Déja vú

De Ruckauf a Massa, políticos, demagogia y punitivismo ante el debate del nuevo Código Penal.

Por Máximo Sozzo (*)

Ilustración: Fausto Botta

En la Argentina, desde mediados de la década de 1990, se ha dado un proceso complejo de construcción social de la cuestión de la “inseguridad” –definida en términos restringidos en torno al delito de la calle o delito común, una fracción de los comportamientos que la ley penal define como delito, que frecuentemente son producidos por sujetos “débiles” económica y socialmente– como problema fundamental de la vida social. Esto no fue una consecuencia automática del crecimiento de ciertas formas de actividad delictiva, como muchas veces se sostiene. Durante la década de 1980 se produjeron aumentos en los indicadores disponibles referidos a esas formas de delito común tan marcados como en la segunda mitad de los años 1990 –o incluso mayores– y sin embargo eso no disparó la instalación de la cuestión del delito y el control del delito en el centro de la agenda pública, que en gran medida se encontraba repleta de otras cuestiones macroscópicas relacionadas con las promesas de la democratización reciente.

En este proceso complejo jugó un rol medular una fuerte politización del delito y el control del delito. Los políticos profesionales en el primer momento de la transición a la democracia habían mantenido esta serie de temas fuera de la competencia entre los partidos en los procesos eleccionarios. Esta exclusión se quebró en las elecciones de 1997 y 1999, especialmente, en forma muy marcada, en esta última. Los actores políticos que lanzaron esa dinámica integraban la alianza política del menemismo que enfrentaba en ese momento el inicio de una crisis de legitimación y lo hicieron para tratar de conquistar a través de este gesto consenso político y electoral. Lo hicieron planteando como respuesta, frente a lo que se visualizaba como un problema urgente, como una verdadera crisis, el endurecimiento de las intervenciones estatales, un aumento generalizado de su severidad, invocando desde la necesidad del incremento del uso de la violencia por parte de la Policía hasta la reintroducción de la pena de muerte. Un ejemplo paradigmático de este gesto político fue el del entonces vicepresidente y candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, Carlos Ruckauf. La estrategia alcanzó a los actores políticos opositores y los sectores más conservadores de la Alianza –liderados por el candidato a presidente Fernando de la Rúa– compartieron esta deriva punitivista.

De ese modo, desde 1999 y hasta la crisis de 2001, se sucedieron una serie de reformas legales a nivel nacional y provincial (especialmente en la provincia de Buenos Aires) que incrementaron la punitividad de diversos modos y que tuvieron apoyos en las dos fuerzas políticas más importantes en aquel momento. Dichas reformas legales –sumadas al clima político y cultural generado por esa politización– contribuyeron significativamente al incremento del volumen de encarcelamiento en la Argentina –especialmente de presos sin condena– que alcanzó niveles extraordinarios entre 1995 y 2002. En general, dichos actores políticos en aquel momento sostenían que apoyaban estas iniciativas punitivas porque era lo que “la gente piensa y quiere”. Esa fundamentación se nutría de encuestas de opinión pública –que se habían incorporado al trabajo cotidiano de los políticos profesionales como herramienta crucial– que mostraban que “la inseguridad” era una preocupación social central y que existía un difundido reclamo de mayor punitividad, indica-dores construidos a partir de preguntas simples y capciosas sobre muestras pequeñas y sesgadas.

Pero el argumento también se nutría de los medios masivos de comunicación, que reproducían incesantemente esos mensajes. Y se nutría de un rechazo de los discursos y propuestas de los “expertos” –algunos profesores universitarios y funcionarios judiciales, ligados al mundo del derecho– que eran presentados como alejados de las perspectivas de la ciudadanía.

Como es sabido, esta deriva punitivista encontró en el año 2004 un impulso ulterior “desde abajo” a través de la fuerte movilización de sectores de clases medias a partir del caso Blumberg y de la “cruzada Axel” a la que dio lugar y que se tradujo en una importante cantidad de reformas legales orientadas hacia incrementar la punitividad, apoyadas por legisladores de los diferentes partidos políticos –con algunas pocas excepciones– tanto a nivel nacional como provincial. En este caso los actores políticos aparecieron más bien como respondiendo a una iniciativa que surgía de otro lugar que como los promotores de la misma. Esta segunda ola de demagogia punitiva contribuyó significativamente a prolongar la tendencia al aumento de la población encarcelada en Argentina: especialmente, otra vez, de presos sin condena.

Quince años después se vuelve a reproducir una dinámica similar en torno al debate público en relación al anteproyecto del nuevo CódigoPenal elaborado por una comisión integrada por personas relacionadas con distintos partidos políticos con representación parlamentaria –han sido o son legisladores, ministros, asesores– y que, en algunos casos, al mismo tiempo, pueden ser considerados “expertos” en función de sus propias trayectorias profesionales –en el mundo académico y judicial–, presidida por el jurista argentino de derecho penal más prestigioso a nivel internacional y, además, juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni.  Esta comisión fue diseñada para generar acuerdos sobre el nuevo Código Penal que atravesaran  el espectro de los partidos políticos que participan en el juego democrático –aquellos que tienen más peso legislativo a nivel nacional. Resultaba una estrategia interesante para tratar de evitar la experiencia del anteproyecto de 2006, que fue elaborado por una comisión de juristas –académicos y funcionarios judiciales– y que no incluía esta dimensión política. Parecería ser que luego del proceso de politización de la cuestión del delito y el control del delito es ineludible contemplar de algún modo esta dimensión. Como tal, era una respuesta adecuada frente a los cambios recientes en la forma de elaboración de la política penal y una manera de canalizar inicialmente la construcción de un “Código Penal de la Democracia”.

Sin embargo, el diputado Sergio Massa –perteneciente a un nuevo partido político, ajeno a la comisión de elaboración del anteproyecto–, buscando recuperar protagonismo en la esfera pública y política, con el apoyo explícito de empresas dominantes en el ámbito de los medios de comunicación, lanzó una campaña contra el anteproyecto del Código Penal utilizando un lenguaje plagado de simplificaciones y eslóganes, conteniendo una cantidad de errores sobre el contenido efectivo de dicho anteproyecto y expresando posiciones de carácter reaccionario en la materia que se vinculan con las tradiciones políticas conservadoras y autoritarias.

Claramente, el diputado Massa, cual hijo de Ruckauf –parentezco que no resulta casual en función de sus trayectorias políticas al interior de ciertos segmentos del peronismo bonaerense–, ha encarnado en las últimas semanas  esta dinámica demagógica que busca conectar con ciertos sectores del público, reclamando la necesidad de ser duros con el delito, aún cuando dichas propuestas no tengan ninguna efectividad en materia de reducción del delito, tal como se ha comprobado en los más variados contextos en los que se han venido ejercitando en los últimos 35 años –incluyendo la propia provincia de Buenos Aires– y generen una amplificación de los efectos típicos de producción de sufrimiento, desigualdad y exclusión de los sistemas penales modernos, que recaen mayoritariamente sobre sujetos débiles económica y socialmente. Su posición resulta claramente antiliberal y pone en jaque incluso ciertos elementos cruciales del programa constitucional del derecho penal en la Argentina.

Esta campaña no resulta sorprendente si observamos la trayectoria de la politización del delito y el control del delito en el pasado inmediato en nuestro contexto. Pero resulta sorprendente la actitud de ciertos actores políticos que se han sumado a dicha campaña –ad alta voce o sotto voce– en las últimas semanas. Algunos dicen pertenecer a la misma alianza política kirchnerista que impulsó inicialmente la iniciativa, mostrando su carácter heterogéneo y, una vez más, volátil –y no sólo en este terreno.  Algunos pertenecen a partidos políticos que tienen en sus programas históricos un alma “liberal”, claramente afín a los principios y propuestas del anteproyecto de Código Penal y que, a su vez, han tenido, de algún modo, a un representante de sus propios elencos participando en su redacción. Dichos actores parecen recorrer el mismo surco que –ellos mismos u otros individuos de sus propios elencos políticos– transitaron a fines de los años 1990 y comienzos de los años 2000 al subirse a la primera ola de demagogia punitiva en nuestro país. Esta historia parece repetirse más de dos veces y en cada repetición mixtura grotescamente elementos de la farsa y la tragedia.

(*) Abogado (UNL), investigador y docente especializado en Criminología.

Publicada en Pausa #130, miércoles 26 de marzo de 2014

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