El Senado dio media sanción al aumento de impuestos. Con mayoría fragmentada en Diputados, el justicialismo es el actor central en el debate. Las señales de la Nación.
Por Ezequiel Nieva
De un complejo equilibrio entre cinco factores de poder –el Ejecutivo provincial, las cámaras privadas, la Legislatura, los intendentes y la Nación– surgirá una reforma tributaria que ayudará al gobierno de Antonio Bonfatti a enfrentar las necesidades más urgentes, aunque no llegará a satisfacer su objetivo de fondo: dotar de una mayor autonomía fiscal al Estado santafesino en un contexto de menor bonanza económica respecto de años anteriores.
Después de la media sanción del Senado, con modificaciones introducidas a pedido del sector privado, el gobierno nacional decidió intervenir por primera vez en el debate ante la multiplicidad de posiciones de los diputados justicialistas –desperdigados en ocho sub bloques– que van del aval casi irrestricto a la oposición lisa y llana. A través del secretario de Transporte Alejandro Ramos –ex intendente de Granadero Baigorria–, la Nación instruyó a los diputados a apoyar el proyecto de Bonfatti, ya que de la recaudación de la provincia dependen, también, los intendentes y presidentes comunales del PJ.
Ramos fue el enviado del gobierno nacional en la reunión que mantuvieron, el viernes 20 de julio, diputados e intendentes justicialistas en Puerto General San Martín. El funcionario, oriundo del sur santafesino, apoyó el reclamo del Foro de Intendentes para que la Cámara baja no demore el tratamiento de la reforma. El mensaje de la Casa Rosada: no complicar la gestión de Bonfatti y tampoco la de los intendentes. Pero, además, reclamar que el Ejecutivo garantice que con los recursos que obtenga habrá “más obras, seguridad e inversiones”.
El ex intendente Alejandro Ramos, vocero de la Nación ante los diputados justicialistas.
Recortes varios
“Se logró consensuar una reforma posible”, sentenció el vicegobernador Jorge Henn tras la media sanción concretada en la madrugada del viernes 13, en la última sesión previa al receso legislativo de invierno. Luego de un trabajoso acuerdo entre los senadores del oficialismo y la oposición, surgió una versión corregida y moderada de la iniciativa oficial.
De acuerdo a las estimaciones de los senadores que elaboraron el dictamen votado por unanimidad en general –y con la abstención de la UCR en algunos artículos puntuales, como el referido a Ingresos Brutos–, la recaudación estimada será de unos 800 millones de pesos anuales: la mitad de lo que había proyectado el Ejecutivo en abril.
Los puntos más salientes:
El revalúo fiscal rural será del 70% respecto valor actual: muy por debajo del 400% progresivo –a aplicar en seis años– que había planteado el gobierno de Bonfatti. En las alícuotas del Inmobiliario Rural habrá subas progresivas de entre el 50 y el 200%, también por debajo de lo que solitó el gobierno.
● El Inmobiliario Urbano se calculará en ocho tramos: los dos primeros con subas del 20%, del tramo 3 a 6 un 30%. En los dos tramos superiores el tributo se incrementará un 65%. El Ejecutivo planteaba un aumento máximo del 100%. No habrá revalúo fiscal urbano.
● Se aplicará Ingresos Brutos a la construcción –como había pedido el gobierno– con alícuotas según el origen de las empresas y sin piso mínimo de facturación: para las constructoras santafesinas, la alícuota será del 1%; para las extra provinciales, del 1,5%.
● La industria seguirá exenta de Ingresos Brutos, pese a que los senadores de la UCR intentaron sin éxito incorporar una alícuota mínima. En cambio, habrá alícuotas diferenciales para las empresas comerciales y de servicios y para el sector financiero según su origen.
● El gobierno quería bajar del 10 al 5% la deducción del DREI sobre Ingresos Brutos. El PJ interpretó que se trataba de un aumento encubierto de Ingresos Brutos y eliminó ese punto, lo que terminará beneficiando a municipios y comunas.
Lo que viene
En la Cámara de Diputados la mayoría justicialista está atomizada. Y si bien casi todos los sectores internos anunciaron sus intenciones de modificar uno u otro aspecto de la reforma, difícilmente se logre un consenso que conforme a todos y, al mismo tiempo, a los senadores, que deberán volver a tratar el proyecto si es votado con cambios por los diputados. Al final del ping pong, se terminará imponiendo el criterio del Senado: supera los dos tercios para el “desempate”.
Para evitar enfrentamientos estériles en medio del proceso de reagrupamiento iniciado con la designación de José Luis Freyre como nuevo presidente del PJ provincial –contó con el apoyo de los sectores representativos del partido–, el secretario de Transporte de la Nación terció en el último cónclave de jefes comunales y diputados justicialistas. Junto a Freyre y a la senadora nacional Roxana Latorre, Ramos inició negociaciones con cada uno de los espacios internos con el objetivo de lograr una posición común en la Cámara baja, lo más cercana posible a la alcanzada en el Senado, de modo de acordar luego –entre ambas mayorías– la letra final.
Freyre resumió: “El tema principal es cómo edificar una posición con respecto a la reforma. No se trata de aumentar impuestos para pagar sueldos, sino que debe aportar justicia y equidad, acompañar a aquellos que trabajan y sancionar a quienes tienen capitales especulativos. Estamos en un año meseta, muy tranquilo, con una economía que venía de períodos muy intensos, por eso no tenemos que castigar a sectores como la construcción”. Allí el nuevo titular del PJ marcó una diferencia con la media sanción de la Cámara alta. “Lo del Senado es una buena base pero hay que hacer más hincapié en los capitales foráneos, especulativos y sobre los que más tienen. Las cerealeras y los portuarios son los primeros grupos que deben ser gravados”.
Por su parte, Ramos ratificó el mensaje del gobierno nacional: “Acompañar la reforma que lleve más obras, más seguridad y más inversiones a los santafesinos. Para desarrollar la provincia lo primero que hacen falta son recursos, pero también hace falta un plan; eso con Bonfatti lo hemos hablado y es la vocación de los intendentes poner recursos en función de un plan de la provincia, pero hoy de lo único que se habla es de plata y no de qué provincia queremos”.
Descuentos y moratorias
Diputado Federico Angelini (PRO)
Desde el PRO propusieron un descuento del 20% para los contribuyentes que paguen por anticipado el impuesto Inmobiliario Urbano con la finalidad de “premiar el buen comportamiento fiscal” de los santafesinos.
Mediante un proyecto de ley presentado por el diputado Federico Angelini, se aclara como requisito para acceder al beneficio que los contribuyentes no deberán registrar deudas exigibles en el gravamen del inmueble y tampoco podrán estar suscriptos a regímenes de regularización impositiva.
Entre sus fundamentos, el legislador del PRO sostuvo que “el objetivo principal es estimular el pago puntual” del impuesto Inmobiliario Urbano. “El Estado no sólo debe apuntar al cobro de aquellos contribuyentes morosos, es necesario favorecer a quienes pagan regularmente y demuestran una buena conducta fiscal con bonificaciones que lo sigan alentando a mantener sus tributos al día”, agregó Angelini, para quien, mediante un sistema de recaudación anticipada, el Estado tendrá mayor margen de maniobra en la administración de sus recursos.
Por su parte, el justicialista Héctor Acuña presentó un proyecto que promueve “una amplia moratoria” para todos los tributos provinciales. “La moratoria tiene que incluir una quita y un premio al buen contribuyente”, argumentó el diputado del sub bloque Corriente Peronista Federal.
Acuña propone que se implemente “una amplia moratoria de tributos que contemple quitas de hasta un 30% y premios de hasta un 20% para los buenos contribuyentes, considerando que hace más de 10 años que no se aplica una moratoria en la provincia de Santa Fe”.
Según el legislador del PJ, es necesario aplicar un régimen de regularización tributaria porque “en los momentos de crisis hay gente que no ha podido pagar, no que no ha querido pagar”.
Letras, cheques y deudas
La provincia emitirá letras del Tesoro por 100 millones de pesos en el marco de la ley que autoriza operaciones de esa índole por un máximo de 556 millones.
Así, el gobierno podrá acceder a una nueva forma de financiamiento que se agrega a los cheques de pago diferido –por un total de 150 millones de pesos– que se usarán para cancelar deudas con empresas contratistas de obras públicas.
Tanto para las letras como para los cheques diferidos la ley aprobada por la Legislatura estableció como plazo de devolución el 30 de noviembre. El gobierno anticipó que no se utilizará el monto total autorizado por el Poder Legislativo debido a que los plazos de cancelación son demasiado cercanos: las letras recién estarán en el mercado en el mes de septiembre.
En tanto, el gobernador Antonio Bonfatti ya envió un proyecto a la Legislatura pidiendo autorización para tomar deuda por 400 millones de dólares y financiar, con esos recursos, obras de envergadura que se desarrollarán en el largo plazo. Primero, el Ejecutivo deberá acordar con la oposición justicialista –que controla las dos cámaras
legislativas– el monto y las características del endeudamiento.
Bonfatti propuso un endeudamiento millonario para encarar obras en distintos lugares de la provincia: “Además de la reforma tributaria, vamos a acordar entre el oficialismo y la oposición un endeudamiento para obras de infraestructura. No son obras caprichosas; son necesarias para hacer valer derechos impostergables. Estas obras rondarían una inversión de 400 millones de dólares”.
Publicado en Pausa #98, a la venta en los kioscos de Santa Fe y Santo Tomé.
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