20 imputaciones sin eco

Poco conocido para el público, un informe de 2007 del Concejo revela los detalles de la última inundación. El silencio de la Justicia.

Por Juan Pascual

Un informe con 25 denuncias presentadas ante la Justicia, 67 pedidos de obras que no fueron atendidos, 2.200 testimonios escritos, 327 recortes periodísticos, 98 versiones taquigráficas de entrevistas a ciudadanos que se acercaron a declarar y tres constataciones realizadas con escribano en lugares clave. Eso presentó el 31 de agosto de 2007 la Comisión Investigadora de la Inundación del Concejo Municipal. Y luego instó al Concejo para que se destituyera al entonces intendente Martín Balbarrey, quien no solo logró finalizar su mandato sino que fue candidato a la reelección el mismo año. Cuatro meses antes, el 28 de abril, la ciudad se inundaba otra vez.

Los concejales autores de la investigación, Jorge Henn, Marta Fassino, Marcelo Ferreira y Carlos Pereira, acumularon un total de 20 imputaciones contra el accionar de la Municipalidad. Aquí presentamos un breve resumen.

1. La Municipalidad fue indiferente a todos los informes científicos previos que alertaron sobre la vulnerabilidad ante lluvias intensas.

En 2005 el PROCIFE (Programa Interinstitucional ante la Emergencia, formado por el CERIDE, el Instituto Nacional del Agua (INA), las Universidades Nacionales del Litoral, de Rosario y Tecnológica Regional Santa Fe, y la Universidad Católica de Santa Fe) elevó al Municipio un primer informe que señalaba a Santa Fe como “una de las ciudades del mundo que presenta mayor criticidad hídrica”, tanto fluvial como pluvial.

Las lluvias de ese 2007 no fueron excepcionales: una o dos veces por año esos registros se dan en la zona Litoral, con aguaceros que depositan entre 300 y 500 mm de agua. Desde el 26 de marzo al 4 de abril, los días de las lluvias, cayeron 437 mm de agua. Pero ya el 29 marzo, con poco más de más de 150 mm caídos, habían vastas zonas anegadas: la ciudad no estaba en condiciones de soportalos.

2. Todos los espacios de gestión del riesgo hídrico posteriores a la inundación del Salado fueron armados en 2004 y desmantelados antes de fin de ese año, a pesar de que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo había invertido recursos.

Con el decreto 194 del 11 de mayo de 2004 se conformó la Unidad Municipal de Planificación Urbana y Territorial, con el fin de “revertir condiciones de vulnerabilidad de la ciudad”. Su oficina estaba en el Predio Ferial y contaba con fondos del PNUD; cesó en sus funciones a fines de 2004 y todavía hoy –de acuerdo al testimonio de Sergio Buchara, ex coordinador en Santa Fe del PNUD– no se sabe qué destino tuvo el material donado por el PNUD: insumos, muebles, computadoras, fotocopiadoras, máquinas fotográficas, impresoras, scanners, hormigoneras, equipamiento de albañilería, herramientas para clasificadores de residuos, motos, entre otras.

El Comité de Dirección de la Unidad Municipal sólo tuvo una reunión. El PROCIFE elaboró un único documento y nunca más fue convocado. Se había planteado la necesidad de un Consejo de la Sociedad Civil: jamás se conformó.

3. La Municipalidad no desarrolló un Plan de Ordenamiento Territorial en función del riesgo hídrico, a pesar de que así los solicitaban dos resoluciones del Concejo, en 2003 y 2005.

La primera, del 22 de mayo de 2003, solicitaba un Plan “para la determinación de criterios urbanísticos básicos para encarar el proceso de reconstrucción”. Como fue incumplida, en 2005 se insistió con otra resolución, tampoco atendida. Por ello fueron interpelados en 2006 el secretario de Planeamiento Carlos Giobando y el director del Instituto Municipal de la Vivienda Alfredo Migone. Allí Giobando reconoció que “Santa Fe no tiene un Plan de Ordenamiento Territorial”.

4. Nunca se elaboró un plan de construcción de los desagües troncales, si bien había un Plan Director elaborado en 2001 por el Instituto Nacional del Agua.

Una infraestructura de drenajes con 50 años de atraso requería, según el INA, una inversión en obras troncales de 135 millones de dólares (a precios de 2001), para cubrir las necesidades de casi 30 cuencas pluviales de la ciudad. Recién después de la inundación se comenzaron a ejecutar dos obras: los desagües troncales de calle Entre Ríos y calle Lavaise.

Mientras se gastaron más de 10 millones de pesos en refulado para la formación de la Playa Grande, en la Costanera, el Municipio no había resuelto la profundización y ampliación de los reservorios del oeste, una obra de igual valor.

5. Los drenajes carecían del mantenimiento y limpieza básicos. Esa llegó a ser la causa directa de la inundación de parte de la ciudad.

Entre 2003 y 2007, un total de 19 vecinales distintas presentaron sucesivas notas dando cuenta del pésimo estado de los drenajes en sus barrios. Sólo en 2006 el Concejo sancionó 33 resoluciones solicitando obras de mantenimiento, reacondicionamiento y limpieza de desagües y cunetas. Ninguna fue cumplida.

En los desagües y reservorios colapsados se encontró maleza, tubos con hasta un metro de barro en su interior, tapaduras por obras mal hechas; caños rotos nunca reparados y minibasurales. Los problemas de mantenimiento fueron determinantes para que se inundaran los barrios que drenan hacia la Setúbal, como Sargento Cabral o Guadalupe Oeste.

6. Tras el cierre del anillo de defensa (la construcción del Tramo III en el oeste, la parte que faltaba en 2003 por la que entró el Salado), no se elaboraron los estudios técnicos para determinar la capacidad de bombeo necesaria.

Las bombas no alcanzaban para evacuar el escurrimiento. Y la mayor parte del sistema no funcionó durante los primeros días de las lluvias. Antes del 28 de marzo (cuando la precipitación se intensificó) la gran cantidad de agua ya presente en los reservorios demostraba que las bombas no habían sido puestas en marcha.

7. El 60% del sistema de bombeo (27 bombas de 45) no estaba en condiciones al comienzo de la inundación.

Como en el caso de los drenajes, las vecinales ya habían presentado notas solicitando bombas para zonas que fueron efectivamente inundadas. Los mismos empleados municipales a cargo de las casabombas informaron desde enero de 2007 sobre la falta de bombas y sobre el deficiente mantenimiento. Frente a la falta de respuesta de los sucesivos responsables en la jerarquía administrativa, llegaron a notificar directamente, y con carácter de urgencia, al intendente.

La casabomba 2 carecía de una de sus dos bombas: su propia zona (Santa Rosa de Lima y 12 de Octubre) comenzó a inundarse el mismo 28 de marzo. El 29 el agua llegó a sus tableros eléctricos y quedó fuera de servicio. Las casabombas 5 y 6, sobre el nuevo Tramo III, estaban instaladas pero la EPE no les había llevado electricidad: no operaron hasta el 31 de marzo, cuando la EPE acercó un generador.

En las casabombas de La Guardia las bombas habían sido retiradas hacía mucho tiempo. A fuerza de reclamos, el 29 de marzo los vecinos, en un piquete de la ruta 168, lograron que el gobernador de Entre Ríos les proveyese una bomba: justo pasaba por la ruta. En Colastiné había instalaciones para cuatro bombas: dos no funcionaban y las otras dos estaban por debajo de lo necesario. En Alto Verde había tres bombas; ninguna funcionó. Situaciones idénticas se dieron en el Terraplén French, el Callejón Roca y el Centenario.

Al 30 de marzo el 50 % de las casabombas del oeste se hallaba fuera servicio. La Provincia instaló bombas móviles, traídas de Buenos Aires, Corrientes, Córdoba y Chaco: en la ciudad no había una reserva de bombas móviles.

8. No hubo Plan de Contingencia, pese a las afirmaciones del intendente. Las vecinales no lo conocían, no tuvo difusión a la población ni ofreció encuadre organizativo en los centros de evacuados.

En 2005, el intendente presentó a los medios un Plan de Contingencias para Emergencias Hídricas, elaborado por el especialista de la Cruz Roja Internacional, Pedro Zuccarini, luego designado titular de la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo Hídrico. Sólo se trataba de un borrador: así lo manifestaba el mismo Zuccarini en sus encuentros con las vecinales, mientras que Balbarrey afirmaba que el Plan estaba “ya elaborado”. La presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales de Santa Fe, Mónica Ledesma, afirmó mantener apenas dos reuniones con Zuccarini. Una docena de vecinales se reunieron una sola vez con Zuccarini, en un clima que describieron como de “confrontación”.

Los representantes de la Vecinal Colastiné Norte señalaron, como ejemplo, que en el borrador del Plan “el punto de concentración es precisamente uno de los puntos bajos que es junto a ASOEM, una zona que se inunda”.

Ninguna de las entidades que figuraban como centros de evacuados sabían que habían sido designadas como tales. Ni siquiera el Ministerio de Educación había sido notificado sobre las 30 escuelas que figuraban en el borrador como lugares para cobijar los inundados.

9. Las alertas que dio el intendente Balbarrey no se correspondían con las que estaban planteadas en el (virtual) Plan de Contingencia.

De acuerdo a la Ordenanza 11178, Balbarrey decretó el 29 de marzo Alerta Azul durante la inundación. El Plan de Contigencias Zuccarini/Balbarrey carecía de tal alerta: correspondían los alertas Amarillo o Naranja.

10. No había un funcionario específico para afrontar la inundación.

Desde diciembre de 2006 la ciudad se hallaba en emergencia por la crecida del Paraná: para ese entonces Zuccarini se encontraba definitivamente “desaparecido” de sus funciones, sin que todavía se haya podido establecer si había renunciado, abandonado el cargo o tomado licencia. Cuando la crecida llegó al punto en que fueron necesarias evacuaciones, Balbarrey designo a Horacio Ruiz, el secretario de Asuntos Hídricos, como responsable directo, con atribuciones que por su especificidad se encontraban fuera de su cartera.

11. Hasta el 30 de marzo, dos días después de iniciada la crisis, la Municipalidad nunca dio directivas sobre cuándo o cómo realizar las evacuaciones, ni especificó con qué se podían hacer los traslados. 

La mayoría de los inundados apeló a sus propios medios para evacuarse, echados por el agua que ya había entrado a sus casas. Aun así, cuando la Municipalidad intervino contribuyó al caos: trasladaron personas a zonas inundables y produjeron separaciones de familias. Tampoco hubo trato especial para personas con mayores dificultades: ancianos, niños, discapacitados, enfermos crónicos.

12. A pesar del anuncio oficial de evacuación para el oeste, la Municipalidad no proveyó suficientes medios de movilidad o información precisa sobre los destinos para los evacuados.

A tal efecto, Balbarrey comprometió en su anuncio el apoyo logístico de Ejército, Gendarmería y Prefectura. Sin embargo, de los testimonios no se desprende que se haya visto participación del Ejército o Gendarmería. Sólo se avistaron algunas lanchas aisladas de Prefectura. Monica Fessy, de barrio Chalet, declaró que “los anfibios que nosotros vimos eran tracción a sangre: los carros de la gente que trabaja cirujeando”.

13. La mayoría de los centros de evacuados se abrieron y coordinaron por acción y decisión de entidades intermedias de la ciudad, directivos de las escuelas o presión de los vecinos inundados.

Ningún evacuado sabía adónde dirigirse para ser cobijado. Los diez primeros centros, abiertos el 28 de marzo, fueron supervisados por el Municipio, que al otro día ya había perdido el control de las aperturas. Recién el 31, Promoción Comunitaria de la Provincia comenzó a aportar datos fidedignos sobre la cantidad y situación de los centros.

Varios lugares abiertos por la Municipalidad tuvieron que ser evacuados porque, luego, se inundaron, como el de Vecinal Pompeya y el de la Escuela Zaspe. Barrios enteros, como 21 de Octubre, no contaban con un centro de evacuados específicamente asignado. Centros como los de las escuelas 570, 471 o 440 se abrieron aun cuando no contaban con electricidad, debido a los cortes que se producían por la crisis.

14. Una vez en funcionamiento, la Municipalidad no dotó de organización a los centros de evacuados. Carecían de responsables designados o de referentes aptos y formados para situaciones de crisis y su estado sanitario era deplorable.

Estudiantes, docentes, comisiones deportivas, comunidades religiosas, organizaciones en general de la sociedad civil fueron las que afrontaron con su autogestión la situación en los centros. El propio personal de asistencia social de la Municipalidad admitía ante los medios, el 29 de marzo, que no tenían directivas de las autoridades.

La situación sanitaria era insostenible, dándose numerosos casos de convivencia con gran cantidad de animales. Los centros estaban sobrepasados: el Predio Ferial tenía estipulada una capacidad de 500 personas; lo habitaron unas 2000. La elaboración de listados de evacuados corría por cuenta de los improvisados ciudadanos que se hicieron cargo de la situación. Tampoco hubo un organismo que centralizara la información.

15. La asistencia a los centros fue insuficiente: la comida fue poca, muy mala y dada fuera de horario; colchones y frazadas tampoco alcanzaron. La mayor parte corrió por cuenta de la Provincia, no del Municipio. Los teléfonos designados por la Municipalidad para pedir ayuda prácticamente no funcionaron. Faltó también la recolección de residuos, la limpieza, la entrega de baños químicos.

En los 172 centros que se abrieron la atención se caracterizó por el desorden y la precariedad. Fueron los propios e improvisados organizadores de los centros quienes se encargaron de hacer las gestiones por ayuda. El ciclo comenzaba reclamando (infructuosamente) a los teléfonos de la Municipalidad. En muchos casos, se preparaba la comida con mercadería propia y utilizando la infraestructura de los establecimientos. Cuando eso era imposible, según los testimonios la comida llegaba a las “2 de la madrugada” o a “las 5 de la tarde”. Era tan mala que en muchos casos los evacuados se negaban a comerla, en el Colegio Nacional se entregó pollo podrido. En la Escuela San Cayetano, por ejemplo, se entregaron sólo 100 colchones para 700 evacuados. En todos los casos se producían colapsos de higiene por falta de provisión y vaciado de baños químicos. Lo mismo sucedió con la recolección de residuos.

16. La falta de debida autoridad política en los centros de evacuados afectó la convivencia, dándose numerosos conflictos. Sin embargo, la situación no era mejor en el centro más grande a cargo de la Municipalidad: el Predio Ferial.

El Predio fue el único centro cuya vigilancia requirió de la presencia de la Tropa de Operaciones Especiales. También allí se registró un intento de abuso sexual. Al principio, estuvo dirigido por integrantes de centros de estudiantes universitarios. Tras varios días se hizo responsable del lugar Elsa Roa, en nombre de la Municipalidad, junto a 20 hombres del Sindicato de la Carne. Según declaraciones de los evacuados a los medios, el nuevo grupo echó a los estudiantes a fuerza de amenazas, empellones y gestos de portar armas. Sobre el caso del intento de abuso sexual, ni la menor afectada ni su familia fueron retirados del lugar o asistidos por las autoridades.

En varios centros se llegó al punto de agradecer, en función de la buena organización, la retirada del personal oficial asignado, dada su inoperancia, falta de recursos o intereses políticos espurios.

17. No se proveyó ayuda para reparar los destrozos producidos en los centros de evacuados.

En particular, los daños se produjeron en las escuelas, cuyas autoridades fueron fuertemente presionadas por el Ministerio de Educación para desalojar a los evacuados y comenzar con el dictado de clases ya el 9 de abril, pese a que todavía no se había retirado el agua de muchas zonas de la ciudad. Por dar un caso, en el gimnasio de la Escuela Normal se quemó la bomba de agua del tanque, las cañerías y desagües se taparon, se rompieron los pisos, desaparecieron canillas. No recibieron ninguna ayuda de la Municipalidad para recomponer el lugar.

18. Los pabellones para inundados por la creciente del Paraná, construidos por el Municipio, se inundaron con las lluvias de marzo.

En diciembre de 2006 el agua del Paraná inundó la Vuelta del Paraguayo, Bajada Distéfano, los asentamientos de la ruta 168, el barrio Nueva Esperanza y las viviendas fuera del anillo de defensas en La Guardia y Colastiné. Para ellos, se instalaron refugios de chapa a un costado de la ruta 168 y en la zona de Colastiné Sur. Con las lluvias de 2007 se inundaron.

19. No hubo comida y agua para los inundados que permanecieron en sus viviendas.

Recién a partir el 3 de abril, por única vez, se repartió en los barrios a quienes se quedaron en guarda de sus viviendas un bolsón de víveres secos (obviamente, faltaban medios para su cocción) y “algo” de agua potable.  La ayuda provino de Desarrollo Social de la Nación. En el populoso Las Flores II estuvieron aislados cinco días sin comida, agua, luz o asistencia médica. En el barrio 12 Octubre directamente no recibieron nada “Ni durante ni después”.

20. No hubo organización de los regresos a las viviendas, una vez retirada el agua, ni colaboración en la limpieza y desinfección.

En casi todos los testimonios se señaló que la provisión fue escasa: “un litro de lavandina o desinfectante”. Y fue entregada tarde: recién en mayo. En Santa Rosa de Lima y Las Flores, según las declaraciones, nunca llegó nada.

Causas al cajón

La inundación de 2007 dejó cuatro muertos. El Estado los reconoció, pero deslindó su responsabilidad. El procurador de la Corte Suprema de Justicia Agustín Bassó, nombrado a pedido del ex gobernador Jorge Obeid, cajoneó las cuatro presentaciones que se hicieron: dos de particulares, otra de la Federación de Vecinales y la restante del Foro contra la Impunidad y por la Justicia. No hubo procesados pese a la investigación del Concejo Municipal que permitió detectar 20 irregularidades cometidas por el municipio, entonces a cargo de Martín Balbarrey.

La presentación de la Comisión Investigadora llegó a ser tramitada por la Justicia, pero los fiscales que responden a Bassó apenas movieron el expediente, cajoneado desde 2008. La investigación compromete principalmente a Balbarrey y a dos de sus funcionarios: el secretario de Asuntos Hídricos Horacio Ruiz y el subsecretario de Gestión de Riesgo Pedro Zuccarini. Entre otros cargos, se les atribuyó incumplimiento de deberes de funcionario público y abandono de persona, pero los fiscales que trabajaron en la causa –Norberto Nisnevich y Juan Pablo López Rosas– no los imputaron. Los ex funcionarios no declararon ante la Justicia ni ante la comisión.

El último movimiento de Bassó fue requerir que la Cámara de Apelación en lo Penal “arbitre las medidas necesarias para que la causa reciba el tratamiento pertinente”. La cámara no arbitró ninguna medida.

Publicada en Pausa #90, miércoles 28 de marzo de 2012