Hasta el 5 de julio, salvo que haya prórrogas, se extenderá la etapa de producción de pruebas de la causa penal por la inundación de 2003, que afectó a 130 mil vecinos. Los procesados –y únicos ex funcionarios sobre los que podría caer el liviano peso de la ley– son el ex intendente Marcelo Álvarez, el ex ministro de Obras Públicas Edgardo Berli y el ex director provincial de Hidráulica Ricardo Fratti, imputados de estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas. El juez Gustavo Urdiales, con los fiscales Mariela Jiménez y Jorge Andrés, se están abocando a escuchar testimonios y revisar documental propuestos por los tres imputados y por la parte demandante, los actores civiles Jorge Castro y su esposa Milagros Demiryi.
31 personas comparecerán ante Urdiales. Reutemann, amparado en sus fueros como senador nacional, podrá testimoniar por escrito. También el intendente José Corral y el gobernador Antonio Bonfatti tendrán la posibilidad de redactar sus respuestas. Su participación es requerida por ser los titulares de la provincia y del municipio, ambos estados demandados por el matrimonio Castro debido a los daños sufridos durante la catástrofe.
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Entre 2003 y 2006 transcurrió la etapa de instrucción de la causa, cuando se investigó el hecho y sus supuestos responsables. Los jueces Diego de la Torre y su sucesor Jorge Patrizi, con la asistencia del fiscal Ricardo Favaretto, llamaron a declarar a más de 30 testigos, pero no a Jorge Alberto Obeid o a Juan Carlos Mercier. En 1997, Obeid, como jefe del Ejecutivo provincial, inauguró la inconclusa defensa Oeste, sin tomar en cuenta que a la altura del Hipódromo había un corte por el que, seis años después, ingresaría el Salado. Por su parte, y siempre bajo el ala de Reutemann, Mercier fue ministro de Hacienda entre 1991 y 1995 y de 1999 a 2002. Durante ese primer período y en los dos últimos años del segundo también estuvo a cargo de Obras y Servicios Públicos. Es decir, tuvo en dos oportunidades a su plena disposición recursos y los planos técnicos para proteger con seriedad a la ciudad contra las inundaciones, pero no lo hizo. Pasaron 3.697 días desde el 29 de abril de 2003 para que la Justicia cuestionara a él y a Obeid sobre lo ocurrido. De todas formas, sólo atestiguaron en el marco de la causa que se les sigue a Berli, Fratti y Álvarez. Así como no los llamó hasta ahora, la Justicia santafesina tampoco los imputó.
El 12 de junio, un grupo de inundados y militantes de agrupaciones sociales esperaba la llegada de ambos ex funcionarios, en medio de un operativo policial que superaba con creces lo necesario. Lo que es más: prohibieron a los damnificados transitar por la vereda de San Jerónimo al 1500, impidieron el ingreso de camarógrafos a Tribunales y vallaron las cercanías de la Sala de Audiencias para que los medios no pudieran acercarse. Las últimas dos medidas se mantuvieron para cada testimonial; todo hace pensar que continuarán vigentes. El nerviosismo de la corporación político-judicial ante el caso y sus posibles repercusiones es evidente, y se traslada a los efectivos policiales del edificio, que no reparan en vociferar a través de sus handies la ubicación y características físicas de los periodistas que cubren el evento. En tiempos electorales, el pánico cunde.
Durante dos horas, Mercier hizo una pormenorizada y compleja exposición, que acompañó con documental, con el objetivo de asignar a la Nación la responsabilidad de hacer el tramo III del terraplén Oeste. Concretamente. Explicó que a través del decreto 1.299 del año 2000, Fernando De la Rúa creó el Fondo Fiduciario de Desarrollo de Infraestructura, del cual debía proceder el dinero para reactivar las obras. Pero luego –indicó– sobrevino la crisis de 2001 y la plata nunca llegó. También aseguró que asistió a la inauguración de los trabajos en 1997 en calidad de invitado, pero que en ese entonces desconocía si la defensa estaba bien terminada o no.
Obeid declaró que cuando asumió como gobernador en 1995 los tramos I y II estaban ya en ejecución, conforme a los pliegos diseñados por la primera gestión de Reutemann. Así, su única acción al respecto fue terminar e inaugurar un proyecto aprobado por su antecesor. Dijo que no recordaba haber recibido en 1997 ninguna observación o crítica sobre la terminación del tramo II y que cuando retornó al Ejecutivo, a fines de 2003, se ocupó de poner en marcha el Ente de la Reconstrucción. Por lo demás, su administración derivó a los organismos técnicos pertinentes y a la Justicia toda información que pudiera esclarecer los motivos del ingreso del agua. La Justicia tiene que “decidir cuáles fueron las causas que provocaron la inundación”, agregó, y se justificó en el hecho de que, al momento de la catástrofe, él se encontraba desarrollando actividades políticas en Buenos Aires como diputado nacional. Sólo tenía versiones periodísticas, dijo, pero nunca una información precisa acerca de cómo ingresó del agua. El ex gobernador salió de Tribunales escoltado por un vehículo de la Guardia de Infantería, que resultó embadurnado de huevazos, propinados por los mismos damnificados que el legislador peronista había ninguneado en su declaración minutos antes.
Las audiencias arrancaron el 10 de junio pasado con Jorge Alfonso Bounous, ex subsecretario de Obras Públicas municipal. Y ya declararon también el profesor de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas e investigador del Conicet Carlos Alberto Vionnet, Rafael Pretto, jefe del distrito Santa Fe de Vialidad Nacional y tres peritos que ya aportaron al expediente informes técnicos sobre las causas y efectos de la inundación: Jorge Daniel Bacchiega, Jorge Adolfo Maza, y Alfredo Trento.
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