camiones de Mallozzi –que arrojaron desechos sólidos en el humedal para altear esa zona inundable–, un paso necesario para preparar los terrenos para futuros negocios inmobiliarios.
El miércoles 21 de marzo la Municipalidad dispuso la clausura del predio ubicado sobre calle Riobamba, en el barrio Playa Norte, a la vera de la laguna Setúbal. Allí funciona desde hace años y en forma irregular una cava en la cual la firma Mallozzi vuelca basura de todo tipo: residuos sólidos y patológicos, lo que atrae animales –ratas, mosquitos– que ponen en riesgo la salud de los vecinos. El municipio exigió que la empresa revierta la situación. La medida se tomó tras los reiterados reclamos de los vecinos de Playa Norte y Bajo Judiciales. “Esto implica mayor compromiso por parte de las autoridades”, sostuvo Liliana Berraz, presidenta de Manzanas Solidarias, una ONG que trabaja con los vecinos de la zona.
Razones de la clausura
En el expediente municipal hay informes que constatan que la firma Mallozzi realizó tareas de relleno en sectores inundables a la vera de la Setúbal. “Se observan en el lugar la presencia de residuos propios de la construcción, residuos domiciliarios comunes y residuos patológicos tales como jeringas y gran cantidad de pañales geriátricos, que habitualmente son quemados”, dice el expediente de la Secretaría de Control. Señala “la existencia de gran cantidad de malezas, escombros, minibasurales y falta de limpieza en general”. El volcadero “carece de cercado perimetral, permitiendo que personas ingresen a realizar una recuperación informal de los residuos”.
Por esas irregularidades el municipio intimó a la empresa, que se comprometió a realizar los trabajos necesarios para la regularizar la situación: construir un cerco perimetral y limpiar el predio. “Hasta el momento no se ha verificado el cumplimiento de las normas apuntadas”, sigue el informe de la Secretaría de Control.
El predio se encuentra alcanzado por las restricciones establecidas en la ley provincial 11.730 que regula el “uso de bienes situados en áreas inundables”, a la que adhirió la Municipalidad mediante la ordenanza 10.612. La norma prevé “fortalecer el libre escurrimiento de las aguas, pudiendo demoler las obras construidas en violación a las disposiciones de esta ley”.
El 17 de enero se notificó a la empresa que debía suspender el arrojo de escombros, basura y demás materiales en el predio de Playa Norte. En los días siguientes se comprobó que el lugar seguía en las mismas condiciones y se constató el ingreso de camiones contenedores cargados de basura. El expediente incluye además informes técnicos de las secretarías de Ambiente, Control y Planeamiento Urbano del municipio, que dan cuenta del impacto del volcadero sobre el ambiente y la salud pública. Por ello, la Municipalidad ordenó la clausura del predio hasta que haya “garantías de que se realizarán trabajos para el cambio de la situación”.
Leyes a medida
Entre las normas incumplidas aparece la resolución 13.793, aprobada por el Concejo el 4 de marzo de 2011, que dispone que la Municipalidad debía limpiar el predio de Playa Norte donde Mallozzi descargaba residuos sólidos, sin habilitación o control. También el decreto municipal 1.117, firmado en 2008 por el entonces intendente Mario Barletta, que establece un puesto de control en calle Riobamba, a la altura del 8900, con el propósito de evitar el depósito residuos, escombros u otros desechos.
Esa normativa quedó en segundo plano cuando, en 2010, se aprobó el Plan de Ordenamiento Urbano, que prevé para la zona viviendas de dos pisos y habilitación para la construcción de torres. Ya en 2009 hubo encuentros entre el ex intendente, su secretario de Obras Públicas Roberto Porta y miembros de la Cámara Argentina de la Construcción para analizar la “propuesta urbanística de viviendas en relación con la costa”.
En noviembre de 2009, el diario El Litoral anunció el inicio del alteo de los terrenos para construcción de caletas náuticas, un proyecto para el que se prevé endeudamiento internacional y que es complementario del plan de urbanización que promueven constructoras e inmobiliarias. Para ello, antes, se deberá desalojar a las familias que viven en Playa Norte y Bajo Judiciales, algunas desde hace tres décadas. El primer movimiento del municipio fue a fines de 2010, cuando trasladó a 20 de las 250 familias a un predio conocido como Los Quinchitos, donde fueron ubicados en módulos de 17 metros cuadrados con paredes de durlock y sin servicios básicos.
A fines de 2011, la Legislatura allanó el camino. En la última sesión del período ordinario, el 30 de noviembre, el Senado y la Cámara de Diputados convirtieron en ley un proyecto de diputados radicales por el cual se declara de interés general y sujeta a expropiación una fracción de la denominada Estanzuela Echagüe, destinada a “la construcción de un plan de viviendas”: Los Quinchitos.
En el Senado, los voceros de la UCR esgrimieron una nota remitida por el entonces presidente del Concejo –el intendente José Corral– en la que da cuenta del plan oficial, afirma que le dará continuidad y asegura que ya cuenta con financiamiento para avanzar en la construcción –o en la refacción– de las viviendas de Los Quinchitos.
El arquitecto Guillermo Marzioni, coordinador de Infraestructura y Equipamiento Comunitario para el Hábitat –dependiente de la Jefatura de Gabinete de la Nación–, le había remitido una nota al senador Rubén Pirola –presidente de la Comisión de Obras Públicas– en la que sugería dar marcha atrás con el proyecto y avanzar en otro similar pero para que se regularicen a favor de sus habitantes las tierras que actualmente ocupan, no las de la Estanzuela del General Echagüe. El Senado obvió el pedido y convalidó –con el aval del socialismo y del PJ– el proyecto original.
El valor de la participación
En la ONG Manzanas Solidarias la noticia de la clausura fue recibida “con aprobación” pero también “con cierto escepticismo”. Liliana Berraz sostuvo: “Han sido tantas las intervenciones a través de ordenanzas, decretos y resoluciones de parte del Estado municipal, ya sea a través del Ejecutivo o del Concejo, y nadie las hizo cumplir. Hay tantas notas y expedientes generados por vecinos y organizaciones sociales que nunca fueron contestados, que pasaron de dirección en dirección y se perdieron. Hasta la intervención de la Defensoría de Pueblo pasó a engrosar un expediente. Ahora, al hacerse tan público el caso, implica mayor compromiso por parte de las autoridades”.
La presidenta de Manzanas Solidarias valoró la participación y el compromiso de los vecinos de la zona. “Han tomado mucha conciencia sobre los peligros del basural, han investigado por internet, han hecho videos que subieron a sus blogs. Tomaron conciencia de lo que significa la destrucción de este ecosistema. En general todos los vecinos humildes de Playa Norte han vislumbrado que el relleno del humedal implica llevar adelante proyectos inmobiliarios en tierras que en el futuro tendrán alto valor, proyectos en los que ellos estarán excluidos”.
—¿Cuáles son los temas pendientes en Playa Norte y Bajo Judiciales?
—Pasan por el derecho al hábitat, a que puedan tener su lugar en el mundo: un lugar que hace 30 años nadie había descubierto, ahora está bajo los ojos ambiciosos de inmobiliarias, empresas y funcionarios que ven en la tierra sólo una mercancía. Eso los pone en situación de ser relocalizados, bajo la hipocresía de argumentar que es para darles una mejor calidad de vida ya que viven en un reservorio. Sin embargo, ese reservorio aparece en el plan urbano como zona residencial 4: se pueden construir casas con parques y torres. Adiós Costanera; la visual de la laguna, va a ser para unos pocos.
Área protegida
La diputada Silvia De Césaris (PJ), presentó un proyecto para que se elabore un “plan sustentable para la preservación, conservación, mejoramiento y recuperación del humedal de la laguna Setúbal” ubicado en Playa Norte. “Es un importante reducto de diversidad biológica y un reservorio natural de aguas pluviales provenientes del barrio Guadalupe”, argumentó. “La zona está siendo rellenada a la vista de todos. Ni las ordenanzas ni las resoluciones impidieron que se siga con esa situación. Por eso sería importante incorporar el humedal de la laguna Setúbal en el Sistema de Áreas Naturales Protegidas”, reclamó.
Publicada en Pausa #90, miércoles 28 de marzo de 2012
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