El linchamiento de David Moreira tiene varios antecedentes en la provincia, tanto a manos de civiles como de fuerzas de seguridad: un recuento de los casos de los últimos años.
Desde la última dictadura, la violencia institucional contra los pobres ha sido una constante que la sociedad no sólo toleró sino que aprobó. Razzias, palizas y gatillo fácil son las manifestaciones más explícitas de esa violencia de clase. Cada tanto –y en las últimas semanas el fenómeno creció en visibilidad, aunque no se trata de algo nuevo ni aislado– la sociedad civil aporta su granito de arena. El cadáver de David Moreira tirado en una esquina de Rosario lo atestigua.
David era un joven de 18 años, de origen muy humilde, que había dejado la escuela a pesar de las protestas de su madre para ayudar a su familia. Era changarín y albañil. Su madre, Lorena Mónica Torres, negó que haya estado involucrado en hechos delictivos. El pasado 22 de marzo, una turba de vecinos de barrio Azcuénaga –un barrio de clase media, cercano al centro de Rosario– lo golpeó en la calle, a plena luz del día, hasta dejarlo sin conocimiento y con pérdida de masa encefálica: literalmente, le rompieron la cabeza a patadas. David pasó cuatro días internado y murió.
Por el asesinato del joven rosarino no hay detenidos; en cambio, sí está preso quien habría sido su cómplice en el supuesto robo.
La horda que lo atacó y lo mató respondió, según algunos testigos, al pedido de auxilio de una joven vecina –que luego se mudó del barrio, por temor– a la que le habían robado un bolso mientras paseaba con su bebé. La madre de David jura y perjura que su hijo no tuvo nada que ver con ese episodio. Los cincuenta o sesenta vecinos que lo ultimaron a patadas no se tomaron el trabajo de averiguar cómo habían ocurrido los hechos: estaban ejecutando una pena sumaria, sin proceso ni derecho a la defensa.
El caso conmovió al país y desató un debate en el que se cruzaron juristas, políticos, religiosos, académicos, periodistas, víctimas de delitos, opinólogos profesionales y figuras de la tevé. Por algunas semanas, fue “el tema” del cual todos tenían algo que decir. Reaparecieron los conceptos de “justicia por mano propia”, pena de muerte y linchamiento. La violencia con que actuaron los matadores –el video difundido en la web es una prueba incontrastable– estremece y remite a épocas que parecían superadas. ¿Cuál es la diferencia entre la turba que asesinó a David y las patotas de la dictadura? Tal vez una sola: la turba actuó en presencia de sus propios vecinos, que la legitimaron con silencio o golpes.
Justicia tuerta
La puesta en marcha del nuevo sistema procesal penal no implicó una mejora inmediata del servicio de Justicia. El asesinato del joven rosarino es un botón de muestra: la causa fue caratulada como homicidio simple a pesar de que el fiscal Florentino Malaponte contaba en su poder con el video –grabado con un teléfono celular– en el que se ve cómo dos hombres patean en el suelo a Moreira, quien se encontraba indefenso y desarmado. Era el final del linchamiento.
En más de dos semanas, la Justicia no avanzó sobre los autores de la matanza, pero sí detuvo a quien sería el cómplice de David en el supuesto robo que desató la tragedia. En la audiencia preliminar, el imputado de 22 años –quien cumple prisión preventiva acusado por el robo de la cartera– se negó a declarar. El fiscal también citó a algunos vecinos de barrio Azcuénaga, como testigos, quienes tampoco declararon porque, según comentaron ante los medios, se encuentran amenazados.
El juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni, sostuvo sobre la ola de violencia: “No son ajusticiamientos sino homicidios calificados”. Así, se diferenció del fiscal regional de Rosario, Jorge Baclini, y de su subalterno Malaponte, por la decisión de caratular el caso como homicidio simple. Según Zaffaroni, el linchamiento “no es legítima defensa” sino que “se trata de un homicidio doblemente calificado: por alevosía y por ensañamiento”. El magistrado también diferenció: “Una cosa es detener al sujeto y otra es matar a alguien a patadas”.
El homicidio calificado está tipificado en el artículo 80 del Código Penal, que establece una pena máxima de 30 años, llamada perpetua, de acuerdo al texto vigente. La Justicia provincial centró sus pesquisas en el joven que acompañaba a David antes de su muerte y, hasta el momento, no avanzó con firmeza sobre la turbamulta autora del asesinato.
Algunos antecedentes
Tras la muerte de David, algunos memoriosos recordaron antecedentes cercanos. La periodista rosarina Silvina Tamous escribió en el sitio Infojus Noticias: “No es la primera vez que ocurre. Hace dos años en la misma esquina, Marcos Paz y Liniers, lincharon a un ladrón sin conseguir su muerte. Y hace un año, en el macro centro, en un negocio de insumos de computación, se vivió una escena parecida a la que terminó con la vida de Moreira. Un joven ladrón reducido, a disposición de los vecinos y cuanto transeúnte se le ocurriera acercarse a golpearlo, sin que nadie pudiera poner un poco de cordura. Una vecina contaba horrorizada que se bajaban de los autos con cadenas para pegarle. ‘Y bueno, a mi abuela le robaron’. ‘Un negro de estos te caga la vida de una familia’ y siguen los argumentos”.
El periodista santafesino José Luis Pagés también evocó dos casos cercanos, ambos ocurridos en Santo Tomé. En enero de 2003 Juan Maia, un vecino de 63 años, fue linchado por una turba a plena luz del día en una de las avenidas más concurridas de la ciudad: Mariano Candioti. Lo mataron en medio de la calle, en horas del mediodía, cuando la víctima se retiraba de una pescadería. “En contados segundos Maia sería siete veces apuñalado y también golpeado, con tal fuerza, que habría de sufrir fractura de cráneo”, informó Pagés.
Cuatro años más tarde, el 1º de junio de 2007, también en Santo Tomé, una horda atacó la casa de un agente de seguridad privada llamado Juan Manuel Oronado, en Jujuy al 3800. El hombre tenía 37 años y cambiaba mensajitos con una adolescente de 15 años. Fue apuñalado y golpeado hasta morir. Su cuerpo fue arrastrado por las calles y así, destrozado, fue hallado a varias cuadras de distancia en horas de la madrugada. La madre de la menor había denunciado a Oronado por presuntos actos de “acoso sexual”; sus vecinos decidieron –como en el caso de David– no esperar la resolución judicial.
Linchamiento estatal
El 3 de marzo de este año, en Rosario, Maximiliano Riquelme, de 20 años, fue asesinado cuando iba con sus amigos en un auto. Otro vehículo los interceptó y los persiguió a los tiros. Lograron perderlos de vista, pero ya era tarde: Maximiliano estaba herido de muerte. Los asesinos son cuatro policías del Comando Radioeléctrico de Villa Gobernador Gálvez, que se entregaron dos días después –al ser identificados por los amigos de Maximiliano– ante el fiscal Adrián Spelta.
El caso figura en los relevamientos de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), igual que el asesinato de Brian Saucedo, ocurrido el 11 de septiembre de 2013.
Brian tenía 18 años, vivía con su madre y dos hermanos en un rancho junto a las vías del ferrocarril Mitre, en el corazón de Barrio Ludueña de Rosario. Se había criado en la comunidad del padre Montaldo, comunidad en cuya orquesta Brian tocaba el chelo.
El 11 de septiembre de 2013 el joven fue asesinado por policías de la seccional 12 de Rosario. “Por supuesto”, explicaron desde la Correpi, “luego de sucedido el fusilamiento la Policía se encargó de que parezca un ‘enfrentamiento’, pero hubo alguien que se animó a contar una historia distinta. El chico nunca se tiroteó con la Policía, sino que lo remataron en el piso cuando se había entregado. Le pegaron un tiro en la nuca y varios en la espalda”. El testigo que reveló el asesinato fue Emanuel Cichero, de 25 años, quien pasaba con su moto por el lugar. El 7 de noviembre de 2013, Emanuel fue asesinado de un tiro por la espalda mientras andaba en moto. La Justicia, que no incluyó su testimonio en la causa de Brian, dictaminó que la muerte de Emanuel no fue un caso de gatillo fácil.
Hordas civiles y gatillo fácil
La violencia de las hordas de vecinos se da en el marco de la violencia institucional que ejerce el Estado y que algunos analistas califican de “represión preventiva”, ya que siempre se dirige contra jóvenes pobres hayan cometido o no algún delito. Una de las referentes de la Correpi, María del Carmen Verdú, dio cifras escalofriantes en una entrevista reciente con la revista El Federal:
—¿Cuántos casos de gatillo fácil tienen registrados actualmente?
—De muertes por gatillo fácil, tortura u otras modalidades en total estamos en 3.152 desde diciembre de 1983 a la fecha, pero más de la mitad ocurrieron después de 2003. El promedio es entre 200 y 300 casos por año. De 2010 tenemos casi 300. Sentarse a negociar los términos de la represión con el represor no tiene ningún efecto positivo excepto para el represor, que reprime con más consenso. El crimen organizado en la Argentina es dirigido, protagonizado y administrado por el aparato represivo oficial. Carmen Argibay (ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación) dijo que son ellos los que reclutan y gerencian el crimen del chiquitaje.
Publicada en Pausa #131, miércoles 9 de abril de 2014
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