Impuestos, gastos, deudas y reparto de los ingresos se
debaten en un marco de arcas estatales
en rojo.
Por Ezequiel Nieva
Acuciado porque recién después de mayo mejorarán los
ingresos –con la liquidación del impuesto a las Ganancias–, el gobierno
provincial avanza en varios frentes en busca de recursos que permitan sanear
las cuentas. En paralelo al plan de “contención del gasto” anunciado por
Antonio Bonfatti a fines de marzo, que el propio ministro de Economía Ángel
Sciara minimizó al tildar de “medida simbólica”, el Ejecutivo negocia con la
Legislatura –dominada por el PJ– dos proyectos clave: una reforma tributaria
–acotada al impuesto Inmobiliario– por la cual se espera obtener de 1.000 a
1.500 millones de pesos y la autorización para emitir letras o pagarés por un
monto de hasta 556 millones. Ni en el mejor escenario –que las cámaras avalen
los proyectos oficiales– le alcanzará a la provincia para afrontar la política
salarial acordada con los gremios de estatales y docentes, que representará –en
el año– unos 2.700 millones de pesos que no están en el presupuesto. El
complejo mapa político legislativo tiene demorado el debate por la reforma
tributaria; el Frente Progresista avanzó en las negociaciones con los senadores
de la oposición, pero aún tiene que explorar acuerdos con los numerosos
sectores internos del PJ y del PRO en la Cámara de Diputados, que se han
manifestado refractarios a lo que consideran un impuestazo. Entre tanto,
intendentes y presidentes comunales reclamaron reformas al régimen de
coparticipación en busca de fondos para afrontar el aumento de los municipales:
un 24% en tres etapas, tres puntos por encima de lo acordado por docentes y
estatales de la provincia.
Aumento de impuestos
En el Senado, donde se iniciará el recorrido del proyecto,
el PJ ya le puso condiciones a la reforma tributaria. José Baucero, jefe de uno
de los dos bloques de la oposición, anticipó que el aval al aumento de
impuestos quedará sujeto a la reducción del gasto público. “Todas las medidas
para recaudar más fondos, que necesita la provincia y también los municipios y
comunas, van a estar atadas a la reforma que se pueda hacer para bajar los
costos de funcionamiento del Estado provincial”, sintetizó el senador por el
departamento San Javier.
El proyecto oficial contempla aumentos en el impuesto
Inmobiliario que serán más significativos en el Rural que en el Urbano. La
reforma, según el ministro de Economía Ángel Sciara, beneficiará más a
municipios y comunas que a la provincia. El funcionario lo definió como un
proyecto dirigido, principalmente, al sector rural y prometió que habrá
“progresividad” en los incrementos, tal como había reclamado la Federación
Agraria. “Se tomarán las unidades económicas que se identificaron en la
provincia por el año 1994, donde hay diferencias notables entre el norte, el
centro y el sur; esto permite definir la progresividad en términos de que el
que más tiene, más paga”, explicó Sciara.
“Lo mismo con la gradualidad temporal”, siguió el ministro,
“Nosotros no vamos a poner el valor de la propiedad rural en los términos de su
valor de mercado de la noche a la mañana. Eso hay que ir acordándolo
progresivamente, paulatinamente y también está considerado así en el proyecto.
De la misma manera, aquellos propietarios de pocas hectáreas también tienen un
tratamiento especial. En ese sentido hemos considerado el realismo que planteó
la Federación Agraria”.
En cuanto al aumento del Inmobiliario Urbano, Sciara
prometió que no será significativo: “El mínimo del impuesto Inmobiliario que se
paga hoy son 45 pesos por año. Evidentemente, parece casi ridículo. Un paquete
de cigarrillos cuesta casi 9 pesos. O sea, son cinco paquetes de cigarrillos al
año. De todas maneras, nosotros seguimos considerando esta situación y con los
aumentos que puede haber en ese segmento, en términos absolutos, puede pasar de
40 a 60 pesos”.
El funcionario provincial aseguró que la reforma impactará
más en los municipios y las comunas que en las arcas de la administración provincial:
“La readecuación tributaria, como nosotros la planteamos, beneficia más a los
municipios y comunas que a la provincia. El incremento que van a tener los
municipios y comunas es mayor que el incremento que tendrá la administración la
provincia”. El Inmobiliario –tanto el Rural como el Urbano– se coparticipa en
50% a municipios y comunas.
Con el proyecto, la provincia pretende triplicar la
recaudación del Inmobiliario Rural: 200 a 600 millones de pesos anuales. Esa
sería la mayor fuente de recursos, seguida por la suba del Urbano y de algunas
alícuotas de Ingresos Brutos, una medida decretada a principios de febrero que
sectores del PJ consideran inconstitucional.
Las exenciones vigentes
Como ocurrió bajo el mandato de Hermes Binner, las exenciones
del impuesto a los Ingresos Brutos aparecen como el principal escollo. Por eso
el gobierno no las planteará en el texto del proyecto sino que dejará que el
tema sea abordado por los legisladores. El único sector sobre el cual podría
avanzar el Ejecutivo es la construcción, actividad actualmente exenta –igual
que la industria y la producción primaria– de ese tributo.
“Nosotros estamos planteando no solamente la modificación de
las alícuotas generales y específicas sino también la incorporación de Ingresos
Brutos a la construcción”, explicó el ministro Sciara. “Lo de la industria está
todavía en un área de discusión”. Los senadores de la UCR propusieron gravar
con Ingresos Brutos a las aceiteras y sus colegas del Frente para la Victoria
pretenden que se aplique ese impuesto –o alguna otra tasa– a las agro
exportadoras.
El reclamo de los intendentes
Las gestiones de los intendentes y presidentes comunales del
PJ ante los legisladores de su partido por más fondos para hacer frente a la
política salarial se tradujeron en tres proyectos de ley ingresados a fines de
marzo por los senadores de la oposición: se proponen modificaciones en la
distribución de los recursos públicos. Los cambios que busca imponer el PJ
refieren a la coparticipación federal y provincial; plantean modificar el
reparto del impuesto Inmobiliario Rural y Urbano y del Fondo Sojero,
incrementando la porción para municipios y comunas en detrimento de las arcas
de la provincia.
Para el Impuesto Inmobiliario, que se reparte en mitades
iguales, la propuesta de los senadores justicialistas consiste en subir un 5%
la parte correspondiente a municipios. En cuanto al reparto de la
coparticipación federal, se pretende subir en tres puntos el porcentaje
correspondiente a las ciudades y en dos puntos a las comunas. De aprobarse la
ley, se asignaría a las municipalidades el 11% de lo que recibe la Provincia
–actualmente es el 8%– y se distribuiría el 5% entre las comunas (ahora, el
3%).
Respecto de la distribución entre las municipalidades de los
gravámenes nacionales incluidos en el régimen de coparticipación federal, el
proyecto propone repartir el 40% de acuerdo a la población que asigne a cada
ciudad el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos en la última estimación
del año anterior, el 30% de acuerdo a los recursos percibidos por las
municipalidades en cada ejercicio inmediato anterior y el 30% restante por
partes iguales entre todos los municipios.
El justicialismo ingresó también en la Cámara alta, por
iniciativa del senador del departamento Castellanos Alcides Calvo, otro
proyecto de ley por el cual se modifica la distribución del Fondo Federal
Solidario –conocido como Fondo Sojero– que en la actualidad se reparte un 70%
para la provincia y un 30% para municipios y comunas. La iniciativa de Calvo, que
consiste en repartir esos recursos en partes iguales, ya fue descartada por el
ministro Sciara.
Emisión de letras
Por unanimidad y con los cambios que introdujo el PJ para
favorecer a municipios y comunas, el Senado dio media sanción el 28 de marzo al
proyecto del Ejecutivo por el cual la Legislatura autoriza a la provincia a
emitir letras del Tesoro o pagarés para afrontar obligaciones en el corto
plazo. El gobierno podrá endeudarse hasta un tope de 556.365.000 pesos –100
millones más de lo que había pedido– de acuerdo a lo establecido en el artículo
48 de la ley 12.510 de administración financiera.
El proyecto faculta al Ejecutivo a “ceder como garantía
recursos propios o provenientes del Régimen de Coparticipación Federal ley
23.548”. El mensaje original ponía como garantía los recursos que derivara la
Nación para la Caja de Jubilaciones; ese fue uno de los cambios acordados entre
los senadores del PJ y sus pares del Frente Progresista.
Las letras o pagarés estarán eximidas de todos los tributos
provinciales y su devolución total no podrá ser después del 30 de noviembre.
Así se garantiza cumplir con el objetivo principal –que la operación no se
constituya en una deuda consolidada, ya que se cancela definitivamente dentro
del mismo ejercicio– que había anunciado Sciara. Los 556 millones que podrá
tomar la provincia del sistema financiero incluyen amortización, intereses,
comisiones y gastos, por lo cual el monto disponible será menor a esa cifra.
El punto clave de la negociación, que permitió la media sanción
por unanimidad y sin mayores contrapuntos, fue la inclusión de un monto
adicional para municipios y comunas como forma de compensar –al menos en parte–
los descuentos que realiza la provincia para el Fondo de Financiamiento
Educativo. El pedido inicial del PJ era más ambicioso: 160 o 170 millones
extra; al final, fueron 100 millones por encima de los 456 millones del mensaje
original del Ejecutivo.
Publicada en Pausa #91, miércoles 11 de abril de 2012
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