miércoles, 21 de septiembre de 2011

Ya está en la calle Pausa #83




La corporación judicial vs. la reforma penal. Chicos desaparecidos en Santa Fe: ¿qué hace el Estado y cómo se puede colaborar? El congreso de ateos de Mar del Plata. Juicios a represores: el robo de bebés en Paraná, el interventor santafesino que irá al banquillo y la carta de Feced a Mariano Grondona. Jornadas “Conocer, debatir, consensuar”: los chicos se preparan para la gestión. Entrevista a Silvia Hopenhayn en su paso por la Feria del Libro. El plan de ajuste de Italia. Historias recuperadas: el libro de Nicolás Lovaisa que repasa la relación entre fútbol y poder. Más datos del Censo 2010: cómo se compone la población extranjera en la provincia.

Y como siempre: cultura, deportes, noticias, humor y crónicas de viajes

Con esta edición, gratis, la octava foto de la Colección Gestos, de Pablo Ferraro.


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martes, 20 de septiembre de 2011

60 mil votos en manos de la Corte

Proyecto Sur reclama una banca en la Cámara de Diputados de la provincia y pide que se aparte a Rafael Gutiérrez del Tribunal Electoral.

Las elecciones provinciales no terminaron. Hay una banca en disputa en la Cámara de Diputados. La Justicia electoral determinó que le corresponde al PRO; de quedar firme el fallo, a través del sello Unión PRO-Federal –nombre de la lista con que se presentaron a los comicios– el duhaldismo y el macrismo lograrían siete bancas en la Legislatura. Desde ese reducto –y un par de bancas en los concejos municipales de Santa Fe y Rosario– Mauricio Macri y Miguel Torres del Sel pretenden diseñar una estructura que les permita llegar más armados a las elecciones de 2015.

Proyecto Sur reclama una de esas siete bancas –las 28 del ganador fueron para el PJ; luego, por división porcentual, quedaron 15 en poder del Frente Progresista y siete en manos del PRO–, que según ellos le corresponde al periodista Carlos Del Frade, quien encabezó la lista de diputados provinciales del partido de Pino Solanas. El Tribunal Electoral desestimó el reclamo de Proyecto Sur; desde ese espacio cuestionaron a su presidente –y titular de la Corte provincial– Rafael Gutiérrez por haber adelantado opinión antes de que se conozca el escrutinio definitivo.

El caso está en la Justicia provincial, en manos de Gutiérrez y del resto de los ministros de la Corte Suprema. A fines de agosto Proyecto Sur volvió a pedir –esta vez ante el máximo tribunal de la provincia– la recusación de los miembros del Tribunal Electoral, por prejuzgamiento, y reclamó la banca argumentando que la Constitución provincial no fija un piso de votos mínimo para acceder sino que establece un sistema de distribución proporcional. El Tribunal Electoral, encabezado por Gutiérrez en su rol de presidente de la Corte, había rechazado la primera recusación realizada después del fallo que se conoció antes de que finalice el escrutinio definitivo de las elecciones del 24 de julio.

Proyecto Sur logró 60.426 votos: el 3,6% del total de válidos emitidos, el 2,4% del padrón. El criterio del Tribunal Electoral es diferente según se trate de una elección primaria o de una general. En las primarias se utiliza un criterio que baja el piso mínimo necesario para acceder a una banca: el 3% de los votos válidos emitidos. En las generales se aplica una ley vigente desde 1983 –Del Frade remarca que es un decreto de la dictadura– que dispone como piso de votos el 3% del padrón. En 2007 hubo una disputa similar entre el PJ y la UCR por la banca 22 de la minoría y en esa ocasión el Tribunal Electoral resolvió en el mismo sentido.

“Nosotros tenemos la banca 42 entre las 50 y este es un hecho concreto por los 60 mil votos que sacamos”, sostuvo Del Frade. “Sobre eso el Poder Judicial tiene que reparar el daño que ha producido el Tribunal Electoral con su empecinado posicionamiento de negar la existencia de los votos, de negar el paso de la historia y del almanaque y de contar los votos según un decreto de la dictadura”. Para el periodista, es claro que Gutiérrez –con la primera resolución del Tribunal Electoral, difundida cuando no había concluido el escrutinio definitivo– incurrió en prejuzgamiento. “Por una cuestión de simple lógica, debería apartarse”, dijo el dirigente de Proyecto Sur.

Además de la legislación provincial, apeló a la Reforma Constitucional de 1994 en la que se establece el principio de respeto a las minorías. “El Tribunal Electoral no ha tenido en cuenta ni la Constitución provincial, que en su artículo 32 habla del sistema D’Hont pero no de pisos, ni tampoco la Constitución Nacional, que habla expresamente del respeto a las minorías. Le pedimos al Poder Judicial de la provincia que tenga en cuenta el enorme papelón que le está haciendo pasar el Tribunal Electoral frente a los poderes judiciales de las otras provincias: en Santa Fe, a 28 años de reiniciada la democracia, se quieren contar los votos según un decreto de la dictadura”.

Las expectativas de máxima son que los que los otros cinco ministros de la Corte Suprema –Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, María Angélica Gastaldi, Mario Netri y Daniel Erbetta– fallen a favor de Proyecto Sur y ordenen la conformación de un nuevo Tribunal Electoral; las de mínima, que fallen en contra, lo que habilitaría el inicio de una serie de apelaciones cuyo destino final es la Corte nacional. En paralelo se abre una tercera vía: la solución política. La Cámara de Diputados tiene autonomía funcional; por lo bajo algunos legisladores que conocen a fondo el reglamento recordaron el caso de Luis Patti. El represor fue electo diputado nacional pero no pudo asumir porque la propia cámara rechazó su pliego. En la provincia, la preparatoria del próximo período será en los primeros días de diciembre. Allí los próximos diputados pueden zanjar la cuestión rechazando el pliego del séptimo diputado del PRO y reafirmando el criterio del piso menor, otro aspecto que deberá ser revisado a nivel legislativo. El consenso casi absoluto que logró el reclamo de Del Frade –la justicialista María Eugenia Bielsa y el socialista Raúl Lamberto, virtuales líderes de los próximos bloques mayoritarios, entre otros dirigentes– habilita la hipótesis de esa tercera vía.

—¿Considera que esto es un caso aislado o que obedece a una lógica del Poder Judicial?

—Me da la sensación —contestó Del Frade— de que hay ciertos nichos en el Poder Judicial de la provincia a los cuales lamentablemente no les llegó la democracia. Siempre decimos que la necesidad fundamental es democratizar la democracia. Y en el Poder Judicial eso ocurre. Hay nichos que están muy afianzados en cuestiones antiguas. El Tribunal Electoral ha basado sus fundamentos en dos decretos de dos dictaduras distintas: uno, el 9.280, por el cual la última dictadura llamó a elecciones cercenando la participación de las fuerzas minoritarias; el otro, cuando nos responden una de las recusaciones que hicimos, es un decreto de 1957, dictado durante la dictadura conocida como “la fusiladora”. Por eso pensamos que hay nichos dentro del Poder Judicial de la provincia a los cuales la democracia no les ha llegado.

—De lograr su banca, ¿cuáles son los principales proyectos que presentará?

—La banca ya la conseguimos por los votos de la gente. Que la Justicia lo reconozca, sería reparar un daño; eso es lo que tiene que hacer el Poder Judicial. El primer proyecto: una reforma impositiva para que paguen más quienes más tienen. No pueden estar exentas de pagar Ingresos Brutos las exportadoras como Cargill, que factura 9.000 dólares por minuto. Después, empleo estable en blanco para jóvenes de 18 a 25 años para que tengan un horizonte concreto. La idea es una ley de cupo, que un porcentaje determinado de jóvenes sean empleados por las grandes y medianas empresas de la provincia. Lo mismo para los mayores de 45 años, que nos quedamos fuera del sistema después del saqueo y la desocupación de los años 90. La reestatización del Banco Provincial. Santa Fe es una de las pocas provincias grandes que no tiene banco, una herramienta financiera propia. Después, el Ministerio de Deportes para que los pibes junto a la educación y la salud puedan ser acompañados e incluidos a través del deporte. Y que en la Legislatura se cree una comisión de lucha contra el narcotráfico. Santa Fe es la única provincia que no tiene una comisión que estudie el narcotráfico, máxime cuando se han multiplicado la cantidad de casos.

—Ante la relación de fuerzas, con el Frente Progresista en el gobierno pero en minoría en las dos cámaras, ¿cuál sería su postura política?

—Apoyar lo que nos parezca bien y criticar lo que nos parezca mal. Por una cuestión de principios y de razonabilidad, vamos a ayudar a la gobernabilidad. Se viene un desafío muy lindo en la política santafesina, que tiene que ver con un mayor consenso entre todos los integrantes, no sólo de los partidos que tienen representación en la Legislatura, sino todas las fuerzas políticas.


Opinión

La banca Robada

Por Julieta Haidar (*)

¿Quién es Carlos del Frade?

Carlos es un muchacho que nació en Rosario, periodista, escritor, con visos de poeta e historiador. Durante sus más de 25 años de profesión se dedicó a escuchar las voces de los más postergados, de aquellos que el sistema se niega a mirar. Les dio micrófonos, se conmovió, tomó sus palabras, las repitió, las gritó. Renegado de la tradición martinfierresca, nunca “se hizo amigo del juez”. Por eso lo echaron de los grandes medios, los poderosos intentaron callarlo. Pero él no lo hizo. En el amor de sus hijas comprendió que no basta con ser un buen papá para legarles un mundo más feliz. Y avanzó. Se comprometió con la idea de que es necesario transformar la realidad desde uno de los espacios de militancia más espinosos, la política partidaria. Aceptó ser nuestro candidato. Vendiendo los libros que él mismo escribe financió su recorrido por la provincia de Santa Fe en toda su extensión. Siguió escuchando al pueblo, con la única promesa de llevar su voz y denunciar la injusticia ante todos los diputados. Nada más y nada menos. Demasiado para los garantes de la impunidad.

¿Y Rafael Gutiérrez?

Sin grandes méritos profesionales Rafael Gutiérrez, el actual presidente del Tribunal Electoral de Santa Fe, llegó en el año 2000 al máximo órgano de justicia provincial, la Corte Suprema. Lo hizo impulsado por su primo hermano, el ex gobernador y actual Senador Carlos Alberto Reutemann, a quien debe obediencia y lealtad. Desde ese lugar le tocó intervenir en las causas más sensibles de la historia reciente santafesina. La represión de diciembre de 2001 que tuvo ocho muertos en la provincia y la inundación de 2003 que provocó la muerte de 145 personas, de las que solo se reconocieron oficialmente 23. En ambos casos gobernaba Reutemann. En ambos la “justicia” lo limpió de culpa y cargo. Enrolado en las filas del justicialismo, cerca de las elecciones del 24 de julio el Senador Reutemann declaró “no ser kirchnerista”, se acercó a Duhalde y al PRO. Es a ellos a quienes debe protección y para hacerlo tiene a su ladero Gutiérrez en la justicia, devenido hoy operador judicial del PRO. Todo parece cerrar. Qué mejor para los dueños del poder que librarse de un diputado molesto como Carlos del Frade y sumar a un levantamanos que encima les deberá el regalo de la banca robada.

(*) Cuarta candidata de la lista de diputados provinciales de Proyecto Sur


Nota tapa publicada en Pausa #82.

lunes, 19 de septiembre de 2011

Mocovíes en disputa por su tierra


Las 327 hectáreas del campo San José están adjudicadas a la comunidad Com Caia de Recreo, pero los problemas internos demoran la titularización. Reclaman un censo oficial.

Por Ezequiel Nieva.

“Acá vivimos desamparados”, dijo Aurelio Valdez, uno de los integrantes de la comunidad denominada Kilómetro 491: una escisión de la comunidad mocoví Com Caia de Recreo. Las 30 familias de “la 491” se asentaron a mediados de 2010 en el campo San José, un predio de 327 hectáreas a la vera de la ruta 11, a la altura del kilómetro 491. Por ley, esas tierras son de los mocovíes, pero el gobierno provincial aún no entregó los títulos de propiedad y, por lo tanto, no pueden ser utilizadas para actividades productivas que favorezcan el sustento. Las negociaciones están en un punto muerto: los legítimos dueños no solucionan sus internas; la provincia no avanza en el objetivo de dejar asentado en términos legales que las tierras son de la comunidad y que su uso no debe regirse por las lógicas del mercado sino por el principio de la propiedad comunitaria. La división al interior de los mocovíes impidió completar en forma fehaciente el censo que exigió Fiscalía de Estado para incorporar a Com Caia en el Registro Especial de Comunidades Aborígenes, creado mediante el decreto 1.175/09, cuyo objetivo es el reconocimiento público y gratuito de los pueblos originarios como personas jurídicas de derecho público. A ese beneficio accedieron, a fines de junio, comunidades de Cayastá, Calchines, Campo del Medio, Calle Ancha, Colonia Mascia, Los Pasuscanos, 2 de Febrero y Aim Moqoi. El registro es el primer paso para lograr la restitución de las tierras: una disposición incorporada en la Reforma Constitucional de 1994 que en los últimos años empieza a cumplirse. En Recreo la cosa está detenida.

Pobreza en tierras ricas
Seis kilómetros al norte del ejido urbano de Recreo, en el límite con la comuna de Candioti, se ubica el campo San José: casi 330 hectáreas de tierras fiscales que pertenecieron al Ejército y que desde 2008, en cumplimento de la ley provincial 12.086 –que dispone la restitución a los pueblos originarios–, fueron adjudicadas por el decreto 2.046/08 a la comunidad Com Caia.
El predio es codiciado; su ubicación es estratégica: sobre una ruta nacional y cruzado por la circunvalación oeste, todavía en obra. Pese a que linda con el río Salado, son terrenos no inundables por su altura y porque la circunvalación funciona como defensa. En la zona más productiva del departamento La Capital, una treintena de ranchos de nylon de silo bolsa y ramas flacas se recorta en el horizonte. No tienen chapas, ni siquiera cartones. Los días de viento las paredes parecen velas de un viejo barco.
Delante de los ranchos hay una construcción precaria pero de material. Es el salón de “la 491”. Tres banderas decoran el mástil que precede la construcción: la argentina, la multicolor de los pueblos originarios y una que simboliza la paz, compuesta por una paloma blanca sobre fondo azul. Dos arcos de fútbol, también realizados con ramas de árboles, completan el paisaje; el resto es campo vacío.

Reclamos urgentes y de fondo
Entre junio y julio los miembros del asentamiento cortaron dos veces la ruta 11 para reclamar energía eléctrica, agua potable y atención médica –las necesidades más urgentes– y para poner sobre relieve el problema de fondo: la propiedad de la tierra. “Los cortes los iniciamos por promesas incumplidas”, explicó Aurelio Valdez. “Cansados de promesas tuvimos que hacer un corte para poder dialogar con las autoridades, no con el director de Pueblos Originarios (Raúl Britos) que estuvo tres años mintiéndonos”.
“Britos nos dijo que íbamos a tener luz antes del Mundial (2010), dijo que íbamos a poder ver acá los partidos y cuánto hace ya que pasó el Mundial. Ahora, por el último corte nos trajeron un transformador”. Resuelto en forma precaria el reclamo de la luz, ahora piden ayuda para terminar el salón de la comunidad –falta el piso–, en el que muchos chicos del asentamiento pasan el invierno al calor de un viejo televisor. “Si viene un médico, como prometió el ministro (de Desarrollo Social Pablo) Farías, bienvenido sea”, agregó Valdez.
Cuando levantaron el salón, de unos 60 metros cuadrados, el objetivo era que funcionara un dispensario “para que los médicos puedan atender a los chicos y a los ancianitos”, contó Valdez. “Después del corte falleció un abuelo. A veces mandamos buscar las ambulancias y no vienen. La Policía de Candioti hace un esfuerzo y con las patrullas ellos nos llevan. Eso no es justo, acá vivimos desamparados del todo”.
Para solucionar el reclamo de fondo primero debe concretarse la asamblea de la comunidad para confeccionar el censo. El último relevamiento realizado por Com Caia incluyó a 189 familias; los miembros del asentamiento rechazaron ese censo, realizado por el cacique Pedro Coria, argumentando que los habían excluido: son unas 120 personas que permanecen en el campo San José y que encontraron en la toma una suerte de reaseguro que les garantiza no quedar afuera de la titularización definitiva.
“Queremos que se haga la asamblea y que se postulen los se quieran postular. Nosotros queremos cambiar a los que están al frente de la Com Caia”. La dureza de los términos de Aurelio Valdez contrasta con su carácter calmo. La división interna es un problema a superar. En Recreo aún se recuerdan las épocas en que los mocovíes lucharon unidos por objetivos comunes, como la escuela bilingüe inaugurada a mediados de los 90.

“Cansados de promesas tuvimos que hacer un corte para dialogar con las autoridades”, dijo Aurelio Valdez, de la comunidad Kilómetro 491.

El campo de la disputa
El campo San José es casi un botín de guerra. Desde el segundo mandato de Jorge Obeid –cuando se sancionó la ley 12.086– el senador por el departamento La Capital, Juan Carlos Mercier, viene fogoneando un proyecto para que allí se radique un parque industrial. En 2008 el Concejo Municipal de Recreo apoyó la iniciativa y convocó a una consulta popular para decidir el destino final del predio. El Inadi alertó sobre la cuestión –argumentaron que la idea de Mercier colisionaba con el principio constitucional de restitución de tierras y que era un acto de discriminación– y el intendente de Recreo Mario Formento debió parar la consulta.
Mientras tanto, en complicidad con Coria, la semillería Denis Stamatti –que tiene radicada una de sus sucursales en Recreo Sur– alquiló el campo para producir soja. La difusión pública de la maniobra tuvo rebotes en el ámbito legislativo provincial y desactivó el negocio que mantenía Coria con la empresa. “Nosotros tuvimos que pararnos frente a las máquinas mientras estaban por levantar la cosecha. Nos paramos y llegamos a un acuerdo: él (Stamatti) dijo que si lo dejábamos levantar la cosecha iba a dejar de cooperar con Coria y no iba a volver más a sembrar”, recordó Valdez. “Y no insistió más”.
En una pequeña parcela del que antes fue territorio sojero ahora hay pequeñas huertas. Los miembros del asentamiento trabajan con asesoramiento del INTA y apuntan a extender y diversificar los cultivos: además de las hortalizas que producen quieren incorporar agricultura extensiva –mediante el viejo sistema de producción que, en lugar de basarse en la maximización del rendimiento del suelo a corto plazo, busca un uso armónico con el entorno y sustentable en el tiempo– y más adelante, resuelto ya el trasfondo legal, hacienda y gallinas.
Según Valdez, el decreto de adjudicación “no solucionó nada”. “Nosotros queríamos trabajar la tierra. Sembramos cada uno su huerta, tenemos voluntad de trabajar, es necesario. Ya estamos trabajando, a fuerza de pala y azada. Lo estamos haciendo porque todos tenemos nuestras necesidades. Tiene que ser el mismo pueblo originario el que debe trabajar la tierra, no gente blanca como ellos metían. Y recibir cada cual su parte por su trabajo”.
En ese aspecto, la ley 12.086 es clara: “Las tierras adjudicadas no podrán ser vendidas ni dadas en garantía y no podrán ser usadas, explotadas o alquiladas por personas que no sean aborígenes”. El reclamo de los mocovíes es que la tierra tenga la asignación específica para la cual fue adjudicada.

Publicado en Pausa #82, todavía disponible en los kioscos de SF

miércoles, 14 de septiembre de 2011

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martes, 6 de septiembre de 2011

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El #82 de Pausa



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viernes, 2 de septiembre de 2011

Juego de chicos

El ajedrez es relacionado a los adultos y a las clases altas, pero en Santa Rosa de Lima un puñado de chicos derriba con entusiasmo esa creencia.

Por Ileana Manucci


Una pequeña aula, una mesa, un tablón, uns sillas desperdigadas. Un profesor, dos niños, un tablero de ajedrez. Un pequeño de siete años mira con desconcierto, es su primera clase. Nicolás, el profe, con una paciencia infinita, le enseña una y otra y otra vez los movimientos de cada pieza. Le plantea diferentes jugadas, formas de atacar, de escapar, y persiste ante la ansiedad que el novato ajedrecista, de gorra de lana y terribles ojos celestes, tiene por comer cada pieza, de la forma que sea.
Había quedado atrás aquel 2003 en el que el agua pasó llevándose casi todo, no sólo en el barrio Santa Rosa de Lima. Antes de eso, la década del 90 ya había arrasado con una buena parte del país. En aquellas horas de dolor, angustia, desesperación y bronca en el centro de evacuados, Atahualpa Larrea, un pibe del barrio, comenzó a jugar al ajedrez, alentado por su padre y “terminó jugando mejor que él”, dicen por ahí. De a poco, algún que otro chico se fue sumando y un solo tablero ya no alcanzaba.
“El Lugar Barrial de Ajedrez (LBA) nace allá por septiembre de 2005”, cuenta Juan Larrea, padre de Atahualpa, fundador y hoy vocal de la organización, “cuando un grupo de vecinos y amigos decidimos hacer algo por los chicos del barrio. Habían pasado dos años desde la inundación y todo el barrio venía muy castigado, intentando salir de eso… y nos encontramos con que los chicos andaban en la calle, que no había nada para ellos, ni una propuesta deportiva, educativa, cultural, nada. Los pequeños espacios físicos con los que contaba el barrio, en los que jugábamos en nuestra niñez, los campitos, los potreros, ya prácticamente no existían, no sólo producto de la inundación, sino del paso de la década del 90. Entonces nos juntamos y decidimos crear un espacio para los chicos y así nació la idea de la escuelita de ajedrez, a la que también se le sumaron otras propuestas a lo largo del tiempo”.
Entre esas propuestas se encontraban los talleres de cine, dibujo y teatro que, por diferentes motivos, no tuvieron continuidad. Hoy en la escuelita, además de ajedrez, los chicos reciben apoyo escolar, tienen una biblioteca a su disposición y la copa de leche. Para los adultos también hay actividades, ya que recientemente comenzaron a dictarse clases de tango.
El LBA funciona en el ex hogar de niños Belgrano, un viejo edificio inaugurado por la Fundación Eva Perón, que en sus tiempos de oro supo alojar a unos 200 niños. El lugar fue desactivado durante la dictadura y desde ese entonces permanecía abandonado.
“El edificio lo recuperamos nosotros luego de la inundación”, recuerda Juan. “En aquel momento, cuando entramos, esto estaba igual que nuestras casas después del agua: todo sucio, lleno de basura. Entonces presentamos una propuesta al gobierno, contando lo que queríamos hacer y solicitando el espacio. El Estado no tenía ningún interés en poner un peso para recuperarlo, así que entre todos lo limpiamos, revocamos y pintamos paredes, cambiamos las ventanas y convocamos a los chicos del barrio… desde ahí empezaron a venir. A ellos les gusta porque no hay otro lugar así acá, no hay espacios comunitarios, no hay más clubes de barrio”.


Más que un juego
El ajedrez es un juego milenario del cual se sabe muy poco respecto a su origen. La mayoría de los estudiosos de la materia lo remontan a la India del siglo VI, aunque en ese momento se llamaba de otra forma y tenía algunas características diferentes al actual. Sin dudas, este no es un juego de los llamados “populares”; se supone que si delante de un niño ponemos una pelota o un tablero de ajedrez, se inclinará por el primero por instinto. Pero en el barrio Santa Rosa, al menos unos 50 niños toman, además, la otra opción.
“La mayoría de los chicos viene por voluntad propia”, dice Nicolás, ex alumno de la escuelita y hoy instructor. “No los manda nadie, no los mandan los padres, hay algunos que ni saben que sus hijos están acá jugando. Algunos vienen al principio por la copa de leche, por la factura, pero la mayoría se termina quedando también por el ajedrez… y eso está bueno porque no es un juego popular, es un juego que se lo asocia a las clases altas, uno ve una película y ahí no hay un pobre jugando al ajedrez”.
—¿Qué es entonces lo que atrae a los chicos a la escuelita?
—Creo que un poco la curiosidad, esto es algo nuevo y distinto para ellos, entonces les resulta llamativo. Una vez que arrancan a jugar, la mayoría sigue viniendo. Capaz que por clases tenemos entre 5 y 10 chicos, pero van y vienen unos 50 y eso es muchísimo. Además vamos a jugar torneos a otros lados, a Paraná, Hernandarias, San Francisco, y muchos de estos pibes nunca habían salido del barrio, eso es algo que también los motiva.
Desde la escuelita conciben al deporte, la educación y la cultura como de acceso libre y gratuito, por eso se conformaron como una ONG sin fines de lucro, que no recibe ayuda del estado y que se mantiene gracias al aporte desinteresado de miembros de la comunidad.
—Además del fin puramente lúdico, ¿qué logran con los chicos a través del ajedrez?
—Concebimos el ajedrez, más allá de como un juego, como una vía de comunicación, de llegada a los chicos –explica Diego Santa Cruz, presidente del LBA–. Porque mientras uno les va enseñando, no sólo les enseña un juego, sino también valores, normas de vida. A medida que les explicamos las reglas, tratamos también de ir explicando con ejemplos, de que ciertos aspectos de la vida se pueden parecer al juego, que uno debe pensar bien antes de hacer las cosas, de hacer un movimiento. Es un momento ideal para enseñarles estas cosas porque los chicos están concentrados y abiertos al aprendizaje, algo que hoy no es fácil de lograr.

Trabajo recompensado
En el Lugar Barrial de Ajedrez, como en muchas otras asociaciones barriales de distinto tipo de la ciudad, todo es a pulmón. No hay sueldos, no hay apoyo ni de gobiernos ni tampoco de grandes empresas. Lo que mueve estos espacios es la vocación de servicio comunitario, del trabajo para los pibes del barrio.
Miguel Najdorf, un polaco nacionalizado argentino, fallecido en 1997, fue uno de los más grandes ajedrecistas de América. Hace unas semanas atrás, la Fundación Najdorf eligió a esta escuelita de Santa Rosa, de entre todas las de la provincia, para realizarle una donación de libros y felicitarlos por la labor que llevan adelante.
—Un gesto como para saber que van por buen camino…
—Y sí, porque la fundación tiene una de las mejores y más prestigiosas escuelas de ajedrez de Latinoamérica… y que nos hayan visto en el facebook y les haya gustado lo que hacemos, da una satisfacción enorme –cuenta emocionado Juan–. Nosotros queremos que este proyecto siga muchos años, porque tenemos una esperanza sincera en esta generación de pibes; vemos que, a diferencia de nuestra generación y las anteriores, todos estos chicos van al colegio y tienen de cierta manera una contención escolar, eso es muy importante. Creemos que por eso hay en estos momentos una esperanza de cambio por la que la vale la pena seguir trabajando, formando a los jóvenes, inculcándoles el valor del trabajo y la participación comunitaria. Porque no hay otra, si uno quiere cambiar algo tiene que involucrarse, es la única forma.

Publicado en Pausa #81, todavía a la venta en los kioscos de SF

jueves, 1 de septiembre de 2011

Flujos

La frontera de México y Estados Unidos, un remolino dominado por toda violencia


Por Juan Pascual

Desde 2008, 1015 mujeres y niñas han desaparecido en México, según su Procuraduría General. De ellas, 490 pudieron ser encontradas y devueltas a sus familias, 525 no. La cifra es mucho menor que la calculada por el Departamento de Estado yanqui: marcan que 20.000 personas son secuestradas cada año en México por la trata. Los estados que se encuentran cercanos a la frontera con Estados Unidos son los más afectados. Sólo en Apodaca, un municipio de casi 400.000 habitantes cercano a Monterrey, estado de Nuevo León –cuyo límite norte es Texas– desaparecieron 105 mujeres en los últimos dos años. Territorio dominado por Los Zetas, la Procuraduría de Justicia de Nuevo León considera que es el centro de las redes de trata. “Polizetas”, les dicen a los oficiales de la fuerzas de seguridad pública. Coimas, drogas, mujeres, migrantes baratos, armas: el gobierno político, policial y económico del norte de México se encuentra en manos de cárteles como el de Sinaloa, de Tijuana, de Juárez, del Golfo, o por organizaciones como Los Zetas. O quizá no exactamente.


Va y viene
Expandidos en el noreste y parte de la costa occidental, presentes también en Guatemala, Los Zetas están estructuralmente conformados por desertores de un cuerpo de elite del Ejército mexicano: los Gafes (Grupos Aeromóviles y Anfibios de Fuerzas Especiales). Esa tropa fue creada para combatir el alzamiento zapatista en Chiapas, en 1994. Se entrenaron con asesoramiento de la CIA y otros organismos de inteligencia: combate urbano, en selva y desierto; manejo de armas y comunicaciones de sofisticación; contrainsurgencia. Al menos 40 formaron parte del nacimiento de Los Zetas; para 2004, 1382 de esos comandos habían desertado. El entonces secretario de Defensa Nacional, el general
Clemente Vega, admitió que la mayoría de Los Zetas fueron alguna vez Gafes.
Ese nuevo poder de ese gobierno tiene traducción monetaria. El Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos señaló que en los últimos dos años y medio el comercio de drogas y armas en la frontera aumentó un 31% y 64%, respectivamente, en comparación a igual período anterior. Vender drogas al mayor consumidor, comprar fierros a los eternos cowboys.
Wayne LaPierre, vicepresidente de la Asociación Nacional del Rifle (el mayor lobby norteamericano a favor de la tenencia irrestricta de armas), es un cruzado mediático hoy a la defensa de una demanda judicial de la ANR para frenar una reglamentación elemental: la de ser registrado por el Bureau de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos si uno compra varias armas largas en una armería cercana a la frontera. Dicho de otro modo: el tráfico de AK-47, el arma favorita de los cárteles, comienza con una compra en un mostrador.
Después de todo, de ese comercio también puede encargarse el mismo Bureau mismo. El 5 de julio agentes del organismo reconocieron en una audiencia al Congreso que en una operación llamada “Rápido y Furioso”, iniciada en 2009, dejaron en manos de los cárteles unas 2000 armas, para luego rastrearlas y a sus dueños. La DEA también participó en el asunto. Al final, 122 fueron encontradas en escenas de crimen, en México. Fueron usadas y los ejecutores jamás fueron rastreados. Luego, el Departamento de Justicia estadounidense señaló que, sencillamente, no habían seguido el rastro de la reventa y que no saben qué fue de más de la mitad de los fierros.

La promesa
En Texas, Nuevo México, Arizona y California los mexicanos por sí mismos, más allá del resto de la migración latina, suman no menos del 26% de la población, llegando en varios condados al 85%. Para ellos Jan Brewer, la gobernadora de Arizona, en 2010 impulsó la Ley SB 1070 “Apoye nuestras fuerzas de orden público y los vecindarios seguros”, suspendida hoy parcial y temporalmente: no sólo criminaliza a los migrantes sino que además endurece las medidas de persecución y vuelve al estatus migratorio un agravante de otros delitos. De allí a que los rednecks con plateadas estrellas de seis puntas salgan a cazar chaparritos no hay mediación: cruzando la frontera el valor de un mexicano es parecido. Utah, Florida, Ohio, Tennesse, Iowa, Georgia, Alabama, Indiana y Carolina del Sur impulsaron leyes similares. Los indocumentados son rutinariamente mandados a prisión preventiva, mientras Aduana y Migraciones hacen el papeleo y deciden la suerte de los detenidos. Los juzgados están saturados de causas: el proceso, en algunos casos, ha llegado a tomar dos años. Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Interior paga de 50 a 200 dólares diarios por migrante detenido sin sentencia. En 2006 había 14 mil, hoy son 100 mil. El 60% está detenido en cárceles privatizadas de la Corporación de Correccionales de América, con 200 prisiones en todo Estados Unidos, 150 mil camas en total e ingresos de 5 mil millones de dólares al año.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas clavó un record de deportaciones en 2010: 392 mil migrantes; 71% mexicanos. En el camino entre la expulsión o la puesta de nuevo en la calle está la CCA, la mayor empresa en el rubro cárceles. Forma parte, junto a doce “industrias penitenciarias” más del grupo de lobby legislativo ALEC (American Legislative Exchange Council), con sede en Washington. Cada año, tienen mil propuestas normativas, de las cuales el 20% llegan a ley. Cuentan con el apoyo de Exxon y de empresas farmacéuticas, por ejemplo, para impulsar leyes parecidas a la SB 1070. De hecho, uno de los principales legisladores miembro del grupo de lobby es el senador de Arizona Russell Pearce, el redactor de la SB 1070.


Libertades
La principal fuente de trabajo en los estados del norte mexicano es la maquila, hija dilecta del Tratado de Libre Comercio. Trabajo industrial basura, valor agregado inexistente, intoxicación de la balanza comercial por los vaivenes de exportaciones e importaciones e ingresos garantizados sólo para las transnacionales. Del otro lado de la frontera, los migrantes sobreviven en todo tipo de trabajos de baja calificación: para el trabajo rural, aportan cerca de 400 mil niños en las cosechas manuales –así se abarata la lechuga y el rabanito–, los cuales, entre otros aspectos, son los más afectados por el uso de pesticidas. La Agencia de Protección Ambiental norteamericana regula la aplicación de agrotóxicos usando como modelo un adulto varón de 70 kilos.
El Tratado fue firmado en 1994, por el presidente Carlos Salinas de Gortari. En ese año, el 69% de los mexicanos era pobre. Catorce años después, 57.7 millones de mexicanos, el 51.3% de la población, no llegaban a tener ingresos para satisfacer lo que aquí se llaman necesidades básicas. Según la Encuesta
Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares de México, en 2010 la indigencia –no llegar ni para comer–fue del 18.8%: 21 millones de personas, 6 millones más que en 2006. Ese año, el porcentaje de pobreza fue el más bajo desde el Tratado: 42.6%; más que un éxito, un indicador del grillete.

Publicado en Pausa #81, todavía a la venta en los kioscos de SF.