EL DESAFÍO DE TOMAR LA PALABRA.

El Estado Provincial comienza a aprovechar la Ley de Medios con el proyecto de abrir un canal de aire y dos señales de radio propias

Por Pilar Guala

Diferentes sectores en Santa Fe debaten, desde hace años, la necesidad de crear un sistema de medios públicos provinciales. Desde el 21 de octubre de 2009, con la sanción de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada en el Congreso Nacional luego de debates públicos en todo el país, el proyecto Radio y Televisión Santafesina (RTS) empezó a tomar forma.

La ley 26.522 habilita a los estados provinciales y municipales a tener sus propias emisoras, cosa antes imposible. Transcurrido un año de la aprobación de la ley, la Legislatura santafesina comenzará a debatir la iniciativa que propone la creación de los medios públicos: un modo de legitimar el avance legal realizado respecto del sistema de medios de comunicación. La idea consiste en desarrollar, en primera instancia, un canal de aire, una radio AM y otra FM –equipados con tecnología digital– y luego avanzar en la estructura de repetidoras.

Además, en el marco del plenario del Consejo Interuniversitario Nacional, los rectores de las universidades firmaron un convenio con el Ministerio de Planificación Federal y con el coordinador del Consejo Asesor de la Televisión Digital Argentina para la elaboración de contenidos para la TV digital, herramienta que posibilitará multiplicar por cinco la oferta relacionada a la alta tecnología.

La Universidad Nacional del Litoral será uno de los polos tecnológicos de producción de contenidos audiovisuales. El espíritu de la propuesta, destacado por todos los actores involucrados, es integrar cultural y territorialmente a todas las localidades y sectores de la provincia, porque coinciden en diagnosticar que Santa Fe es una provincia fragmentada y dispar.

El proyecto RTS Sociedad del Estado, presentado por el diputado de Encuentro por la Democracia y la Equidad, Marcelo Brignoni, ingresó hace casi un año a la Cámara baja de la provincia. Ahora, con la ley 26.522 vigente, el legislador busca darle un nuevo impulso al proyecto para ampliar la generación y la circulación de contenidos.

LA PROPUESTA. El proyecto plantea como objetivos de RTS promover y desarrollar el respeto por los derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional y en las declaraciones y convenciones incorporadas a la misma; respetar y promover el pluralismo político, religioso, social, cultural, lingüístico y étnico; garantizar el derecho a la información de todos los habitantes de la provincia y contribuir con la educación formal y no formal de la población, con programas destinados a sus diferentes sectores sociales. También busca promover el desarrollo y la protección de la identidad santafesina; des-tinar espacios a contenidos de programación dedicados al público infantil, así como a sectores de la población no contemplados por el sector comercial; impulsar la producción de contenidos audiovisuales propios y contribuir a la difusión de la producción audiovisual regional, nacional y latinoamericana y garantizar la cobertura de los servicios de comunicación audiovisual en todo el territorio provincial.

La iniciativa contempla, además, que RTS estará conducida por un directorio compuesto por seis directores, uno de los cuales ejercerá la presidencia, y serán designados dos por el Ejecutivo, dos por la Cámara de Senadores de la provincia y los dos restantes por la Cámara de Diputados; en ambos casos, previa sugerencia de la Comisión Bicameral de Seguimiento de RTS. Los mandatos, que no deberán coincidir con los del Ejecutivo provincial ni con los cargos legislativos, serán por cuatro años, pudiendo ser reelectos por un solo período consecutivo.

En su articulo 11, el proyecto de ley establece la creación del Consejo Consultivo de Medios Públicos Santafesinos en la órbita de RTS, que estará integrado por representantes de cada universidad pública con sede en la provincia que tenga facultades o carreras de Ciencias de la Comunicación, Periodismo, Cine o Artes Audiovisuales; de las escuelas provinciales de Cine; de los trabajadores de prensa de cada ciudad de más de 50 mil habitantes; de la Sociedad Argentina de Locutores; del Sindicato Argentino de Trabajadores de la Televisión; del Ministerio de Educación; del Ministerio de Innovación y Cultura y de cada departamento de la provincia. En este último caso, será elegido por los intendentes y presidentes comunales en asamblea especial convocada al efecto.

El Consejo Consultivo tendrá entre sus funciones convocar a audiencias públicas para evaluar la programación, los contenidos y el funcionamiento de RTS Sociedad del Estado. El proyecto también propone crear, en el ámbito de la Defensoría del Pueblo, la figura del defensor provincial del público de RTS: se ocupará de la atención y sustanciación administrativa de los reclamos que surjan sobre contenidos, funcionamiento, pro-puestas o programación.

Respecto de los contenidos, la ley establece que el sistema de medios públicos provinciales reservará al menos un 15% de sus grillas de programación para la producción provincial independiente. A tal efecto se convocará anualmente a concursos públicos para recep-cionar propuestas. Tanto el regla-mento de las convocatorias como la designación de los jurados correspondientes deberán ser avalados por el Consejo Consultivo.

El último artículo se refiere al financiamiento. Allí se destaca que se concretará a través de asignaciones incluidas, todos los años, en la ley de presupuesto. También se contemplan otras fuentes de ingreso: venta de publicidad, comercialización de la producción de contenidos audiovisuales, auspicios o patrocinios, legados y donaciones.

CRECE DESDE EL PIE, COMO LA LEY DE MEDIOS. Convocado por la Coalición por una Radiodifusión Democrática de Santa Fe, el pasado 24 de septiembre se realizó en la ciudad el primer foro participativo para la creación de RTS Sociedad del Estado. Representantes de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual como Gabriel Mariotto y Eduardo Seminara estuvieron acompañando el debate. También participaron Rubén Galassi, secretario de Comunicación Social de la provincia, legisladores, referentes de las universidades y representantes de los trabajadores de medios.

Sobre el foro, Galassi afirmó que se trató del primer paso para que la comunidad aporte ideas que enriquezcan el proyecto y destacó su importancia para que RTS surja de un proceso de consenso. El secretario de Comunicación Social explicó: “Se está trabajando en una primera etapa, que es la estructura jurídica, pero para 2011 estamos previendo inversiones para empezar a equipar el sistema de medios. Es muy importante porque la provincia tenía una actividad nula en materia de producción de contenidos audiovisuales”.

El diputado Brignoni apuntó: “Nos habíamos comprometido, cuando presentamos el proyecto en noviembre del año pasado, a que el formato y las características de su tratamiento, hasta que se pudiera convertir en ley, siguieran los antecedentes de cómo se discutió a nivel nacional la ley de medios”.

El autor del proyecto comentó que para su elaboración consultó a integrantes de la RedCom (Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de la República Argentina), a representantes de la cámara provincial de prestadores del servicio de televisión por cable, al Consejo Interuniversitario Nacional, a la Coalición por una Radiodifusión Democrática de Santa Fe, a las radios públicas de la provincia, a funcionarios de RTA (Radio y Televisión Argentina) y del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual y a los representantes de Santa Fe en ese consejo, como el propio Galassi.

Respecto de la participación ciudadana en la elaboración y el acompañamiento del proyecto, Brignoni agregó: “Queremos poner en debate el texto que presentamos, entendiendo que debe ser modificado y enriquecido con las propuestas de todos los sectores involucrados. Entendemos que el sistema de medios públicos de la provincia tiene que ser un sistema que goce de absoluto consenso y que no esté supeditado al humor del gobierno de turno, obviamente armado en el marco de una ley para que sea una obligación para todos los gobiernos de aquí en adelante”.

Eduardo Seminara, director de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y vice-rector de la Universidad Nacional de Rosario, señaló que la propuesta de conformar un sistema provincial de medios públicos no significa que esos medios vayan a definir la política de quien gobierne sino que van a defender los intereses de todos los santafesinos.

A la espera del tratamiento legislativo del proyecto, el próximo foro se hará en Rosario.

Publicado en Pausa #64, todavía a la venta en los kioscos

A OCUPAR LOS ESPACIOS. Los documentalistas santafesinos se unen para hacer realidad la Ley de Medios por sus propias manos

Por Marina Ramayo

Hay cosas que se planifican, se desean y salen a luz en los momentos justos. Luego de la aprobación de la Ley Nº 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (y a pesar de las demoras por las medidas cautelares y recursos de amparo), la reglamentación avanza paso a paso. Entretanto la implementación del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre abre un camino muy grande en lo que al acceso y contenidos implica. Por ello es posible detectar acciones que promueven la producción de contenidos audiovisuales, como el Plan Operativo de Promoción y Fomento de Contenidos Audiovisuales y Digitales. El panorama ofrece un camino de democratización de las voces y discursos en circulación. Para que esa senda se transite hace falta que los actores se sitúen en el escenario y, ya se sabe, sólo la organización lo hace posible.

En nuestra ciudad, el sábado 10 de julio último se celebró la primera reunión que conformaría la Asociación de Documentalistas de Santa Fe. Como lo dicen en santafedoc.blogspot.com, movilizaron ese espacio un grupo de personas con “intereses e inquietudes comunes en relación a la producción, capacitación, distribución y archivo”.

En ese primer encuentro de presentación se apuntaron distintas propuestas, como la de difundir la convocatoria y resoluciones de los encuentros mediante la creación del blog. Además, ya desde entonces se irían trazando para sí una política comunicacional apuntando a fortalecer y desarrollar tanto la comunicación entre los integrantes de la incipiente organización como con el “afuera”. Otro propósito importante fue el de elaborar un registro de los documentales realizados en Santa Fe, primeramente rastreando el material producido desde el año 2000 en adelante.

Los diez iniciadores del espacio pertenecen a Matecosido Producciones, Cien Volando Films, MKO Cine y el Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales. Asistieron a ese encuentro Manuel Allende, Marcelo Allende, José Cettour, Mariano Chaves, Pablo Cruz, Daniel Hechim, Mauricio Minotti, Paula Rodriguez, Mariana Rabaini y Pablo Testoni.

En estos tres primeros meses de existencia han logrado afianzar el equipo de trabajo y delinear algunos ejes y estrategias para su labor. Desde Pausa quisimos estar presentes y ver cómo se gesta y organiza un espacio de participación como este. Por ese motivo, el sábado a media mañana en la sede de Matecosido Producciones (Bv. Pellegrini 3255) dimos el “presente” junto a los integrantes de la Asociación de Documentalistas de Santa Fe. Desde un principio la reunión no difería de otras a las que uno pueda haber asistido –incluso por el sol primaveral que entraba por la ventana y que tentaba a disfrutarlo con unos mates al aire libre–. Alrededor de la mesa, saludos, mates y bizcochos mediante fueron cerrando las conversaciones y se dispusieron todos a compartir la información reciente y concretar el temario del encuentro.

Las novedades en este caso venían de lo agendado en la reunión que se celebró el miércoles 29 de septiembre en el Rectorado de la UNL, en el marco del 64º Plenario de Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Dicha reunión sirvió para firmar un convenio que vincula al CIN con el Ministerio de Planificación Federal de la Nación y viabilizar el Subprograma de Polos Tecnológicos de Promoción de Contenidos para la TV Digital.

De esta manera, el país queda subdividido en nueve polos y, dentro de cada uno de ellos, las universidades públicas pasan a ocupar un rol preponderante en lo que a producción audiovisual respecta y en las regiones que le competen, instituyéndose como nodos de producción. Pero no sólo las universidades podrán erigirse como nodos de producción, sino que también las organizaciones e instituciones podrán hacerlo. Por eso es importante la participación en este período de organización.

De esta manera, la Asociación tiene un importante desafío por delante: sostenerse e imponerse como realizadores y productores locales, participando en la producción de contenidos y colaborando en el control del cumplimiento de los propósitos de democratización y federalización de la televisión.

Para poder cumplimentar estos propósitos están trabajando para conformarse formalmente como Asociación Civil a la vez que, por solicitud explícita de otro tipo de productores audiovisuales, están abordando la idea de ampliar su definición y convocar ya no sólo a documentalistas. Mariana Rabaini nos comenta “El documental en Santa Fe tiene mucha historia por la escuela de Birri. La idea es abrir a la noción de realizadores audiovisuales para incluir otros géneros, no sólo el documental”.

Uno de los propósitos específicos de esta última reunión tenía que ver con firmar el acta que constituya definitivamente la Asociación, de alguna manera era colocarle la cereza al postre. Como apuntó Pablo Testoni: “Pretendemos hoy coronar este esfuerzo que venimos haciendo con la constitución de una Asociación Civil que nos represente y nos permita presentarnos hacia afuera. Hemos tenido una importante cantidad de reuniones, debates, acciones, presentaciones. Hicimos una clínica de desarrollo de proyectos, trajimos un realizador de Buenos Aires que nos dio una mano muy grande y nos sirvió mucho en la capacitación y a la hora de compartir proyectos. Fue una línea de inicio esto de ser un espacio de formación”.

Para una mejor labor se han conformado comisiones internas: de Distribución y Difusión (que tiene que ver con los circuitos de distribución, de presentaciones, muestras y la conformación de la base de datos de los documentales producidos en Santa Fe), de Formación (promoviendo la capacitación, presentación de cursos, divulgación de contenidos teóricos y material didáctico) de Comunicación y Red (cuyo espectro incluye el mantenimiento del blog, la comunicación interna y la comunicación hacia afuera con medios y publicaciones) de Fomento y Normativa (que tiene que ver con el nuevo panorama de la TV Digital), de Recursos y Organización Institucional (pensada para posibilitar el funcionamiento interno).

De esta manera lo que empezó como una reunión es ahora una Asociación, no sólo un proyecto sino también un objetivo en pleno desarrollo.

Publicado en Pausa #64, ahora a la venta en los kioscos.

¿Cómo hacer la Ley de Medios? (Salió Pausa #64)

La nueva Ley de Medios no existe si no sirve para hacer realidad viejos proyectos...

La nueva Ley de Medios no hubiera existido sin el debate y la participación de los que hacemos los medios...

Con el debate que suscitó la nueva Ley de Medios, muchas cosas de las empresas comunicacionales comenzaron a salir a la luz...

La nueva Ley de Medios se implementa construyendo y ocupando los nuevos espacios.

En el nuevo Pausa #64

PONÉ CANAL SANTA FE
Se viene la TV y la radio de la provincia. El proyecto, las perspectivas, los debates.

A OCUPAR LOS ESPACIOS
Los documentalistas y realizadores audiovisuales de Santa Fe se organizan para producir contenidos para las señales por venir.

Además
¿QUÉ PASÓ EN ECUADOR? Una nota repasando los sucesos del jueves 30 de setiembre y su ubicación en la actualidad sudamericana.

Y el deporte, el humor, la agenda cultural, el cine y mucho más...

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Por el fin de la apología

Proponen que el Estado no paute más en los medios que ofrecen servicios sexuales y que sirven de pantalla para la capta de personas

Por Ezequiel Nieva

Dos proyectos de ley que ingresaron en la Legislatura, un proyecto de resolución en el Concejo Municipal y un encendido artículo del jefe de Gabinete Aníbal Fernández marcan un viraje en la posición del Estado –en todos sus niveles– respecto de la libertad con la que los medios publicitan los “servicios personales” –un eufemismo que debe leerse como prostitución– y los falsos clasificados de empleo mediante los cuales las redes de trata de personas captan mujeres.

En medio de un debate creciente por la responsabilidad social de las empresas periodísticas, el Estado aparece ahora más decidido a intervenir para frenar una práctica muy arraigada: la publicidad de actividades que están penadas por ley y que, además, atentan contra la dignidad y la libertad de hombres, mujeres, jóvenes, niñas y niños.

NO MÁS PAUTA. La diputada Alicia Gutiérrez, acompañada por Lucrecia Aranda, Mónica Peralta y Oscar Urruty, presentó un proyecto por el que busca establecer un nuevo criterio para el reparto de la pauta oficial; de sancionarse, el Estado ya no podrá contratar espacios en los medios que publiciten “mensajes e imágenes que promuevan la explotación sexual o fomenten el consumo de prostitución”.

De ese modo –siendo que la pauta oficial siempre es más jugosa que los avisos de “servicios personales” y los clasificados en los que se solicitan “chicas para whiskerías”– Gutiérrez y sus pares pretenden ponerle coto a la expansión del negocio de la prostitución y la trata de personas, que se vale de la publicación de avisos “con evidentes fines de reclutar a menores o personas socialmente vulnerables”, según argumentó la autora del proyecto.

Estadísticas recientes señalan que en América Latina el 61% de las mujeres captadas por redes de trata son menores de edad. En la provincia, sólo durante 2008, se recibieron 1.189 denuncias por menores desaparecidas. A ese trasfondo, la autora del proyecto le sumó un concepto del Foro de Periodismo Argentino, entidad que observó como contradictoria la conducta de los medios de comunicación que, en su definición editorial y en su construcción noticiosa colaboran con la denuncia de estas formas modernas de esclavitud pero, al mismo tiempo, favorecen desde sus páginas de publicidad la expansión del negocio de la prostitución y la trata. “Un dato adicional es la creciente naturalización de estos avisos entre las ofertas comerciales de automotores, viviendas, electro-domésticos y búsqueda de personal, como si fueran parte de una oferta lícita”, señaló Gutiérrez.

Algunos medios en forma unilateral decidieron eliminar ese tipo de publicidad de sus páginas: La Arena de La Pampa, La Mañana de Neuquén y La República de Corrientes. Pero, acuciados por urgencias económicas o en su afán de mejorar la recaudación, la mayoría de los medios impresos sigue ofreciendo generosos espacios para los “servicios personales”. “Esta simbiosis entre medios y proxenetismo interpela a la ética de los dueños de los medios, pero también a los poderes públicos que se sirven de esos mismos medios para su publicidad institucional”, explicó Gutiérrez. “Es fundamental entender que en el tema trata de personas, donde se ponen en juego los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes y mujeres, los medios de comunicación y las políticas públicas desempeñan uno de los roles más importantes en la prevención y sensibilización contra este flagelo”, agregó.

LA PUBLICIDAD DE UN DELITO ES DELITO. Los diputados Antonio Riestra y Santiago Marcheroni –acompañados por el presidente del cuerpo, Eduardo Di Pollina– presentaron un proyecto similar al de Gutiérrez pero más amplio en sus alcances. Además de prohibir la publicidad oficial en medios que publiciten o difundan avisos en los que se promueva la explotación sexual, el proxenetismo o el reclutamiento de personas para la prostitución, también persigue introducir una modificación en el Código de Faltas de la provincia.

De sancionarse la iniciativa, se incorporará en el artículo 80 del Capítulo III –que versa sobre los delitos contra la fe pública– un nuevo inciso: “El que difunda avisos de publicidad por medios gráficos, radiales, audiovisuales o de internet, que de manera directa o indirecta promuevan la explotación sexual de hombres o mujeres, el proxenetismo y/o el reclutamiento y mantenimiento de personas para la prostitución, será reprimido con multa de hasta 10 jus por cada día de publicación”. En nuestra ciudad, la unidad jus –que se actualiza en forma periódica– fue fijada a mediados de año en 150 pesos.

Con el proyecto de ley, explicaron, buscan que el Estado intervenga en forma directa en el problema de la trata. Por un lado, castigando a quienes promueven un delito: medios que publicitan servicios sexuales o que ofrecen dudosos trabajos para mujeres que, en la gran mayoría de los casos, son en localidades alejadas del lugar de publicación, lo que genera una deuda inicial de la supuesta beneficiada con el empleo a favor de su empleador. Por el otro, dirigiendo la pauta oficial sólo a los medios que no promueven delitos.

Riestra calculó que cada fin de semana, en los principales diarios de la provincia, se publican alrededor de 500 anuncios de explotación sexual. “La proliferación de este tipo de anuncios ha generado la preocupación de organizaciones, especialistas y funcionarios que trabajan sobre la problemática de la trata de personas con fines de explotación sexual”, señaló el diputado, a la vez que hizo un fuerte llamado a la Justicia a “actuar de oficio” cada vez que se observen elementos que permitan concluir que detrás de la publicación de un aviso clasificado se encubre un delito: la captación para la trata.

EN LA CIUDAD. Desde el Concejo Municipal propusieron regular los clasificados como forma de combatir la trata. Carlos Suarez y Jorge Henn presentaron un proyecto de resolución por el cual solicitan convocar a representantes de los medios masivos, especialmente gráficos, para regular la publicación de los ofrecimientos laborales remunerados destinados a mujeres para desempeñarse como bailarinas o acompañantes en whiskerías o cabarets, “claros señuelos de la capta de personas para la trata”.

Se prevé que el municipio suscriba convenios de colaboración con los medios tendientes a regular la publicación o publicidad de ofertas laborales, requiriendo datos que permitan una identificación del oferente. Los concejales quieren que se estudie además la prohibición de los avisos clasificados con ofertas laborales, publicados en la ciudad, pero destinados a cubrir la demanda de otras localidades.

Publicado en Pausa #63

Ya salió Pausa #63

En los kioscos de Santa Fe (o en tu casa, si ya te suscribiste) está Pausa #63 esperando que la leas

Entre otros temas, en este número, varias bombas:

En la tapa, una cobertura sobre el debate político local, provincial y nacional para que los medios dejen de publicitar la trata
Y Adentro: UN ESPECIAL DE 4 PÁGINAS CON TODA LA PROGRAMACIÓN (y recomendaciones) PARA RECORRER DE PUNTA A PUNTA LA NOVENA BIENAL DE ARTE JOVEN

Y mucho más, en 16 páginas a sólo $3

Bienvenidos a la era de la fumigación

El gobierno admitió que ya no quedan más tierras cultivables y que se avanzará hacia un modelo de “mayor uso del recurso suelo”.

En la provincia, la superficie cultivable llegó al límite, según reconoció en la semana el ministro de la Producción Juan José Bertero. El debate por el modelo agropecuario se acentúa a medida que se acerca el tratamiento, en la Legislatura, de la nueva ley que regulará el uso de productos químicos. Bertero ya marcó la cancha: dijo que es necesario “aumentar el uso del suelo y la productividad” ya que no hay más tierras disponibles. En paralelo, siguen las opiniones sobre cómo debe concebirse la norma que regulará el uso de agroquímicos en la provincia. El proyecto que votó la Cámara de Diputados establece un límite de 500 metros, desde la línea agronómica, para las fumigaciones terrestres y de 1.000 metros para las aéreas. El cambio generó rechazo en las entidades de productores: dicen, afectará sus ganancias. Tampoco conforma a los ambientalistas, que lo consideran permisivo respecto del fallo de San Jorge, que fija 800 y 1.500 metros respectivamente. El Senado aún no trató el proyecto, pero sus integrantes ya conversaron con profesionales y productores y prometieron estudiar cambios para suavizar –a favor de los rindes y a costa del ambiente– los efectos de la nueva ley.

EL PROYECTO Y EL CASO SAN JORGE. Bertero le puso reparos al proyecto para modificar la actual ley de agroquímicos al señalar que no se debería legislar sobre un producto puntual sino sobre la práctica en general: “Hoy hablamos de glifosato y mañana quizás hablemos de otra cosa, como ayer hablábamos de otros productos. A mí me parece que no hay que trabajar con un producto y que hay que escuchar las opiniones de quienes habilitan este proceso, como el caso de Senasa, que es la autoridad de aplicación”.

El ministro apelará a los trabajos de ese organismo nacional para cumplir con una de las disposiciones del fallo de la Justicia de San Jorge, que pidió al gobierno y a la UNL estudios nuevos sobre la toxicidad del glifosato. “El plazo no terminó; Fiscalía de Estado está trabajando en el tema para ver cuál es la respuesta final”. Bertero se quejó: “Primero, se nos convoca a nosotros y no se le da participación a Senasa. Y segundo, hay estudios realizados por universidades, encargados por la Nación, que no se han mencionado. Nosotros creemos que hay que tenerlos en cuenta”.

Según el funcionario, las conclusiones de esos estudios “no son tan categóricas sobre los efectos negativos” de los agroquímicos. Bertero volvió a pedir responsabilidad a las comunas y ciudades del interior que aún no definieron su línea agronómica –el final del ejido urbano–, elemento clave para aplicar la norma que, finalmente, termine sancionando la Legislatura. “Partimos de la base de que son productos tóxicos”, siguió el ministro.

“La aplicación tiene que ir de la mano de una receta extendida por un profesional y el aplicador tiene que estar habilitado, pero en muchos casos estas cosas no ocurren. Lo mismo con los envases. Si no hay una toma de conciencia de que un envase tiene un producto tóxico y que hay llevarlo al lugar determinado donde se le pueda dar un destino final, vamos a tener problemas porque se dejan los envases depositados en cualquier parte”.

MÁS SUPERFICIE, MÁS SOJA. En una jornada convocada por profesionales agrónomos para estudiar el proceso de la soja, Bertero advirtió: “En los últimos 30 años la superficie dedicada a la agricultura en la provincia aumentó un 30 por ciento, llevándonos al límite de la superficie apta para cultivo en función de la tecnología y los procesos que hoy tenemos. En el mismo período, la superficie destinada a soja aumentó un 320 por ciento. Por lo tanto, ante el escenario de oportunidades que nos da un mundo que demanda alimentos, estar a la altura de ese proceso será posible si trabajamos sobre tres variables: aumentar la superficie, intensificar el uso del recurso e incrementar la productividad. De esas tres, una –la superficie– está al límite. Entonces, si queremos aprovechar el contexto, debemos trabajar en aumentar el uso de ese recurso para incrementar la productividad”.

El ministro de la Producción recordó que la reforma de la Constitución Nacional, en 1994, “puso en mano de los gobiernos provinciales el cuidado de los recursos. En consecuencia, el recurso suelo es un bien público que todo debemos cuidar. A tal fin, el gobierno trabaja junto a varias instituciones en cuatro líneas: ordenamiento territorial o zonificación agroecológica, sustentabilidad de los nuevos procesos, contención social con inclusión social y empleo rural, y rentabilidad de las actividades agropecuarias. Esa red debe ser el primer engranaje de transmisión de las políticas agropecuarias: qué vamos a hacer con el suelo y con las aplicaciones que haremos sobre ese suelo. En ese marco, los profesionales son nuestra vía de transmisión de conciencia social”, les dijo Bertero a los agrónomos.

RECHAZO I. “El gobernador (Hermes) Binner y el Senado tienen la palabra”, señaló la Junta Promotora provincial de Proyecto Sur. En un comunicado firmado por Hugo Kofman (Santa Fe) y Silvia Bianchi (Rosario), pusieron en duda que el gobierno quiera resolver la nueva ley de fitosanitarios desde una perspectiva ambiental. Y atacaron la posición de la Sociedad Rural, entidad que al igual que la Federación Agraria criticó los cambios que introdujo la Cámara de Diputados a la norma vigente.

“La media sanción de la modificación de la ley de fitosanitarios establece una distancia mínima de 500 metros de las poblaciones para la fumigación terrestre con glifosato. Escasa protección y menor a la de 800 metros que estableció un fallo judicial en San Jorge y ratificó la Cámara de Apelaciones. A pesar de ello, la Sociedad Rural de nuestra provincia ha iniciado una fuerte campaña para que el Senado ni siquiera apruebe esta distancia y pretende reducirla a 200 metros”.

Los dirigentes de Proyecto Sur recordaron que las fumigaciones en la localidad de San Jorge tuvieron “efectos nocivos” para sus habitantes. “Pero no lo vemos al gobernador Binner acercarse a esa población para interiorizarse de la situación y buscar soluciones. Nos parece una falta de consideración que se niegue a recibir a las organizaciones ambientalistas, lo cual contrasta con su presencia en la Jornada de Soja para Profesionales”. Según Kofman y Bianchi, el gobernador “sostiene una posición afín a la de la Sociedad Rural”.

RECHAZO II. En el seno de la Federación Agraria tampoco gustó el proyecto votado en la Cámara de Diputados. Por eso los referentes de la entidad fueron al Senado y se reunieron con Griselda Tessio y con representantes de los dos bloques. Antes, los profesionales habían expresado sus objeciones ante los mismos interlocutores.

Los dirigentes de Federación Agraria manifestaron su desacuerdo con algunos puntos del proyecto y sostuvieron que su intención es que se logre una ley consensuada que priorice la salud de la población y no perjudique la producción. Pretenden, según anunciaron en la reunión, “llegar a una ley superadora que se base en controles efectivos, educación y manipulación responsable de los agroquímicos”.

Desde la entidad aseguraron que, de aprobarse el proyecto tal como lo votaron los diputados, se perderían muchas tierras productivas. El senador Juan Carlos Mercier puso como ejemplo la localidad de Avellaneda, del departamento General Obligado: afirmó que con la nueva ley se verían afectadas el 40% de sus tierras, volviéndose improductivas. Federación Agraria propuso que la ordenanza vigente en la localidad de Godoy (departamento Constitución) sea tomada como base para la redacción de la norma definitiva para el uso de agroquímicos en la provincia.

En el distrito Godoy, la ordenanza que rige desde 2003 y que fue modificada en 2008, se elaboró tomando como base a la ley 11.273 de fitosanitarios, que es justamente la que se pretende actualizar. Godoy y los pueblos cercanos (Oratorio Morante, Campo La Victoria) dependen de la producción de granos. Allí, por consenso comunitario, no se aplican productos de las denominadas bandan amarilla y roja –los más perjudiciales para la salud y el ambiente–, como endosulfán, 2,4 D, paracuat, metamidofos, clorpirifos y adherentes a base de nonilfenoles. Glifosato se puede usar, pero respetando la distancia mínima respecto de la línea agronómica.

INGENIEROS VS. AMBIENTALISTAS. Gerardo Severín, presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia, opinó: “El proyecto que se aprobó en Diputados es muy distinto al que sugerimos nosotros. El nuestro es muy superador al que se aprobó. En la norma que recibió media sanción se fijan pautas que no son convenientes ni para la producción, ni para la sociedad”. El dirigente atacó a los ecologistas que vienen reclamando cambios a la ley vigente: “Muchos ambientalistas se equivocan porque tienen un profundo desconocimiento”.

“Nosotros tenemos nuestra visión técnica del problema. La legislatura puede determinar la cantidad de metros que le parezca para fumigar, pero si el producto se aplica mal, podemos perjudicar a la población. El tema no pasa exclusivamente por los metros que se establezcan como pulmón, sino por la aplicación. En el caso de las pulverizaciones periurbanas, las condiciones deberían garantizarse con un ingeniero agrónomo. Esta es la única manera de asegurar que el producto no llegue a la población”, añadió Severín.

El referente de los profesionales definió: “Nosotros defendemos el medio ambiente. Creemos que todos los sectores tenemos que juntarnos para luchar por un ambiente armónico que asegure la producción que necesitamos para darle de comer a la gente. Hay ambientalistas que se equivocan; tienen un profundo desconocimiento del tema”.

En la semana, Binner y Bertero compartieron tres actividades con productores y agrónomos: toda una señal sobre lo que se viene.

Publicado en Pausa #62

¿Donde está la posta? II

Ayer comenzó el tratamiento en comisión del proyecto de ley para regular un precio igualitario en el papel de diario, sobre el cual hemos escrito en el #62 de Pausa una carta abierta dirigida a los legisladores por Santa Fe.

Tal tratamiento en comisión fue calificado como fuera de reglamento por los diferentes bloques de la oposición y, por ello, no asistieron al evento. Se trató de una audiencia pública, la primera de un total de cinco, que estuvo protagonizada por las exposiciones de diversos referentes el espacio mediático local y de, como cuestión a destacar, dueños de empresas gráficas periodísticas de todo el país y de diferente escala y tiraje.

Desde la tapa misma Crónica explicita su posición

Los diarios Clarín, Tiempo Argentino, Página/12, Ámbito financiero y Crónica cubrieron la audiencia con diversos enfoques. Tiempo Argentino destaca un futuro acercamiento del socialismo a las audiencias, Página/12 recupera varios tramos de las exposiciones y reseña quiénes fueron los expositores y Crónica se focaliza –incluso en la tapa– en los diputados que no asistieron a la audiencia. Ámbito publicó en su versión on-line de ayer una nota centrada en la exposición de su representante, Gustavo Isaack, mientras que hoy publicó una nota en la página 12 de su versión impresa (on-line requiere suscripción). Clarín cubrió la noticia con el título número 22 (de un total de 26) de la sección "El país" de su edición impresa. Por su parte, en La Nación no hemos encontrado una cobertura, aunque sí una nota así intitulada: "El objetivo final es silenciar la información", dijo Magnetto a The Financial Times

Los invitamos a leer nuestra carta abierta, los textos linkeados y, como siempre, a aportar en los comentarios toda la información y los links que se relacionen con esta cuestión.

(che: las letritas turquesa son links, avisamos por las dudas)