Un ex jefe acusado de narco, la pérdida de las cajas de la
droga y la trata, el paro de 2013, la ola de homicidios y el gatillo fácil: el
control de los uniformados es el desafío de la política.
Por Ezequiel Nieva
En casi ocho años de gobierno, el Frente Progresista no ha
logrado aún controlar a la
Policía. Ni la reforma de la fuerza, ni las estructuras
políticas que se crearon a tal fin, ni las concesiones que se hicieron para
aplacar el alzamiento de 2013 mejoraron la seguridad pública y, mucho menos, la
relación entre el gobierno y la
Policía. ¿Podrá hacerlo el gobernador electo? Ese ha sido el
déficit de las gestiones de Hermes Binner y Antonio Bonfatti y es el desafío
para Miguel Lifschitz.
Rafael Grau asumió el 17 de septiembre como el nuevo jefe de la Policía de la provincia.
Bonfatti lo ha reconocido en muchas oportunidades: el
problema de la violencia atraviesa a toda la sociedad y es una cuestión
compleja cuyo abordaje requiere de todos los sectores, más allá del gobierno de
turno. Lifschitz no la va a tener fácil: hereda una Policía corrupta, criminal
y autogobernada, con las ciudades más grandes de la provincia sumidas en un
espiral de muerte que se traduce en las tasas de homicidios más altas de Argentina.
El gobierno aduce que la situación es igual de compleja en
todo el país y que la prensa se ensaña con Santa Fe porque es la única
provincia que comunica datos de homicidios y otros delitos. No obstante, las
cifras record de asesinatos en Rosario y Santa Fe durante 2014 y la infinidad
de casos de corrupción y abusos cometidos por la Policía santafesina, son
marcas propias de una provincia que aún está muy lejos de resolver, bajo un
paradigma democrático, el control de sus fuerzas de seguridad.
Las últimas declaraciones de Bonfatti fueron en defensa de
sus políticas: “Hasta el 17 de agosto de este año, respecto a 2014, en la
provincia bajamos 22% la tasa de homicidios; un 32% en la capital provincial y
un 22% en Rosario. Santa Fe tiene récord de detenciones: 26 mil detenidos en lo
que va del año”, incluyendo a todas las personas que fueron detenidas en la
provincia, aunque sea por pocas horas. Desde la vereda de enfrente, el defensor
provincial Gabriel Ganón volvió a remarcar la baja tasa de esclarecimiento del
delito, en especial de los homicidios.
Casos resonantes
En la ciudad de Santa Fe, los pibes que la Policía detiene a diario
rara vez se animan a denunciar en la Justicia los vejámenes que sufren a manos de los
uniformados (ver aparte). El Servicio Público Provincial de Defensa Penal
relevó 187 casos de torturas entre el 18 de diciembre de 2014 y el 4 de abril
de 2015 en toda la provincia, 34 de los cuales fueron en la ciudad capital.
En Rosario y en otras ciudades del sur provincial cada
semana se destapa un nuevo escándalo que involucra a agentes de la Policía. Repasamos
los más resonantes:
-Paula Perassi. El 18 de septiembre de 2011, Paula Perassi
fue vista por última vez en la ciudad de San Lorenzo. Desde entonces, está
desaparecida. Sus padres dedicaron los últimos cuatro años a investigar que
pasó con Paula; creen que murió a raíz de un aborto no consentido, en medio de
una trama que involucra a dirigentes políticos y a agentes de las fuerzas de
seguridad. Cinco de los ocho procesados en la causa son policías, sobre quienes
pesa la sospecha –de acuerdo el juez Juan José Tutau– de “encubrimiento
agravado”. Todos están libres, mientras Alberto Perassi, el padre de Paula,
debe moverse con un chaleco antibalas ante las amenazas que recibió su familia.
Cuando desapareció, Paula tenía 34 años, estaba embarazada de seis semanas; sus
dos hijos tenían, en ese momento, 3 y 6 años.
-Franco Casco. El joven tenía 20 años cuando viajó, en
octubre de 2014, desde la localidad bonaerense de Florencio Varela a Rosario
para visitar a su familia. Lo detuvo la Policía , estuvo preso en la comisaría 7º de esa
ciudad y fue encontrado muerto tres semanas después en el río Paraná, a la
altura del Parque España, en pleno centro de Rosario. La autopsia reveló
golpes. A casi un año de su asesinato, la Justicia aún dirime cuestiones de competencia y
la causa está varada.
-Gerardo Escobar. La muerte del joven trabajador municipal,
de 23 años, provocó una conmoción en Rosario. Tres patovicas y dos policías que
cumplían adicionales en el boliche La
Tienda fueron detenidos por orden del juez Juan Carlos Curto.
La investigación aún está en curso pero hay pruebas ciertas de que a Gerardo lo
golpearon, estando aún vivo, después de llevárselo del boliche. Su cuerpo
apareció en el río Paraná una semana más tarde.
-Roberto Arrieta. Camionero, de 22 años, asesinado a
principios de septiembre en una comisaría de Puerto General San Martín por un
disparo efectuado por un policía de 25 años. Sus compañeros declararon que “no
tuvo intención de matar” sino que quiso “intimidar o disuadir” a Arrieta.
El poder de las armas
La política de socialismo el seguridad ha sido, cuanto
menos, errática. Binner mantuvo una tensa paz con la Policía durante su
gestión, con Daniel Cuenca como ministro reemplazado en el final por Álvaro
Gaviola. La idea de “buenos tiempos” planteadas por el socialista había sido
apoyada, en ese momento, por la organización pseudo gremial Apropol, que saludó
el “cambio” que suponía –para la fuerza– el triunfo del ex intendente de
Rosario.
Con la llegada de Bonfatti, en 2011, se rompió la paz
policial. El primer ministro del actual gobernador, Leandro Corti, sentó las
bases reformistas con el Plan de Seguridad Democrática. Allí se empezó a
visibilizar una resistencia en el seno de la “familia policial”. Corti tomó
medidas de fondo, como el traspaso de las divisiones de Drogas y Trata a la órbita política, que quedaron bajo el mando de la secretaria de Delitos
Complejos de la provincia, Ana Viglione.
Corría 2012 y la provincia mantenía estables las cifras de
homicidios. El debate pasaba por “la sensación de inseguridad” de la que
hablaba el gobierno, que aún podía exhibir estadísticas favorables. En ese
contexto, que parecía propicio para profundizar la reforma, Bonfatti sacó de la cancha a Corti –en una medida que se interpretó como una concesión a la Policía – y designó a Raúl Lamberto como ministro.
El resto es historia conocida. Por acierto o defecto, quedó
expuesto el autogobierno de la
Policía. Hugo Tognoli cayó por presunta complicidad con el narcotráfico y así la fractura entre política y fuerzas de
seguridad se hizo patente. El gobierno osciló entre despegarse de su ex jefe de
Policía y repeler las críticas que, desde Tognoli en adelante, signaron al
socialismo. Se continuó, al menos en el plano discursivo, con la reforma de la fuerza policial, pero en los últimos dos años la Nación debió intervenir con
la Gendarmería
en el territorio provincial –con relativo éxito– para trata de apaciguar los
ánimos.
En el final de su mandato, Bonfatti jubiló al reemplazante
de Tognoli –Omar Odriozola– y designó en su lugar a Rafael Grau, quien había
sido corrido de la jefatura del departamento La Capital por sus flojos
resultados. El panorama es poco auspicioso para la gestión que inicia, que
encontrará a una Policía de brazos cruzados. Es cierto que en los primeros ocho
meses del año, como ha señalado Bonfatti, hay una baja en la tasa de
homicidios, pero el punto de comparación es el año más violento de la historia:
2014.
“Las culturas no se cambian de un día para el otro. Las
transformaciones llevan tiempo”, dijo el gobernador en la ceremonia por los 151
años de la creación de la
Policía , en Cayastá, el pasado 31 de agosto. Allí Bonfatti
dio su último discurso ante la fuerza: “Voy a ejercer hasta el último día de
gestión toda la autoridad que me confieren la Constitución y la ley
para seguir mejorando el Estado y la
Policía de la provincia”. Dos semanas después, nombró a Grau como nuevo jefe y dejó la continuidad de la reforma en manos de Lifschitz.
Para Bonfatti, la transformación de la Policía es parte del
proceso iniciado por Binner en 2007: “Así como nos propusimos reformar el
Estado y lo descentralizamos, también nos propusimos transformar a la Policía de Santa Fe, una
institución que por muchas causas había perdido su autoestima y que en épocas
negras del país tuvo que subordinarse a determinadas prácticas que siempre
hemos condenado y rechazado”. Si bien el gobernador reconoce los “hechos
negativos”, también resalta la inversión en equipamiento y la mejora de las
condiciones laborales: “Cada día veo a más hombres comprometidos con la
institución y esto es palpable en las estadísticas”.
El gobernador valora como un acierto que recién se verá en
el largo plazo la creación de la
Comisión de Salud y Seguridad en el Trabajo, una medida adoptada
después del paro policial de diciembre de 2013. “El hecho de tener la
responsabilidad que nos confirió la población no impide que, en una fuerza que
tiene que ser vertical, haya un espacio de diálogo para aprender del hombre que
está en la calle. Por eso hemos creado un espacio para poder discutir
condiciones de trabajo. Somos la única provincia que brinda estas posibilidades
a los uniformados, de poder también discutir lo que tiene que ver con el
salario”.
Las mejoras para la Policía , cuyo sueldo inicial supera los 11 mil
pesos y está por encima del mínimo del sector docente, no produjeron –hasta el
momento– mayores resultados. Desde mayo de 2014 a la fecha, el titular de la Secretaría de Control
de las Fuerzas de Seguridad, Ignacio Del Vecchio, recibió alrededor de 1.200
denuncias sobre el accionar de la Policía. “Algunas son exposiciones o reclamos, pero muchos de
ellos están presos o con imputativas”, sostuvo el abogado rosarino. La Secretaría de Control
es parte de la reforma policial: una suerte de Asuntos Internos en clave
política, sin injerencia directa de los propios uniformados.
El primer juicio contra Tognoli
El lunes 14 de septiembre comenzó en el Tribunal Oral
Federal de Santa Fe el primer juicio contra el ex jefe de la Policía Hugo Tognoli,
acusado de “encubrimiento por favorecimiento personal agravado por haberse
cometido para ocultar un delito especialmente grave, con ánimo de lucro y por
ser el autor funcionario público”; “incumplimiento de los deberes de
funcionario público” y “partícipe necesario del delito de coacción” contra
Norma Castaño, titular de la
ONG Madres Solidarias.
Están imputadas otras cuatro personas: dos ex funcionarios
de la Dirección
General de Prevención y Control de Adicciones (el ex subjefe
de Inteligencia, José Luis Baella, y el agente Mauricio Otaduy), el remisero
Fernando Torres y el presunto narco Daniel “Tuerto” Mendoza.
La causa por complicidad con el narcotráfico, por la cual
Tognoli renunció a su cargo en octubre de 2012 y fue detenido en marzo de 2013,
se tramita en los Tribunales de Rosario y aún no tiene fecha de juicio.
Publicada en Pausa #162, miércoles 23 de septiembre de 2015
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1 comentario:
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