Esta carta fue publicada en la edición en papel de Pausa, la #62 que salió a la calle el viernes pasado. Si acuerda con su contenido, difúndala.
A los diputados y diputadas por la provincia de Santa Fe en el Congreso de la Nación: los radicales y socialistas en el Frente Cívico y Social, a la diputada por Solidaridad e Igualdad, al demoprogresista y al del GEN, a quienes pertenecen al Frente para la Victoria. Al senador Rubén Giustiniani y a la senadora Roxana Latorre:
Esto es palabra impresa en papel de diario.
Ustedes, muy pronto, van a discutir y legislar sobre la posibilidad cierta de que existan más voces en este soporte.
Apelamos sólo a ustedes, y no a todos los representantes de nuestra provincia para la Nación.
Omitimos a quienes ya explícitamente pertenecen a espacios partidarios que se han pronunciado en contra de esa posibilidad. Se aproxima un proceso legislativo que va a exigir un control político institucional intenso y público. De su producto se espera, también, el mismo resultado.
Control institucional público: así un Estado republicano democrático es transparente. Esa transparencia permite que las cosas se discutan pluralmente y se negocien. Se acuerden, o no se acuerden: siempre se puede empezar otra vez. Y cambiar colectivamente, dentro de las reglas establecidas, en períodos razonables, cortos y sólidamente previsibles.
Esa forma es superior respecto de la forma privada existente para la producción y venta de papel de diario en la actual situación. Una situación que, además, estructuralmente está detenida en el momento mismo de su fundación.
La forma privada en la que el papel de diario se produce y distribuye fue diseñada durante la última dictadura. No discurriremos en este punto sobre en qué condiciones y con qué métodos se materializó ese diseño. Señalaremos, sí, que esa forma privada tuvo un sólo y único objetivo: el control de la opinión pública. (Las razones coyunturales son obvias: no es necesario hacer una recorrida por el archivo de Clarín y de La Nación durante la dictadura. Compartían entonces las posiciones tanto como ahora: en sus contenidos, soportes, empresas y hasta periodistas). Estas dos firmas crean, modelan, acompañan y actualizan la opinión pública.
La opinión pública implica el modo, los canales y los soportes en que todos los que pisamos este suelo nos conectamos y nos identificamos con una nube de ideas, de información, de emociones en algún sentido comunes. Está llena de palabras, de lenguaje, de intercambio. Y todos aquellos que estamos lanzados a la opinión pública no podemos evitar su triple mandato simultáneo de posibilidades. Ocupar la mayor cantidad de espacio en esa nube: producir sentido común. Cuestionarlo, que es también un modo de estar ahí. Ampliarlo, hacerlo crecer y darle matices: capturar gestos, tendencias, elementos sociales extendidos y situarlos en la palabra masiva. Cada una de esas posibilidades actúan relacionadas y así el sentido común se complejiza, se diversifica. Y la palabra masivamente publicada pasa a estar situada en las palabras de otros, que frente a frente, por celular, o investidos en un avatar de la esfera 2.0, conversan entre sí sobre lo que leen, oyen, miran, scanean en la web.
Lo que diferencia a Clarín y La Nación es que durante la dictadura no sólo fueron parte vinculada al gobierno de facto como socios empresariales o voceros. (Como cómplices en la tortura o el secuestro y apropiación de hijos de desaparecidos es una calificación sobre la que la Justicia debe todavía dirimir). El punto es cómo de esa asociación nació un modelo empresarial específicamente destinado a anular la diversidad. Eso significa ocupar espacio en la opinión pública con una estrategia basada en ser la única productora de papel en la zona territorial fiscal y cambiaria con capacidad y escala para fijar precios de privilegio.
Clarín y La Nación operan con muchísimos menos riesgos que otras voces que integran el espacio público en su mismo soporte. Muchísimos menos riesgos es muchísimos menos millones de dólares.
Casi no hay gran empresa periodística externa a Papel Prensa que no lo haya dicho. En los 80 lo decía Julio Ramos en Ámbito Financiero, en los 90 y hace pocos años Jorge Lanata lo indicó en Página/12 y en Crítica. Jorge Fontevecchia lo ha dicho en su último formato de Perfil. Lo dijo estos días el Grupo Uno –que, en paralelo, batalla contra la ley de Medios– a través de su diario insignia en la provincia, La Capital de Rosario, y luego en su edición local. Crónica, el más popular antes de que Clarín y La Nación iniciaran su política de precios asimétricos, también lo ha señalado. Son todos impresores de palabras en papel de diario. Y está también en la documentación de la empresa.
Clarín y La Nación toman decisiones en conjunto respecto de la producción y venta del papel para todos los diarios, regulando cuánto se produce y qué parte de esa producción está destinada a la competencia. Dejan a los terceros sin papel así sea operando por debajo de la capacidad instalada. Compran cerca del 70% de lo que producen. Pagan por su propia producción casi 500 dólares, venden su remanente a 600. Los terceros han de rogar por entrar allí: los que no pueden (más del triple de consumo de papel que los que sí) tienen que conformarse con papel importado a precios que van de los 700 a 800 dólares.
No puede ser que no sea de interés público que la opinión pública esté condicionada por esta política de precios. Garantizar las posibilidades libres de acceso a la opinión pública es parte de la constitución misma del hecho legislativo democrático. ¿Cómo el legislador puede permitir que se produzca ese tipo de gestión de la palabra impresa escrita? Si la discrecionalidad en la entrega de pauta oficial –cuestión no legislada en la Nación, tampoco en las provincias ni en los municipios– es tema de debate, ¿cómo se puede permitir que la censura esté en los precios mismos que permiten acceder al soporte propio de la palabra impresa?
El sistema privado de decisiones instaurado por la asociación entre Clarín, La Nación y la dictadura no sólo no garantiza las posibilidades de acceso a la opinión pública, sino todo lo contrario: las poda o las bloquea. Y en la palabra impresa está base de la agenda diaria mediática, el punto desde donde se irradia al resto del sistema periodístico, el punto en que se cristaliza aquello que por ese sistema circula.
No se refiere a otra cosa el proyecto de ley ingresado a la Cámara de Diputados.
Se trata de la conformación de una comisión de 16 legisladores, proporcionales a los bloques, para la consideración de un marco regulatorio para la producción y venta de papel. Un marco cuyos objetivos contemplan el abastecimiento a precio igualitario para todos los medios que lo requieran. Equidad comercial y sustitución de importaciones. Ese marco regulatorio, tras pasar por esa comisión, se discutirá en el Congreso.
Legisladoras y legisladoras: sabemos que han sabido negociar, mejorar, desarrollar leyes recientes sustantivas para la democracia y la igualdad de derechos. Que tal acción se ha realizado manteniendo en firme las diferencias partidarias y de ubicación respecto del Poder Ejecutivo. Ha estado allí el voto transversal por el matrimonio igualitario, pero también la estatización de las AFJP. Ha estado allí la necesaria ley de Medios. Esperamos de la oposición que no adopte intransigencias inconducentes, tanto como que el oficialismo no se cierre en posturas rígidas y estólidas.
Un marco regulatorio para la producción de papel a precios igualitarios abre a la libertad de expresión, no la cercena. Tan necesario y simple como eso. Es la tarea del legislador en relación al derecho: producir justicia en términos de equidad y libertad. Pero también apelamos a ustedes en tanto hombres y mujeres de la política institucional que apoyan procesos de producción de justicia en términos de reparación y verdad.
Disolver la política de censura por precios impuesta por Papel Prensa es una temática para el legislador. Pero, mientras tanto, el juez se enfrentará a la producción de un fallo relativo a delitos contra la humanidad. Habrá documentos, testimonios y un proceso que será narrado por una de las partes implicadas: justamente, la acusada.
La estrategia de ese relato es abierta: manosear el pasado hasta volverlo un reality familiar de la tortura; inventar una versión sobre la institucionalidad de los tiempos de la dictadura que es, como poco, una fantasía procaz de la legalidad; desacreditar sin pudor al movimiento de derechos humanos.
Ese fallo por venir referirá a delitos contra la humanidad. El movimiento de derechos humanos lideró este reclamo a la justicia desde finales de los 70, cuando los únicos acompañantes eran abogados con destino de centro clandestino de detención. Esos delitos siempre fueron denunciados dentro de un imperativo estricto: el ajuste a los procedimientos, requerimientos y plazos de la Justicia. Ya en democracia, el movimiento de derechos humanos partió de un punto claro: exigir todas las garantías para los acusados, aquellos que extrajeron toda garantía para aplicar su violencia.
¿Habría verdadera seguridad jurídica si no hubiesen existido las denuncias y condenas promovidas por el movimiento por los derechos humanos?
Otra vez, será ahora la Justicia la que dirima respecto de la compra de Papel Prensa. Por esa situación les pedimos, hombres y mujeres de la política institucional de la democracia, dos cosas más.
Primero, una defensa enfática de la acción de la Justicia: allí estarán las pruebas y procedimientos. Que se apoye su acción: fue necesario un consenso político para el juicio a las juntas, para la derogación de las leyes de impunidad y la reapertura de los juicios a genocidas. Es también necesario un consenso político para esta causa, la cual continuamente, y con una virulencia inédita, será presentada a la opinión pública sin ningún recato a la hora de apelar a impugnaciones, afrentas y descalificaciones. Queriendo hacer de víctimas, victimarios.
Por eso también se hace necesario reconocer y defender al movimiento de derechos humanos. En todas sus formas (desde el Equipo Argentino de Antropología Forense al Banco Nacional de Datos Genéticos, desde Hijos a las Abuelas de Plaza de Mayo) siempre se ha ajustado al mandato de la democracia. Porque el movimiento de derechos humanos es inseparable de que hayamos llegado a la democracia.
Es cierto que actualmente la política de buena parte del movimiento de derechos humanos se ha vuelto política de Estado a través de una decidida gestión de gobierno. Con más razón entonces aquellos que se oponen a este gobierno no pueden defeccionar. La justicia no ha de ser supeditada al conflicto partidario. No se puede defeccionar, no se puede dejar sólo en manos de una gestión el sostén de legitimidad. Ese sostén ha de venir de las instituciones políticas en su conjunto. Radicales y socialistas no pueden ser indiferentes a esto. Interpelamos, entonces, a la mística genuina de aquellos radicales que encarnaron y llevaron adelante el juicio a la juntas. Y a la racionalidad institucional, en términos de programa y conducta política, de la militancia socialista.
Apertura en la elaboración del proyecto para el oficialismo y apropiación del momento histórico por parte de la oposición son los principales desafíos para recuperar la dignidad del palabra política y las posibilidades de proliferación de la palabra impresa pública.
Señores y señoras legisladores y legisladoras, nuestro pedido es abierto, de cara a nuestros lectores, desde un periódico de la capital de la provincia que representan, que de tan pequeño ni siquiera compra papel por cuenta propia sino que depende de un imprentero. Se lo pedimos porque, justamente, esperamos que cuando llegue el día de crecer y comprar el papel prensa por nuestra cuenta, podamos acceder –ni más ni menos– que a un precio justo.
El precio justo que a través de la mano militar los propagandistas de la represión negaron a todos y cada uno de los que quisieron comprometerse con esto de escribir palabras para imprimirlas y que alguien, como ustedes, las puedan discutir, refutar o disfrutar.
