Por Sergio Ferreyra
Hay incertidumbre entre los vecinos de Bajo
Judiciales ante un proyecto del municipio para trasladarlos hacia Los
Quinchitos, donde ya fueron reubicados parte de los habitantes de Playa Norte. La Municipalidad
argumentó que se trata de una zona clave, que funciona como el mayor reservorio
del noreste de la ciudad.
La idea es reconvertir el barrio Bajo
Judiciales en un reservorio que, mientras no se llene de agua y no cumpla
funciones hídricas, funcionará como paseo público. El proyecto del municipio
pretende modificar el Reglamento de Ordenamiento Urbano, por lo cual es
necesario “reubicar” a los vecinos de la zona. La iniciativa tiene como
objetivo reformular los alcances del espacio delimitado por el perímetro
formado por la avenida General Paz, Berutti, Riobamba, el terraplén y la
proyección de calle Piedras.
El gobierno municipal se cruzó con la
oposición en el Concejo, con las ONG que trabajan en la zona y con un grupo de
vecinos involucrados, que serían en total unas 1.200 personas. Las distintas
posturas esgrimidas dejaron al desnudo una aguda disputa por las formas de
entender y abordar las urgencias de los pobladores.
Qué dicen unos y otros
El plan del Ejecutivo es declarar a Bajo
Judiciales como zona de riesgo hídrico y trasladar a los vecinos a Los
Quinchitos. El proyecto es impulsado en el Concejo por el bloque de la UCR. Sus ediles indicaron
mediante un comunicado: “Tener una casa con paredes y techos firmes, luz y agua
potable segura, sobre un terreno de 10 por 20 metros, en uno de los lugares más
altos de la ciudad y lo más importante de todo, ser propietario, es algo que
muchísimos vecinos de nuestra ciudad anhelan”.
Vecinos con más de 30 años en lugar consolidaron un barrio con historia a fuerza de sus propias inversiones para mejorar la calidad de vida.
Liliana Berraz, vecina de la zona y referente
de la ONG Manzanas
Solidarias –una organización que hace más de diez años desarrolla tareas en el
barrio– rechazó los argumentos del municipio: “Los pobres molestaron siempre,
pero con esta reformulación molestan más. Siempre luchamos por defender el
humedal de la Setúbal ,
que estaba siendo rellenado por la empresa Mallozzi para un negocio inmobiliario,
y queríamos que ese ecosistema sea respetado”.
“Esta es la salida que el Gobierno de la Ciudad está proponiendo a
las familias que tienen sus viviendas precarias –sin agua potable, enganchados
de la luz, en zona inundable y sin la escritura de los terrenos– ubicadas en el
sector conocido como Bajo Judiciales”, sostiene el parte oficial de los
concejales radicales. Como fundamentos, sostienen que ese lugar “es el
principal reservorio que existe sobre el borde este de la ciudad” y remarcaron
la necesidad de que “cumpla con su función de manera correcta, que es
fundamental para evitar problemas de inundaciones en numerosos barrios de ese
cordón cuando se producen fenómenos hídricos importantes”.
Sin embargo, desde la Asamblea de los Barrios
del Nordeste la postura es más férrea: “Existe un conjunto de medidas que se
vienen reiterando, desde el municipio, direccionadas a desalojar a más de 200
familias que habitan el sector”. Según los vecinos, esas medidas “se
desplegaron siempre coincidentes con la elaboración de planes de desarrollo
inmobiliario para el mismo sitio y en detrimento del derecho a una vivienda
digna, ganados después de muchos años de esfuerzos, trabajos e inversiones por
estas familias que construyeron una parte de la ciudad”.
El intendente José Corral contestó en
declaraciones a C&D: “Nada más alejado de un proyecto inmobiliario que un
paseo público. Es lo que necesitamos, las familias que ya se trasladaron al
barrio Nueva Esperanza (Los Quinchitos) son más de 50 y hoy están en una zona
alta, con energía eléctrica, agua segura. Nadie va en contra de su voluntad”.
Garantías y desconfianza
Según el municipio, “por su tamaño, el
reservorio del noreste está al límite de su capacidad operativa. Es necesario
ampliarlo y profundizarlo para que la evacuación de los afluentes pluviales,
provenientes de esos barrios, se realice de manera correcta sin tener que
sufrir anegamientos. De allí la necesidad que tiene el Gobierno de la Ciudad de reubicar a estas
familias. Es una política de Estado erradicar los asentamientos existentes en
zonas de riesgo hídrico”.
En un documento, La Asamblea de los Barrios
del Nordeste retrucó: “Además de las irregularidades del proyecto se puso en
debate el hecho de que dichas políticas carecen de sustento técnico y político,
salvo la intención explicita de invertir los recursos del Estado para
profundizar la precariedad de esas familias en función de un negocio para unos
pocos. Y sin brindar ninguna solución a la auténtica problemática hídrica”.
En la reunión que mantuvieron con los
concejales, los vecinos de Bajo Judiciales y Playa Norte les recordaron la
resolución 13.365, emitida por el propio cuerpo legislativo, que debe
garantizar las condiciones de vida de las familias trasladadas a Los Quinchitos
y que “ha sido sistemáticamente incumplida por parte del Ejecutivo en perjuicio
de las más básicas condiciones de vida de sus habitantes”.
Desde el municipio indicaron que “se comprende
la preocupación de los vecinos ante la idea de tener que retirarse de sus
hogares, pero ninguno va a quedar a la intemperie y sólo se procederá a su
reubicación cuando las casas donde se los va a radicar estén en condiciones de
ser habitadas y con todos los servicios incorporados”.
Publicada en Pausa #107, miércoles 5 de diciembre de 2012
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