¡Mira! la locura institucional

Un llamado a poner atención en las instituciones donde los más excluidos son prácticamente depositados.

Por José María Borlle (*)

Marcelo Percia define institución como “un barullo devastador, un estallido que arrasa con clasificaciones, estadísticas y esquemas, un hervidero de desconfianzas y complicidades… así, toda institución tendrá diferentes historias. Una oficial y otra marginal que se escribirá en los pasillos, en las quejas murmuradas, en el humor”.

Puertas de hierro, amarillo de años, agujeros por donde la locura de los manicomios se deja entrever, por donde falla la ocultación de quienes allí habitan. En ocasiones repetidas, todos reciben la misma toalla (¿son un mismo cuerpo?), todos usan el mismo cepillo (¿son una misma boca?), o una misma máquina de afeitar, exponiéndose así los sufrientes de un padecimiento psíquico a los riesgos mortíferos de las “enfermedades intrahospitalarias”. El sueño psicótico por fin cumplido de una gran boca, de un cuerpo extendido hasta el infinito universal de los “todos iguales”; una clasificación diagnóstica que ahorra la ardua tarea de hacerse un nombre. El precio: ¡renunciar a sus derechos!

¿Qué condiciones existen para un tratamiento de las diferentes expresiones del sufrimiento psíquico en el hospital psiquiátrico de nuestra ciudad?

Entrar a las salas de internación del hospital es aventurarnos en una nación que no llega a ser tal, en un espacio público que nos remonta a antiguos momentos históricos en los que al “loco” se lo excluía, se lo depositaba para culminar sus días lejos de los “normales”, para evitar la propagación de dicho flagelo que atenta contra nuestro orden social. Una pseudonación, un lugar sin derechos, un lugar de anulación de la subjetividad, de reducción de la vida a puro cuerpo.

El hospital psiquiátrico Dr. Mira y López se encuentra acariciando el límite norte de nuestra Santa Fe, donde en sus comienzos no había barrios, sólo lugares de “expatriación” como el leprosario de Recreo (Hospital Protomédico Manuel Rodríguez), el hospital para tuberculosos (el Sayago) y, por supuesto, los delincuentes mayores (la cárcel de Las Flores) y los menores (escuela de irregulares sociales). Así se ha ido identificando a estos grupos como los “peligros” y los “contagios”.

SOCIEDAD Y LOCURA. La “locura” que habita nuestras sociedades es locura social y no solo individual. En principio, porque somos seres sociales al constituirnos con el otro. Tendemos a identificarnos con otros al tiempo que lo hacemos a un nombre en singular –un nombre propio– y desde ellos entretejemos la así llamada diversidad (un término redundante, puesto que de por sí todo lo social es diverso).

Entre las respuestas sociales –es decir, políticas– para los desarreglos subjetivos encontramos una central: los espacios institucionales en los que se opera incisivamente para amedrentar a aquellos pacientes que interpelan a la institución que “vela” por ellos, que no se acomodan en ella en tanto objetos. Y si vence la cronificación institucional, el alta está cada vez más alto... Se palpa un “modo de inclusión segregativo”, oxímoron que grafica la inclusión de sujetos que transitan crisis subjetivas en lugares que los segregan de lo social, adjudicando motes a quienes padecen, singularmente, crisis sociales de la época. Reina allí una política dirigida a los llamados “indigentes”, “vulnerables”, jóvenes en conflicto…, en definitiva, los oprimidos por la dictadura de la sociedad de la numeración, de la oferta y la demanda, del puro mercado. Legalidad de una nación de los y las cada vez más jóvenes-locos-pobres, donde cierto goce intramuros les está “permitidobligado”.

TECNOLOGÍAS DE REPRESIÓN SUBJETIVA. Las tecnologías son variadas y no siempre demasiado sutiles en estos claustros de anulación del sujeto: fijaciones mecánicas sin indicación médica acorde a la situación del paciente, aumento de medicación como forma de castigo implícito, clasificaciones diagnósticas que apresuran la rotulación (“no se sabe bien quién es, pero sí claramente qué es”), malos tratos físicos y psíquicos, boicot a las propuestas de tratamiento desde una lógica alternativa, y quizás algunas más.

Para comentar una, obsérvese la fijación mecánica: atar un paciente a una cama es una indicación médica para cuando el paciente transita una crisis con excitación psicomotriz, cosa que sucede realmente pocas veces. El psiquiatra indica la medicación necesaria para frenar la crisis, pero la misma tiene su tiempo para comenzar a hacer el efecto buscado; se intenta entonces que el paciente esté protegido de su propia violencia, que lo lleva a agredirse, a agredir a otros o a exponerse a graves riesgos. Una vez que la medicación actuó, se desata al paciente. La estrategia está plenamente fundamentada en esos casos. Sin embargo, el manicomio deja atado al paciente durante días sin que el psiquiatra (los únicos autorizados para indicar y quitar la fijación) lo haya evaluado. En ocasiones, a pesar de que se haya “levantado” la fijación indicada, el paciente continúa atado.

La justificación: “se va a fugar”. Se vulnera así la ley provincial de Salud Mental, que prohíbe los métodos que coartan la libertad de los sujetos. Más que “fugarse”, quizá busquen irse por no encontrar allí más que medicación, monotonía del tiempo, olores nauseabundos, despojo de lo propio (hasta la vestimenta), denigración integral de su persona, maltrato psicológico, zapatillas rotas, ojotas y agua fría en invierno, violación de la intimidad… Cabe señalar que la ley provincial de Salud Mental (promulgada el 26 de diciembre de 1991) en su artículo 1 establece que “entre las alternativas más idóneas, se evitarán aquellas que pudieran ocasionar algún daño a la salud, privilegiándose las que menos restrinjan la libertad y alejen del núcleo familiar y social”. Además, en el artículo 14 reza, “Los establecimientos de internación de salud mental deberán brindar tratamiento en condiciones que resguarden la integridad psíquica y física de las personas, su dignidad personal y afecten en la medida absolutamente indispensable su libertad, conforme las disposiciones de la presente Ley. Están prohibidas todas las medidas, procedimientos o métodos de castigo físico o psíquico”.

UNA LEY DESREGULADA. Es responsabilidad del Ministerio de Salud, de la Dirección Provincial de Salud Mental en particular y del Poder Judicial auditar inmediatamente el hospital psiquiátrico de Santa Fe, para verificar hasta qué punto la ley provincial de Salud Mental se está implementando y para garantizar los derechos vulnerados de quienes padecen la internación. Así lo dice la ley en su artículo 21: “Los jueces (…), inspeccionarán cada vez que lo consideren conveniente y por lo menos dos veces al año los establecimientos (…) verificando las condiciones de alojamiento, cuidado personal y atención profesional, condiciones de desarrollo de los programas de tratamiento y observancia de los derechos de los internados”. Trabajé tres años en el hospital; nunca apareció ningún funcionario ni juez a realizar dicha inspección.

La transformación paulatina del hospital psiquiátrico en un hospital interdisciplinario en los plazos que establece la ley, está muy lejos de ser un hecho. El artículo 18 establecía un plazo máximo de tres años a partir de la promulgación para dicha transformación. La ley promueve también la implementación de medidas asistenciales alternativas: salud mental en hospitales generales –con y sin internación– atención domiciliaria, servicios de emergencia, centros de salud comunitarios, hospitales de día, casas de medio camino, talleres protegidos… Al momento, no aparecen con fuerza los recursos que la ley dictamina, a 18 años de su promulgación y dos de su reglamentación.

TERRITORIO DE LUCHA. El hospital es escenario de luchas que son, como todas ellas, de liberación. Luchas que llevan adelante pacientes que toman para sí toda propuesta alternativa a la lógica manicomial, lógica que segrega, encierra, rotula, estigmatiza, sella en el sujeto sufriente una impronta de la cual le será muy difícil desembarazarse. Los pacientes dejan de tener paciencia y, algunos más que otros, recuperan la palabra u otros modos de expresión para darnos a conocer su historia, que amerita ser escuchada. Se resitúan como sujetos históricos cuando cuestionan un régimen hospitalario que los lleva a dormir la mayor parte del día, a recibir altas dosis de medicación que impiden desarrollar sus potencialidades. Pero cuando esto sucede se boicotean los dispositivos que jerarquizan al sujeto, mientras los pacientes hasta reciben represalias en los momentos en que el hospital es sólo tierra de enfermeros y psiquiatras de guardia. La lucha y resistencia a la lógica manicomial (que también invade otras instituciones como la escuela, la familia, la justicia, etcétera) resultan del sostenimiento comprometido y crítico de quienes día a día le ponen el cuerpo a la locura del manicomio, pensando y generando espacios de restitución subjetiva desde una lógica de salud mental.

Estas luchas se llevan a cabo contra viento y marea de las políticas oficiales que precarizan a través de “contratos basura” (sin derechos laborales básicos) al recurso humano que trabaja en los dispositivos alternativos, proveyéndoles de escasos recursos materiales para su sostenimiento, no brindando espacios de formación crítica sobre la práctica, proponiendo sólo espacios de difusión de políticas públicas con discursos “políticamente correctos” que no colaboran en demasía con la erradicación definitiva de las tecnologías represivas.

La terrible realidad que viven diariamente los sujetos internados y los trabajadores consecuentes con la transformación de fondo y no de forma del hospital, no es muy original... Dicha situación de extrema gravedad se vive en la mayoría de los hospitales psiquiátricos de nuestro país, lo cual es denunciado permanentemente. Recientemente, en la revista Topia dos trabajadores del hospital Borda de Buenos Aires denunciaron abiertamente las lógicas y técnicas represivas que siguen siendo pilares de los tratamientos en ese hospital. Una psicóloga y un estudiante fueron los autores del artículo y luego fueron despedidos, como es de público conocimiento.

Por eso una parte importante de trabajadores considera que la organización política de quienes trabajamos en salud mental debe abarcar a todos los trabajadores de la salud y a la comunidad, para impulsar con más fuerza transformaciones estructurales al tiempo que se haga efectiva, en principio, la ley Salud Mental, reglamentada pero muy poco aplicada.

(*) Psicólogo. Trabaja en la Dirección Provincial de Salud Mental y es miembro de la Asamblea de Trabajadores de la Salud.