ONG articulan acciones con el Estado para revertir el flagelo de la violencia de género. “No es una cuestión privada: todo lo que tenga que ver con la violencia tiene que ocuparnos”, definió el ministro Farías. El peligro de la naturalización. Las voces de Beatriz Fullone, Rosa Acosta, Mabel Busaniche, Liliana Loyola y Rosa Ameduri.
Por Marcela Perticarari
Año tras año las cifras aumentan. Son números que representan vidas. Quizás sea porque la problemática se torna visible y más mujeres se animan a contar sobre el flagelo que las acosa, en muchos casos, a través de largos períodos de sus existencias. Entonces deciden que es el momento de salir en busca de una solución. O tal vez sea porque los mandatos del patriarcado parecen acentuarse y la violencia está naturalizada, dificultando desterrar los mitos y aquello de que “sólo se le fue un poco la mano”. Lo cierto es que la violencia doméstica, calificada por muchos especialistas como pandemia del siglo XXI, tiene una ley que ampara a las mujeres, pero más del 50% desconoce sus alcances.
A fines de julio de 2001 se aprobó el Decreto Nº 1.745 que reglamenta la ley de Protección contra la Violencia Familiar en nuestra provincia. Fue el fruto de casi dos años de trabajo interdisciplinario entre profesionales de la abogacía, la psicología, el trabajo social y la medicina.
Como contrapartida de la problemática que lleva a miles de mujeres al año a denunciar su situación en distintos estamentos, son varias las organizaciones que trabajan en el terreno para combatir la violencia. El Estado intenta hacerse eco mediante políticas públicas que contengan una visión de género.
El próximo miércoles se celebrará el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Desde 1981, militantes por los derechos de la mujer conmemoran el 25 de noviembre el brutal asesinato, en 1960, de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de República Dominicana, por orden de Rafael Trujillo. A pocos días de tan triste aniversario, es oportuno un recorrido por las iniciativas que buscan desterrar la violencia.
La semana pasada, el Centro de Estudios Sociales y Culturales para la comunidad (Cesc) y el gobierno provincial firmaron un convenio para poner en marcha el Observatorio de Violencia de Género de la ciudad de Santa Fe, que fue propuesto por el propio Cesc con el apoyo del Fondo de Naciones Unidas para la Mujer (Unifem).
De la presentación participaron el ministro de Desarrollo Social, Pablo Farías, y representantes de las entidades comprometidas en el proyecto: el Cesc, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, la Dirección Provincial de las Mujeres de la provincia y ATE Santa Fe. También disertó, como invitada, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Las entidades comprometidas analizarán casos de violencia de género. Para ello, víctimas y funcionarios judiciales serán encuestados con el objeto de profundizar en la problemática y conocer de qué manera se trabaja esta problemática y qué respuesta se les da a las víctimas de la violencia de género.
ENTENDER EL PROBLEMA. “Uno de los datos más alarmantes de las encuestas que hicimos en Rosario es que las mujeres no conocen la ley 11.529 de Protección contra la Violencia Familiar. Este desconocimiento no les permite decidir o solicitar algunas medidas de protección. Queríamos ver el real acceso de las mujeres a la Justicia y nos encontramos con obstáculos que tienen que ver con cómo se entiende la problemática de la violencia, cuántas veces tienen que contar su situación las víctimas. Esto se conoce como la re-victimización”, comentó la fundadora del Cesc, Beatriz Fullone.
En nuestra ciudad se realizará el mismo relevamiento que en Rosario, con el apoyo de la ONG Palabras, de la Dirección Provincial de la Mujer y de un equipo interdisciplinario.
Durante la presentación del observatorio se hizo hincapié en la necesidad de una formación en perspectiva de género para hacer una lectura adecuada de una problemática compleja. “Sin esta perspectiva no se puede entender cómo es posible que una mujer vuelva con un hombre violento, aún después de haberlo denunciado. Esto está relacionado con cuestiones económicas, sociales, de salud, psicológicas, entre otras. Socialmente, la mujer tiene que cumplir el rol de madre, cuidar a su esposo y su casa; es decir, le corresponde el ámbito de lo privado. En cambio, al hombre se lo prepara para el afuera: que sea fuerte, luchador y proveedor. Entonces, la violencia familiar y de género quedan reducidas al ámbito de lo privado, pero es un problema público”, graficó Fullone.
Los resultados del observatorio deberán servir para diseñar políticas públicas que tengan en cuenta la perspectiva de género.
El ministro Pablo Farías declaró que “la firma del convenio significa un compromiso de los distintos entes que vienen trabajando la problemática de la violencia de género y, sobre todo, la violencia contra la mujer, que lamentablemente es uno de los flagelos más fuertes. Los casos en que son víctimas mujeres han ido en aumento y también los femicidios. Me parece que el convenio permitirá crear un gran foro de debate, de análisis y de seguimiento”.
Por ello, a partir de la información que genere el Observatorio de Violencia de Género se reforzarán algunas de las políticas que se llevan adelante desde la cartera y se implementarán nuevas medidas en el ámbito gubernamental y judicial. “En la provincia hay cuestiones que nos preocupan, como una cierta naturalización de estas situaciones. Es decir, socialmente se actúa con pasividad y no se identifica como una gran problemática. Aparece como algo natural, algo que pasa del otro lado de las puertas de las casas y que, por lo tanto, es una cuestión privada. Pero no es una cuestión meramente privada: todo lo que tenga que ver con la violencia tiene que preocuparnos y ocuparnos”, reflexionó Farías.
EL CESC Y SU OBSERVATORIO. El Centro de Estudios Sociales y Culturales para la comunidad fue creado en homenaje a Carlos Triglia, ex juez penal y acérrimo defensor de los derechos humanos. Fundado por Beatriz Fullone, el Cesc aborda principalmente problemáticas de la mujer y la familia desde una perspectiva de género, promoviendo el efectivo ejercicio de los derechos. Desde la organización se trabaja principalmente con las problemáticas actuales de la mujer y la familia, posibilitando alternativas y promoviendo el ejercicio de los derechos. Entre sus objetivos está el de trabajar con la comunidad para ir borrando las desigualdades de género. En lo cotidiano esa idea se concreta a través de múltiples actividades, entre ellas cursos sobre problemática de género y violencia familiar, jornadas de reflexión y capacitación, talleres y espacios para mujeres.
Institucionalmente, las acciones y proyectos del Cesc intentan fortalecer el vínculo con la comunidad, con los vecinos y organizaciones sociales, a fin de ser realmente una referencia para el abordaje de dichas problemáticas.
El Observatorio de Violencia Género está vinculado con el monitoreo de la ley Nº 11.529 de Violencia Familiar. Por ello, uno de sus horizontes es concretar un mapa de la situación tendiente a la erradicación de esta compleja problemática. “La idea es ver que no basta con la legislación, poder visualizar cuáles son y dónde están esas fallas, para plantear un trabajo articulado con los distintos estamentos, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La meta es que realmente los derechos que expresa la ley se cumplan. Queremos que sirva de herramienta tanto a los poderes públicos como a nosotros”, explicó Fullone.
Durante una primera etapa se realizarán cuestionarios y se recabará información acerca de la ley de Violencia Familiar. El trabajo de campo es parte del proceso de investigación que tiende a obtener elementos de la realidad concreta, factibles de plasmar en las políticas públicas. “Luego de tener todo este corpus relevado, veremos qué cosas podemos pensar desde la sociedad civil y el Estado. Lo fundamental es que sea más accesible la cuestión de la violencia familiar en la justicia. Sabemos que todavía en nuestra provincia y en el país hay una gran deuda hacia la población que hace esas presentaciones, porque todavía no está implementada la especificidad para tratar este tema”, amplió la fundadora del Cesc.
En Rosario, la consulta se hizo entre 306 mujeres y de ese total se realizó un corte con 127 testimonios que brindan datos significativos: el primero de ellos se refiere a que las mujeres que llegan, y que en general sufren situaciones de violencia desde hace muchos años, son aquellas que han tenido o tienen menores posibilidades de acceso a la educación y a un trabajo calificado y con una remuneración acorde.
También se confirmó que las mujeres que tienen mayores posibilidades económicas contratan abogados y se presentan en los tribunales de Familia. La edad promedio de quienes recurren a la Justicia es de entre los 25 y 39 años, el 25% son amas de casa, otro 21% están desocupadas, un 20,5% forman parte del gran número de trabajadoras no registradas y un 20% cobra planes sociales.
Desde la ONG Palabras, Mabel Busaniche rescató el trabajo posterior: “Después de concluir esta experiencia del observatorio tenemos que hacer mesas de diálogo para intercambiar generosamente distintas propuestas”. Finalmente, opinó que las organizaciones sociales están fragmentadas, por lo que hay que buscar estrategias comunes para dirigirse a los medios, al Estado y a la Justicia.
EL DERECHO HUMANO. Rosa Acosta, titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, recordó los tipos de violencia más comunes que sufren las mujeres: física, psíquica, sexual y económica. “La ley 11.529 marca los diferentes estamentos que deben hacerse cargo del problema que sufre la mujer cuando se le violan sus derechos, su dignidad y su integridad. Esa ley nos permitió tener un marco, pero el observatorio está mostrando desde 1997 cuáles son las falencias que las mujeres ven en el Poder Judicial, porque una ley no hace magia: es un camino para que aquella que tiene un problema pueda acudir a un lugar. Tanto el Poder Ejecutivo como Judicial tienen que tomar el caso cuando una mujer manifiesta que es víctima de violencia”.
“Los derechos humanos sin justicia no podrían existir. La justicia en sí son los derechos humanos”, definió Acosta. “Necesitamos un sistema para ver cómo las políticas públicas se aplican con una perspectiva de género. En este sentido, diseñamos el organigrama político-institucional de forma tal de dar cabida a esta perspectiva de género en todos los programas y acciones que lleva adelante la Secretaría para monitorear las políticas de otras jurisdicciones del Poder Ejecutivo y Legislativo”. La funcionaria también señaló la necesidad de generar programas que prevengan la violencia “para llegar antes de que las mujeres necesiten asistencia”.
Por su parte, la defensora adjunta del pueblo zona norte, Liliana Loyola, sentenció: “Estamos hablando del derecho a una vida libre de violencia. Todos tenemos ese derecho por igual. Y cuando se viola un derecho humano, se viola por la acción del violento pero también se viola por la omisión de las políticas que tienen que resolver estas acciones violentas”.
Loyola argumentó que la violencia de género es un entrecruzamiento entre la vulnerabilidad social y los factores de riesgo para que una persona sea víctima de violencia: “Si bien la violencia de género atraviesa todas las capas sociales, no todos los sectores sociales tienen los mismos recursos para recurrir a estamentos judiciales y al tratamiento para la víctima. Por eso es fundamental este mapa que hará el observatorio para saber hasta dónde vamos a definir las políticas de Estado”.
La funcionaria recordó que la Defensoría del Pueblo cuenta con un Centro de Atención a la Víctima “que nos permite estar en contacto permanente con este padecimiento”. En los últimos años, el centro atendió más de 8.500 casos de víctimas de violencia de género. “Allí no se hacen solamente consultas sino que se atiende, se acompaña a una persona a reestructurarse a sí misma para poder enfrentar esta situación que la ha destruido íntima, física y psíquicamente, y eso lleva mucho tiempo”, contó la defensora.
En toda la provincia no hay más que cinco centros de atención, ubicados en Santa Fe, Rosario, Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto. En este punto se encuentra uno de los obstáculos más importantes en lo que refiere a la llegada a las víctimas: “Más nos alejamos de esas ciudades, más desprotegidas encontramos a las mujeres: tienen menos accesibilidad al Poder Judicial y a la Policía”, admitió Loyola. En esta línea, objetó a la burocracia “ya que en algunos casos las mujeres que han sido víctimas de maltratos tienen que esperar horas hasta que los fiscales autoricen su estadía en un albergue. Ahí llegan las mujeres que se animaron a llegar, a veces no tienen plata para pagar el colectivo. Sabemos que es gente que tiene su vida en riesgo. Por eso, desde el equipo interdisciplinario nos propusimos trabajar sobre la visibilización, porque la violencia de género es invisible y la visibilización no se logra mediante un decreto o por una ley, sino con el trabajo”.
EL TRABAJO EN LA PROVINCIA. María Rosa Ameduri, directora provincial de las Mujeres –área dependiente del Ministerio de Desarrollo Social– destacó la importancia de tener un espacio de observación sobre los hechos que ocurren y las formas en que se abordan. “Vemos en distintas estadísticas las características de la población que llega y la forma en que es atendida, cuántos hijos tiene, cuántos años de convivencia llevan juntos... Los números son un completo devenir. Esto no es un simple listado de cifras, sino que lleva un análisis, una reflexión y una puesta en común para ver cómo dirigir las políticas de Estado. El mayor desafío que tenemos es poder aunar los datos en un registro único. El observatorio está recabando la cantidad de denuncias hechas en las comisarías y en la Defensoría del Pueblo, más los datos recabados por Derechos Humanos, más las causas que llegan a Tribunales. Buscamos trabajar fuertemente con las fiscalías en cada pueblo. Es un trabajo lento, con muchos retrocesos y pocos avances, pero estamos dispuestas a llevarlo adelante. Eso nos va a dar la posibilidad de ver la realidad clara y concreta”.
“Todos y todas tenemos que tomar conciencia de que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Si todos lo entendieran sería mucho más sencillo llevarlo adelante”, concluyó Ameduri.
NUEVA OFICINA. Días pasados, la Justicia santafesina firmó un convenio con la Corte Suprema de la Nación para implementar en la provincia una oficina similar a la que recibe denuncias de violencia doméstica en la ciudad de Buenos Aires. María Angélica Gastaldi, ministra de la Corte de Santa Fe, informó que “la Corte nacional tiene interés en fomentar un sistema como el que exige el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés)”, que pone énfasis en el seguimiento estadístico, la ubicación de tipos de casos y la jurisprudencia. Según la ministra, lo más importante del proyecto es que “busca empoderar a las mujeres, que es la única forma de evitar la victimización. Es un planteo democrático que tiene que ver con el acceso a la justicia”.
Gastaldi subrayó: “Hay que mirar todas las formas de violencia contra la mujer. Puede aparecer como victimaria y que eso sea la eclosión de una violencia previa: el 70% de las detenidas por delitos graves los cometieron al explotar situaciones de violencia extrema. He visto jueces que tenían a la vista a víctimas de los más atroces daños físicos y psíquicos y aún así pasaban inadvertidas. También los jueces aplican el debido proceso y es cierto que en relaciones afectivas y de apego es difícil desentrañar la prueba, pero a veces aparecen los estereotipos. como en casos en los que dicen: ‘Bueno, le pegaba y se le fue la mano’, cuando el hombre termina degollando a la mujer”.
Durante el seminario Ciudades Libres de Discriminación, llevado a cabo por el Inadi en agosto, Ameduri trazó el panorama de las cinco regiones que componen la provincia. “Tratar de hablar de todas las realidades de la provincia es bastante difícil porque tenemos diferencias sustanciales entre una y otra localidad. La realidad no es la misma en el norte que en el sur”, reconoció. No obstante, sostuvo: “Si uno piensa cómo viven las mujeres frente a las distintas realidades, vemos que es sustancialmente diferente para una mujer de Venado Tuerto encarar el tema laboral que para una mujer de Reconquista, que tiene que luchar día a día para conseguir agua, por ejemplo. Las realidades son distintas, pero las iguala la discriminación por el simple hecho de ser mujer”.
LOS NÚMEROS DE LA AGRESIÓN. La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recibió en un año 6.746 denuncias y detectó 8.354 personas que sufrieron maltratos familiares, el 82% de las cuales son mujeres.
A un año de inaugurada la oficina, la vicepresidenta de la Corte, Elena Higthon de Nolasco, afirmó que “para derribar ciertos mitos, como el de que la violencia doméstica siempre es cosa de ignorantes o pobres, el nivel de estudios que tienen los varones y mujeres denunciadas es secundario, completo o incompleto”.
Respecto al tipo de violencia, se observa que un 89% corresponde a violencia psicológica, 68% física, 30% económica y 14% sexual, pudiendo cada caso estar afectado por más de un tipo, como se puede deducir de los guarismos.
Del total de denuncias efectuadas entre septiembre de 2008 al mismo mes de 2009, 4.907 expedientes fueron derivados al fuero civil, mientras que en 3.382 casos se dio intervención al penal, ya que un legajo puede ser derivado a dos fueros.
La Oficina de Violencia Doméstica realiza un informe de riesgo para la víctima en el mismo momento de la denuncia, con constatación de lesiones físicas y la disposición eventual de medidas cautelares, así como de un policía de consigna si se establece la restricción al agresor de permanencia en el hogar.
Si bien la oficina permanece abierta las 24 horas, la mayor parte de las mujeres van los lunes y martes, porque les resulta más difícil justificar una salida el fin de semana de su casa.
Unas 500 causas penales fueron archivadas por los jueces, que no toman en cuenta casos que puntualmente pueden aparecer pequeños. “Nos preocupa que se archiven porque queremos que se siga investigando para que no haya minimización de la violencia doméstica, donde el círculo violento va y viene, y puede terminar en homicidio”, concluyó la jueza Higthon de Nolasco.
El alerta está planteado.
EN CIFRAS
6.746 denuncias recibió la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el último año
82 mujeres murieron en lo que va de 2009 víctimas de femicidios
22-39 es la franja etaria promedio que más casos de maltratos denunció en ese mismo período
89% de las denuncias fueron por violencia psicológica
500 causas penales fueron archivadas por los jueces
Fuentes: Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia.
Defensoría del Pueblo de la provincia.
Secretaría de Derechos Humanos de la provincia.
Centro de Estudios Sociales y Culturales para la comunidad.
Por Marcela Perticarari
Año tras año las cifras aumentan. Son números que representan vidas. Quizás sea porque la problemática se torna visible y más mujeres se animan a contar sobre el flagelo que las acosa, en muchos casos, a través de largos períodos de sus existencias. Entonces deciden que es el momento de salir en busca de una solución. O tal vez sea porque los mandatos del patriarcado parecen acentuarse y la violencia está naturalizada, dificultando desterrar los mitos y aquello de que “sólo se le fue un poco la mano”. Lo cierto es que la violencia doméstica, calificada por muchos especialistas como pandemia del siglo XXI, tiene una ley que ampara a las mujeres, pero más del 50% desconoce sus alcances.
A fines de julio de 2001 se aprobó el Decreto Nº 1.745 que reglamenta la ley de Protección contra la Violencia Familiar en nuestra provincia. Fue el fruto de casi dos años de trabajo interdisciplinario entre profesionales de la abogacía, la psicología, el trabajo social y la medicina.
Como contrapartida de la problemática que lleva a miles de mujeres al año a denunciar su situación en distintos estamentos, son varias las organizaciones que trabajan en el terreno para combatir la violencia. El Estado intenta hacerse eco mediante políticas públicas que contengan una visión de género.
El próximo miércoles se celebrará el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Desde 1981, militantes por los derechos de la mujer conmemoran el 25 de noviembre el brutal asesinato, en 1960, de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de República Dominicana, por orden de Rafael Trujillo. A pocos días de tan triste aniversario, es oportuno un recorrido por las iniciativas que buscan desterrar la violencia.
La semana pasada, el Centro de Estudios Sociales y Culturales para la comunidad (Cesc) y el gobierno provincial firmaron un convenio para poner en marcha el Observatorio de Violencia de Género de la ciudad de Santa Fe, que fue propuesto por el propio Cesc con el apoyo del Fondo de Naciones Unidas para la Mujer (Unifem).
De la presentación participaron el ministro de Desarrollo Social, Pablo Farías, y representantes de las entidades comprometidas en el proyecto: el Cesc, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, la Dirección Provincial de las Mujeres de la provincia y ATE Santa Fe. También disertó, como invitada, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Las entidades comprometidas analizarán casos de violencia de género. Para ello, víctimas y funcionarios judiciales serán encuestados con el objeto de profundizar en la problemática y conocer de qué manera se trabaja esta problemática y qué respuesta se les da a las víctimas de la violencia de género.
ENTENDER EL PROBLEMA. “Uno de los datos más alarmantes de las encuestas que hicimos en Rosario es que las mujeres no conocen la ley 11.529 de Protección contra la Violencia Familiar. Este desconocimiento no les permite decidir o solicitar algunas medidas de protección. Queríamos ver el real acceso de las mujeres a la Justicia y nos encontramos con obstáculos que tienen que ver con cómo se entiende la problemática de la violencia, cuántas veces tienen que contar su situación las víctimas. Esto se conoce como la re-victimización”, comentó la fundadora del Cesc, Beatriz Fullone.
En nuestra ciudad se realizará el mismo relevamiento que en Rosario, con el apoyo de la ONG Palabras, de la Dirección Provincial de la Mujer y de un equipo interdisciplinario.
Durante la presentación del observatorio se hizo hincapié en la necesidad de una formación en perspectiva de género para hacer una lectura adecuada de una problemática compleja. “Sin esta perspectiva no se puede entender cómo es posible que una mujer vuelva con un hombre violento, aún después de haberlo denunciado. Esto está relacionado con cuestiones económicas, sociales, de salud, psicológicas, entre otras. Socialmente, la mujer tiene que cumplir el rol de madre, cuidar a su esposo y su casa; es decir, le corresponde el ámbito de lo privado. En cambio, al hombre se lo prepara para el afuera: que sea fuerte, luchador y proveedor. Entonces, la violencia familiar y de género quedan reducidas al ámbito de lo privado, pero es un problema público”, graficó Fullone.
Los resultados del observatorio deberán servir para diseñar políticas públicas que tengan en cuenta la perspectiva de género.
El ministro Pablo Farías declaró que “la firma del convenio significa un compromiso de los distintos entes que vienen trabajando la problemática de la violencia de género y, sobre todo, la violencia contra la mujer, que lamentablemente es uno de los flagelos más fuertes. Los casos en que son víctimas mujeres han ido en aumento y también los femicidios. Me parece que el convenio permitirá crear un gran foro de debate, de análisis y de seguimiento”.
Por ello, a partir de la información que genere el Observatorio de Violencia de Género se reforzarán algunas de las políticas que se llevan adelante desde la cartera y se implementarán nuevas medidas en el ámbito gubernamental y judicial. “En la provincia hay cuestiones que nos preocupan, como una cierta naturalización de estas situaciones. Es decir, socialmente se actúa con pasividad y no se identifica como una gran problemática. Aparece como algo natural, algo que pasa del otro lado de las puertas de las casas y que, por lo tanto, es una cuestión privada. Pero no es una cuestión meramente privada: todo lo que tenga que ver con la violencia tiene que preocuparnos y ocuparnos”, reflexionó Farías.
EL CESC Y SU OBSERVATORIO. El Centro de Estudios Sociales y Culturales para la comunidad fue creado en homenaje a Carlos Triglia, ex juez penal y acérrimo defensor de los derechos humanos. Fundado por Beatriz Fullone, el Cesc aborda principalmente problemáticas de la mujer y la familia desde una perspectiva de género, promoviendo el efectivo ejercicio de los derechos. Desde la organización se trabaja principalmente con las problemáticas actuales de la mujer y la familia, posibilitando alternativas y promoviendo el ejercicio de los derechos. Entre sus objetivos está el de trabajar con la comunidad para ir borrando las desigualdades de género. En lo cotidiano esa idea se concreta a través de múltiples actividades, entre ellas cursos sobre problemática de género y violencia familiar, jornadas de reflexión y capacitación, talleres y espacios para mujeres.
Institucionalmente, las acciones y proyectos del Cesc intentan fortalecer el vínculo con la comunidad, con los vecinos y organizaciones sociales, a fin de ser realmente una referencia para el abordaje de dichas problemáticas.
El Observatorio de Violencia Género está vinculado con el monitoreo de la ley Nº 11.529 de Violencia Familiar. Por ello, uno de sus horizontes es concretar un mapa de la situación tendiente a la erradicación de esta compleja problemática. “La idea es ver que no basta con la legislación, poder visualizar cuáles son y dónde están esas fallas, para plantear un trabajo articulado con los distintos estamentos, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La meta es que realmente los derechos que expresa la ley se cumplan. Queremos que sirva de herramienta tanto a los poderes públicos como a nosotros”, explicó Fullone.
Durante una primera etapa se realizarán cuestionarios y se recabará información acerca de la ley de Violencia Familiar. El trabajo de campo es parte del proceso de investigación que tiende a obtener elementos de la realidad concreta, factibles de plasmar en las políticas públicas. “Luego de tener todo este corpus relevado, veremos qué cosas podemos pensar desde la sociedad civil y el Estado. Lo fundamental es que sea más accesible la cuestión de la violencia familiar en la justicia. Sabemos que todavía en nuestra provincia y en el país hay una gran deuda hacia la población que hace esas presentaciones, porque todavía no está implementada la especificidad para tratar este tema”, amplió la fundadora del Cesc.
En Rosario, la consulta se hizo entre 306 mujeres y de ese total se realizó un corte con 127 testimonios que brindan datos significativos: el primero de ellos se refiere a que las mujeres que llegan, y que en general sufren situaciones de violencia desde hace muchos años, son aquellas que han tenido o tienen menores posibilidades de acceso a la educación y a un trabajo calificado y con una remuneración acorde.
También se confirmó que las mujeres que tienen mayores posibilidades económicas contratan abogados y se presentan en los tribunales de Familia. La edad promedio de quienes recurren a la Justicia es de entre los 25 y 39 años, el 25% son amas de casa, otro 21% están desocupadas, un 20,5% forman parte del gran número de trabajadoras no registradas y un 20% cobra planes sociales.
Desde la ONG Palabras, Mabel Busaniche rescató el trabajo posterior: “Después de concluir esta experiencia del observatorio tenemos que hacer mesas de diálogo para intercambiar generosamente distintas propuestas”. Finalmente, opinó que las organizaciones sociales están fragmentadas, por lo que hay que buscar estrategias comunes para dirigirse a los medios, al Estado y a la Justicia.
EL DERECHO HUMANO. Rosa Acosta, titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, recordó los tipos de violencia más comunes que sufren las mujeres: física, psíquica, sexual y económica. “La ley 11.529 marca los diferentes estamentos que deben hacerse cargo del problema que sufre la mujer cuando se le violan sus derechos, su dignidad y su integridad. Esa ley nos permitió tener un marco, pero el observatorio está mostrando desde 1997 cuáles son las falencias que las mujeres ven en el Poder Judicial, porque una ley no hace magia: es un camino para que aquella que tiene un problema pueda acudir a un lugar. Tanto el Poder Ejecutivo como Judicial tienen que tomar el caso cuando una mujer manifiesta que es víctima de violencia”.
“Los derechos humanos sin justicia no podrían existir. La justicia en sí son los derechos humanos”, definió Acosta. “Necesitamos un sistema para ver cómo las políticas públicas se aplican con una perspectiva de género. En este sentido, diseñamos el organigrama político-institucional de forma tal de dar cabida a esta perspectiva de género en todos los programas y acciones que lleva adelante la Secretaría para monitorear las políticas de otras jurisdicciones del Poder Ejecutivo y Legislativo”. La funcionaria también señaló la necesidad de generar programas que prevengan la violencia “para llegar antes de que las mujeres necesiten asistencia”.
Por su parte, la defensora adjunta del pueblo zona norte, Liliana Loyola, sentenció: “Estamos hablando del derecho a una vida libre de violencia. Todos tenemos ese derecho por igual. Y cuando se viola un derecho humano, se viola por la acción del violento pero también se viola por la omisión de las políticas que tienen que resolver estas acciones violentas”.
Loyola argumentó que la violencia de género es un entrecruzamiento entre la vulnerabilidad social y los factores de riesgo para que una persona sea víctima de violencia: “Si bien la violencia de género atraviesa todas las capas sociales, no todos los sectores sociales tienen los mismos recursos para recurrir a estamentos judiciales y al tratamiento para la víctima. Por eso es fundamental este mapa que hará el observatorio para saber hasta dónde vamos a definir las políticas de Estado”.
La funcionaria recordó que la Defensoría del Pueblo cuenta con un Centro de Atención a la Víctima “que nos permite estar en contacto permanente con este padecimiento”. En los últimos años, el centro atendió más de 8.500 casos de víctimas de violencia de género. “Allí no se hacen solamente consultas sino que se atiende, se acompaña a una persona a reestructurarse a sí misma para poder enfrentar esta situación que la ha destruido íntima, física y psíquicamente, y eso lleva mucho tiempo”, contó la defensora.
En toda la provincia no hay más que cinco centros de atención, ubicados en Santa Fe, Rosario, Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto. En este punto se encuentra uno de los obstáculos más importantes en lo que refiere a la llegada a las víctimas: “Más nos alejamos de esas ciudades, más desprotegidas encontramos a las mujeres: tienen menos accesibilidad al Poder Judicial y a la Policía”, admitió Loyola. En esta línea, objetó a la burocracia “ya que en algunos casos las mujeres que han sido víctimas de maltratos tienen que esperar horas hasta que los fiscales autoricen su estadía en un albergue. Ahí llegan las mujeres que se animaron a llegar, a veces no tienen plata para pagar el colectivo. Sabemos que es gente que tiene su vida en riesgo. Por eso, desde el equipo interdisciplinario nos propusimos trabajar sobre la visibilización, porque la violencia de género es invisible y la visibilización no se logra mediante un decreto o por una ley, sino con el trabajo”.
EL TRABAJO EN LA PROVINCIA. María Rosa Ameduri, directora provincial de las Mujeres –área dependiente del Ministerio de Desarrollo Social– destacó la importancia de tener un espacio de observación sobre los hechos que ocurren y las formas en que se abordan. “Vemos en distintas estadísticas las características de la población que llega y la forma en que es atendida, cuántos hijos tiene, cuántos años de convivencia llevan juntos... Los números son un completo devenir. Esto no es un simple listado de cifras, sino que lleva un análisis, una reflexión y una puesta en común para ver cómo dirigir las políticas de Estado. El mayor desafío que tenemos es poder aunar los datos en un registro único. El observatorio está recabando la cantidad de denuncias hechas en las comisarías y en la Defensoría del Pueblo, más los datos recabados por Derechos Humanos, más las causas que llegan a Tribunales. Buscamos trabajar fuertemente con las fiscalías en cada pueblo. Es un trabajo lento, con muchos retrocesos y pocos avances, pero estamos dispuestas a llevarlo adelante. Eso nos va a dar la posibilidad de ver la realidad clara y concreta”.
“Todos y todas tenemos que tomar conciencia de que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Si todos lo entendieran sería mucho más sencillo llevarlo adelante”, concluyó Ameduri.
NUEVA OFICINA. Días pasados, la Justicia santafesina firmó un convenio con la Corte Suprema de la Nación para implementar en la provincia una oficina similar a la que recibe denuncias de violencia doméstica en la ciudad de Buenos Aires. María Angélica Gastaldi, ministra de la Corte de Santa Fe, informó que “la Corte nacional tiene interés en fomentar un sistema como el que exige el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés)”, que pone énfasis en el seguimiento estadístico, la ubicación de tipos de casos y la jurisprudencia. Según la ministra, lo más importante del proyecto es que “busca empoderar a las mujeres, que es la única forma de evitar la victimización. Es un planteo democrático que tiene que ver con el acceso a la justicia”.
Gastaldi subrayó: “Hay que mirar todas las formas de violencia contra la mujer. Puede aparecer como victimaria y que eso sea la eclosión de una violencia previa: el 70% de las detenidas por delitos graves los cometieron al explotar situaciones de violencia extrema. He visto jueces que tenían a la vista a víctimas de los más atroces daños físicos y psíquicos y aún así pasaban inadvertidas. También los jueces aplican el debido proceso y es cierto que en relaciones afectivas y de apego es difícil desentrañar la prueba, pero a veces aparecen los estereotipos. como en casos en los que dicen: ‘Bueno, le pegaba y se le fue la mano’, cuando el hombre termina degollando a la mujer”.
Durante el seminario Ciudades Libres de Discriminación, llevado a cabo por el Inadi en agosto, Ameduri trazó el panorama de las cinco regiones que componen la provincia. “Tratar de hablar de todas las realidades de la provincia es bastante difícil porque tenemos diferencias sustanciales entre una y otra localidad. La realidad no es la misma en el norte que en el sur”, reconoció. No obstante, sostuvo: “Si uno piensa cómo viven las mujeres frente a las distintas realidades, vemos que es sustancialmente diferente para una mujer de Venado Tuerto encarar el tema laboral que para una mujer de Reconquista, que tiene que luchar día a día para conseguir agua, por ejemplo. Las realidades son distintas, pero las iguala la discriminación por el simple hecho de ser mujer”.
LOS NÚMEROS DE LA AGRESIÓN. La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recibió en un año 6.746 denuncias y detectó 8.354 personas que sufrieron maltratos familiares, el 82% de las cuales son mujeres.
A un año de inaugurada la oficina, la vicepresidenta de la Corte, Elena Higthon de Nolasco, afirmó que “para derribar ciertos mitos, como el de que la violencia doméstica siempre es cosa de ignorantes o pobres, el nivel de estudios que tienen los varones y mujeres denunciadas es secundario, completo o incompleto”.
Respecto al tipo de violencia, se observa que un 89% corresponde a violencia psicológica, 68% física, 30% económica y 14% sexual, pudiendo cada caso estar afectado por más de un tipo, como se puede deducir de los guarismos.
Del total de denuncias efectuadas entre septiembre de 2008 al mismo mes de 2009, 4.907 expedientes fueron derivados al fuero civil, mientras que en 3.382 casos se dio intervención al penal, ya que un legajo puede ser derivado a dos fueros.
La Oficina de Violencia Doméstica realiza un informe de riesgo para la víctima en el mismo momento de la denuncia, con constatación de lesiones físicas y la disposición eventual de medidas cautelares, así como de un policía de consigna si se establece la restricción al agresor de permanencia en el hogar.
Si bien la oficina permanece abierta las 24 horas, la mayor parte de las mujeres van los lunes y martes, porque les resulta más difícil justificar una salida el fin de semana de su casa.
Unas 500 causas penales fueron archivadas por los jueces, que no toman en cuenta casos que puntualmente pueden aparecer pequeños. “Nos preocupa que se archiven porque queremos que se siga investigando para que no haya minimización de la violencia doméstica, donde el círculo violento va y viene, y puede terminar en homicidio”, concluyó la jueza Higthon de Nolasco.
El alerta está planteado.
EN CIFRAS
6.746 denuncias recibió la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el último año
82 mujeres murieron en lo que va de 2009 víctimas de femicidios
22-39 es la franja etaria promedio que más casos de maltratos denunció en ese mismo período
89% de las denuncias fueron por violencia psicológica
500 causas penales fueron archivadas por los jueces
Fuentes: Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia.
Defensoría del Pueblo de la provincia.
Secretaría de Derechos Humanos de la provincia.
Centro de Estudios Sociales y Culturales para la comunidad.
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