La disputa por el Parque Alberdi

Un acampe y varias movilizaciones ponen en jaque un proyecto privado-municipal para la construcción de cocheras en un espacio verde que es patrimonio arquitectónico de la ciudad.

Por Milagros Argenti

Comenzó la obra para la construcción de cocheras semisoterradas en el espacio público situado frente a la API, y con ella la polémica. Vecinos organizados en asamblea bajo el lema “El Parque Alberdi no se toca” realizan desde el 14 de junio un acampe para impedir la continuidad de los trabajos, y ya recurrieron a la Justicia para frenarlos. Mientras tanto, desde el Ejecutivo local aseguran que se siguieron todos los pasos administrativos y legales correspondientes.

Contrato y proyecto

El proyecto obtuvo el voto unánime del Concejo en diciembre de 2012 y el gobierno de la ciudad avanzó entonces en el llamado a licitación en los primeros meses de 2013.

Resultó ganadora una UTE conformada por Park Centro SA (CAM SA y Ponce Construcciones SRL), con la cual se firmó el contrato el 10 de febrero de 2014. El texto establece un plazo de concesión de 30 años (no prorrogables) y un canon anual de $12.000. La inversión a realizar estaba fijada en $33.065.498,07, pero el intendente José Corral aclaró que “a valores actualizados” sería de $50 millones.

Según las explicaciones de funcionarios municipales, la iniciativa prevé 295 dársenas para vehículos, que equivaldrían a 25 cuadras de estacionamiento medido. De los 15.245 metros cuadrados que tiene el parque, las cocheras ocuparían 7.280 de forma semisubterránea. En ese sector el terreno a nivel de superficie será elevado y se le hará una cubierta vegetal.

Con respecto a los árboles, el subsecretario de Ambiente local, Roberto Celano, indicó que de los 137 existentes se conservarán 65, los más grandes y con un mayor valor ambiental. Otros 46, de una altura no superior a los 3,5 metros y tallo de entre 15 y 20 centímetros, serán trasplantados en el entorno. Los restantes serán extraídos. Por otra parte, el Monumento a la Madre será restaurado y emplazado en un espejo de agua, y se instalarán nuevos juegos infantiles por rangos de edades. También habrá algunos para niños discapacitados. Celano remarcó especialmente: “la plaza no va a desaparecer”.

De hecho, el contrato rubricado establece que “la concesión de obra pública no comprende el área libre a nivel de parque, la cual será espacio de uso público general”.

Denuncias

“No se puede detener el progreso, querida”, espeta, con desprecio, un señor de sobretodo que atraviesa el parque con la clara intención de enrostrarle su posición a algún manifestante. No es la única provocación visible. Los funcionarios de la Guardia de Seguridad Institucional de la Municipalidad también hacen lo propio. Observan de forma socarrona, susurran chicanas al paso, amenazan sin argumentos cuando creen que los medios están ausentes. Aparentemente, nada punible en lo penal. Dos veces acudió al parque el fiscal regional Ricardo Fessia, citado por los acampantes, y no encontró delito alguno. Algunos de ellos le aseguraron que habían sufrido lesiones y violencia, pero no quisieron acompañarlo a la Seccional Primera de la Policía (sita a metros del lugar) para hacer la denuncia. Poco puede hacer, entonces, el funcionario del Ministerio Público de la Acusación. 

De todas formas, el 19 de junio pasado los asambleístas hicieron una presentación ante los Tribunales santafesinos por una medida cautelar de no innovar para que no se avance con el estado de obra, y para que luego se resuelva sobre el fondo de la cuestión.

Argumentos contrapuestos

La oposición de los asambleístas se basa en cuatro razones principales. En principio, consideran que la ciudadanía no fue oportuna ni correctamente informada sobre la modificación del Parque. El Municipio niega esta acusación, arguyendo que todo está disponible en la página web oficial. Luego, los vecinos autoconvocados advierten sobre el impacto ambiental y urbano que podrían tener los trabajos. “Habitamos una ciudad con clima cálido y en constante incremento de la polución, provocada justamente por la mayor cantidad de automóviles y construcciones edilicias en la zona céntrica, por lo que es necesario mantener e incrementar los pulmones verdes que aún existen”, dicen. El Ejecutivo local responde que el estudio de impacto fue efectuado por la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia, que aprobó la iniciativa. Además, insiste en que el espacio no se perderá y que se forestará la zona aledaña al Alberdi, pero que a la vez no puede dejarse de lado el problema del tránsito y el estacionamiento en ese sector; en tal sentido, afirman, la manera de reducir la contaminación es que las cocheras sean soterradas y no en superficie. En este punto cabe preguntarse por la decisión gubernamental de implementar el carril exclusivo en calle Rivadavia, que no sólo ha demostrado hasta ahora cuestionables resultados sino que obligó a la supresión de diez cuadras de estacionamiento.

Un acampe frenó la construcción privada de cocheras semisoterradas en el espacio verde. La protesta que pone en vilo los planes de la Municipalidad. Fotos: Bárbara Favant

En tercer lugar, la Asamblea recuerda que el Parque Alberdi es Patrimonio Arquitectónico y Urbano de la ciudad, pese a lo cual “el proyecto elimina elementos identitarios de la ciudad (pérgola, mástil, mobiliario, etc.), como si se tratara de un mero terreno a desmontar sin memoria ni otro valor que el meramente económico”. Desde la Municipalidad consideran que, por el contrario, se está avanzando en una “puesta en valor” del lugar.

Finalmente, los acampantes reparan en una situación que acaso sea la más controversial: “se está disponiendo de un espacio público para un lucro privado” y “por un cánon de tan sólo $1.000 mensuales”. El secretario de la Producción Pablo Tabares afirmó que “la plaza no se privatiza, sigue siendo pública y las cocheras también son públicas, son patrimonio del Estado”.

Lo cierto es que, en la práctica, esto último no sucederá hasta que transcurran los 30 años previstos por el contrato de concesión. El funcionario rebatió también las críticas hacia el canon previsto, al decir que “la empresa debe recuperar la importante inversión que realizará, en un contexto económico muy desfavorable”. Un cálculo rápido permite avizorar que para eso le alcanzaría y sobraría con menos de un lustro.

“Se están esgrimiendo consignas incorrectas que preocupan a la gente”, advirtió Tabares. “Yo le pido a la ciudadanía que se informe”, remató. Y si bien es cierto que es obligación de los vecinos hacerlo, también es deber del Estado suministrar a tiempo y claramente todos los elementos para ello.

Publicada en Pausa #136, miércoles 25 de junio de 2014

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