La cárcel como fábrica de más inseguridad

Un exhaustivo monitoreo de penales y comisarías pone en evidencia el infierno cotidiano de los internos en la provincia.

Por Milagros Argenti
Fotomontajes: Pablo Cruz

“Aceptables”: ese suele ser el mejor calificativo que obtienen las condiciones en que se encuentran los lugares de detención en la provincia; “malas”, el adjetivo más recurrente. Así se desprende del informe realizado por el Servicio Público de la Defensa Penal sobre las unidades penitenciarias de Santa Fe y otras tres localidades; y así surge también de los relevamientos efectuados por funcionarios de ese mismo Servicio en las dependencias policiales de las cuatro circunscripciones judiciales existentes.
Además de describir el deplorable estado de las instalaciones y la escasez de recursos reinante, ambos estudios dan cuenta del hacinamiento, de la cantidad de reclusos sin condena efectiva, de la presencia de presos federales en cárceles, comisarías y subcomisarías, de la desidia predominante en la asistencia sanitaria y hasta de la práctica de torturas.

Aprender a delinquir
Entre abril de 2012 y marzo de 2013, un equipo encabezado por el defensor provincial Gabriel Ganón visitó sin previo aviso las unidades penitenciarias Nº 1 (Coronda), Nº 2 (Cárcel de Las Flores, Santa Fe), Nº 3 (Rosario), Nº 4 (Cárcel de Mujeres, Santa Fe), Nº 5 (Cárcel de Mujeres, Rosario), Nº 8 (Casa de Pre- Egreso, Santa Fe), Nº 9 (Recreo), Nº 10 (Santa Felicia, departamento Vera) y Nº 11 (Piñero), la Alcaidía de Mujeres de Rosario, la Alcaidía de Vera, la Celaduría de Reconquista y el Instituto para la Recuperación del Adolescente de Rosario (IRAR). El resultado fue el “Informe del Monitoreo de Lugares de Detención de la Provincia de Santa Fe”.

Al momento del sondeo, había en las unidades penitenciarias de la provincia 2.733 personas privadas de la libertad, de las cuales 2.649 eran hombres y 84 mujeres, estas últimas mayores de edad, mientras que entre los primeros se contaban 58 menores (10 en Las Flores y 48 en el IRAR). En ese entonces, el 28% de los presos santafesinos mayores de edad no tenía condena, sino que esperaba una resolución judicial que definiese su culpabilidad o inocencia en recintos inhabitables, exponiéndose a enfermedades, al hambre y a la violencia, y conviviendo con delincuentes probos.
Los guarismos  actuales denotan una agudización de esa tendencia. En nota remitida a Ganón, el secretario de Asuntos Penitenciarios Pablo Cococcioni informó que en enero de 2014, de los 2.738 reclusos por causas cursadas en la Justicia provincial, 1.863 tienen sentencia y 875 están procesados. De esta forma, aquel 28% asciende al 32%.

La misiva indica además que hay 37 menores y 89 hombres y mujeres con causas federales en las unidades penitenciarias provinciales, la mayoría (56) en Las Flores, y los demás distribuidos entre otros recintos de Santa Fe, Rosario y Coronda. Si a aquellas unidades se suman comisarías, subcomisarías, alcaidías y celadurías, los presos federales son 300. El dato fue suministrado a Pausa por el propio ministro de Seguridad, Raúl Lamberto. “No debería ser así”, admitió, “pero nosotros suscribimos convenios con la Nación por su permanencia en la provincia porque no tenemos cárceles federales. Hay un compromiso de hacer una, pero nunca llegó a concretarse. Somos parte de un sistema de auxiliares de la seguridad, yo no puedo negarme a aceptar detenidos federales”.

Lo cierto es que los sitios de reclusión se vuelven eficaces escuelas del delito, donde la homogeneización entre procesados y  condenados y entre reos locales y nacionales, hace que ladrones de gallinas aprendan de asaltantes a mano armada, homicidas, narcotraficantes e integrantes de redes de trata.

Condiciones indignas
El monitoreo del Servicio Público Provincial de Defensa Penal incluyó, entre otras cuestiones, una inspección de las condiciones materiales, de los procedimientos disciplinarios y de la ocurrencia de malos tratos en las unidades penitenciarias mencionadas. El resultado es lamentable. A rasgos generales, las instalaciones se encuentran en estado de extrema precariedad, las conexiones eléctricas son deficientes (los “cables pelados” son la constante), los sanitarios despiden olores nauseabundos y no reciben mantenimiento (pese a que, en muchos casos, las letrinas están en las mismas celdas), los reclusos deben arreglárselas sin elementos de limpieza e higiene y las raciones alimentarias son insuficientes y bromatológicamente inaceptables. En la cárcel de mujeres de Santa Fe, el comedor está invadido por cucarachas y alacranes. En otros lugares, la disposición descuidada de la basura redunda en la presencia de ratas.

Por otra parte, son unánimes las quejas de los alojados por la mala o nula atención médica. Incluso aquellos que padecen HIV o tuberculosis, o los bebés que permanecen con sus madres, que no reciben correctamente sus vacunas.
Para más, el acceso a posibilidades laborales y educativas es muy restringido. Si bien se desarrollan talleres y se dictan clases de primaria y secundaria (de dos horas diarias como máximo), la cifra de reos que participa es ínfima.
En cuanto a las sanciones disciplinarias, las autoridades carcelarias coinciden en que los guardias no están autorizados a decidirlas ni aplicarlas, pero la realidad indica otra cosa. El personal —por cierto, absolutamente insuficiente en todos los casos—  es amo y señor de las unidades y sus habitantes. El resultado: serios malos tratos. En Piñero, los internos aseguran que en los “buzones” (sitios de aislamiento) son golpeados, apaleados con elementos contundentes y disparados con balas de goma, y que se les practica el “submarino seco”. Hasta dicen que los empleados les “plantan” chuzas o celulares,  por lo que pierden sus beneficios y se les demoran sus salidas transitorias. En Rosario, una mujer denunció que recibió una brutal golpiza por discutir con una guardiacárcel. Tras ello, se dispuso su traslado a Santa Fe. Para concretarlo, efectivos de las TOE ingresaron al sector de duchas arrojando gases lacrimógenos y la condujeron desnuda hasta esta capital, donde además al llegar pasó diez días en celda de castigo. En el IRAR, el trato dispensado a los adolescentes es feroz, e incluye patadas en el piso y azotes de la cabeza contra la pared.

Comisarías y subcomisarías
Entre diciembre pasado y enero del corriente año, las defensorías regionales recabaron información en las dependencias policiales de las cuatro circunscripciones judiciales de la provincia. A excepción de los malos tratos, lo precedentemente descripto con respecto a las cárceles se reproduce en dichas dependencias, y de hecho se agrava, porque se trata de establecimientos que no están concebidos para alojar prolongadamente a personas privadas de su libertad. El problema más acuciante es el hacinamiento. En algunos lugares escasea el agua, no hay energía eléctrica y los detenidos deben hacer sus necesidades en bolsas que arrojan en las mismas celdas.
El total de detenidos en comisarías, subomisarías, alcaidías y celadurías de la provincia ascendía el primer mes de 2014 a 2.061 personas. El 67% está alojado en la 2ª Circunscripción, con epicentro en Rosario. La Regional correspondiente a Santa Fe se lleva otro 20%. En el primer caso, el 12% son condenados, en el segundo, estos representan el 17%. Lo restante son personas con prisión preventiva, demorados u otros.

Lo más grave
La situación hallada en la 2ª Circunscripción obligó a las autoridades del Sistema Público de Defensa Penal de la Provincia a presentar un hábeas corpus colectivo y correctivo ante la Cámara de Apelaciones de Rosario, con el fin de instar a que se solucione el estado de saturación en las dependencias policiales y por haberse encontrado allí “el índice más alto de hacinamiento y trato cruel, inhumano y degradante”. Asimismo, los defensores recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para lograr una medida cautelar en relación a la situación de la Celaduría de Reconquista, el IRAR, la Cárcel de Coronda y la Alcaldía de Mayores de Rosario.
En la Unidad Regional II (Rosario), el exceso de presos es del 500%, ya que hay 667 personas alojadas y sólo 130 plazas. Por ello, se plantea la urgente necesidad de reducir el número de internos y se postula la posibilidad de fijar un cupo constitucional.

Responsabilidades
El Ministerio de Seguridad reconoce la situación como “compleja”. “Tenemos el sistema penitenciario con una capacidad al límite”, afirmó Raúl Lamberto en diálogo con Pausa.
“Esto exige que a esa capacidad actual la mantengamos, porque no da para seguir incorporando personas. Y en cuanto a lo que debería ser el preso transitorio, el que está en comisarías… hoy eso está también excedido porque hay personas detenidas con antecedentes y que los jueces o fiscales valoran que tienen posibilidad de fugarse u obstaculizar una causa”, argumentó, y agregó: “lo que necesitamos es buscar políticas sustentables. Por eso estamos construyendo unidades penitenciarias y haciendo una modificación sustancial de las comisarías”.
Sin embargo, para los defensores del Sistema Público Provincial la solución no radica en aumentar las plazas disponibles, sino en reducir la cantidad de alojados: “El estado de deterioro de los lugares de encierro tiene directa vinculación con la desproporción entre dos variables: 1) el número de prisioneros, y 2) los recursos disponibles. Si la cifra de detenidos es creciente y la administración no logra modificar la segunda variable, no cabe sino actuar sobre la primera”. Incluso exhortan a fijar un cupo legal constitucional “como referencia para los jueces departamentales”. “No se trata de cerrar las cárceles, ni de abolirlas, sino de verificar cuántas personas, y en su caso cuáles, y durante cuánto tiempo pueden ser alojadas. Y ese número tiene que ver no solamente con el cupo administrativo para el que fue diseñado ediliciamente cada centro de detención, sino con su estado actual de habitabilidad y con la cantidad y calidad de los recursos materiales y humanos con los que es provisto”.

Los defensores no apuntan sus cañones sólo al Poder Ejecutivo. Por el contrario, hacen especial hincapié en la actuación de la Justicia. En efecto, si los jueces resolvieran con eficiencia y en tiempos razonables la situación procesal de los presos sin condena, las condiciones actuales cambiarían radicalmente. “Es necesario superar los obstáculos o postergaciones para la efectiva plenitud de los derechos, y proseguir con la ejecución de los procesos en marcha”, demandan, y añaden: “mientras las cárceles no sean sanas y limpias como ordena la Constitución Nacional, no pueden los jueces seguir disponiendo acríticamente el encierro de personas en ellas. Deberán ser los jueces quienes reexaminen sus decisiones cuando dispongan el alojamiento de personas en esas insanas y sucias prisiones, con el inconstitucional castigo adicional que ello implica, porque de ellos en gran medida depende ta-mbién el número de prisioneros, y la duración de su encierro. No puede ni debe la magistratura desentenderse del estado de las prisiones o los lugares en los que dispone el alojamiento de personas, bajo el pretexto de que es incumbencia de otro Poder”.
En tanto, para Lamberto esta realidad demanda “mucho diálogo”, porque, según considera, “nada se gana tirándole la pelota al otro o cuestionando”. No obstante, el ministro dejó entrever que también desde su cartera se asigna una cuota de culpabilidad a la Justicia: “nosotros vamos a pedir una reunión con la Corte Suprema para establecer criterios comunes”, adelantó. Lo cierto es que, hasta que eso suceda, y mientras los responsables directos se ponen de acuerdo, hay 2.864 personas en unidades penitenciarias y 2.061 en dependencias policiales conviviendo en condiciones infrahumanas que poco o nada propenderán a su reinserción social.

Publicada en Pausa #130, miércoles 26 de marzo de 2014.
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