El noreste tiene proyecto propio

Vecinos y organizaciones de Playa Norte, Bajo Judiciales y Bajo Gada presentaron al Concejo un plan urbano con el fin de afianzarse en el lugar y detener los desalojos.

Por Marcela Perticarari

En el noreste de la ciudad hay 250 familias asentadas hace 30 años en terrenos que el mercado inmobiliario ve con ansias de amplios réditos económicos. La propuesta oficial apunta a relocalizar las viviendas bajo distintos argumentos –incluso algunas fueron trasladadas en condiciones que rozan lo indigno–, pero los vecinos se organizaron y presentaron su propio proyecto de urbanización. De esta manera, bajo la figura de Iniciativa Popular (prevista en el artículo 89 bis del Reglamento Interno del Concejo Municipal), representantes de los barrios Playa Norte, Bajo Judiciales, Los Quinchitos y Bajo Gada dieron a conocer el proyecto de ordenanza que ingresaron al Concejo Municipal junto al Anteproyecto de Urbanización de los barrios del Noreste. Los vecinos cuentan con un amplio respaldo social, además son asesorados por el Centro de Salud Setúbal y las organizaciones Manzanas Solidarias, Tramas, MOI y Canoa.

Las tierras que habitan las familias pertenecen a distintos dueños y están localizadas en un sector definido por el polígono limitado al Este por la Laguna Setúbal, al Oeste por la Avenida General Paz hasta Callejón Funes, al Norte por el humedal de la laguna y al Sur por el terraplén French.

Años de trabajo participativo, relevamientos y talleres respaldan el anteproyecto, cuyo título es “La lucha por el derecho a la radicación desde los procesos de producción social del hábitat”. Lidia Aranda, vecina de Playa Norte, destacó que el trabajo “plantea una organización de ciudad para que no nos saquen. Hace años que la Municipalidad nos quiere mandar a otro lado y queremos mostrar que tenemos un proyecto de urbanización y buscamos mejorar el barrio. Vinieron a querer sacarnos sin ninguna justificación, dándonos dinero. El primer antecedente fue el traslado de varias familias a barrio Las Lomas, luego llegó la construcción precaria de Los Quinchitos, adonde fueron a parar otras 18 familias en 2011”, recordó. “Convivimos con terrenos inundables que fuimos rellenando y podemos seguir viviendo ahí. Queremos quedarnos acá porque tenemos sentido de pertenencia, además las opciones que nos ofrecen tampoco son buenas: no podemos ir a vivir a una habitación de cuatro por tres sin baño, cuando en mi casa tengo dos habitaciones, cocina y comedor”, añadió Lidia.

Desde 2005, cuando mediante la ordenanza 11.197 se aprueba la propuesta de extender la costanera y “erradicar el asentamiento”, los vecinos conviven con la incertidumbre que producen las amenazas de ser desterrados de su lugar, opacando los proyectos de progreso y mejora en la calidad de vida. El simple y milenario acto de plantar un árbol se torna estéril cuando regularizar la situación no depende de ellos sino del proyecto urbanístico e inmobiliario que planea el gobierno de turno. La historia de amenazas, desalojos forzados y derribamientos de viviendas indica que prima la erradicación como política persistente.

Los tres barrios –Bajo Judiciales, Playa Norte y Bajo Gada– se ubican dentro de un anillo de defensa que los rodea y define la desembocadura del agua tras el terraplén French, un sistema inconcluso de desagües pluviales de Guadalupe. Esto hace que algunos vecinos sufran problemas de inundación, en especial cuando se suman lluvias copiosas a la crecida del Paraná. La manutención de casabomba ubicada en el último terraplén es cuestionable, pero cuando funciona la situación de la zona mejora notablemente. En tanto, la provisión de servicios domiciliarios es deficiente y el denominador común es la informalidad con la que se resolvió cada caso. La red de agua potable es precaria y algunos vecinos tienen perforaciones a napas contaminadas.

“Acá hay relaciones sociales con los lugares de trabajo, con el centro de salud, con las escuelas, parroquias, clubes e instituciones. Este sector se fue construyendo con personas que necesitaban un lugar mejor para vivir, venían desde Chaco y localidades como Alejandra y San Javier, buscaban su sustento en la laguna Setúbal ya que muchos de ellos son pescadores. Otros se dedican a la cría de animales y al cirujeo. Prima un derecho humano que atraviesa todo tipo de solicitud: el derecho a la vivienda y al hábitat en un lugar que la ciudad no veía. Después de muchos embates se llega a esta instancia propositiva, con un proyecto que dice que todo es posible, sin necesidad de que la gente se tenga que mover. Tras la presentación en el Concejo, contamos con el apoyo verbal de ediles de todos los bloques”, sostuvo Liliana Berraz, de Manzanas Solidarias.

Propuesta propia

Los ejes del anteproyecto apuntan, en primer término, al reciclaje de suelo urbano. En este sentido, la propuesta se centra en la conformación de manzanas según los agrupamientos de viviendas ya existentes y en continuidad con el amanzanamiento consolidado del sector noreste; medición y subdivisión de lotes con las medidas adecuadas para cada familia que ya habita en el sector; definición y consolidación de un límite de crecimiento urbano en sectores del barrio no adecuados para construir viviendas; relleno de terrenos o elevación de las viviendas en las zonas de cotas más bajas.

En cuanto al suelo sin uso en tierras privadas, se propone la creación de nuevos lotes y construcción de conjuntos de viviendas colectivas, priorizando las familias con problemas de hacinamiento.

Respecto a la conectividad, se establece la apertura de nuevas calles de acceso vehicular y mejoramiento de las existentes; adecuación de calles peatonales de acceso común; iluminación, desagües pluviales y acceso a los servicios públicos, además de consolidación de los frentes de vivienda sobre caminos de acceso y como referencia de los domicilios particulares.

Finalmente, se busca acondicionar los espacios verdes para la construcción de paseos y plazas protegiendo la biodiversidad. Se apunta a la constitución de espacios comunes para el acopio y selección en beneficio de quienes viven del reciclaje. También se destinarían espacios comunes para la realización de huertas y cría de animales. Los espacios comunitarios para actividades culturales, educativas y sociales también están previstos.

Los vecinos del noreste llevan muchos años afianzados en un lugar del que lógicamente

no quieren irse, y mucho menos por la fuerza. Fotos: Pablo Bertoldi

Desde la organización Tramas explicaron que “la propuesta tiene tres componentes básicos: uno es el de regulación de la tenencia de la tierra que los vecinos han ganado con su trabajo, amparados en diversos elementos normativos que van desde leyes nacionales como la 24.374 para la Regularización dominial, pasando por artículos de nuestro viejo Código Civil vinculados a la usucapión, es decir la adquisición de la propiedad por el paso del tiempo, ocupando de manera pacífica, de buena fe, abierta y pública, hasta derechos de carácter constitucional y tratados internacionales. Hay un conglomerado de derechos que respalda la legitimidad de la tenencia de la tierra por parte de estos vecinos, por lo tanto se está vehiculizando la idea avanzar hacia una regularización dominial previa expropiación, considerando que tiene un fin de bien público. En segundo lugar, el proyecto de ordenanza tiene que ver con la gestión de las mejoras que necesita el barrio, donde se plantea una preeminencia del proyecto de urbanización elaborado por el propio barrio, aprovechando los conocimientos locales de los habitantes. Un tercer momento es la generación de una mesa de diálogo, una instancia participativa institucionalizada generando una profundización en la evaluación de otras instancias antes de poner en práctica, por ejemplo, las estrategias de relocalización. Las situaciones son muy diversas y siempre hay otras alternativas posibles antes de romper un proceso social que además tiene de un significado vivencial y económico, un proceso social de construcción de la identidad de estos barrios que merece ser respetado y evaluado en todas las alternativas antes de optar por otras más violentas”.

Un “suelo apetitoso”

En un tramo del anteproyecto se reconstruyen los principales perjuicios de la inseguridad de la tierra al que se ven sometidos hace décadas los vecinos del sector, así como los principales aspectos de las políticas expulsorias impulsadas desde el Estado a nivel local, desde que los terrenos fueron acaparando atractivo para el negocio inmobiliario, hasta la presentación del proyecto de ordenanza por parte del Ejecutivo Municipal bajo el mensaje 66/12.

María Paz Coniglio, del MOI, puntualizó que se estableció la zona como ‘de urbanización futura’ con el indicador de Residencial 4. “Esto datos de la realidad implican que ante la propuesta del municipio de relocalizar a quienes estaban habitando la zona para que este suelo apetitoso para el mercado inmobiliario fuera la excusa para expulsar, los vecinos y las organizaciones plantean la factibilidad de urbanizar considerando la necesidad de realizar obras públicas. En el anteproyecto ponemos conocimientos técnicos específicos en términos de arquitectura y jurídicos, junto al conocimiento de los vecinos, quienes habitan cotidianamente su barrio. Esto implica la participación del Estado. Y nuestra idea es poner sobre la mesa otro proyecto frente a ese planteo de un reservorio que no considera el derecho de permanencia de vecinos que están hace 30 años, porque debería ingresar otro sector social debido al valor inmobiliario que tiene la zona. Para ello, planteamos constituir una mesa de diálogo con el Estado donde el anteproyecto sea el elemento para poder pensar ese plan de mejoras y urbanización como eje para garantizar la radicación y el mejoramiento del barrio y sus viviendas”.

En Pausa #137, miércoles 16 de julio de 2014. Conseguilo en estos kioscos.