La prórroga de la ley de emergencia en seguridad pública y las dificultades que tiene el gobierno para reincorporar agentes retirados a la Policía, combinados con un gasto descontrolado en elementos periféricos –helicópteros, carros hidrantes–, demuestran que la respuesta del Estado al delito sigue siendo insuficiente o errática.
La decisión se da en medio de una fuerte disputa por la forma en que el Ejecutivo hizo uso de las potestades y los recursos que le brinda la ley. La oposición cuestionó el alquiler de un helicóptero, por parte del Ministerio de Seguridad, para colaborar con las tareas de la Policía en la ciudad de Santa Fe. Al respecto, hay un pedido de informes del diputado justicialista Mario Lacava y otro de su colega Héctor Acuña.
El ministro de Seguridad Raúl Lamberto les contestó: “Un helicóptero colabora mucho en los operativos. Fue muy importante la decisión de Bonfatti de poner al servicio de la seguridad el helicóptero de la provincia (para Rosario). Nosotros alquilamos uno para que la ciudad de Santa Fe pueda disponer de esa herramienta hasta que podamos comprar uno. Yo creo que el helicóptero ayuda muchísimo a la seguridad y la sociedad lo valora y se siente más segura”.
También están bajo la lupa de la Legislatura la compra directa de dos camiones hidrantes por más de seis millones de pesos “bajo la forma de concurso de precios y no por licitación pública como establecen las normas de la administración pública para un monto de esta magnitud”, según denunció el diputado provincial del Movimiento Evita Eduardo Toniolli.
“El decreto 1505/2014, en vigencia, establece como tope para compras directas hasta 50 mil pesos y para concurso de precios hasta 200 mil”, agregó Toniolli. “El presupuesto 2014 establece que pueden realizarse adquisiciones vía licitación privada en compras de hasta 400 mil pesos. De ese monto para arriba corresponde licitación pública. Y estamos citando normativa actualizada a este año, lo que indica que los montos permitidos el año pasado para realizar cualquiera de estas operaciones eran menores”.
Una vez iniciado el proceso de compra, desde el bloque del Movimiento Evita presentaron un pedido de informes que fue aprobado el 29 de agosto de 2013. “Allí señalábamos que tampoco el Ejecutivo podía ampararse en la ley de emergencia en seguridad para saltearse la licitación pública porque aquella normativa permitía compras directas exclusivamente hasta 50 mil pesos y concurso de precios sólo hasta 150 mil pesos. El pedido de informes nunca fue respondido por el ministro Lamberto”, detalló el diputado opositor.
El ministro de Seguridad justificó la actuación del gobierno: “La ley de emergencia es un instrumento muy importante que nos ha permitido implementar la política de seguridad democrática, pero a su vez contar con instrumentos administrativos que nos han dejado llevar adelante la adquisición de insumos y de equipamiento con trámites abreviados”.
La emergencia dispone, entre otras medidas, la conformación de un Fondo de Seguridad complementario al presupuesto “lo cual es un aporte económico muy importante”, según el ministro Lamberto. Esa es una de las razones de la prórroga. “Se ha avanzado muchísimo en el cumplimiento de los objetivos, pero todavía tenemos que seguir avanzando más y nos parece que otros 18 meses van a ayudar a completar el objetivo de este proyecto que surgió de la Legislatura, que tuvo opiniones del Ejecutivo pero que en general fue parte de un consenso importante para aportar a una política de seguridad plasmada en una ley”, añadió el funcionario provincial.
Cartas a jubilados
La búsqueda de ampliar las filas policiales sumando personal jubilado no dio –hasta el momento– mayores frutos.
En las primeras dos semanas desde que comenzó la búsqueda sólo se anotaron 118 interesados en toda la provincia, la gran mayoría de Rosario y Santa Fe.
El registro se abrió el 16 de junio. En la primera semana se inscribieron unos cien uniformados retirados; luego se estancó la cosa y el número se mantuvo prácticamente en los mismos niveles.
Ante las dificultades, que la oposición vincula a una supuesta desconfianza de la Policía en el gobierno, el Ministerio de Seguridad decidió convencer uno por uno a los agentes retirados en condiciones de volver –entre 2.600 y 3.200 según diferentes fuentes– y les envió correspondencia personalizada. Al cierre de esta edición no se habían reportado más novedades.
Pausa #137, miércoles 16 de julio de 2014. Conseguilo en estos kioscos.
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